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Actualidad Política

Justicia, pobreza y títulos de propiedad

Desde que en el año 1986 el economista Hernando de Soto publicó su libro “El Otro Sendero. La Revolución Informal” nadie ha logrado una mejor respuesta a la pobreza estructural de América Latina y del tercer mundo. Uno de los aspectos centrales de su trabajo concluye en que reconocer fuerza legal a los títulos sobre las viviendas de las personas marginadas de la revolución capitalista es un requisito esencial para posibilitar su crecimiento económico y humano.

La tesis es sencilla y contundente: la propia vivienda tiende a ser la mayor acumulación de capital de las familias. La libre circulación de ese capital permite a las familias apalancar su crecimiento económico. Por el contrario los obstáculos y costos a la circulación de este capital los condena a vivir al día, sin los beneficios del crédito. El título legal de propiedad es el primer requisito para que dicha circulación y el crédito sea posible.

Los enemigos de esta solución son poderosos: Por un lado, los políticos populistas, que estructuran su base de poder sobre la pobreza de las masas y su creciente dependencia de los “beneficios” que reparten el Estado y los punteros políticos del partido. Por otro lado, las corporaciones profesionales y fiscales que se interponen en el proceso de adquisición y traslación de los títulos de propiedad: abogados, escribanos, agrimensores, contadores, recaudadores fiscales, intermediarios y gestores de todo tipo y color que buscan su tajada en la circulación de la riqueza inmobiliaria, y que para asegurarla generan dificultades y trabas burocráticas cuya remoción requiere de su intervención.

En nuestro país se está dando un grave proceso de “destitulización” de las viviendas. Hay un enorme crecimiento de poblaciones informales y villas, sin catastro alguno, simultáneo con la pérdida de títulos de propiedad sobre las propiedades catastradas. El primer fenómeno, el del crecimiento de las villas, es bien visible y conocido. El segundo, en cambio, es silencioso y no se conocen mediciones ni estadísticas: me refiero a la enorme cantidad de propiedades que se transfieren sin escrituras, sea por muerte, divorcio, división de condominio, prescripción u otras situaciones en las cuales la regularización del título es un puro costo, no asociado a una transacción económica.

La legislación del Código Civil es realmente muy adecuada para que esto no suceda, es decir para que, en lugar de perderse los títulos, las personas puedan adquirir y transferir con entera seguridad jurídica títulos sobre sus bienes. Institutos como la divisibilidad eminente del condominio, la prescripción adquisitiva y toda la regulación de la posesión y de la transmisión hereditaria tienen ese objetivo. Por ello, el fenómeno creciente de “destitulización” no es un problema de legislación de fondo sino de su implementación y de los costos fiscales y corporativos que se han ido generando en el mercado inmobiliario.

¿Y quién tiene la llave y la responsabilidad para revertir esta situación? Yo veo dos principales campos de acción:

Uno es el fiscal. El impuesto de sellos sobre las viviendas debe eliminarse. Y ni hablar del impuesto sucesorio generado recientemente por la Provincia de Buenos Aires y de peligroso contagio en las demás. Pero también deben eliminarse otros costos fiscales o cuasi fiscales que también encarecen las transferencias e hipotecas de viviendas, como la obligatoriedad de la intervención notarial y las normas de mínimos arancelarios obligatorios y de aportes colegiales y previsionales a las cajas de escribanos, martilleros y abogados. Esto depende, principalmente, de la legislación local de la Ciudad de Buenos Aires y de cada provincia, que establece los impuestos y las normas de ejercicio profesional relevantes.

El otro campo de acción, no menos importante, es el procesal. Salvo la transferencia voluntaria entre vivos, todas las demás formas de traslación y adquisición de título requiere de la intervención de la Justicia. Muchas veces son procesos voluntarios, otras no. Pero en todos los casos la intervención judicial debe resolver problemas que son sencillísimos (muchísimo más sencillos que los que resuelve mi computadora, cada vez que la enciendo, para decirme simplemente qué día y hora es). No hay nada, en la naturaleza de las cosas, que diga que estos procesos judiciales deban ser extensos, costosos, inabordables o eminentemente diferibles para el común de la gente.

Rediseñar estos procesos para revertir la progresiva “destitulización” es –también- responsabilidad de cada provincia, ya que bajo su competencia constitucional está la de administrar la Justicia y los catastros. En el caso particular de la Capital Federal la administración de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble aún descansan en la órbita de la jurisdicción nacional (son los resabios de la malhadada “ley Cafiero”). Y, dentro de la jurisdicción nacional, es al Consejo de la Magistratura a quien le cabe la responsabilidad de organizar la Justicia y reglamentar la eficaz prestación de este servicio.

Bastaría que el Consejo de la Magistratura se tomara esta responsabilidad en serio, para organizar procesos judiciales rápidos, eficientes y económicos. Con ello, la gente podría concurrir en masa y con muy bajo costo a regularizar sus títulos de propiedad, usucapir sus posesiones de hecho, y poner en valor y dentro del circuito económico el capital que han sabido acumular en sus propias viviendas.

En conclusión, si bien nadie en el Consejo de la Magistratura está pensando en ello, cada uno de sus trece miembros es responsable por la creciente pobreza estructural del país, y podrían hacer muchísimo por mejorar la calidad de vida y la inserción económica de los más desposeídos.

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Actualidad Política

Garavano le respondió a Elisa Carrió

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, le respondió a la diputada y fundadora de la coalición de gobierno, Elisa Carrió, quien lo trató de “imbécil”. “Estoy acostumbrado. Son estilos diferentes, a ella le ha dado resultado ese estilo y yo la respeto”, aseguró el funcionario.

“No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia”, había sentenciado la legisladora en un reportaje donde plasmó sus diferencias irreconciliables con el ministro.

Como primera reacción Garavano consideró que “cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice” y que a pesar de todo, “ella ha hecho aportes muy valiosos en materia de lucha contra la corrupción, en materia de construcción política en apoyo al presidente (Mauricio) Macri. No es mi estilo. Es uno de los costos que uno ha tenido que pagar por incorporarse a la política pero vale la pena. En las redes sociales me dicen cosas peores. No soy malo, algo bueno tendré”.

Más allá del agravio, Garavano aseguró que “la alianza está muy sólida” y recordó que con Carrió “hay una agenda de trabajo en materia electoral y en materia institucional común”.

La opinión de Garavano sobre el caso Ramos Padilla

El ministro de Justicia también defendió el pedido de destitución del juez federal Alejo Ramos Padilla y negó que la presentación ante el Consejo de la Magistratura sea un ataque contra el magistrado. “Quizás políticamente lo mejor hubiera sido no hacer nada, pero jurídicamente lo que correspondía es lo que se hizo”, enfatizó.

La solicitud incluye tres cuestiones a evaluar, según explicó Garavano:

  • Los recursos: “El juez tramitó a través de un funcionario de tercera jerarquía sumar a su equipo integrantes del programa Verdad y Justicia de forma totalmente inadecuada porque el mismo está dirigido a procesos de lesa humanidad. El titular de programa le contestó que no podía y ramos Padilla en el Congreso atacó al ministerio de Justicia por no prestarle colaboración, cuando en realidad los programas que le deberían prestar colaboración son los de protección de testigos y el programa de asistencia a las víctimas”.
  • Las formas: “Hizo un show mediático ante una comisión del Congreso que no era la competente para intervenir. Violando lo que fija el Código Procesal Penal que dice que los procesos son privados”.
  • El rol del fiscal: “La Corte ya tiene dicho que los procesos penales deben ser investigados por los fiscales y el juez es el que fija las garantías. Eso no es lo que está sucediendo en este proceso y no es lo que está haciendo el juez”.

Al ser consultado sobre si el gobierno se siente perjudicado por la investigación y por eso se impulsó la presentación ante el Consejo de la Magistratura, Garavano respondió: “Es plausible, la realidad es que el gobierno está totalmente alejado de este caso. Pero lo que si vemos es un ánimo por parte del juez de involucrar al gobierno en este proceso”.

El ministro reiteró que desconocía quién era D’Alessio y que se enteró de la existencia de este hombre a raíz de las causa y los medios. “Pareciera ser un hombre ligado a ese mundo que es lo que este gobierno quiere dejar atrás al menos en la relación con la justicia. La investigación debería ser llevada adelante con absoluta transparencia y sin intervención políticas. Lamentablemente eso hoy no está garantizado por el juez”, añadió.

Finalmente, el ministro cuestionó la forma en que se elige el juez. “Es extraño por la competencia, la forma en que se publicita esto y cómo se difunde. Uno puede encontrar muchos puntos de coincidencia con las causas que hemos nombrado. Incluso el fiscal de la causa se ha manifestado opuesto a la investigación y ha dicho que el juez es incompetente. Ojalá me equivoque y no sea un armado político pero existe una fuerte sospecha”, concluyó.

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Conferencia de la ONU: Macri abre el evento

La Conferencia de la ONU se desarrollará en el Centro de Convenciones

En medio de un operativo de seguridad similar al del G20 aunque a una escala menor, el presidente Mauricio Macri abrirá a las 10 la II Conferencia de la ONU, en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el clima se tensionó en los últimos días con la reproducción de todo tipo de versiones sobre los dos ciudadanos de origen iraní que ingresaron al país con documentos adulterados, desde el Ministerio de Seguridad negaron que se haya escalado en el nivel de alerta más allá de los previsto para una cumbre de esta magnitud.

Localizado en el Centro de Exposiciones y Convenciones, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el operativo de seguridad también involucra a las cuatro fuerzas federales. En esta ocasión, no obstante, solo se movilizó a los destacamentos en la Ciudad y alrededores en comparación con los 20 mil hombres desplazados el año pasado para el G20 en Costa Salguero y los anillos concéntricos.

“El nivel de alerta es menor y los mandatarios que vienen no tienen la conflictividad del G20. Además, esta es una reunión bajo el paraguas de las Naciones Unidas”, aseguró un alto funcionario de la cartera a PERFIL. De hecho, el territorio físico en el que se desarrolla el evento, el CEC, pasó a formar parte de lo que se conoce como Blue Zone, o Zona Azul, bajo la jurisdicción del Sistema de las Naciones Unidas. Allí flamea, desde el lunes, la bandera celeste del organismo. Pese a ello, la vigilancia dentro del recinto también reposa en las fuerzas locales, sin importar que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con rango presidencial, se traslade con su propio jefe de seguridad.

Como ocurrió en la Cumbre de Líderes, también en torno a la Conferencia Sur-Sur se cerrará el espacio aéreo si bien con un radio mucho más estrecho. En consecuencia, no habrá vuelos afectados más allá de tener que desviarse unos metros de su ruta habitual. Los drones estarán prohibidos y las fuerzas de seguridad los derribarán con inhibidores ante la menor señal de alerta si un dispositivo no autorizado irrumpe en la Blue Zone.

Todos los que ingresen a la Conferencia de la ONU deberán pasar por escaneos y, por último, no habrá calles cortadas. Salvo algún eventual traslado de las delegaciones, cuya logística se articuló con las embajadas, en la cartera que comanda Patricia Bullrich confían en que el tráfico no debería sufrir mayores complicaciones. Toda la acción la seguirán desde el Centro de Monitoreo instalado en el ministerio.

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Lucas Llach entra por Gómez Centurión al Banco Nación

Lucas Llach es un economista rosarino

En los próximos días, el economista Lucas Llach pasará a ocupar el cargo de vicepresidente del Banco Nación. Lo hará en reemplazo de Juan José Gómez Centurión, que dejó la vicepresidencia del banco a comienzos de marzo. Centurión había asumido ese cargo en diciembre de 2017, luego de haber estado un año y medio al frente de la Aduana.

De esta forma, Llach volverá a sumarse al gobierno de Mauricio Macri, tras su paso por el Banco Central, donde fue el número dos durante la gestión de Federico Sturzenegger. Desde ese rol fue impulsor de la digitalización de los servicios bancarios y la incorporación de nuevos medios de pago al sistema financiero.

Para el anuncio oficial, se espera que sea publicada la designación a través de una Resolución del Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial. Una vez cumplido ese paso, Llach se incorporará a la cúpula del Banco Nación, que hoy preside Javier Antonio González Fraga.

Lucas Llach es economista especializado en historia económica. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Harvard, y su licenciatura y estudios de posgrado en economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Su principal área de investigación es la historia económica argentina, tema que siguió en diversos libros y artículos.

Antes de ingresar a la gestión pública, fue compañero de fórmula presidencial de Ernesto Sanz durante las PASO de 2015. Activo tuitero, es frecuente que comparta sus opiniones sobre economía en la red social, donde tiene intercambios tanto con seguidores como con críticos.

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