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Nota de Opinión

Ley de Abastecimiento: Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo

Bienvenido a Argentina, donde su empresa es suya pero si no nos gusta cómo la maneja las decisiones las tomamos nosotros.

El proyecto de ley Regulación de las relaciones de Producción y Consumo es el sueño húmedo de nuestro ex Secretario de Comercio (actual agregado comercial en Italia),  Guillermo Moreno. ¿Por qué? Porque básicamente da al Estado Nacional la capacidad de coordinar y dirigir la casi totalidad de los procesos de la economía nacional desde un despacho del Poder Ejecutivo.

Sé que las cosas así planteadas pueden sonar un poco fuertes. No faltan en la actualidad agoreros de los grandes males que genera este gobierno y la siempre feliz comparación con Venezuela. Pero, en este caso, el proyecto habla por sí mismo. Les dejo 4 incisos del articulado para que vean el tenor de lo que tenemos entre manos y pasar a discutir sobre qué es lo que puede llevar al kirchnerismo a plantear una ley digna, no de la hermana república bolivariana, sino de la URSS.

Artículo 2º a) Para cualquier etapa de un proceso económico, definir márgenes de ganancia, precios de referencia, precios mínimos y máximos.

Artículo 2º c) Disponer la continuidad de la producción, industrialización, comercialización, transporte y distribución o prestación de servicios, así como la fabricación de determinados productos, dentro de determinadas cuotas mínimas que se establezcan.

Artículo 4º a) (Sanciones) para quienes elevan artificialmente o injustificadamente los precios.

Artículo 4º f) (Sanciones) para quienes negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la Autoridad de Aplicación a tal efecto con CINCO (5) días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda.

Es importante mostrar estos artículos porque nos muestran textualmente cuál es la línea del proyecto. La total inmiscusión del estado en la política empresarial de todo rubro y nivel de la actividad económica. Desde el empresario dueño de una gran cadena de supermercados que decida no reponer un producto que no le da ganancias hasta el kiosquero del barrio que sube cincuenta centavos un alfajor Jorgito porque la inflación le comió el margen de ganancia.  Para los dos, hay tabla. Otro detalle: Están incluidas en la ley las actividades gratuitas.

El nivel de inmiscusión potencial al que abre las puertas esta ley es apabullante, y las consecuentes distorsiones económicas e injusticias sociales que puede generar no tienen límite. Es poder discrecional, tanto para ordenar como para castigar.

Siendo tanto lo que hay para decir al respecto, quizá convenga ordenarnos un poco, así que empecemos por el principio. Esta ley viene a modificar la ley 20.680 de “Abastecimiento y represión del Agio” (especulación) sancionada en 1974, en el marco de un flagrante desabastecimiento. En su momento, fue el garrote para asustar a los empresarios que colaboraron adrede o por inacción con la falta de productos para los consumidores. De esa ley original a esta solo nos encontramos con que se cambiaron algunas palabras anacrónicas, se actualizó el valor de las multas (ahora de $500 a $10.000.000 y más), y se eliminaron las penas relacionadas con el arresto directo por infringir la ley. Quisiera celebrar el acto de benevolencia que implica esta última corrección, pero supongo que hasta ellos supieron que dejarlo hubiese sido, aun para los estándares de esta ley, demasiado.

En los últimos tiempos, se debatió mucho en el ámbito político respecto de si la ley de abastecimiento seguía vigente, dado que por un decreto del año 91´ se suspendieron las facultades creadas por la misma, poniendo como condición para su reactivación la sanción de una emergencia por desabastecimiento por parte del Congreso. Esta sanción no ocurrió pero, aparentemente, para el gobierno la ley tenía vigencia. Esto quedó confirmado cuando en el 2010, en el marco de un conflicto con la petrolera Shell por el precio de los combustibles, la justicia se pronunció a favor del gobierno, estableciendo que efectivamente así era, la ley continuaba en efecto. A partir de allí, amenazaron con usarla un par de veces, concretamente con el caso de los precios de la yerba mate en el 2012 y en 2013 por la falta de harina (amenazando a la totalidad de la cadena productiva con intervenírla).

Entonces, ¿por qué esta modificación? Si ya la tenían en funcionamiento, ¿qué consiguen con actualizarla y volver a traerla a escena?

Por un lado, terminan de darle la legitimidad de la que carecía, tanto por las discusiones antes mencionadas como por la edad misma de la ley. Por el otro, la morigeran en el aspecto sancionatorio al quitar las penas de prisión directa, pero como contrapartida, aumentan el ámbito de aplicación de las facultades que crea.

¿Qué puede ocurrir si la ley es aprobada? Bueno, las consecuencias y posibilidades son muchas. Como toda herramienta, puede ser usada de múltiples maneras. El problema es que en este caso la herramienta no tiene seguro y eso la hace peligrosa.

El grado y forma de intervención del estado en la economía es una discusión tan vieja como el concepto mismo de estado pero lo que no debiera estar sujeto a discusión en el marco una sociedad republicana es el hecho de que una ley no puede conceder atribuciones de intervención sujetas tan claramente a la discrecionalidad de una autoridad del ejecutivo. La ley debe ser concreta, clara y específica. No puede delegar tanto poder de interpretación en aquel que debe aplicarla.

La otra crítica técnica viene desde el punto de vista jurídico: es una ley inconstitucional. Vulnera la delegación de facultades, vulnera el derecho a ejercer la empresa lícita y vulnera el derecho a la propiedad. El ejemplo que quizá une a todas estas cuestiones es la posibilidad de allanamiento y secuestro de documentos sin orden judicial, estipulado en el artículo 12º de la ley.

Y esto es sólo desde el punto de vista técnico, desde la crítica a las cuestiones más concretas de la ley en lo referente a si la ley está bien o mal creada, o si es compatible con un mandato constitucional. Desde el punto de vista político… bueno, tenemos para un libro.

Un gobierno autoritario y que abusa del poder como lo hace este, muchas veces actuando fuera de la ley hasta que la justicia lo llama a orden y a veces incluso desobedeciendo a esta última, claramente, no es el mejor usuario posible de esta Ley de abastecimiento. 

Quiero ser muy claro con las consecuencias así que se me ocurre que podemos poner como ejemplo a un empresario cualquiera, el que se encuentra por lo general en el medio de la cadena productiva de una actividad (aunque bien pudiera ser un kiosquero o el gerente de la filial local de una multinacional, pasando por el director de una ONG o un productor agropecuario de cualquier tamaño).

Ernesto tiene una empresa mediana que produce insumos de tecnología médica. Es la única que los fabrica en el país. Quiere subir el precio de su producto para ajustarlo a la creciente inflación. Si el gobierno no reconoce la inflación, cualquier aumento por este motivo puede ser un “aumento injustificado”. Si un producto escasea porque su precio no permite al productor tener una ganancia que justifique continuar su producción, se le obligará, aun trabajando a pérdida, a continuar con la producción del mismo. ¿No quiere hacerlo? Se le confiscará la fábrica y se hará uso de sus recursos e instalaciones. Supongamos que este empresario decide ir a juicio. Como esta ley es claramente inconstitucional, probablemente, luego de un sano periodo de un par de años, y suponiendo que Ernesto tuviese los recursos para sostener la batalla judicial, reconozcan que éste tenía razón y fue víctima de una injusticia. Se le pagará la valuación fiscal de su empresa, después de años de no poder hacer usufructo de la misma y de que sea administrado por el gobierno, que sabemos por Aerolineas cómo cuida a sus empresas… Por supuesto, el Kirchnerismo ya no es gobierno y las cuentas las paga otro.

Pongo como ejemplo el de una empresa con un bien de la cual es la única productora porque en el dictamen final del proyecto, emitido el 27 de agosto, se decidió sacar a las PyMes del ámbito de aplicación de la ley, “siempre que no detenten posición dominante”. Es una mejora sustancial al proyecto, pero que seguiría siendo insuficiente.

Otro ejemplo. Pedro, tiene una imprenta. En Formosa. Como la nación no define un precio específico para algunos de los productos que él vende, es posibilidad de las provincias fijar precios en el marco de las atribuciones de esta ley. Pedro produjo folletería para la oposición. El gobernador no está muy de acuerdo con esto y define que el precio mínimo de la folletería sea del cuádruple que el original, o aumenta el costo de la tinta o impone un precio máximo de la mitad del vigente en ese momento a la folletería para publicidad. Quizá pueda incluso hacerlo específicamente para el tipo o tamaño de papel que Pedro trabaja. O si lo tuviera, podría sacarle los contratos como proveedor del estado, cancelar su posibilidad de crédito o quitarle un subsidio. Ahora, el imprentero se encuentra ante una probable quiebra y una larga vía judicial para intentar ser resarcido por los perjuicios sufridos. O si desobedece, la clausura o confiscación de su empresa, y también un proceso judicial.

Un último ejemplo de caso probable: El gobierno determina que la falta de viviendas es susceptible de ser solucionada mediante la ley de desabastecimiento, por lo cual se afecta a todas las ramas económicas relacionadas con la construcción a producir a valores que en el mejor de los casos, permiten pagar los costos de los insumos utilizados y los salarios de empleados. Pero como la ley establece que su ámbito de aplicación incluye a las actividades de carácter gratuitas, una ONG que se dedica también a la construcción de viviendas puede ser convocada para esta actividad, y es susceptible de aplicación de las diferentes sanciones que establece la ley en caso de no cumplir.

Todos estos ejemplos buscan mostrar varias de las ramas posibles de los efectos de esta ley. Hay muchísimas más variaciones y si de algo no pecan en el ejecutivo nacional, es de falta de imaginación. ¿Recuerdan la frase “Más peligroso que mono con navaja”? Bueno, eso.

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Economía

La razón del Estado. Respuesta a Javier Milei

El jueves 17 de enero, como todas mis mañanas, ingreso a la web del diario El Cronista, y en sus primeras líneas había una nota, escrita por Javier Milei, cuyo título llamó mi atención y decidí leer.

Antes de comenzar a explayar esta respuesta, es importante aclarar que quien escribe es un gran admirador de Milei, porque gracias a él y a otros economistas más, en los últimos tiempos la sociedad argentina viene despertando y dándose cuenta de que el gran problema de Argentina es el tamaño del Estado, y que gran parte de la sociedad vive para sostener no sólo a otra parte de la sociedad (por medio de subsidios y planes sociales), sino también a una élite (aunque no me gusta usar esa palabra) política parasitaria, que vive de los impuestos de los demás y que (lamentablemente) no tiene idea alguna sobre cómo manejar la economía del país, como así tampoco se decide a hacer cambios radicales para asegurar el crecimiento sostenido de nuestra economía, ya que esos cambios radicales constarían de atentar contra sus propios intereses (por ejemplo, eliminando cargos políticos, bajando la cantidad de asesores, eficientizando el funcionamiento del Estado, transparentando la política). En ese sentido, agradezco a Javier Milei el hecho de que ilumine a muchas personas, y (hablando en términos platónicos) los haga salir de “la caverna” y ver la realidad (que todo lo que el Estado gasta, lo pagamos los ciudadanos que trabajamos en blanco).

La nota mencionada se titulaba Sobre la naturaleza del Estado, y en ella, el autor utiliza como sustento lo escrito por varios autores, conduciendo luego la estructura de su escrito hacia una opinión totalmente personal, que es la de que el Estado es el enemigo del individuo. Y es por esta conclusión que este humilde servidor ha decidido realizar una respuesta a la nota, y (si se quiere) iniciar un debate, ya que del debate formal y respetuoso es de donde se obtienen las buenas conclusiones e ideas.

Vayamos al quid de la cuestión. Javier Milei titula a su nota Sobre la naturaleza del Estado, pero no explica la naturaleza del Estado. Es decir, el autor no responde al porqué del nacimiento del Estado, sino que trata, por argumentos que son posteriores a la creación del Estado, de decirle al lector que el Estado nace única y solamente para robar, y que por lo tanto es “nuestro enemigo” (de los individuos). Por lo tanto, y al utilizar argumentos que cronológicamente no tienen conexión lógica con una proposición, la proposición final (el Estado es nuestro enemigo porque nace para robarle al individuo) se anula por sí misma.

¿Cuál es el argumento de Milei? Utilizando a Franz Oppenheimer, informa que solo hay dos medios para obtener riqueza: los “medios económicos” (crear la riqueza por medio de la producción y el intercambio comercial) y los “medios políticos” (captura de bienes o servicios de otros por medio de la fuerza o la violencia –a lo cual podría agregarse que no sólo se puede capturar el bien o servicio, sino la riqueza generada por ello-). Según Milei, este es un acto de confiscación unilateral o robo de la propiedad de otro.

Como el Estado no produce bienes o servicios (y por lo tanto no genera riquezas), la forma de obtener riquezas del Estado es la de los “medios políticos”. Así, y como para todo libertario el Estado es un aparato que roba, Milei propone que el Estado nace para robar.

Es posible ver, entonces, que el argumento de Milei no es sostenible porque sencillamente no explica la causa del nacimiento del Estado. No explica el porqué. Milei dice que el Estado no genera riquezas (con toda la razón del mundo), sino que las confisca, las roba. Y afirma que como las roba, nace solamente con esa finalidad. Así, es posible ver que, efectivamente, no explica cómo nace el Estado. No explica la finalidad que tiene el Estado. El autor toma una concepción posterior (la herramienta para el financiamiento del Estado, que son los impuestos) para explicar un hecho anterior (nacimiento del Estado). Así, su argumento se cae.

En uno de los párrafos de la nota, el autor afirma que “…el Estado nunca ha sido creado mediante ´contrato social´ alguno y siempre ha nacido mediante la conquista y la explotación”. Allí, nuevamente habla sobre la creación del Estado (bajo una concepción libertaria), pero no trata el porqué de su creación.

Ahora bien, para descifrar la naturaleza del Estado, hay que remontarse a los autores clásicos, que también cita Milei en su artículo. Los autores a los que aquí se hace referencia son J.J. Rousseau y J. Locke. Ellos son, si se quiere, los padres de la izquierda y la derecha.

Por un lado, Rousseau (en El Contrato Social) sostiene que el hombre es libre y bueno por naturaleza, y que las instituciones creadas luego del pacto social lo restringen y lo hacen malo, lo incivilizan, lo corrompen. Esta comunidad epistémica sostiene que la riqueza es una, y que unos privilegiados roban y se quedan con mucho, y así generan pobreza, y que el Estado es la creación de esos privilegiados para mantener el poder sobre los pobres. El Estado, para Rousseau, es una estructura de poder que se debe “desenmascarar”, y considera que la propiedad es el origen de la desigualdad, y que esa desigualdad es una igualdad rota (o sea, iguales en el estado de naturaleza, desiguales una vez creado el Estado). Para Rousseau, el primer contrato (que crea el Estado) es antisocial, ya que sirve para robar. Luego existe un segundo contrato, el contrato social, donde los ciudadanos enajenan sus derechos hacia la Asamblea. El contrato social es dar todo, de todos, a la comunidad.

Por otro lado, Locke (en Tratados sobre el Gobierno Civil, que incluye algunos ensayos anteriores del mismo autor), considera que el hombre, en estado de naturaleza, es un ser malvado que se aprovecha de su superioridad con respecto a otros hombres (por posesión de riquezas superiores, de fuerza, de inteligencia, u otras características). El estado de naturaleza es malo, es un estado de guerra, donde unos contra otros luchan por los recursos. Entonces, el Estado se crea para asegurar una convivencia pacífica. Es decir, los hombres, de común acuerdo, crean el Estado para darse a sí mismos seguridad jurídica y seguridad personal. Se construye el Estado entre todos, por el bien de todos. Así, Locke propone también la división de poderes del Estado para que el Estado no oprima (ya que, como se le da todo el poder de policía, podría ejercerlo arbitrariamente contra sus súbditos –los ciudadanos-). Así, el Estado se crea para civilizar a la gente, salir del estado de guerra, siendo la vida mucho mejor con leyes, no sin ellas. De esta manera, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y las desigualdades (económicas o de cualquier otro tipo) son igualdades pendientes de ser creadas. El Estado, las instituciones, están para crear igualdad y oportunidades. El poder se crea para asegurar derechos y libertades.

Si se trata de mantenerse en el plano teórico, así surge el Estado. En el plano práctico, el Estado (organizado como tal) no existía hasta 1648, con la finalización de la Guerra de los 30 años y la firma de la Paz de Westfalia. Para ver sobre el nacimiento del Estado, se invita a visitar el blog Nada es gratis en la vida, blog personal de este autor y que, en su primer escrito, habla sobre el nacimiento del Estado. El Estado nace formalmente para asegurar la supervivencia de la gente.

Anteriormente, por esos años mencionados, la normalidad en las relaciones internacionales era la guerra y, por lo tanto, los diferentes territorios tenían que defenderse ante ataques externos. Para ello, los Reyes (en aquellos momentos) solicitaban el pago de impuestos a los señores feudales, con la finalidad de financiar ejércitos que permitieran defenderse ante ataques externos y, así, proteger sus tierras, cosechas, y a su población. De esta manera nace el Estado, para dar seguridad. Además, y con el paso del tiempo, el Estado también comenzó a centrarse no solo en la seguridad personal y física, sino en la seguridad jurídica, con la creación de leyes que gestionen las relaciones sociales, y con jueces que diriman los conflictos que podían surgir.

Así surge el Estado, y para eso está el Estado. El Estado no nace para robar, como afirma Milei, sino que nace para proteger. Proteger a las personas de sí mismas. Nace para civilizar a la sociedad, para establecer parámetros de buena convivencia y para que, al fin y al cabo, no se maten unos a otros por obtener un recurso o un bien. El Estado no es nuestro enemigo, como dice Milei. El Estado es el protector de libertades y derechos.

Ahora bien, que en Argentina (y en muchos otros países) los políticos (que son quienes manejan el Estado) sean personas que buscan más su interés personal por sobre el de la ciudadanía, que sean tremendamente corruptos, que se protejan a sí mismos y se genere una casta o élite política que utiliza recursos estatales (o sea, de todos los ciudadanos) para perpetuarse en el poder y seguir viviendo a costa de los demás, es otra cosa. Sí, muchos políticos argentinos son parásitos. Sí, muchos políticos argentinos son corruptos. Sí, un Estado sobredimensionado limita las capacidades productivas del país y desincentiva la inversión. Sí, en Argentina se ahoga con impuestos a la sociedad y a las empresas. Sí, tenemos una justicia muy corrupta y que se inmiscuye en cuestiones económicas sin conocimientos. Sí, el nivel intelectual de nuestros legisladores es paupérrimo. Pero todo eso no quita que el Estado fue diseñado para protegernos. El Estado no es nuestro enemigo, el Estado es una herramienta necesaria.

Si queremos cambiar el país, se deben hacer muchos cambios radicales. Y el cambio que más costará es el cultural. El cambio que lleve a la sociedad a entender que si uno no trabaja, no produce, y por lo tanto no tiene derecho a pedir beneficio alguno. No se puede castigar a unos para sostener a otros por el simple pensamiento (no hecho) de que es “moralmente bueno”. El cambio que debemos hacer es el de mentalidad. Es menester abandonar la mentalidad becaria (pensar en vivir becados, o sea, sostenidos por otro) y empezar a hacerse responsable de su propia vida. Así, nuestro país tendrá un gran potencial. Sino, estará condenado al fracaso.

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Nota de Opinión

¿Debe eliminarse el aguinaldo?

Lo que hoy denominamos “aguinaldo” lejos está de ser “un sueldo más” como alguna vez fue. Se trata de un pago diferido del salario. Esto perjudica al trabajador por lo que, si queremos mejorar su calidad de vida, debería prorratearse sobre los doce sueldos regulares y eliminarse su figura actual de las liquidaciones salariales. Van los motivos.

El aguinaldo es una tradición que se originó en pueblos como el celta y el romano. Era un regalo que se hacía para desearle un buen año próximo a alguien. Conforme a la tradición evolucionó hacia un extra o un plus que recibían las personas con motivo de las fiestas. El aguinaldo original se trata pues, en términos jurídicos, de una donación que agregaba riqueza a quien lo recibía.

Distinto es el caso del Sueldo Anual Complementario (SAC), este instituto no está contemplado en nuestra Constitución y fue incorporado a nuestra legislación originalmente en 1945, durante la Dictadura de Farrel. El mismo nace con el Decreto 33.302/1945 propuesto por el Coronel Juan Domingo Perón que fue sancionado el 20 de diciembre de 1945. Dicho decreto establecía en su art. 45 la obligatoriedad de pagar un sueldo adicional a a cada empleado. Decía que los empleadores “están obligados a pagarles el 31 de diciembre de cada año y a partir del 31 de diciembre de 1945, inclusive, a sus empleados y obreros un sueldo anual complementario por lo menos”.

Dicho decreto generó al cortísimo plazo un genuino salario adicional a cobrarse de inmediato (que bastante bien le vino a Perón para las elecciones presidenciales que se celebraron 2 meses después, el 24 de febrero de 1946). Fue una forma eficiente de ganarse la adhesión de las masas con el dinero ajeno, un donante de sangre ajena. Al implementarse esta decreto se generó en un primer momento un ingreso extra, una transferencia de riqueza de empleadores a trabajadores. Situación que pronto encontró su límite por la restricción presupuestaria y la necesidad de mantener los puestos de empleo ya que no es sostenible en el tiempo un sueldo real por encima del precio de equilibrio, ello genera desempleo lo cual contradecía el objetivo de pleno empleo impulsado por Perón.

El SAC y otras medidas trajeron un beneficio palpable al corto plazo. Entre 1945 y 1949 el salario real promedio obtuvo una mejoría del 57%. Pero allí encontró su techo y desde entonces no pudo sostenerse en esos niveles. Fluctuó durante años por debajo de ese nivel y recién logró superar dicho pico de forma sostenida en 1964, casi 20 años después de la sanción del decreto (tal como surge del estudio de Cazón, Kennedy y Lastra, ver cuadro 1).

Dicho en otros términos el impacto económico positivo de corto plazo que implicó el SAC fue licuándose progresivamente hasta alcanzar su nivel de equilibrio. Dejó de representar un salario “extra” ganado sobre los empleadores y pasó a integrar el salario total anual posible pagado por los empleadores. Solo que ahora se pagaba en 13 partes iguales. Cuando empresas y trabajadores negocian lo que está sobre la mesa es el salario total anualizado, el total a pagar, por lo que resulta anecdótico a priori que se pague en 12, 13 o 24 veces el monto total. Es decir, el salario total real no es mejor, hoy día, por la existencia de un SAC ya que su efecto de conquista se licuó y ya fue incorporado a la discusión salarial general.

El SAC hoy opera en perjuicio de los trabajadores y la explicación es sencilla: el empleador tiene ya computado el 8,33% del sueldo que cada mes en lugar de pagarle al empleado se reserva a cuenta del aguinaldo. Para el empresario es lo mismo pagar el salario anual total en 12 pagos que hacerlo en 13, en términos de costos la diferencia no es de naturaleza económica (no varía cuánto paga el empleador) sino que es una diferencia financiera (sobre cómo lo paga). ¿Por qué nos pagan en trece partes lo que podrían pagarnos en doce?  Estamos cobrando mensualmente un 8,33% menos que lo que podríamos cobrar para que nos lo paguen todo junto cada 6 meses. En formato matemático:

Equivalencia entre masa salarial con 12 o 13 pagos | Aporte del Lic. Martín Moretti

¿Cuál es el problema entonces? Que pasada la conquista inicial sobre los empleadores el SAC dejó de ser un “salario extra” y pasó a representar un pago diferido semestral de un porcentaje mensual de cada salario. En criollo: cada mes el empleador se queda con el equivalente a la doceava parte de tu sueldo que luego te paga un tiempo después, cada seis meses.

Esto trae al menos dos perjuicios para el trabajador:

  1. Alteración de incentivos del consumidor: Las personas manejamos de manera diferente nuestro ingreso cotidiano a los ingresos extraordinarios. Si bien en un escenario de individuos perfectamente racionales y con previsibilidad perfecta no debería haber diferencias sensibles en el comportamiento del consumidor la realidad es más compleja y en consecuencia las personas administran de forma diferentes el dinero del SAC. Llevando muchas veces a conductas ineficientes y decisiones potencialmente peores para su bienestar.
  • El negocio financiero: diferir el pago de la doceava parte del sueldo cada mes representa un beneficio para el empleador, no para el empleado. Al permitirse cada semestre que una parte del total de sueldosdebidos se pague de manera diferida lo que termina pasando es que el trabajadorfinancia al empleador quien administra esta parte del sueldo beneficiándose(sea utilizando el dinero para financiarse o sea evitando tener que financiarsepara pagar el sueldo). El empleado absorbe el costo financiero del SAC al quedebe sumarse el costo de oportunidad.

¿Por qué seguimos con esto? ¿creemos que los trabajadores son estúpidos y no pueden administrar su plata? ¿vivimos con la ilusión de que se trata de un “extra” cuando no lo es?. Es algo injusto, ridículo e inútil.  Lo lógico sería integrar y prorratear el SAC al sueldo corriente de los pagos regulares y así obtener el sueldo total en doce partes mensuales equivalentes (El sueldo más el 8,33% que se pagaba antes). Es decir, propongo eliminar el mal llamado “aguinaldo”, el SAC, para beneficiar a los trabajadores.

Pero como Argentina es un país con muchas personas que prefieren vivir en una ilusión, monetaria en este caso, antes que enfrentar la realidad de las cosas quizás sea una propuesta superadora que se otorgue el derecho a elegir para los trabajadores sobre cómo desean cobrar el sueldo que hoy se les paga en diferido mediante el SAC. Así cada uno podrá elegir si necesita que el empleador “le cuide” la plata mes a mes o si se siente lo suficientemente adulto y responsable como para administrar su dinero y cobrarlo todos los meses.

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Nota de Opinión

Dujovne elige un extranjero para un área clave, la Dirección de Tecnologías Informáticas.

Nicolás Dujovne presenta uno de los presupuestos más consensuados de la historia argentina

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne decidió pedir “excepciones” a las exigencias de la ley de regulación del empleo público y así designar a una persona de su confianza en el área de Dirección de Tecnologías Informáticas. La medida se dio a conocer hoy, mediante la Decisión Administrativa 1836/2018.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, manifiesta: “Autorízase al ministerio de Hacienda para contratar al señor Germán Añon Barros  con carácter de excepción al requisito de nacionalidad establecido en el inciso a), del artículo 4 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N 25.164″.

Si bien en el sitio de acceso público “Concursar” del Estado Nacional, tiene vigente la convocatoria para el concurso que esté destinado a cubrir la vacante del lugar de tecnologías informáticas para el Ministerio de Hacienda, Nivel “B” y función ejecutiva IV, el Ministro de Hacienda ya avanzó con uno de los casilleros y decidió la contratación de Añon Barros.

En este sentido, Dujovne también dio empleo hoy a María Eugenia Tarraf, quien fue nombrada en el cargo de subgerente de Lucha contra el Lavado de Activos, de acuerdo a la publicación en el Boletín Oficial. Las medidas, cuentan con la firma del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

De esta manera, desde la cartera de Nicolás Dujovne llevaron adelante la Decisión Administrativa que autoriza las contrataciones de personal. Las medidas, fueron dispuestas como “excepciones”, ya que la ley de regulación de empleo público determina ciertos requisitos a cumplir para las designaciones realizadas dentro de la órbita del Estado.

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