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Actualidad Política

Medio Oriente: el potencial peligro de una tercera intifada

Violencia en Cisjordania

En los últimos meses, el conflicto en Medio Oriente se vio convulsionado por el accionar de los sectores más reaccionarios tanto del lado palestino como israelí. En ese contexto, aparece omnipresente el constante peligro de una nueva espiral de violencia terrorista. Una tercera intifada sólo traería destrucción y muerte, y el peligroso fortalecimiento de las posiciones más extremistas de ambos bandos.*

La secuencia de episodios comenzó en junio con el secuestro y posterior asesinato de tres estudiantes israelíes y la consecuente guerra en Gaza con su saldo de 65 militares israelíes y 2.200 palestinos muertos. Sólo en el mes de noviembre, once israelíes fueron asesinados en hechos violentos en los cuales árabes han atacado a judíos con armas como cuchillos o mediante el uso de automóviles. La mayoría de los atacantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Los ataques terroristas fueron realizados de manera individual y su objetivo fue el de atacar y asesinar a blancos civiles israelíes para provocar una reacción política.Aunque entre los analistas no existe consenso sobre la definición de terrorismo, la gran mayoría acepta que el mismo es llevado a cabo por actores no estatales, tiene motivaciones políticas y/o religiosas en su accionar, produce un ataque deliberado y sistemático a civiles y/o no combatientes y su objetivo final no es el acto en sí, sino el generar miedo en la sociedad para lograr una reacción del gobierno. Es decir el uso de la violencia para el terrorismo es utilitarista, se atacan a blancos civiles con el propósito de obtener conquistas políticas ya que los efectos que provocan sus actos es la desestabilización social.
Si llevamos esto al caso israelí, al realizar atentados contra la población civil, las organizaciones terroristas palestinas buscan provocar una reacción para que Israel entre en su lógica militarista y responda de una manera desproporcionada contra los palestinos, para que esto le genere condena internacional. El terrorismo palestino busca generar una situación de violencia y desestabilización entre palestinos y judíos en la cual el Estado de Israel responda con represión y así entrar nuevamente en un ciclo de violencia interminable.

Ahora bien, ¿estamos al borde de una tercera intifada? Si bien ha habido reportes de manifestaciones en Cisjordania contra Israel, todavía las mismas no han sido de carácter masivo y sostenido a lo largo del tiempo; sin embargo, la situación que se vive es delicada y cualquier pequeño fuego puede prender el polvorín en que está convertido la región.
La actual crisis que vive el gobierno de Netanyahu tras el derrumbe de su coalición debido a la cuestión de la Ley básica sólo trae mayores interrogantes a la cuestión. Qué elegirán los votantes israelíes, ¿a la derecha o a la izquierda? ¿Surgirá después de esta nueva crisis política un gobierno más dialoguista con su contrapartida palestina o el actual primer ministro consolidará su poder nuevamente? La actual situación de violencia e inestabilidad beneficia a los sectores políticos de Israel que no desean la paz sino respuestas militares hacia la cuestión palestina. Consideran que sólo se puede responder a la violencia con más violencia.
La situación de ingobernabilidad que vive Israel gracias a su sistema político no es menor, el hecho de tener que formar coaliciones para poder conformar gobierno y gobernar complica las negociaciones de paz, ya que un primer ministro debe consensuar con un ministro de su gobierno que es de un partido opositor y no piensa lo mismo. El problema con Israel es que al no tener consenso social sobre cuestiones como la paz y el rol de la religión en la sociedad, las coaliciones políticas terminan quebrándose y a diferencia de un sistema político presidencialista, el jefe de gobierno no puede seguir gobernando tras perder el apoyo político de sus aliados de coalición en el parlamento.
En el lado palestino, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) sigue cosechando reconocimientos simbólicos de los parlamentos de Estados europeos, que no tiene ningún peso legal en la postura de los gobiernos de estos países, pero los palestinos lo consideran un triunfo político aunque en la práctica los ayuda muy poco en su causa, ya que Israel no va a aceptar la creación de un Estado palestino impuesto bajo presión internacional, sino sólo mediante negociaciones que satisfagan a ambas partes.

Los logros en materia diplomática de los palestinos se deben en gran medida a la estrategia de administrar el conflicto del actual gobierno israelí, que en vez de buscar una solución duradera estimula la creación de nuevos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, lo que en consecuencia mantiene la situación existente, evitando que en futuras negociaciones se discuta la cesión del territorio bajo control israelí a un potencial Estado palestino. También el hecho de maltratar a Mahmud Abbas, presidente de la ANP, y no considerarlo como un socio para la paz, demuestra la falta de interés en el actual gobierno en el diálogo con la otra parte. Lo único que ha logrado esta política es que el líder palestino moderado busque en el plano internacional apoyo en su causa, provocando así dolores de cabeza para la diplomacia de Israel, además de mayor desprestigio a nivel global para el Estado judío.
En consecuencia, el próximo gobierno israelí lo que tendrá que decidir es cuál va a ser su prioridad en este asunto: administrar el conflicto o trabajar por la paz y el entendimiento, lograr bajar la tensión que se vive en Israel o apostar por soluciones más radicales que ciertos sectores israelíes propugnan.
Sin embargo, resulta imprescindible mencionar el otro obstáculo del lado palestino que impide la paz: el terrorismo. Este terrorismo encarnado en Hamas y en las Brigadas de Al Aqsa, mediante atentados y lanzamiento de misiles ha cometido innumerables actos de barbarie hacia civiles israelíes e incluso hacia palestinos moderados, con el único resultado de muerte y destrucción. Pero lo peor es que les brinda argumentos a los extremistas de la derecha israelí para justificar sus posiciones, no negociar con los palestinos y responder a los ataques del terrorismo con operaciones militares. Así se llega a una situación en la que lo único que se ha logrado es seguir perpetuando el odio e intolerancia entre las dos partes.

Las elecciones en Israel son en marzo, pero hasta entonces habrá que estar atento a lo que ocurra en la región y esperar que ninguna de las partes desestime todo lo que se ha avanzado hasta ahora, una tercera intifada sólo traería destrucción y muerte y el fortalecimiento de las posiciones más extremistas entre Israel y los palestinos.

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Actualidad Política

Procesaron al ex número 2 de Carlos Mac Allister en la Secretaría de Deportes

El juez federal Ariel Lijo dictó el procesamiento de Orlando Moccagatta, quien fue el segundo del secretario de Deportes Carlos  Mac Allister, en una causa en la que se lo investiga por favorecer supuestamente a la empresa Myrtha Pools, que construye piletas de natación.

Se trata de uno de los primeros procesamientos que se dictan desde Comodoro Py para funcionarios que pasaron por la administración de Mauricio Macri. Moccagatta está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y fue embargado en 55 millones de pesos. Por las sospechas en su contra, fue desplazado del Gobierno en noviembre de 2017.

Moccagatta está sospechado de favorecer contrataciones directas a Myrtha Pools por parte de diversos municipios y provincias. La causa se inició tras un informe periodístico en el programa PPT, de Jorge Lanata.

El acusado fue presidente de esa empresa hasta el 30 de noviembre de 2015, antes de que llegara el gobierno de Mauricio Macri. Cuando asumió su cargo como segundo de Deportes, quedó en la mira de la Justicia por haber recomendado las contrataciones directas a Myrtha Pools en provincias y municipios. Ahora, tras una investigación, quedó procesado y embargado, junto a dos personas vinculadas a la empresa, Ricardo Fernández y Hugo Ducasse.

Existen en el legajo elementos de cargo suficientes como para sostener que Orlando Oscar Moccagatta –en su carácter de Subsecretario de Deportes y Alto Rendimiento Deportivo de la Nación- se interesó y direccionó los tres subsidios anteriormente detallados, destinados a la instalación de piscinas olímpicas en diferentes puntos del país, para lograr su pronta concesión y que sean aplicados, exclusivamente, en la instalación de piletas de la marca “Myrtha Pools“, sostuvo el juez.

Según señaló, ello se hizo “con la finalidad de beneficiar con la adjudicación de aquellas contrataciones a la sociedad “Project & Management Pools S.A.”, única distribuidora en el país de las piscinas “Myrtha Pools”; conformada por los socios Fernández y Ducasse y que él mismo había fundado en el año 2013 y sido su presidente hasta su arribo a la función pública, señaló el juez.

Según afirmó, “el precio de de venta de las acciones de la empresa acordado entre Moccagatta y Ducasse, así como también las demás circunstancias del caso anteriormente acreditadas, me llevan a presumir fundadamente que el primero de ellos siguió siendo el dueño de la compañía luego de su asunción como funcionario público. Ello, sin perjuicio de que las pruebas recabadas no permitan afirmar que efectivamente haya percibido parte de sus ganancias, producto de las negociaciones aquí investigadas”.

“Como se advierte, el objeto de estos actuados se circunscribió en establecer cómo Moccagatta –desde su función pública- se interesó en los subsidios detallados en miras de beneficiar a la firma “Project & Management Pools S.A.” con la adjudicación de las contrataciones investigadas y, en particular, a sus accionistas –Fernández y Ducasse- quienes obtuvieran un rédito económico producto de aquellas negociaciones. Asimismo, que esta hipótesis ha sido debidamente acreditada”, agregó Lijo al firmar los procesamientos.

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Actualidad Política

Gerardo Zamora quiso sacar US$ 32 millones en efectivo

El gobierno de Santiago del Estero intentó sacar 31.900.000 dólares en efectivo por una ventanilla del Banco Hipotecario, pero se encontró con el impedimento de la Justicia que evitó el sospechoso cobro por parte de apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora.

Ante la extraña solicitud, desde el banco pidieron explicaciones y desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

Lo que llamó aún más la atención del banco, ya que los sueldos no se pagan en dólares ni en efectivo. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron en hacer el retiro en efectivo.

Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado de aquella provincia, donde una jueza civil y comercial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva.

A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo.

Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF) el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.

La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechosa de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini de Cubrini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable cifra. La provincia deberá explicar de manera razonable el por qué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraña de la operación que intentó Santiago del Estero el banco alertó a la UIF.

Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy. Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar la plata. Les solicitaron el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desde el banco preguntaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual.

La segunda respuesta de los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora fue que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno Nacional.

Hay una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.

Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco sólo tenía la mitad del dinero, que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempos más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad. En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora.

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Actualidad Política

Aerolíneas Argentinas: gremios anunciaron paro de 24 horas para el lunes

Los gremios agrupados en Sindicatos Aeronáuticos Unidos anunciaron hoy un paro de 24 horas para el próximo lunes. La medida de fuerza tendrá lugar luego de que Aerolíneas Argentinas suspendiera a 376 empleados que participaron de una asamblea de 11 horas el pasado 8 de noviembre, lo que provocó la suspensión de 258 vuelos.

En la previa, a través de una carta, los sindicatos aeronáuticos APTA, APA, UPSA, UALA y APLA habían adelantado la realización de un plan de lucha debido al “incumplimiento por parte de la Empresa del pago de la cláusula compensatoria inflacionaria (cláusula gatillo) correspondiente al mes de septiembre, como así también el estancamiento evidenciado en la negociación salarial del Grupo AR/AU para el período 2018/19″.

“Hemos resuelto convocar a un paro total de actividades para el lunes 26. Es un primer paso, luego se harán otras medidas, movilizaciones, marchas. En este caso afecta exclusivamente a Aerolíneas y Austral porque es un tema salarial, por incumplimiento del acta firmada el año pasado“, indicó el secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Rubén Fernández.

En diálogo con los medios, el delegado de los trabajadores aeronáuticos criticó al Gobierno y consideró que busca hacer “desaparecer” a la línea aérea de bandera. “La están achicando, la están vendiendo mal”, afirmó, y agregó: “Con los sueldos de octubre se tendría que haber aplicado la cláusula gatillo por inflación, y no la aplicó, entonces que no nos quieran hacer responsables de no dialogar cuando hay algo firmado y homologado y la empresa no lo cumple”.

Los trabajadores del sector aéreo señalaron, además, que el paro podría extenderse a raíz de las suspensiones instrumentadas por Aerolíneas Argentinas, que se conocieron hoy, a raíz de la mencionada asamblea realizada el 8 de noviembre que dejó varados a más de 30 mil pasajeros y provocó la cancelación de 258 vuelos.

La empresa estatal resolvió suspender a 376 empleados por entre 10 y 15 días, según confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas, y las áreas donde hubo más sanciones fueron Tráfico y Contact Center (las dos de atención al público), al tiempo que quienes trabajan en el sector de Tripulantes de a Bordo no participaron de la asamblea, por lo que no fueron sancionados.

La decisión fue comunicada en las últimas horas vía telegrama a los afectados, y las sanciones más extensas son para aquellos empleados que dejaron de hacer su trabajo durante la medida de fuerza. Además, la empresa les descontará las horas no trabajadas a quienes participaron de la asamblea.

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