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Actualidad Política

Justicia, pobreza y títulos de propiedad

Desde que en el año 1986 el economista Hernando de Soto publicó su libro “El Otro Sendero. La Revolución Informal” nadie ha logrado una mejor respuesta a la pobreza estructural de América Latina y del tercer mundo. Uno de los aspectos centrales de su trabajo concluye en que reconocer fuerza legal a los títulos sobre las viviendas de las personas marginadas de la revolución capitalista es un requisito esencial para posibilitar su crecimiento económico y humano.

La tesis es sencilla y contundente: la propia vivienda tiende a ser la mayor acumulación de capital de las familias. La libre circulación de ese capital permite a las familias apalancar su crecimiento económico. Por el contrario los obstáculos y costos a la circulación de este capital los condena a vivir al día, sin los beneficios del crédito. El título legal de propiedad es el primer requisito para que dicha circulación y el crédito sea posible.

Los enemigos de esta solución son poderosos: Por un lado, los políticos populistas, que estructuran su base de poder sobre la pobreza de las masas y su creciente dependencia de los “beneficios” que reparten el Estado y los punteros políticos del partido. Por otro lado, las corporaciones profesionales y fiscales que se interponen en el proceso de adquisición y traslación de los títulos de propiedad: abogados, escribanos, agrimensores, contadores, recaudadores fiscales, intermediarios y gestores de todo tipo y color que buscan su tajada en la circulación de la riqueza inmobiliaria, y que para asegurarla generan dificultades y trabas burocráticas cuya remoción requiere de su intervención.

En nuestro país se está dando un grave proceso de “destitulización” de las viviendas. Hay un enorme crecimiento de poblaciones informales y villas, sin catastro alguno, simultáneo con la pérdida de títulos de propiedad sobre las propiedades catastradas. El primer fenómeno, el del crecimiento de las villas, es bien visible y conocido. El segundo, en cambio, es silencioso y no se conocen mediciones ni estadísticas: me refiero a la enorme cantidad de propiedades que se transfieren sin escrituras, sea por muerte, divorcio, división de condominio, prescripción u otras situaciones en las cuales la regularización del título es un puro costo, no asociado a una transacción económica.

La legislación del Código Civil es realmente muy adecuada para que esto no suceda, es decir para que, en lugar de perderse los títulos, las personas puedan adquirir y transferir con entera seguridad jurídica títulos sobre sus bienes. Institutos como la divisibilidad eminente del condominio, la prescripción adquisitiva y toda la regulación de la posesión y de la transmisión hereditaria tienen ese objetivo. Por ello, el fenómeno creciente de “destitulización” no es un problema de legislación de fondo sino de su implementación y de los costos fiscales y corporativos que se han ido generando en el mercado inmobiliario.

¿Y quién tiene la llave y la responsabilidad para revertir esta situación? Yo veo dos principales campos de acción:

Uno es el fiscal. El impuesto de sellos sobre las viviendas debe eliminarse. Y ni hablar del impuesto sucesorio generado recientemente por la Provincia de Buenos Aires y de peligroso contagio en las demás. Pero también deben eliminarse otros costos fiscales o cuasi fiscales que también encarecen las transferencias e hipotecas de viviendas, como la obligatoriedad de la intervención notarial y las normas de mínimos arancelarios obligatorios y de aportes colegiales y previsionales a las cajas de escribanos, martilleros y abogados. Esto depende, principalmente, de la legislación local de la Ciudad de Buenos Aires y de cada provincia, que establece los impuestos y las normas de ejercicio profesional relevantes.

El otro campo de acción, no menos importante, es el procesal. Salvo la transferencia voluntaria entre vivos, todas las demás formas de traslación y adquisición de título requiere de la intervención de la Justicia. Muchas veces son procesos voluntarios, otras no. Pero en todos los casos la intervención judicial debe resolver problemas que son sencillísimos (muchísimo más sencillos que los que resuelve mi computadora, cada vez que la enciendo, para decirme simplemente qué día y hora es). No hay nada, en la naturaleza de las cosas, que diga que estos procesos judiciales deban ser extensos, costosos, inabordables o eminentemente diferibles para el común de la gente.

Rediseñar estos procesos para revertir la progresiva “destitulización” es –también- responsabilidad de cada provincia, ya que bajo su competencia constitucional está la de administrar la Justicia y los catastros. En el caso particular de la Capital Federal la administración de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble aún descansan en la órbita de la jurisdicción nacional (son los resabios de la malhadada “ley Cafiero”). Y, dentro de la jurisdicción nacional, es al Consejo de la Magistratura a quien le cabe la responsabilidad de organizar la Justicia y reglamentar la eficaz prestación de este servicio.

Bastaría que el Consejo de la Magistratura se tomara esta responsabilidad en serio, para organizar procesos judiciales rápidos, eficientes y económicos. Con ello, la gente podría concurrir en masa y con muy bajo costo a regularizar sus títulos de propiedad, usucapir sus posesiones de hecho, y poner en valor y dentro del circuito económico el capital que han sabido acumular en sus propias viviendas.

En conclusión, si bien nadie en el Consejo de la Magistratura está pensando en ello, cada uno de sus trece miembros es responsable por la creciente pobreza estructural del país, y podrían hacer muchísimo por mejorar la calidad de vida y la inserción económica de los más desposeídos.

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Actualidad Política

La razón del Estado. Respuesta a Javier Milei

El jueves 17 de enero, como todas mis mañanas, ingreso a la web del diario El Cronista, y en sus primeras líneas había una nota, escrita por Javier Milei, cuyo título llamó mi atención y decidí leer.

Antes de comenzar a explayar esta respuesta, es importante aclarar que quien escribe es un gran admirador de Milei, porque gracias a él y a otros economistas más, en los últimos tiempos la sociedad argentina viene despertando y dándose cuenta de que el gran problema de Argentina es el tamaño del Estado, y que gran parte de la sociedad vive para sostener no sólo a otra parte de la sociedad (por medio de subsidios y planes sociales), sino también a una élite (aunque no me gusta usar esa palabra) política parasitaria, que vive de los impuestos de los demás y que (lamentablemente) no tiene idea alguna sobre cómo manejar la economía del país, como así tampoco se decide a hacer cambios radicales para asegurar el crecimiento sostenido de nuestra economía, ya que esos cambios radicales constarían de atentar contra sus propios intereses (por ejemplo, eliminando cargos políticos, bajando la cantidad de asesores, eficientizando el funcionamiento del Estado, transparentando la política). En ese sentido, agradezco a Javier Milei el hecho de que ilumine a muchas personas, y (hablando en términos platónicos) los haga salir de “la caverna” y ver la realidad (que todo lo que el Estado gasta, lo pagamos los ciudadanos que trabajamos en blanco).

La nota mencionada se titulaba Sobre la naturaleza del Estado, y en ella, el autor utiliza como sustento lo escrito por varios autores, conduciendo luego la estructura de su escrito hacia una opinión totalmente personal, que es la de que el Estado es el enemigo del individuo. Y es por esta conclusión que este humilde servidor ha decidido realizar una respuesta a la nota, y (si se quiere) iniciar un debate, ya que del debate formal y respetuoso es de donde se obtienen las buenas conclusiones e ideas.

Vayamos al quid de la cuestión. Javier Milei titula a su nota Sobre la naturaleza del Estado, pero no explica la naturaleza del Estado. Es decir, el autor no responde al porqué del nacimiento del Estado, sino que trata, por argumentos que son posteriores a la creación del Estado, de decirle al lector que el Estado nace única y solamente para robar, y que por lo tanto es “nuestro enemigo” (de los individuos). Por lo tanto, y al utilizar argumentos que cronológicamente no tienen conexión lógica con una proposición, la proposición final (el Estado es nuestro enemigo porque nace para robarle al individuo) se anula por sí misma.

¿Cuál es el argumento de Milei? Utilizando a Franz Oppenheimer, informa que solo hay dos medios para obtener riqueza: los “medios económicos” (crear la riqueza por medio de la producción y el intercambio comercial) y los “medios políticos” (captura de bienes o servicios de otros por medio de la fuerza o la violencia –a lo cual podría agregarse que no sólo se puede capturar el bien o servicio, sino la riqueza generada por ello-). Según Milei, este es un acto de confiscación unilateral o robo de la propiedad de otro.

Como el Estado no produce bienes o servicios (y por lo tanto no genera riquezas), la forma de obtener riquezas del Estado es la de los “medios políticos”. Así, y como para todo libertario el Estado es un aparato que roba, Milei propone que el Estado nace para robar.

Es posible ver, entonces, que el argumento de Milei no es sostenible porque sencillamente no explica la causa del nacimiento del Estado. No explica el porqué. Milei dice que el Estado no genera riquezas (con toda la razón del mundo), sino que las confisca, las roba. Y afirma que como las roba, nace solamente con esa finalidad. Así, es posible ver que, efectivamente, no explica cómo nace el Estado. No explica la finalidad que tiene el Estado. El autor toma una concepción posterior (la herramienta para el financiamiento del Estado, que son los impuestos) para explicar un hecho anterior (nacimiento del Estado). Así, su argumento se cae.

En uno de los párrafos de la nota, el autor afirma que “…el Estado nunca ha sido creado mediante ´contrato social´ alguno y siempre ha nacido mediante la conquista y la explotación”. Allí, nuevamente habla sobre la creación del Estado (bajo una concepción libertaria), pero no trata el porqué de su creación.

Ahora bien, para descifrar la naturaleza del Estado, hay que remontarse a los autores clásicos, que también cita Milei en su artículo. Los autores a los que aquí se hace referencia son J.J. Rousseau y J. Locke. Ellos son, si se quiere, los padres de la izquierda y la derecha.

Por un lado, Rousseau (en El Contrato Social) sostiene que el hombre es libre y bueno por naturaleza, y que las instituciones creadas luego del pacto social lo restringen y lo hacen malo, lo incivilizan, lo corrompen. Esta comunidad epistémica sostiene que la riqueza es una, y que unos privilegiados roban y se quedan con mucho, y así generan pobreza, y que el Estado es la creación de esos privilegiados para mantener el poder sobre los pobres. El Estado, para Rousseau, es una estructura de poder que se debe “desenmascarar”, y considera que la propiedad es el origen de la desigualdad, y que esa desigualdad es una igualdad rota (o sea, iguales en el estado de naturaleza, desiguales una vez creado el Estado). Para Rousseau, el primer contrato (que crea el Estado) es antisocial, ya que sirve para robar. Luego existe un segundo contrato, el contrato social, donde los ciudadanos enajenan sus derechos hacia la Asamblea. El contrato social es dar todo, de todos, a la comunidad.

Por otro lado, Locke (en Tratados sobre el Gobierno Civil, que incluye algunos ensayos anteriores del mismo autor), considera que el hombre, en estado de naturaleza, es un ser malvado que se aprovecha de su superioridad con respecto a otros hombres (por posesión de riquezas superiores, de fuerza, de inteligencia, u otras características). El estado de naturaleza es malo, es un estado de guerra, donde unos contra otros luchan por los recursos. Entonces, el Estado se crea para asegurar una convivencia pacífica. Es decir, los hombres, de común acuerdo, crean el Estado para darse a sí mismos seguridad jurídica y seguridad personal. Se construye el Estado entre todos, por el bien de todos. Así, Locke propone también la división de poderes del Estado para que el Estado no oprima (ya que, como se le da todo el poder de policía, podría ejercerlo arbitrariamente contra sus súbditos –los ciudadanos-). Así, el Estado se crea para civilizar a la gente, salir del estado de guerra, siendo la vida mucho mejor con leyes, no sin ellas. De esta manera, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y las desigualdades (económicas o de cualquier otro tipo) son igualdades pendientes de ser creadas. El Estado, las instituciones, están para crear igualdad y oportunidades. El poder se crea para asegurar derechos y libertades.

Si se trata de mantenerse en el plano teórico, así surge el Estado. En el plano práctico, el Estado (organizado como tal) no existía hasta 1648, con la finalización de la Guerra de los 30 años y la firma de la Paz de Westfalia. Para ver sobre el nacimiento del Estado, se invita a visitar el blog Nada es gratis en la vida, blog personal de este autor y que, en su primer escrito, habla sobre el nacimiento del Estado. El Estado nace formalmente para asegurar la supervivencia de la gente.

Anteriormente, por esos años mencionados, la normalidad en las relaciones internacionales era la guerra y, por lo tanto, los diferentes territorios tenían que defenderse ante ataques externos. Para ello, los Reyes (en aquellos momentos) solicitaban el pago de impuestos a los señores feudales, con la finalidad de financiar ejércitos que permitieran defenderse ante ataques externos y, así, proteger sus tierras, cosechas, y a su población. De esta manera nace el Estado, para dar seguridad. Además, y con el paso del tiempo, el Estado también comenzó a centrarse no solo en la seguridad personal y física, sino en la seguridad jurídica, con la creación de leyes que gestionen las relaciones sociales, y con jueces que diriman los conflictos que podían surgir.

Así surge el Estado, y para eso está el Estado. El Estado no nace para robar, como afirma Milei, sino que nace para proteger. Proteger a las personas de sí mismas. Nace para civilizar a la sociedad, para establecer parámetros de buena convivencia y para que, al fin y al cabo, no se maten unos a otros por obtener un recurso o un bien. El Estado no es nuestro enemigo, como dice Milei. El Estado es el protector de libertades y derechos.

Ahora bien, que en Argentina (y en muchos otros países) los políticos (que son quienes manejan el Estado) sean personas que buscan más su interés personal por sobre el de la ciudadanía, que sean tremendamente corruptos, que se protejan a sí mismos y se genere una casta o élite política que utiliza recursos estatales (o sea, de todos los ciudadanos) para perpetuarse en el poder y seguir viviendo a costa de los demás, es otra cosa. Sí, muchos políticos argentinos son parásitos. Sí, muchos políticos argentinos son corruptos. Sí, un Estado sobredimensionado limita las capacidades productivas del país y desincentiva la inversión. Sí, en Argentina se ahoga con impuestos a la sociedad y a las empresas. Sí, tenemos una justicia muy corrupta y que se inmiscuye en cuestiones económicas sin conocimientos. Sí, el nivel intelectual de nuestros legisladores es paupérrimo. Pero todo eso no quita que el Estado fue diseñado para protegernos. El Estado no es nuestro enemigo, el Estado es una herramienta necesaria.

Si queremos cambiar el país, se deben hacer muchos cambios radicales. Y el cambio que más costará es el cultural. El cambio que lleve a la sociedad a entender que si uno no trabaja, no produce, y por lo tanto no tiene derecho a pedir beneficio alguno. No se puede castigar a unos para sostener a otros por el simple pensamiento (no hecho) de que es “moralmente bueno”. El cambio que debemos hacer es el de mentalidad. Es menester abandonar la mentalidad becaria (pensar en vivir becados, o sea, sostenidos por otro) y empezar a hacerse responsable de su propia vida. Así, nuestro país tendrá un gran potencial. Sino, estará condenado al fracaso.

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Actualidad Política

Publicidad oficial: Macri bajó 70% el gasto

La baja en los gastos de publicidad oficial, permitirá redireccionar dinero

El Gobierno bajó un 70% el gasto en publicidad oficial durante 2018, respecto a la gestión anterior. Es que pagó $ 1.964 millones para difundir avisos en los medios de comunicación; frente a los $ 2.598 millones de 2015, último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que equivalen a $ 6.718 millones de ahora, por la inflación que hubo en este período.

Los datos surgen de los informes sobre gastos en publicidad oficial, de la Secretaría de Comunicación Pública de Jefatura de Gabinete. Allí se ve que incluso bajó un 25% el gasto de 2018 respecto al año anterior, cuando se gastaron $ 2.594 millones. Eso sin contar la inflación, ni la devaluación del peso con respecto al dólar, que permitió que la reducción en el gasto fuera mucho mayor.

Desde que asumió el Gobierno se propuso una reducción drástica de los gastos en publicidad oficial, porque considera que esa era una herramienta que usaba el anterior gobierno como parte del aparato de propaganda kirchnerista, que se usaba para premiar a los medios alineados con el “relato” y castigar a los que eran críticos de la gestión oficial. Por eso, durante los doce años de gobiernos K los gastos en publicidad oficial aumentaron un 5.616%.

En esa época había medios que tenían más del 90 % de sus ingresos provenientes de la publicidad oficial, que cambiaron de manos tras la llegada de Macri al Gobierno, como el diario Página/12, que se vendió al Grupo Octubre, del presidente del PJ porteño, Víctor Santa María; y la cadena de noticias CN23, que Sergio Szpolski transfirió al Grupo Indalo, de los detenidos empresarios kirchneristas Cristóbal López y Fabián de Sousa.

La reducción de la publicidad oficial forma parte de una política de “agenda ampliada de libertad de expresión”, dijeron fuentes del Gobierno, que también incluye la realización de conferencias de prensa, la sanción de la ley de acceso a la información pública y el “fin de la guerra del Estado contra el periodismo”, como dijo el jefe de Gabinete Marcos Peña, cuando anunció la modificación de la ley de medios audiovisuales.

Además, se eliminaron las publicidades del Gobierno en las propagandas de los partidos de fútbol, que hasta 2015 eran las únicas que se emitían en esas tandas y no figuraban como gastos en publicidad oficial. En el mismo sentido, fuentes del Gobierno destacaron la finalización de los canjes de publicidad oficial por deudas impositivas, que usó indiscriminadamente la gestión de Cristina Kirchner y que ahora sólo se implementan con los canjes realizados hasta marzo de 2016.

De hecho, en el informe de la Secretaría de Comunicación Pública sobre gastos en publicidad oficial de 2018, todavía figuran $ 286 millones de canjes que corresponden a esa etapa y, por eso, no se contabilizan como pagos correspondientes a 2018 del Gobierno nacional.

De todos modos, en estos años hubo criterios divergentes en la distribución de la publicidad oficial, especialmente en 2017, cuando hubo medios K que tuvieron una pronunciada merma en sus ingresos por avisos del Gobierno, una baja que se corrigió en 2018. Por eso, pese a la caída en el gasto, que impactó de manera similar en la mayor parte de los medios, C5N quintuplicó y Página/12 duplicó sus ingresos durante 2018, respecto al año anterior.

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Campillo buscará que la Cámara Federal le otorgue la libertad

Campillo busca su libertad

Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz que reveló que el secretario de Cristina Kirchner le dio 200 mil euros por sus gestiones en Estados Unidos para lavar dinero de Daniel Muñoz, busca ahora que la Cámara Federal sea la que lo libere.

Es porque el juez Claudio Bonadio homologó su acuerdo como arrepentido, pero no le dio la libertad. Su defensa apeló hoy al sostener que su encierro preventivo “carece de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad” después de haber logrado convertirse en “imputado-colaborador”. Incluso, se resaltó que el aporte de Campillo permitió un avance en la causa con una nueva detención y que no existe riesgo de fuga o entorpecimiento a la investigación.

El defensor oficial Gustavo Kollman aseguró que “sostener el encierro preventivo de Juan Manuel Campillo se presenta irrazonable y termina por desnaturalizar la medida cautelar transformándola en una pena anticipada” y advirtió que Bonadio “ha desatendido abiertamente la opinión del señor Fiscal vertida en el marco de la presente incidencia, generando así una intromisión excesiva”.

“Debo decir que parece absurdo considerar que un individuo, en el caso mi defendido, que solicita acogerse al régimen de imputado colaborador, celebra un acuerdo con el Fiscal con todas las garantías y obligaciones que le impone la ley, que es formalmente tenido en tal carácter a partir de la homologación judicial de dicho pacto, pretenda entorpecer la investigación. Cabe preguntarse: ¿colabora o entorpece?”, sostuvo la defensa.

Incluso, la defensa se quejó de que “llama la atención que se considere que persisten los riesgos procesales de un individuo que voluntariamente aportó elementos de interés para la pesquisa que V.S. dirige”, y dio a entender que fueron los aportes de Campillo los que llevaron a la detención de Isidro Bounine, el ex secretario de Cristina Kirchner, el miércoles pasado, en simultáneo con la homologación de su acuerdo como imputado-colaborador.

Ya es de público conocimiento que la presente investigación ha mostrado un avance sorpresivo incluso para quienes la llevan adelante, y los aportes novedosos realizados en primer término por mi pupilo -sumados seguramente a otros indicios concordantes- llevaron a su señoría. A decidir al menos la imputación y detención de una persona cuya participación en los hechos era absolutamente desconocida”, se añadió.

Sin resolver aún la situación procesal de Campillo y del resto de los involucrados en el capítulo sobre los más de USD 70 millones que Daniel Muñoz y su entorno sacó a Estados Unidos, el juez rechazó la excarcelación del ex ministro de Hacienda de Santa Cruz por entender que no tenía arraigo y que se lo había encontrado en el momento de su detención en un hotel, por lo cual no podía descartarse un eventual peligro de fuga o entorpecimiento.

La defensa interpretó otra cosa: “Fue detenido en su domicilio. Ahora, por si ello no bastara cabe destacar que cuenta con el asiento legal en la dependencia a cargo del suscripto, una madre de edad avanzada y un sobrino que ha sido recientemente liberado, es decir un contexto personal que denota lazos sólidos para afirmar que Campillo tiene probado arraigo que lejos de indicar algún peligro, revela que mantendrá un excelente comportamiento procesal de recuperar su libertad”.

“Por otro se alega como sostén de la decisión que hay diligencias en trámite y por tanto su desarrollo puede ser entorpecido si Juan Manuel Campillo es liberado. Nada más alejado de la realidad, si se repara en que objetivamente no puede demostrarse que el justiciable tenga intención de entorpecer la investigación, máxime cuando colaboró activamente en ella a punto tal que varias de las medidas de prueba que se están realizando son consecuencia de los propios dichos de mi asistido, volcados en un acuerdo con la Fiscalía que además Vuestra Señoría homologó recientemente”, le dijo al juez Bonadio.

A criterio de Kollman, la Cámara Federal deberá “encontrar un punto medio entre la búsqueda de la verdad y los fines del proceso y la presunción de inocencia que le asiste a Juan Manuel Campillo en armonía también con la colaboración que ha prestado”. Incluso, señaló, “para facilitarle dicha tarea, me atrevo a proponer que una exigencia de concurrencia mensual e incluso quincenal a la sede del tribunal o dependencia policial que corresponda al domicilio de mi asistido parece un modo idóneo de asegurar un compromiso del justiciable de mantenerse ajustado a derecho”.

Un detalle: la defensa pidió abreviar los plazos para una definición sobre la excarcelación, es decir, que se acelere una definición. Durante esta última quincena de enero, están en la Cámara Federal los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens. Llorens se encuentra excusado porque su primo fue funcionario de Planificación. Irurzun, entonces, tendría que convocar a un juez del fuero penal económico que también está de feria. En rigor, es de práctica que las causas sean analizadas por la sala de origen. Pero los jueces que intervienen en el expediente, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, estuvieron la primera quincena y regresarán en febrero, por lo que todo podría demorarse algunas semanas

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