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Actualidad Política

Justicia, pobreza y títulos de propiedad

Desde que en el año 1986 el economista Hernando de Soto publicó su libro “El Otro Sendero. La Revolución Informal” nadie ha logrado una mejor respuesta a la pobreza estructural de América Latina y del tercer mundo. Uno de los aspectos centrales de su trabajo concluye en que reconocer fuerza legal a los títulos sobre las viviendas de las personas marginadas de la revolución capitalista es un requisito esencial para posibilitar su crecimiento económico y humano.

La tesis es sencilla y contundente: la propia vivienda tiende a ser la mayor acumulación de capital de las familias. La libre circulación de ese capital permite a las familias apalancar su crecimiento económico. Por el contrario los obstáculos y costos a la circulación de este capital los condena a vivir al día, sin los beneficios del crédito. El título legal de propiedad es el primer requisito para que dicha circulación y el crédito sea posible.

Los enemigos de esta solución son poderosos: Por un lado, los políticos populistas, que estructuran su base de poder sobre la pobreza de las masas y su creciente dependencia de los “beneficios” que reparten el Estado y los punteros políticos del partido. Por otro lado, las corporaciones profesionales y fiscales que se interponen en el proceso de adquisición y traslación de los títulos de propiedad: abogados, escribanos, agrimensores, contadores, recaudadores fiscales, intermediarios y gestores de todo tipo y color que buscan su tajada en la circulación de la riqueza inmobiliaria, y que para asegurarla generan dificultades y trabas burocráticas cuya remoción requiere de su intervención.

En nuestro país se está dando un grave proceso de “destitulización” de las viviendas. Hay un enorme crecimiento de poblaciones informales y villas, sin catastro alguno, simultáneo con la pérdida de títulos de propiedad sobre las propiedades catastradas. El primer fenómeno, el del crecimiento de las villas, es bien visible y conocido. El segundo, en cambio, es silencioso y no se conocen mediciones ni estadísticas: me refiero a la enorme cantidad de propiedades que se transfieren sin escrituras, sea por muerte, divorcio, división de condominio, prescripción u otras situaciones en las cuales la regularización del título es un puro costo, no asociado a una transacción económica.

La legislación del Código Civil es realmente muy adecuada para que esto no suceda, es decir para que, en lugar de perderse los títulos, las personas puedan adquirir y transferir con entera seguridad jurídica títulos sobre sus bienes. Institutos como la divisibilidad eminente del condominio, la prescripción adquisitiva y toda la regulación de la posesión y de la transmisión hereditaria tienen ese objetivo. Por ello, el fenómeno creciente de “destitulización” no es un problema de legislación de fondo sino de su implementación y de los costos fiscales y corporativos que se han ido generando en el mercado inmobiliario.

¿Y quién tiene la llave y la responsabilidad para revertir esta situación? Yo veo dos principales campos de acción:

Uno es el fiscal. El impuesto de sellos sobre las viviendas debe eliminarse. Y ni hablar del impuesto sucesorio generado recientemente por la Provincia de Buenos Aires y de peligroso contagio en las demás. Pero también deben eliminarse otros costos fiscales o cuasi fiscales que también encarecen las transferencias e hipotecas de viviendas, como la obligatoriedad de la intervención notarial y las normas de mínimos arancelarios obligatorios y de aportes colegiales y previsionales a las cajas de escribanos, martilleros y abogados. Esto depende, principalmente, de la legislación local de la Ciudad de Buenos Aires y de cada provincia, que establece los impuestos y las normas de ejercicio profesional relevantes.

El otro campo de acción, no menos importante, es el procesal. Salvo la transferencia voluntaria entre vivos, todas las demás formas de traslación y adquisición de título requiere de la intervención de la Justicia. Muchas veces son procesos voluntarios, otras no. Pero en todos los casos la intervención judicial debe resolver problemas que son sencillísimos (muchísimo más sencillos que los que resuelve mi computadora, cada vez que la enciendo, para decirme simplemente qué día y hora es). No hay nada, en la naturaleza de las cosas, que diga que estos procesos judiciales deban ser extensos, costosos, inabordables o eminentemente diferibles para el común de la gente.

Rediseñar estos procesos para revertir la progresiva “destitulización” es –también- responsabilidad de cada provincia, ya que bajo su competencia constitucional está la de administrar la Justicia y los catastros. En el caso particular de la Capital Federal la administración de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble aún descansan en la órbita de la jurisdicción nacional (son los resabios de la malhadada “ley Cafiero”). Y, dentro de la jurisdicción nacional, es al Consejo de la Magistratura a quien le cabe la responsabilidad de organizar la Justicia y reglamentar la eficaz prestación de este servicio.

Bastaría que el Consejo de la Magistratura se tomara esta responsabilidad en serio, para organizar procesos judiciales rápidos, eficientes y económicos. Con ello, la gente podría concurrir en masa y con muy bajo costo a regularizar sus títulos de propiedad, usucapir sus posesiones de hecho, y poner en valor y dentro del circuito económico el capital que han sabido acumular en sus propias viviendas.

En conclusión, si bien nadie en el Consejo de la Magistratura está pensando en ello, cada uno de sus trece miembros es responsable por la creciente pobreza estructural del país, y podrían hacer muchísimo por mejorar la calidad de vida y la inserción económica de los más desposeídos.

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Actualidad Política

Junio: la inflación de junio fue de 2,7%

Se dio a conocer la inflación de Junio y ya se acumula lo previsto para todo 2019

La inflación de junio fue de 2,7% y acumuló en la primera mitad del año un 22,4%, según los datos que publicó recientemente el Indec. La suba de precios mensual de junio fue la más baja del año y marcó así una notable pero leve desaceleración por tercer mes consecutivo.

La estabilidad cambiaria sostenida desde fines de abril hasta mediados de este mes eliminó una de las variables económicas que incide en la formación de precios de bienes y servicios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo había alcanzado un pico de 4,7% tras la fuerte suba del tipo de cambio que había tenido lugar en las semanas previas.

Desde esa medición, la inflación mensual se redujo paulatinamente. En abril marcó un 3,4% y en mayo aún menos. El Banco Central admitió tras el último dato oficial que los niveles de suba de precios todavía «están lejos de un nivel aceptable». Además, en junio tuvo lugar la primera caída interanual de la inflación en seis meses, ya que fue de 55,8% mientras el mes anterior había sido de 57,3%.

En medio año, la inflación acumulada (22,4%) prácticamente igualó a la proyección de suba de precios que había hecho el Gobierno nacional para todo 2019, que fue de 23%, según explicitó en el proyecto de Presupuesto.

Los rubros que mayores incrementos de precios registraron en junio fueron las comunicaciones (por ejemplo el servicio de telefonía celular y de conexión a Internet), con 7,1%, recreación (3,7%), salud (3,6%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%). Los alimentos estuvieron levemente por debajo del promedio y aumentaron 2,6%.

Dentro de este último sector, los productos que registraron aumentos más altos fueron el yogur (18,7%), la leche entera en polvo (13,1%), el tomate redondo (16,9%), la lechuga (12,9%). Otros registraron fuertes caídas como el agua mineral (-16,7%) y la naranja (-9,4%). Los valores de frutas y verduras suelen estar influidos por cuestiones estacionales

Las perspectivas económicas de consultoras locales y del FMI incluyen una estimación de inflación total para 2019 cercana al 40%. Así se refleja en el último dato publicado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA y en el recálculo de las previsiones de precios que hizo el Fondo Monetario en el informe técnico que difundió este lunes.

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Actualidad Política

AMIA: Diputados quiere avanzar sobre los acusados

El oficialismo tratará hoy de sacar un dictamen para llevar al recinto de Diputados el proyecto de “juicio en ausencia”, impulsado para dar una solución a la impunidad por el atentado a la AMIA, del que se cumplen 25 años el jueves.

La iniciativa, que tendrá como base un texto redactado por Daniel Lipovetzky, busca autorizar las condenas en casos de delitos graves, como los de lesa humanidad o del crimen organizado.

La Comisión de Legislación Penal se reunirá por pedido oficial para intentar avanzar con el dictamen. Sin embargo, el juicio en ausencia es cuestionado no solo por sectores políticos, sino por académicos, jueces e inclusive por algunos familiares de víctimas, como Diana Malamud.

“Si realmente les interesase obtener verdad y justicia, deberían empezar por destinar recursos a la investigación y no perder el tiempo en hacer leyes que no van a servir para nada”, sostuvo la semana pasada.

Otros afirman que el juicio en ausencia viola los principios de defensa en juicio. Pero Lipovetzky asegura que quienes rechazan por este motivo el proyecto que él impulsa es porque no leyeron el texto.

“La Corte Suprema ya convalidó en el pasado el juicio en ausencia, cuando el represor Alfredo Aztiz fue condenado en ausencia en Francia por el crimen de las monjas francesas”, manifestó el legislador. Y contó que hubo otros casos, como el del jerarca nazi condenado en ausencia por Italia y luego extraditado por la Argentina, Erich Priekbe.

Para Lipovetzky, la iniciativa no promueve cerrar casos, sino impedir que un prófugo evada la acción judicial. “El proyecto contempla que al prófugo se le designe defensor oficial e incluson que si se presenta una vez condenado pueda pedir la revisión del caso”, manifestó.

Para obtener el dictamen, el oficialismo necesitará el acompañamiento del Bloque Justicialista y podría tenerlo.

La opinión de los familiares del atentado a la AMIA acerca del proyecto

A pocos días de que se cumplan 25 años del atentado a la AMIA, el Gobierno busca impulsar, una vez más, un proyecto para reglamentar el juicio en ausencia de los culpables. Se trata de una vieja iniciativa, que ya fue presentada en 2017 con el impulso del ministro de Justicia Germán Garavano. Pero nunca se logró la aprobación en el Congreso.

La Casa Rosada intentará dar curso parlamentario a un proyecto presentado por el diputado Daniel Lipovetzky en mayo y que busca avanzar con los juicios en casos de delitos de lesa humanidad y crimen organizado, aún cuando los acusados no se haya presentado ante el juez. La iniciativa, de convertirse en ley, aplicaría para el atentado más violento en suelo argentino.

La iniciativa recibió el apoyo de la DAIA, pero en el pasado fue rechazado por AMIA, así como también por familiares de víctimas del atentado nucleadas en Apemia y Memoria Activa, desde donde lo calificaron como una medida «electoral».

«No tengo ninguna duda de que este proyecto tiene fines electorales”, expresó Diana Malamud, referente de Memoria Activa. “Si realmente les interesase obtener verdad y justicia, deberían empezar por destinar recursos a la investigación y no perder el tiempo en hacer leyes que no van a servir para nada”, sostuvo.

Lipovetzky cree que el proyecto podría aprobarse este año en el Congreso y espera que tenga dictamen para antes del receso invernal o, en su defecto, después de las PASO. “No encuentro muchos elementos para manifestarse en contra porque en definitiva lo que estamos buscando es que la causa avance. Si hubiera un instrumento mejor que este, bienvenido sea”, dijo el diputado de Cambiemos.

Según detalló, el objetivo «no es condenar en ausencia, sino que al verse juzgado, el imputado se presente». Contemplará la presencia de un defensor oficial para el acusado y el derecho a pedir la reapertura de la causa y un nuevo juzgamiento, en caso de presentarse ante el tribunal.

Por su parte, Malamud criticó la idea de hacer “leyes a medida” para causas puntuales, y opinó que su aprobación solo generaría “más cuestionamientos y dudas”. “El caso ha sido usado políticamente con fines que nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y justicia, con lo cual, todo lo que se dirime al respecto suele ser sospechoso”, dijo y subrayó: “Ya hay bastante legislación, lo único que tienen que hacer es buscar justicia y verdad”.

Además, apuntó directamente contra Germán Garavano a quien acusó de «defender delincuentes», a raíz de la decisión de levantar la acusación en contra de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia del juicio por encubrimiento. Finalmente, los dos exfuncionarios judiciales fueron declarados culpables y condenados a dos años de prisión en suspenso.

“En lo personal creo que las posibilidades de que haya justicia son casi nulas. Y eso no fue producto del azar, sino precisamente del largo trabajo que realizaron los encubridores desde todos los poderes del Estado para que esto sea así”, concluyó. Uno de los argumentos que utilizó en su momento el kirchnerismo para firmar el Pacto con Irán fue que, como en Argentina el juicio en ausencia no existe, no había manera de esclarecer el atentado con la legislación interna. Ahora, el macrismo busca cambiar eso en año electoral.

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Brian Aguinaco: prisión perpetua para uno de los asesinos

n hombre fue condenado este martes a prisión perpetua como coautor del crimen del adolescente Brian Aguinaco (14), asesinado de un balazo por motochoros cuando se trasladaba en auto con su abuelo por el barrio porteño de Bajo Flores.

El crimen de Brian fue cometido el 24 de diciembre de 2016, cuando el adolescente acompañaba en auto a su abuelo Enrique Aguinaco a la peluquería y escucharon gritos de dos mujeres que eran asaltadas en el cruce de Asamblea y Rivera Indarte, del Bajo Flores.

Previo al veredicto el 11 de abril pasado la fiscal de juicio Irma García Netto pidió para Gómez la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor de «homicidio criminis causa», es decir matar para ocultar otro delito, en este caso el robo, y lograr la impunidad. «No quedan dudas de cómo ocurrió el suceso, reconstruido a través de las filmaciones y testimonios, que provoca la muerte de Aguinaco con un disparo que efectúan las dos personas que iban en la moto», indicó la fiscal en su alegato.

La funcionaria consideró además que «existió un plan previo y común con quien disparó en ese momento y (Gómez) sabía que era un menor de edad con un arma que se iba a utilizar». Para la fiscal el disparo fue «para poder eludir a la Justicia y para proteger su apoderamiento», que en este caso era la cartera de una de las dos mujeres asaltadas.

El adolescente que disparó, que tenía 15 años al momento del crimen, fue detenido aunque poco después fue declarado inimputable y enviado por su familia a Perú. Luego volvió por poco tiempo a la Argentina y partió nuevamente. Finalmente fue sobreseído.

En este proceso son juzgados además por otros robos y por usurpación de viviendas otros cuatro integrantes de la denominada «Banda de la Salita» de la villa 1-11-14 del Bajo Flores que integraba Gómez. Por esos hechos la fiscal pidió 17 años de cárcel para el imputado Daniel Mendieta por robo armado en banda; cuatro años para Luis Cantoral por encubrimiento agravado; cuatro años para Irving Cruz Yupanqui por el mismo delito; y cinco años para Eric González por tenencia ilegítima de arma de guerra.

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