Análisis de la ley de doblaje: nueva truchada kirchnerista

Se reglamentó mediante el decreto N° 933/2013 la ley Nº 23.316  que exige la traducción hecha en Argentina al español de películas y series que se muestren a nivel local, exceptuando al cine. La ley establece que las películas y series que vayan a reproducirse por formatos televisivos deben estar dobladas hasta en un 50% del total reproducido.

Recordemos que la ley fue sancionada el 7 de mayo de 1986 y promulgada el  23 mayo 1986. La reglamentación actual no es más que una forma demagógica de relanzarla y capitalizarla políticamente. La falta del decreto reglamentario es una omisión por parte del Poder Ejecutivo que lleva 27 años. La ley establecía un plazo máximo de 3 años desde su sanción para que el 50% del material reproducido se encuentre traducido. Teniendo en cuenta esto, muchas empresas están en falta sólo que el Poder Ejecutivo no realizó los controles ¿A qué viene el súbito interés de reglamentar una ley de esta naturaleza tras más de una década gobernando?

Obligar a las empresas a proveer determinado tipo de producto sin importar si le sale más caro, hacer que los televidentes tengan que consumir un programa doblado aunque no quieran. Aumentar los costos y empobrecer la experiencia del usuario a la par que transfiere recursos por vía extorsiva a una industria incipiente.

La vieja ley es bastante ambiciosa en su redacción y establecer que abarca a cualquier medio creado o a crearse. Esto implica que empresas como Netflix o DirectTV se vuelvan automáticamente inviables bajo el marco de esta ley salvo que traduzcan el 50% del total del material reproducido.

El artículo 5° de la ley es muy claro en tanto indica que aplica para “todos los canales de televisión abierta, circuito cerrado, televisión por cable y televisión por suscripción de la República Argentina, cualesquiera sean las formas en que emitan sus señales”. No hay forma que el reglamento reduzca a quienes alcanza, la ley los alcanza a todos aquellos que muestran material a televidentes argentinos.

Por su parte, El empresario del entretenimiento Axel Kuschevatzky salió a aplaudir la ley para luego decir que era insuficiente y resulta necesario contar con subsidios para desarrollar la industria del doblaje. Vale aclarar que una medida proteccionista es de por sí una forma de subsidio haciendo que el consumidor financie la diferencia. Cuando se dan situaciones de proteccionismo el consumidor es quien termina pagando el subsidio de forma directa a la empresa protegida.

¿Qué esperar? Este tipo de medidas hará que un grupo de personas de otras industrias, sin experiencia previa, se apuren a integrar este negocio que acaba de recibir un fuerte espaldarazo del gobierno garantizándole ganancias al sector en perjuicio de consumidores y las emisoras, y tampoco debe sorprender la creación de líneas de crédito especiales para incrementar aún más la rentabilidad del sector. Además, se deben poner en vigencia una serie de controles, registros y mecanismos que garantizan un aumento en el gasto público. La ley es inaplicable hoy día sin generar una crisis del sector por lo que veremos desfilar una gama de excepciones y exclusiones ajenas a la ley a fin de evitar la crisis propia de esta ley y apalancar un sistema de capitalismo de amigos.

Se trata de una muestra más del intento de fomentar la economía nacional por vía de la violencia en vez de apelar a la creación genuina de riqueza, implica un aumento del gasto público que nos empobrece como sociedad y procura convertir en un logro sus fracasos y omisiones reglamentarias. Una insensatez sembrada por el radicalismo y cosechada por el kirchnerismo.

Con los integrantes de la lista 504C, Compromiso Federal – UPAU, trabajaremos desde el Congreso para derogar este tipo de leyes promotoras de la corrupción y la ineficiencia gubernamental y económica.

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