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Actualidad Política

Justicia, pobreza y títulos de propiedad

Desde que en el año 1986 el economista Hernando de Soto publicó su libro “El Otro Sendero. La Revolución Informal” nadie ha logrado una mejor respuesta a la pobreza estructural de América Latina y del tercer mundo. Uno de los aspectos centrales de su trabajo concluye en que reconocer fuerza legal a los títulos sobre las viviendas de las personas marginadas de la revolución capitalista es un requisito esencial para posibilitar su crecimiento económico y humano.

La tesis es sencilla y contundente: la propia vivienda tiende a ser la mayor acumulación de capital de las familias. La libre circulación de ese capital permite a las familias apalancar su crecimiento económico. Por el contrario los obstáculos y costos a la circulación de este capital los condena a vivir al día, sin los beneficios del crédito. El título legal de propiedad es el primer requisito para que dicha circulación y el crédito sea posible.

Los enemigos de esta solución son poderosos: Por un lado, los políticos populistas, que estructuran su base de poder sobre la pobreza de las masas y su creciente dependencia de los “beneficios” que reparten el Estado y los punteros políticos del partido. Por otro lado, las corporaciones profesionales y fiscales que se interponen en el proceso de adquisición y traslación de los títulos de propiedad: abogados, escribanos, agrimensores, contadores, recaudadores fiscales, intermediarios y gestores de todo tipo y color que buscan su tajada en la circulación de la riqueza inmobiliaria, y que para asegurarla generan dificultades y trabas burocráticas cuya remoción requiere de su intervención.

En nuestro país se está dando un grave proceso de “destitulización” de las viviendas. Hay un enorme crecimiento de poblaciones informales y villas, sin catastro alguno, simultáneo con la pérdida de títulos de propiedad sobre las propiedades catastradas. El primer fenómeno, el del crecimiento de las villas, es bien visible y conocido. El segundo, en cambio, es silencioso y no se conocen mediciones ni estadísticas: me refiero a la enorme cantidad de propiedades que se transfieren sin escrituras, sea por muerte, divorcio, división de condominio, prescripción u otras situaciones en las cuales la regularización del título es un puro costo, no asociado a una transacción económica.

La legislación del Código Civil es realmente muy adecuada para que esto no suceda, es decir para que, en lugar de perderse los títulos, las personas puedan adquirir y transferir con entera seguridad jurídica títulos sobre sus bienes. Institutos como la divisibilidad eminente del condominio, la prescripción adquisitiva y toda la regulación de la posesión y de la transmisión hereditaria tienen ese objetivo. Por ello, el fenómeno creciente de “destitulización” no es un problema de legislación de fondo sino de su implementación y de los costos fiscales y corporativos que se han ido generando en el mercado inmobiliario.

¿Y quién tiene la llave y la responsabilidad para revertir esta situación? Yo veo dos principales campos de acción:

Uno es el fiscal. El impuesto de sellos sobre las viviendas debe eliminarse. Y ni hablar del impuesto sucesorio generado recientemente por la Provincia de Buenos Aires y de peligroso contagio en las demás. Pero también deben eliminarse otros costos fiscales o cuasi fiscales que también encarecen las transferencias e hipotecas de viviendas, como la obligatoriedad de la intervención notarial y las normas de mínimos arancelarios obligatorios y de aportes colegiales y previsionales a las cajas de escribanos, martilleros y abogados. Esto depende, principalmente, de la legislación local de la Ciudad de Buenos Aires y de cada provincia, que establece los impuestos y las normas de ejercicio profesional relevantes.

El otro campo de acción, no menos importante, es el procesal. Salvo la transferencia voluntaria entre vivos, todas las demás formas de traslación y adquisición de título requiere de la intervención de la Justicia. Muchas veces son procesos voluntarios, otras no. Pero en todos los casos la intervención judicial debe resolver problemas que son sencillísimos (muchísimo más sencillos que los que resuelve mi computadora, cada vez que la enciendo, para decirme simplemente qué día y hora es). No hay nada, en la naturaleza de las cosas, que diga que estos procesos judiciales deban ser extensos, costosos, inabordables o eminentemente diferibles para el común de la gente.

Rediseñar estos procesos para revertir la progresiva “destitulización” es –también- responsabilidad de cada provincia, ya que bajo su competencia constitucional está la de administrar la Justicia y los catastros. En el caso particular de la Capital Federal la administración de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble aún descansan en la órbita de la jurisdicción nacional (son los resabios de la malhadada “ley Cafiero”). Y, dentro de la jurisdicción nacional, es al Consejo de la Magistratura a quien le cabe la responsabilidad de organizar la Justicia y reglamentar la eficaz prestación de este servicio.

Bastaría que el Consejo de la Magistratura se tomara esta responsabilidad en serio, para organizar procesos judiciales rápidos, eficientes y económicos. Con ello, la gente podría concurrir en masa y con muy bajo costo a regularizar sus títulos de propiedad, usucapir sus posesiones de hecho, y poner en valor y dentro del circuito económico el capital que han sabido acumular en sus propias viviendas.

En conclusión, si bien nadie en el Consejo de la Magistratura está pensando en ello, cada uno de sus trece miembros es responsable por la creciente pobreza estructural del país, y podrían hacer muchísimo por mejorar la calidad de vida y la inserción económica de los más desposeídos.

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Actualidad Política

Buenos Aires Design continuará abierto hasta concretar la concesión

Finalmente, el Buenos Aires Design no cerrará sus puertas este domingo. El Gobierno porteño llegó a un acuerdo con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) y con la Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) para que los 50 locales que todavía siguen en actividad puedan continuar funcionando con un “permiso precario de uso”.

Según estaba previsto, este domingo el shopping de Recoleta cerraría tras el fin de la concesión del predio administrado por la empresa IRSA (la misma del Alto Palermo, el Abasto y el DOT) desde 1997.

El vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, quien estuvo a cargo de las negociaciones, explicó que la Dirección de Concesiones “está trabajando en un acuerdo que permita una transición ordenada hasta la llegada de la nueva empresa concesionaria”.

Y agregó: “Queremos asegurar la continuidad laboral de las familias que dependen del funcionamiento del Bs As Design“.

A partir del nuevo acuerdo con la Ciudad, AHRCC y CEMA se harán cargo de la administración del predio para mantener los locales abiertos y preservar las fuentes de trabajo. El permiso precario vencerá en noviembre del año que viene. Durante estos meses no pagarán ningún tipo de canon  pero tampoco podrán cobrar alquileres a los locatarios. Además, no estarán habilitados para buscar nuevos inquilinos para los comercios vacíos.

La idea es que durante estos meses todos los comercios se vayan relocalizando en forma ordenada. Por su parte, los locatarios deberán pagar servicios, expensas, seguridad y otros gastos.

Como todos estos cambios demorarán algunos días, también se acordó que IRSA continúe con las administración durante 18 días más.

Si bien durante los últimos meses la mayoría de los locales ya habían abandonado el predio, todavía quedan unos 50 negocios que emplean en forma directa a 700 trabajadores. De hecho, fueron los mismo empleados del shopping, a través de un comunicado, quienes habían solicitado que se otorgara a los actuales locatarios un permiso transitorio de uso, o una tenencia precaria, para luego proceder a la “inmediata devolución de los locales en cuanto así lo requieran los tiempos del nuevo proyecto”. Incluso realizaron este miércoles un corte parcial en la esquina de las avenidas Pueyrredón y Libertador como forma de protesta.

El Buenos Aires Design fue inaugurado en 1992 por el Grupo Pérez Companc como el primer shopping de la ciudad destinado a la venta de muebles y productos de diseño y decoración, en la estratégica esquina de las avenidas Pueyrredón y Libertador, a metros de Plaza Francia y el cementerio de la Recoleta. El predio pasó a manos de IRSA cinco años después como parte de un paquete de activos que también incluía el shopping Alto Palermo, el Hotel Intercontinental y una torre de oficinas.

En octubre, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura un proyecto de ley que impulsa una nueva concesión por 20 años con un nuevo mecanismo de actualización de canon. Esta ley autoriza al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación del lugar por 15 años, con la posibilidad de extender el plazo por única vez por cinco años más.

Se deberá hacer a través de una licitación pública y el nuevo canon mensual se destinará al Instituto de la Vivienda (IVC) para la construcción de viviendas sociales. En la actualidad, el predio paga apenas $400.000 mensuales.

No obstante, estiman que el proceso de redacción de los pliegos y la  licitación podría demorar hasta un año.

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Londres bajó el riesgo de alerta en Argentina y elogió la organización del G20

En un cambio de status de sus reglas a viajeros que vengan a la Argentina, el Reino Unido bajó su alerta de riesgo de ataques terroristas en la Argentina.

La semana pasada, la publicación del llamado Travel Advice, que se elabora en Londres, esa alerta se había subido en comparación con años anteriores y pasó a decir lo siguiente: “Es muy probable que los terroristas traten de llevar a cabo ataques en Argentina. Los ataques pueden ser indiscriminados, inclusive en lugares frecuentados por expatriados y viajeros extranjeros”. Ahora, en la publicación, se dice ya que es “probable” y ya no “muy probable”, un gesto que evidentemente es fruto de la conversación entre servicios de inteligencia internacionales.

En esa oportunidad, el Gobierno argentino se molestó con la publicación, con el cambio de status con la frase del “muy probable” en los días previos al G20 en Buenos Aires (30 de noviembre al 1 de diciembre próximos), al que asistirá la primer ministro Theresa May.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich incluso lo rechazó y dio marcha atrás. Pero los ataques violentos de anarquistas, y las detenciones de sospechosos de vínculos y militancia extremista, dieron razones a los servicios británicos que muestran tener penetración de primer nivel en Buenos Aires. Sin embargo nadie lo oficializará.

Por su parte, el embajador Mark Kent, manifestó sobre la opinión del gobierno británico por la organización y la seguridad en el G20: “Tenemos mucha expectativa por la cumbre del G20 en Buenos Aires y creemos que la Argentina está manejando la seguridad de la cumbre de manera muy profesional. Celebramos que exista mayor cooperación bilateral en materia seguridad entre el Reino Unido y la Argentina, tal como fue establecido en el memorando de entendimiento firmado en mayo.”

Una fuente consultada en el Foreign Office dijo este viernes: “Tal como dijimos la semana pasada, , siempre mantenemos todas nuestras recomendaciones para viajeros (travel advice) bajo una constante revisión y por eso realizamos actualizaciones periódicas con el fin de garantizar que provean una evaluación actualizada de riesgos y otras cuestiones que puedan afectar a ciudadanos británicos”.”

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Actualidad Política

El extraño cruce de opiniones entre Tinelli y Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió las críticas del conductor televisivo Marcelo Tinelli, quien en redes sociales había planteado sus reparos sobre una sugerencia de la funcionaria para que los porteños dejen la ciudad durante el G20.

Díganle a Tinelli que si va al 13 no va a tener problemas“, replicó Bullrich. No obstante, aclaró que la “Ciudad va a estar muy incómoda” durante la semana en la que se realizará la cumbre que convoca a los líderes del mundo.

Van a haber muchas zonas de restricción, la 9 de Julio, la zona de los hoteles, va a estar tomada por las fuerzas de seguridad. Esto ha pasado en todos los G20, así que no estamos haciendo nada que no se haya hecho en otras partes del mundo, por eso decimos que toda persona que pueda irse de la Ciudad va a estar más tranquila“, reiteró.

Anoche, en un programa de TV Bullrich recomendó que los porteños dejen la Ciudad de Buenos Aires. Tinelli le envió un mensaje a la ministra: “¿Te parece que le diga a la gente del Trece que ese día no hago el programa?”.

Si bien el martes se informarán los detalles, el operativo de seguridad para la cumbre del G20 incluye cortes de calles, anillos especiales de contención, aeropuertos cerrados y otras medidas que complicarán las actividades habituales de los ciudadanos. Por esa razón, la administración nacional dispuso que el viernes 30 de noviembre sea feriado. Las empresas privadas tienen libertad de acción, pero el centro estará casi intransitable

La raíz de la “pelea” entre Tinelli y Patricia Bullrich

El conductor del “Bailando” salió al cruce de las declaraciones de la Ministra de Seguridad, quien recomendó que por el G20 los porteños deberían abandonar la Ciudad.

Estas palabras de la ministra causaron estupor ya que más de uno las consideró alarmistas y otro grupo se quejó de que, aunque quisiera, tampoco dispone de los recursos para poder financiarse un fin de semana fuera de la ciudad.

Entre los indignados apareció Marcelo Tinelli, quien disparó vía Twitter: “Una divina, Pato. Me tengo que quedar a laburar. ¿Te parece que le diga a la gente de El Trece que esos días no hago el programa? ¿O desde dónde puedo hacerlo? ¿Gran Buenos Aires? ¿El interior? Decime, porfa”.

Cabe recordar, que el conductor del “Bailando” tuvo un acercamiento a la política y no descartó la posibilidad de postularse en un futuro como presidente

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