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Actualidad Política

El Derecho de resistencia y el aniquilamiento de los Poderes

Sendas marchas y movilizaciones de ciudadanos apelando por la Justicia Independiente, la División de Poderes y los valores republicanos. La reforma judicial, la causa Boudou, Fariña y Lázaro Baez, los fondos buitres y la mala negociación de la deuda, la inseguridad, la inflación y la negación de la misma….

Lo cierto es que la ciudadanía siente que nada puede hacer al respecto de un gobierno cuando éste se torna despótico, corrupto, tiránico. Ahora bien, nos preguntamos: ¿cómo es que han podido acceder y corromper a tantas instituciones y espacios políticos fundamentales? Pues atentando contra la división de poderes.

Montesquieu –inspirado en Polibio, Platón y Aristóteles- ha expresado en su libro, “Del Espíritu de las Leyes” que “En cada Estado hay tres clases de poderes: el Legislativo, el Ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el Ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (…) Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.

En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.”

Pues bien, nuestra forma de gobierno es una democracia republicana, conforme establece el art. 1ro. De nuestra Constitución Nacional, lo cual implica que se concede el Poder Ejecutivo a quien haya sido elegido por el pueblo y se  limita el poder de éste a través del Legislativo y el Judicial.-

Sin embargo, y muy a pesar de este sistema de “pesos y contrapesos” descripto por Montesquieu y adoptado por nuestra Carta Magna, tenemos un Congreso en donde impera la mayoría oficialista (obtenida en elecciones donde el clientelismo político y el fraude electoral son las herramientas más efectivas), un Poder Judicial adicto o en el peor de los casos, sometido a los caprichos del gobierno de turno so pena de separación del cargo por las formas arbitrarias y contrarias a derecho, y ahora, un Consejo de la Magistratura que se integrará –en virtud de la reforma presentada por el Kirchnerismo el año pasado- de una manera que permitirá al gobierno actual controlar la designación, sanción y/o remoción de los magistrados que no respondan a sus propios intereses.

No menos importante es, frente a este panorama, analizar el recurso constitucional de los decretos de necesidad y urgencia que configuran la única y excepcional facultad legislativa que tiene el Poder Ejecutivo, y que requieren, para su validez, que se reúnan ciertas condiciones:

1) circunstancias excepcionales:

a. Una extrema necesidad de normar para superar una grave crisis ó situación que afecte la subsistencia y continuidad del Estado o de grave riesgo social.

b. Una proporción adecuada entre la finalidad perseguida y las medidas que se regulen

c. La premura en legislar a fin de evitar o prevenir graves peligros a la sociedad.-

2) Que exista imposibilidad de  seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes.

3) En ningún caso los decretos de necesidad y urgencia pueden estar referidos a materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.

Cabe aquí hacer memoria y mencionar que, el Ex Presidente Néstor Kirchner, dicto 270 decretos de necesidad y urgencia, en su mayoría, incumpliendo con los requerimientos constitucionales estipulados.

Pero no sólo bajo el ejercicio abusivo de los decretos de necesidad y urgencia hablamos de un atentado a la División de Poderes, sino que, actualmente, por las condiciones ya descriptas, el Presidente de la Nación, que ostenta el manejo del Poder Ejecutivo, reúne en parte, las tres potestades cuya independencia debemos defender si es que anhelamos conservar una forma democrática y republicana de gobierno y que bien amparadas se encuentran en nuestra norma fundamental cuando en su art. 29 expresa: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias , ni la suma del poder público , ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Frente a este panorama político, cabe la pregunta: ¿Hay algún mecanismo legal que pueda defender a los ciudadanos de su propio gobierno, cuando, a pesar de haber sido electo democráticamente, se desempeña violando sistemáticamente todo el ordenamiento jurídico?

Pues sí. Existe el llamado “derecho de resistencia” y el mismo es consagrado en el Art. 36 de nuestra Carta Magna.

Esta prerrogativa ya ha sido objeto de estudio por filósofos y sociólogos de todas las épocas y reconocido por aquellos como un derecho inherente al ser humano.

Santo Tomás Moro, aprobó el ejercicio del mismo tras analizar el libro de Juan de Salesbury: “Hombre de Estado”, donde se estipulaba la posibilidad de dar muerte al gobernante ante actos realizados por aquel que fueran contrarios al ordenamiento jurídico imperante o a los intereses del Pueblo; Tanto es así esto, que Santo Tomás, “Comentarios a las Sentencias” incluso expresa que “…quien mata al tirano para la liberación de la Patria, es alabado y recibe un premio.”

En “Conversaciones de Sobremesa” es Lutero quien expresa: “si un tirano ataca y persigue a uno de sus súbditos, ataca y persigue a todos los demás… de ahí se deriva que si uno tolerase esto, él destruiría y devastaría todo el imperio […] Por eso estamos comprometidos a seguir el derecho y las la leyes más que a un tirano. Si él toma por la violencia, de éste su mujer, de aquel su hija, de aquel otro sus bienes, si los ciudadanos se juntasen por no poder soportar más la violencia y la tiranía, ellos deberían matarlo como a cualquier otro asesino y salteador.”

Y John Locke, quien, habilita el tiranicidio justificando al mismo en el ejercicio de “legítima defensa” cuando los derechos de los habitantes son violentados y sus libertades amenazadas por el ejercicio del gobernante de turno.

Asimismo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se establece que: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.

Ahora bien, cuando hablamos de “tiranía”, podemos distinguir dos tipos: la tiranía que se produce cuando se usurpa el poder del Estado. Ej. Levantamiento militar; y otra tiranía, que se comete cuando el gobernante accedió por medios legítimos al poder (ej. sufragio) pero luego transforma su desempeño en dictatorial, monárquico, avasallando derechos de los ciudadanos, desconociendo las leyes vigentes y cometiendo actos orientados a su incrementar su enriquecimiento y/o perpetuarse en el Poder; pareciera que es este último caso el que encontramos representado en nuestra situación política actual.

Nuestro gobierno viola la Constitución Nacional, leyes asociadas, principios y libertades consagradas en todo el ordenamiento jurídico así como también la tan imprescindible división de poderes, que permite la adjudicación de las funciones que a cada poder compete y la fiscalización entre ellos del cumplimiento de las mismas conforme a derecho. Pero hoy, ya no hay seguridad jurídica y es por eso que cuando el Art. 22 de nuestra Carta Magna dice que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes […]” no está sino haciendo una cesión en aquellos; la Sociedad constituye en mandatarios a los gobernantes, conservando la posibilidad de auditarlos, impartirles reglas, fiscalizarlos y sancionarlos cuando eluden sus deberes o las formas en que éstos deben ser llevados a cabo.

La Carta Magna también reconoce el Derecho de Resistencia en el art. 36 que incluyó la Reforma de 1994, que versa: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.”

La norma refiere “actos de fuerza”, los cuales se definen, según Gregorio Badeni en su Tratado de Derecho Constitucional  “… a todo procedimiento por el cual se accede o conserva el poder gubernamental mediante procedimientos reñidos con los preceptos constitucionales, aunque no sean propiamente hablando, actos de fuerza física o de violencia”. El mismo autor sostiene que no sólo se contemplan los actos de gobierno que en contradicción a lo normado por la Carta Magna se realizan con el fin de obtener el Poder o perpetuarse en él, sino también de aquellas gestiones por las que un poder avanza sobre el otro casi sometiéndolo o debilitándolo, como ha ocurrido con la reforma judicial entablada el año pasado por nuestro actual gobierno o la reciente desvinculación, por métodos desprolijos y arbitrarios del Fiscal Campagnoli.-

Esta prerrogativa, conforme a lo explicitado, podría ejercerse frente a ambas situaciones de ilegitimidad de gobierno, tanto cuando éste accede al Poder de manera violenta e inconstitucional, como cuando accede legítimamente pero luego torna su desempeño al margen de las normas vigentes.-

Para finalizar, y luego de todo lo descripto, cabe que cada ciudadano se pregunte, ¿podríamos considerarnos habilitados a ejercer nuestro derecho de resistencia conforme al art. 36 CN?

 

Nota del editor: Mauricio Alejandro Vázquez es politólogo por la Universidad de Buenos Aires y Autor de la Tesina “Derecho de Resistencia” (de San Agustín a Rousseau, con la mirada crítica de Hobbes y Kant) (UCEMA 2008)

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Actualidad Política

Garavano le respondió a Elisa Carrió

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, le respondió a la diputada y fundadora de la coalición de gobierno, Elisa Carrió, quien lo trató de “imbécil”. “Estoy acostumbrado. Son estilos diferentes, a ella le ha dado resultado ese estilo y yo la respeto”, aseguró el funcionario.

“No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia”, había sentenciado la legisladora en un reportaje donde plasmó sus diferencias irreconciliables con el ministro.

Como primera reacción Garavano consideró que “cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice” y que a pesar de todo, “ella ha hecho aportes muy valiosos en materia de lucha contra la corrupción, en materia de construcción política en apoyo al presidente (Mauricio) Macri. No es mi estilo. Es uno de los costos que uno ha tenido que pagar por incorporarse a la política pero vale la pena. En las redes sociales me dicen cosas peores. No soy malo, algo bueno tendré”.

Más allá del agravio, Garavano aseguró que “la alianza está muy sólida” y recordó que con Carrió “hay una agenda de trabajo en materia electoral y en materia institucional común”.

La opinión de Garavano sobre el caso Ramos Padilla

El ministro de Justicia también defendió el pedido de destitución del juez federal Alejo Ramos Padilla y negó que la presentación ante el Consejo de la Magistratura sea un ataque contra el magistrado. “Quizás políticamente lo mejor hubiera sido no hacer nada, pero jurídicamente lo que correspondía es lo que se hizo”, enfatizó.

La solicitud incluye tres cuestiones a evaluar, según explicó Garavano:

  • Los recursos: “El juez tramitó a través de un funcionario de tercera jerarquía sumar a su equipo integrantes del programa Verdad y Justicia de forma totalmente inadecuada porque el mismo está dirigido a procesos de lesa humanidad. El titular de programa le contestó que no podía y ramos Padilla en el Congreso atacó al ministerio de Justicia por no prestarle colaboración, cuando en realidad los programas que le deberían prestar colaboración son los de protección de testigos y el programa de asistencia a las víctimas”.
  • Las formas: “Hizo un show mediático ante una comisión del Congreso que no era la competente para intervenir. Violando lo que fija el Código Procesal Penal que dice que los procesos son privados”.
  • El rol del fiscal: “La Corte ya tiene dicho que los procesos penales deben ser investigados por los fiscales y el juez es el que fija las garantías. Eso no es lo que está sucediendo en este proceso y no es lo que está haciendo el juez”.

Al ser consultado sobre si el gobierno se siente perjudicado por la investigación y por eso se impulsó la presentación ante el Consejo de la Magistratura, Garavano respondió: “Es plausible, la realidad es que el gobierno está totalmente alejado de este caso. Pero lo que si vemos es un ánimo por parte del juez de involucrar al gobierno en este proceso”.

El ministro reiteró que desconocía quién era D’Alessio y que se enteró de la existencia de este hombre a raíz de las causa y los medios. “Pareciera ser un hombre ligado a ese mundo que es lo que este gobierno quiere dejar atrás al menos en la relación con la justicia. La investigación debería ser llevada adelante con absoluta transparencia y sin intervención políticas. Lamentablemente eso hoy no está garantizado por el juez”, añadió.

Finalmente, el ministro cuestionó la forma en que se elige el juez. “Es extraño por la competencia, la forma en que se publicita esto y cómo se difunde. Uno puede encontrar muchos puntos de coincidencia con las causas que hemos nombrado. Incluso el fiscal de la causa se ha manifestado opuesto a la investigación y ha dicho que el juez es incompetente. Ojalá me equivoque y no sea un armado político pero existe una fuerte sospecha”, concluyó.

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Conferencia de la ONU: Macri abre el evento

La Conferencia de la ONU se desarrollará en el Centro de Convenciones

En medio de un operativo de seguridad similar al del G20 aunque a una escala menor, el presidente Mauricio Macri abrirá a las 10 la II Conferencia de la ONU, en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el clima se tensionó en los últimos días con la reproducción de todo tipo de versiones sobre los dos ciudadanos de origen iraní que ingresaron al país con documentos adulterados, desde el Ministerio de Seguridad negaron que se haya escalado en el nivel de alerta más allá de los previsto para una cumbre de esta magnitud.

Localizado en el Centro de Exposiciones y Convenciones, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el operativo de seguridad también involucra a las cuatro fuerzas federales. En esta ocasión, no obstante, solo se movilizó a los destacamentos en la Ciudad y alrededores en comparación con los 20 mil hombres desplazados el año pasado para el G20 en Costa Salguero y los anillos concéntricos.

“El nivel de alerta es menor y los mandatarios que vienen no tienen la conflictividad del G20. Además, esta es una reunión bajo el paraguas de las Naciones Unidas”, aseguró un alto funcionario de la cartera a PERFIL. De hecho, el territorio físico en el que se desarrolla el evento, el CEC, pasó a formar parte de lo que se conoce como Blue Zone, o Zona Azul, bajo la jurisdicción del Sistema de las Naciones Unidas. Allí flamea, desde el lunes, la bandera celeste del organismo. Pese a ello, la vigilancia dentro del recinto también reposa en las fuerzas locales, sin importar que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con rango presidencial, se traslade con su propio jefe de seguridad.

Como ocurrió en la Cumbre de Líderes, también en torno a la Conferencia Sur-Sur se cerrará el espacio aéreo si bien con un radio mucho más estrecho. En consecuencia, no habrá vuelos afectados más allá de tener que desviarse unos metros de su ruta habitual. Los drones estarán prohibidos y las fuerzas de seguridad los derribarán con inhibidores ante la menor señal de alerta si un dispositivo no autorizado irrumpe en la Blue Zone.

Todos los que ingresen a la Conferencia de la ONU deberán pasar por escaneos y, por último, no habrá calles cortadas. Salvo algún eventual traslado de las delegaciones, cuya logística se articuló con las embajadas, en la cartera que comanda Patricia Bullrich confían en que el tráfico no debería sufrir mayores complicaciones. Toda la acción la seguirán desde el Centro de Monitoreo instalado en el ministerio.

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Lucas Llach entra por Gómez Centurión al Banco Nación

Lucas Llach es un economista rosarino

En los próximos días, el economista Lucas Llach pasará a ocupar el cargo de vicepresidente del Banco Nación. Lo hará en reemplazo de Juan José Gómez Centurión, que dejó la vicepresidencia del banco a comienzos de marzo. Centurión había asumido ese cargo en diciembre de 2017, luego de haber estado un año y medio al frente de la Aduana.

De esta forma, Llach volverá a sumarse al gobierno de Mauricio Macri, tras su paso por el Banco Central, donde fue el número dos durante la gestión de Federico Sturzenegger. Desde ese rol fue impulsor de la digitalización de los servicios bancarios y la incorporación de nuevos medios de pago al sistema financiero.

Para el anuncio oficial, se espera que sea publicada la designación a través de una Resolución del Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial. Una vez cumplido ese paso, Llach se incorporará a la cúpula del Banco Nación, que hoy preside Javier Antonio González Fraga.

Lucas Llach es economista especializado en historia económica. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Harvard, y su licenciatura y estudios de posgrado en economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Su principal área de investigación es la historia económica argentina, tema que siguió en diversos libros y artículos.

Antes de ingresar a la gestión pública, fue compañero de fórmula presidencial de Ernesto Sanz durante las PASO de 2015. Activo tuitero, es frecuente que comparta sus opiniones sobre economía en la red social, donde tiene intercambios tanto con seguidores como con críticos.

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