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Nota de Opinión

Combatiendo la yihad en La Meca

Entre el lunes y el miércoles de la semana pasada se celebró en La Meca una cumbre entre predominantes figuras de la escena clerical musulmana para discutir la reforma del islam y combatir al terrorismo. Organizada por la Liga Islámica Mundial (MWL), un grupo no gubernamental patrocinado por el Gobierno saudita, el objeto de la cumbre era deslegitimar la insurgencia del ISIS, y revindicar – por supuesto – la posición de la monarquía.

Con el visto bueno del nuevo rey Salman bin Abdulaziz, la cumbre contó con la participación estelar del jeque Ahmed al-Tayeb, el gran imán de la prestigiosa universidad sunita de al-Azhar, de Egipto. En teoría, el motivo de la cumbre era evitar la radicalización de los musulmanes y explorar la naturaleza del terrorismo. Ahora bien, el problema es que la organización convocante, cual agente del Estado saudita, representa a la rama ortodoxa del establecimiento religioso sunita. La Liga Islámica Mundial tiene una orientación wahabita, y es a través de ella que en las últimas décadas se han distribuido las obras de pensadores islámicos radicales por todo el mundo. Alimentada por los petrodólares inagotables del Golfo, esta organización subsidia organizaciones islámicas por el mundo, pero lo hace sobre la base de una agenda conservadora y definitivamente peligrosa, que ha propagado posturas extremistas en relación con la cotidianeidad y el odio a Occidente.

Algunos medios reportaron las declaraciones políticamente correctas del jeque al-Tayeb, acaso induciendo al lector o al televidente a pensar que se había producido un hito, cuando tal autoridad dijo, por ejemplo, que “la lucha contra el terrorismo y el extremismo religioso no se contrapone con el islam”, o que “el terrorismo no tiene religión o patria, y que acusar al islam de estar detrás del terrorismo es injusto y falso”. Abdullah bin Abdelmohsin al-Turki, el secretario general de la MWL fue un paso más lejos al admitir que “el terrorismo al que nos enfrentamos en la Umma (comunidad) musulmana está religiosamente motivado”, aunque “haya sido fundado en el extremismo y en una descarriada concepción de la sharia (la ley islámica).

No obstante, pese a estas declaraciones, todo se hizo por faltar a la verdad y poco por incentivar un verdadero cambio en la educación musulmana. Debe tenerse presente que dejando de lado las formalidades, el jeque de al-Azhar culpó a Israel y al “nuevo colonialismo” por el colapso de Medio Oriente:

“Nos enfrentamos a grandes conspiraciones contra los árabes y los musulmanes. Las conspiraciones quieren destruir a la sociedad, en una forma que se condice con los sueños del colonialismo del nuevo mundo, que está aliado con el sionismo global; mano a mano y hombro con hombro”.

“No debemos olvidar que el único método usado por el Nuevo colonialismo ahora, es el mismo que fue usado por el colonialismo durante el siglo pasado, y cuyo mortífero eslogan es divide y conquistarás”.

Estas son las declaraciones que importan. En suma muestran que la cosmovisión predominante en la cúpula religiosa sunita no ha cambiado. La misma consiste en explicar los agravios del presente en la injerencia de Occidente en Medio Oriente, y en el establecimiento de Israel en la casa de los árabes. En algún punto es cierto que la colonización europea, la creación de un hogar nacional judío, y el proceso de modernización en general alimentaron el fuego de sucesivos movimientos islamistas. Pero fenómenos como el Estado Islámico (ISIS) se ven mucho mejor explicados en la continuada tradición ortodoxa sunita.

Si el wahabismo no pondera papel alguno para el razonamiento independiente (ijtihad) en la práctica religiosa cotidiana, Occidente, Israel, o cualquier otro chivo expiatorio tiene poco y nada que ver con esta anacrónica creencia. La realidad coyuntural es que los Estados del Golfo no están ni cerca de convertirse en países “progresistas”, y aunque el extremismo del ISIS resulta para muchos una flagrante desviación, sus doctrinas son las mismas que dieron fundación a Arabia Saudita. Este es un país que pudo solamente consolidarse gracias al fanatismo religioso y belicoso de los Ikhwan (hermanos), un grupo que hoy resultaría muy similar al ISIS. Para consagrarse y formar un Estado, eventualmente la monarquía saudita tuvo que enfrentarse y purgar a esta guardia, siempre hambrienta por mayores conquistas.

Ahmend al-Tayeb es considerado “moderado” porque bajo su conducción, al-Azhar le dio la espalda a Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana, y avaló a Abdel Fattah al-Sisi. Sin embargo no por eso al-Tayeb deja de ser conservador. Su adherencia a teorías conspirativas no es la excepción, y la falta de una verídica autocritica en su discurso muestra que esta figura no es quien emprenderá la monumental tarea de adaptar la práctica religiosa a la contemporaneidad. Como formador de opinión, al-Tayeb no hace otra cosa que propagar estereotipos, y postergar el llamado a que los árabes tomen responsabilidad por sus propias acciones. En este aspecto, el discurso del jeque se parece al que adoptan los propios yihadistas, como si todos ellos se desprendieran de un mismo tronco, y apelaran a las mismas audiencias.

Llevado este caso al plano general de la cumbre, el tiempo dirá si el encuentro se traduce en un impacto positivo en la mediación del establecimiento religioso. Por lo pronto esto dista de ser así. La cumbre no resultará en una ulema (comunidad de juristas) más flexible o liberal. El evento debe ser visto como un hecho simbólico destinado a disputar la legitimidad del ISIS, señalando en todo caso que el verdadero Estado Islámico es Arabia Saudita, o que son los juristas, y no los yihadistas, quienes tienen la voz cantante sobre los asuntos del credo.

Imagínese usted si Corea del Norte llamara a una conferencia en Pyongyang para reformular el comunismo, bajo el patrocinio de Kim Jong-un, convocando a los principales pensadores comunistas del globo. ¿Se reformaría el régimen, o sería un acto de relaciones públicas? Sin ir más lejos, con Arabia Saudita ocurre lo mismo. Se trata de un Estado que durante mucho tiempo ha activamente exportado una ideología que se entrecruza con una doctrina religiosa ortodoxa e inflexible. Los sauditas, y más específicamente los clérigos ortodoxos y wahabitas, no pueden minimizar su responsabilidad culpando a terceros por el extremismo islámico que hoy causa tantos estragos.

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Nota de Opinión

Un nuevo sistema político para salvar la democracia argentina

POR FRANCO FRIGIDI. LICENCIADO EN CIENCIA POLÍTICA (UBA)

Argentina se encuentra en una encrucijada. Lejos de ir hacia mejor, el país se hunde en una crisis económica y social de la cual no puede salir. Los indicadores muestran mes a mes un deterioro significativo. En este contexto, el presidente y sus ministros parecen no encontrarle la vuelta: lejos de responder con eficacia a los problemas que hoy enfrenta la Argentina, parecen ensimismados en una receta que demostró ya su fracaso.

Además, para peor, parecen desconectados de la realidad. Al igual que los ministros durante la segunda presidencia de C. F. de Kirchner (2011-2015), los funcionarios del macrismo no cesan en repetir y repetir frases que chocan de frente contra la realidad. Un ejemplo es la frase del ministro Dujovne en una entrevista en abril, diciendo, por ejemplo, que “Lo peor de la crisis cambiaria ya pasó y nos alejamos del epicentro”.

Se critican medidas de política económica del pasado, que, si bien lejos estuvieron de ser perfectas, redundaron en resultados incomparablemente mejores en el corto y mediano plazo. Desde hace meses, el gobierno, con el jefe de Gabinete a la cabeza, viene insistiendo con que la política de flotación del dólar de este gobierno es superior al tipo de cambio fijo aplicado en los ´90. Vale interrogarse: ¿en qué dato de la realidad se sostiene esa afirmación?

Ahora bien, hay una pregunta más importante, y que preocupa a los argentinos y es la siguiente: ¿por qué Argentina no puede despegar como país? ¿por qué le cuesta tanto?

Desde una perspectiva politológica, se podría decir que el país careció históricamente de instituciones consolidadas que logren canalizar el conflicto de una manera gradual y pacífica (preferentemente a través de partidos políticos). Esta situación ha generado una inestabilidad política endémica que ha puesto en riesgo la posibilidad de los gobiernos de terminar su mandato.

En este sentido, la probabilidad cierta de que el presidente Macri pueda terminar su mandato de 4 años podría ser interpretada como una señal de éxito. Es bueno que el presidente Macri llegue al final de su mandato. También es muy bueno que un gobierno no peronista pueda finalmente (desde Marcelo Torcuato de Alvear en 1928) culminar su período en funciones sin grandes sobresaltos.

Ahora bien, sin quitarle méritos al hecho de que este gobierno lo logre, la realidad es que muchas de las reformas que se hacen falta para hacer despegar al país, se han postergado de una manera irracional e inoportuna. Algunos analistas señalan la ausencia de una reforma tributaria integral, acuerdos comerciales que le permitan a Argentina integrarse al mundo (aumentando sus muy reducidos volúmenes exportadores) y una reforma del Estado que le permita bajar su elevado gasto público y sentar las bases para un Estado más moderno y eficiente, entre otras cuestiones.

El gobierno ha intentado escapar a las críticas señalando que las reformas mencionadas (las cuales no rechaza de plano) no se pueden implementar en un país con niveles de pobreza tan elevados. Además, ha hecho alusión en reiteradas ocasiones a la condición frágil de la coalición Cambiemos, que “debe” gobernar en minoría en el Congreso.

El gobierno argentino, desde mi punto de vista, no ha explorado las posibilidades reales que ofrece la política y se ha conformado con muy poco hasta el inicio de la crisis cambiaria en junio de 2018, cuando todas las variables macroeconómicas saltaron por el aire: me refiero a la posibilidad de tejer alianzas o coaliciones estables y duraderas en el Congreso que le permitan llevar adelante su agenda política a buen ritmo, a un bajo costo y que inspiren la confianza de la sociedad(1).

También me refiero a la posibilidad de aceptar que determinadas políticas no serán bien vistas por una parte importante de la oposición y, por supuesto también, de la sociedad. La clave en política a la hora de sacar adelante un proyecto con cierto nivel de éxito es coaligarse con la mayor cantidad de actores políticos posibles, pero la unanimidad no se consigue voluntariamente.

Como se mencionó, lo que parece no funcionar en Argentina son las instituciones: por poner sólo algunos ejemplos, es más que evidente que determinados órganos como el Banco Central, el Poder Judicial o el Congreso tienen un comportamiento completamente disfuncional.

En este caso me interesaría profundizar en el papel del Congreso en su relación con el presidencialismo: más allá de ser o no un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo, debe poder ser capaz de formular políticas públicas que respondan a las demandas concretas de una sociedad compleja. Cuando el Congreso deja de tener este papel rector sobre la política y la sociedad, el presidencialismo se resiente.

Dicho en otras palabras, lo que presidencialismo necesita para funcionar correctamente es una elite política que, más allá de las diferencias ideológicas, se comprometa a buscar consensos y trabar acuerdos y negociaciones que le permitan al país progresar y dejar atrás los problemas más agobiantes. El presidencialismo requiere, en pocas palabras, una cultura del diálogo y el entendimiento que lo respalde.

En Argentina, esa cultura política del diálogo permanente, que existió en países presidencialistas como Estados Unidos (siglo XX), Chile (siglo XX), Uruguay y Brasil (fines del siglo XX) y Colombia y Venezuela (segunda mitad del siglo XX), sigue brillando por su ausencia(2).

Es por eso que mi propuesta en este artículo es muy concreta. Teniendo en cuenta la dificultad de conformar una nueva cultura política de la noche a la mañana y los problemas persistentes del presidencialismo argentino, es interesante indagar en una vieja receta que muchos seguramente habrán olvidado: pensar en un sistema político más flexible donde los políticos se vean forzados sistemáticamente a negociar entre sí. Esta situación solamente se puede recrear bajo un sistema parlamentario(3).

Vale repetir que el presidencialismo per se no es disfuncional. Hay ejemplos sobrados. Pero en Argentina, la cultura política de los opuestos (de la confrontación y la discordia) obliga a indagar en una fórmula más europea que norteamericana. Después de todo, ¿de dónde vienen nuestras raíces?

(1) Esta opción ha sido bosquejada semanas atrás por el diputado del oficialismo Nicolás Massot, en lo que los medios consideraron un tiro por elevación al jefe de gabinete Marcos Peña en plena sesión del Congreso.

(2) En Chile, existió y aún existe hoy en día lo que se dio en llamar “la política de acomodación”, donde los políticos se reúnen, dialogan y llegan a acuerdos sobre temas básicos. En Estados Unidos, existió lo que el profesor de Harvard y politólogo Steven Levitsky llama en uno de sus últimos libros en inglés, mutual toleration e institucional forbearance, es decir, tolerancia mutua y contención institucional (o no llevar al límite el uso de las facultades legales), una tradición partidaria no escrita que comenzó a quebrantarse y que explica, según su punto de vista, el lento declive de la democracia estadounidense. En Uruguay, el ex presidente Julio María Sanguinetti llevó adelante durante su segundo mandato (1995-2000) una política con centro en el Congreso, donde los partidos blanco y colorado llegaron a importantes acuerdos a la hora de implementar las leyes fundamentales. En Brasil, algo parecido hizo el gobierno de Fernando Henrique Cardozo con bastante éxito, mientras que en Colombia existió lo que se conoció como el Frente Nacional: los partidos Liberal y Conservador se alternaban en la presidencia y convocaban a figuras del partido de oposición a formar parte del gabinete. En Venezuela, se firmó en 1958 (luego del fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez) el Pacto de Punto Fijo, que sentó las bases sobre acuerdos fundamentales que regirían por los próximos 25 años.

(3) En presidencialismos con sistemas multipartidarios, el partido o alianza de gobierno no está obligado a negociar con quien piensa diferente. Puede perfectamente no hacerlo. Muy frecuentemente, negociar le resulta incómodo y una pérdida de tiempo. O los bloqueos que impone la oposición dificultan la construcción de coaliciones. Esto no sucede en un parlamentarismo con un sistema de partidos de iguales características. El partido o alianza de gobierno debe negociar permanentemente con otros partidos para conservar la mayoría en el Parlamento y que el gobierno no caiga.

Uno de mis temores como simpatizante de la democracia es que la crisis actual (bajo desempeño económico, problemas sociales graves y retracción de la confianza) termine en un futuro no muy lejano desacreditando la democracia argentina como mecanismo para la resolución de los conflictos. La propuesta que hago en este artículo tuvo algunos defensores en la década de 1980 y luego se reactiva post 2001, pero nunca logró implementarse a través de un cambio en la constitución. En realidad, la materialización más cercana del modelo parlamentario en Argentina es la del jefe de Gabinete con la reforma de 1994, pero lejos está de cumplir con la función que supuestamente se le quería asigna.

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Economía

La razón del Estado. Respuesta a Javier Milei

El jueves 17 de enero, como todas mis mañanas, ingreso a la web del diario El Cronista, y en sus primeras líneas había una nota, escrita por Javier Milei, cuyo título llamó mi atención y decidí leer.

Antes de comenzar a explayar esta respuesta, es importante aclarar que quien escribe es un gran admirador de Milei, porque gracias a él y a otros economistas más, en los últimos tiempos la sociedad argentina viene despertando y dándose cuenta de que el gran problema de Argentina es el tamaño del Estado, y que gran parte de la sociedad vive para sostener no sólo a otra parte de la sociedad (por medio de subsidios y planes sociales), sino también a una élite (aunque no me gusta usar esa palabra) política parasitaria, que vive de los impuestos de los demás y que (lamentablemente) no tiene idea alguna sobre cómo manejar la economía del país, como así tampoco se decide a hacer cambios radicales para asegurar el crecimiento sostenido de nuestra economía, ya que esos cambios radicales constarían de atentar contra sus propios intereses (por ejemplo, eliminando cargos políticos, bajando la cantidad de asesores, eficientizando el funcionamiento del Estado, transparentando la política). En ese sentido, agradezco a Javier Milei el hecho de que ilumine a muchas personas, y (hablando en términos platónicos) los haga salir de “la caverna” y ver la realidad (que todo lo que el Estado gasta, lo pagamos los ciudadanos que trabajamos en blanco).

La nota mencionada se titulaba Sobre la naturaleza del Estado, y en ella, el autor utiliza como sustento lo escrito por varios autores, conduciendo luego la estructura de su escrito hacia una opinión totalmente personal, que es la de que el Estado es el enemigo del individuo. Y es por esta conclusión que este humilde servidor ha decidido realizar una respuesta a la nota, y (si se quiere) iniciar un debate, ya que del debate formal y respetuoso es de donde se obtienen las buenas conclusiones e ideas.

Vayamos al quid de la cuestión. Javier Milei titula a su nota Sobre la naturaleza del Estado, pero no explica la naturaleza del Estado. Es decir, el autor no responde al porqué del nacimiento del Estado, sino que trata, por argumentos que son posteriores a la creación del Estado, de decirle al lector que el Estado nace única y solamente para robar, y que por lo tanto es “nuestro enemigo” (de los individuos). Por lo tanto, y al utilizar argumentos que cronológicamente no tienen conexión lógica con una proposición, la proposición final (el Estado es nuestro enemigo porque nace para robarle al individuo) se anula por sí misma.

¿Cuál es el argumento de Milei? Utilizando a Franz Oppenheimer, informa que solo hay dos medios para obtener riqueza: los “medios económicos” (crear la riqueza por medio de la producción y el intercambio comercial) y los “medios políticos” (captura de bienes o servicios de otros por medio de la fuerza o la violencia –a lo cual podría agregarse que no sólo se puede capturar el bien o servicio, sino la riqueza generada por ello-). Según Milei, este es un acto de confiscación unilateral o robo de la propiedad de otro.

Como el Estado no produce bienes o servicios (y por lo tanto no genera riquezas), la forma de obtener riquezas del Estado es la de los “medios políticos”. Así, y como para todo libertario el Estado es un aparato que roba, Milei propone que el Estado nace para robar.

Es posible ver, entonces, que el argumento de Milei no es sostenible porque sencillamente no explica la causa del nacimiento del Estado. No explica el porqué. Milei dice que el Estado no genera riquezas (con toda la razón del mundo), sino que las confisca, las roba. Y afirma que como las roba, nace solamente con esa finalidad. Así, es posible ver que, efectivamente, no explica cómo nace el Estado. No explica la finalidad que tiene el Estado. El autor toma una concepción posterior (la herramienta para el financiamiento del Estado, que son los impuestos) para explicar un hecho anterior (nacimiento del Estado). Así, su argumento se cae.

En uno de los párrafos de la nota, el autor afirma que “…el Estado nunca ha sido creado mediante ´contrato social´ alguno y siempre ha nacido mediante la conquista y la explotación”. Allí, nuevamente habla sobre la creación del Estado (bajo una concepción libertaria), pero no trata el porqué de su creación.

Ahora bien, para descifrar la naturaleza del Estado, hay que remontarse a los autores clásicos, que también cita Milei en su artículo. Los autores a los que aquí se hace referencia son J.J. Rousseau y J. Locke. Ellos son, si se quiere, los padres de la izquierda y la derecha.

Por un lado, Rousseau (en El Contrato Social) sostiene que el hombre es libre y bueno por naturaleza, y que las instituciones creadas luego del pacto social lo restringen y lo hacen malo, lo incivilizan, lo corrompen. Esta comunidad epistémica sostiene que la riqueza es una, y que unos privilegiados roban y se quedan con mucho, y así generan pobreza, y que el Estado es la creación de esos privilegiados para mantener el poder sobre los pobres. El Estado, para Rousseau, es una estructura de poder que se debe “desenmascarar”, y considera que la propiedad es el origen de la desigualdad, y que esa desigualdad es una igualdad rota (o sea, iguales en el estado de naturaleza, desiguales una vez creado el Estado). Para Rousseau, el primer contrato (que crea el Estado) es antisocial, ya que sirve para robar. Luego existe un segundo contrato, el contrato social, donde los ciudadanos enajenan sus derechos hacia la Asamblea. El contrato social es dar todo, de todos, a la comunidad.

Por otro lado, Locke (en Tratados sobre el Gobierno Civil, que incluye algunos ensayos anteriores del mismo autor), considera que el hombre, en estado de naturaleza, es un ser malvado que se aprovecha de su superioridad con respecto a otros hombres (por posesión de riquezas superiores, de fuerza, de inteligencia, u otras características). El estado de naturaleza es malo, es un estado de guerra, donde unos contra otros luchan por los recursos. Entonces, el Estado se crea para asegurar una convivencia pacífica. Es decir, los hombres, de común acuerdo, crean el Estado para darse a sí mismos seguridad jurídica y seguridad personal. Se construye el Estado entre todos, por el bien de todos. Así, Locke propone también la división de poderes del Estado para que el Estado no oprima (ya que, como se le da todo el poder de policía, podría ejercerlo arbitrariamente contra sus súbditos –los ciudadanos-). Así, el Estado se crea para civilizar a la gente, salir del estado de guerra, siendo la vida mucho mejor con leyes, no sin ellas. De esta manera, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y las desigualdades (económicas o de cualquier otro tipo) son igualdades pendientes de ser creadas. El Estado, las instituciones, están para crear igualdad y oportunidades. El poder se crea para asegurar derechos y libertades.

Si se trata de mantenerse en el plano teórico, así surge el Estado. En el plano práctico, el Estado (organizado como tal) no existía hasta 1648, con la finalización de la Guerra de los 30 años y la firma de la Paz de Westfalia. Para ver sobre el nacimiento del Estado, se invita a visitar el blog Nada es gratis en la vida, blog personal de este autor y que, en su primer escrito, habla sobre el nacimiento del Estado. El Estado nace formalmente para asegurar la supervivencia de la gente.

Anteriormente, por esos años mencionados, la normalidad en las relaciones internacionales era la guerra y, por lo tanto, los diferentes territorios tenían que defenderse ante ataques externos. Para ello, los Reyes (en aquellos momentos) solicitaban el pago de impuestos a los señores feudales, con la finalidad de financiar ejércitos que permitieran defenderse ante ataques externos y, así, proteger sus tierras, cosechas, y a su población. De esta manera nace el Estado, para dar seguridad. Además, y con el paso del tiempo, el Estado también comenzó a centrarse no solo en la seguridad personal y física, sino en la seguridad jurídica, con la creación de leyes que gestionen las relaciones sociales, y con jueces que diriman los conflictos que podían surgir.

Así surge el Estado, y para eso está el Estado. El Estado no nace para robar, como afirma Milei, sino que nace para proteger. Proteger a las personas de sí mismas. Nace para civilizar a la sociedad, para establecer parámetros de buena convivencia y para que, al fin y al cabo, no se maten unos a otros por obtener un recurso o un bien. El Estado no es nuestro enemigo, como dice Milei. El Estado es el protector de libertades y derechos.

Ahora bien, que en Argentina (y en muchos otros países) los políticos (que son quienes manejan el Estado) sean personas que buscan más su interés personal por sobre el de la ciudadanía, que sean tremendamente corruptos, que se protejan a sí mismos y se genere una casta o élite política que utiliza recursos estatales (o sea, de todos los ciudadanos) para perpetuarse en el poder y seguir viviendo a costa de los demás, es otra cosa. Sí, muchos políticos argentinos son parásitos. Sí, muchos políticos argentinos son corruptos. Sí, un Estado sobredimensionado limita las capacidades productivas del país y desincentiva la inversión. Sí, en Argentina se ahoga con impuestos a la sociedad y a las empresas. Sí, tenemos una justicia muy corrupta y que se inmiscuye en cuestiones económicas sin conocimientos. Sí, el nivel intelectual de nuestros legisladores es paupérrimo. Pero todo eso no quita que el Estado fue diseñado para protegernos. El Estado no es nuestro enemigo, el Estado es una herramienta necesaria.

Si queremos cambiar el país, se deben hacer muchos cambios radicales. Y el cambio que más costará es el cultural. El cambio que lleve a la sociedad a entender que si uno no trabaja, no produce, y por lo tanto no tiene derecho a pedir beneficio alguno. No se puede castigar a unos para sostener a otros por el simple pensamiento (no hecho) de que es “moralmente bueno”. El cambio que debemos hacer es el de mentalidad. Es menester abandonar la mentalidad becaria (pensar en vivir becados, o sea, sostenidos por otro) y empezar a hacerse responsable de su propia vida. Así, nuestro país tendrá un gran potencial. Sino, estará condenado al fracaso.

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Nota de Opinión

¿Debe eliminarse el aguinaldo?

Lo que hoy denominamos “aguinaldo” lejos está de ser “un sueldo más” como alguna vez fue. Se trata de un pago diferido del salario. Esto perjudica al trabajador por lo que, si queremos mejorar su calidad de vida, debería prorratearse sobre los doce sueldos regulares y eliminarse su figura actual de las liquidaciones salariales. Van los motivos.

El aguinaldo es una tradición que se originó en pueblos como el celta y el romano. Era un regalo que se hacía para desearle un buen año próximo a alguien. Conforme a la tradición evolucionó hacia un extra o un plus que recibían las personas con motivo de las fiestas. El aguinaldo original se trata pues, en términos jurídicos, de una donación que agregaba riqueza a quien lo recibía.

Distinto es el caso del Sueldo Anual Complementario (SAC), este instituto no está contemplado en nuestra Constitución y fue incorporado a nuestra legislación originalmente en 1945, durante la Dictadura de Farrel. El mismo nace con el Decreto 33.302/1945 propuesto por el Coronel Juan Domingo Perón que fue sancionado el 20 de diciembre de 1945. Dicho decreto establecía en su art. 45 la obligatoriedad de pagar un sueldo adicional a a cada empleado. Decía que los empleadores “están obligados a pagarles el 31 de diciembre de cada año y a partir del 31 de diciembre de 1945, inclusive, a sus empleados y obreros un sueldo anual complementario por lo menos”.

Dicho decreto generó al cortísimo plazo un genuino salario adicional a cobrarse de inmediato (que bastante bien le vino a Perón para las elecciones presidenciales que se celebraron 2 meses después, el 24 de febrero de 1946). Fue una forma eficiente de ganarse la adhesión de las masas con el dinero ajeno, un donante de sangre ajena. Al implementarse esta decreto se generó en un primer momento un ingreso extra, una transferencia de riqueza de empleadores a trabajadores. Situación que pronto encontró su límite por la restricción presupuestaria y la necesidad de mantener los puestos de empleo ya que no es sostenible en el tiempo un sueldo real por encima del precio de equilibrio, ello genera desempleo lo cual contradecía el objetivo de pleno empleo impulsado por Perón.

El SAC y otras medidas trajeron un beneficio palpable al corto plazo. Entre 1945 y 1949 el salario real promedio obtuvo una mejoría del 57%. Pero allí encontró su techo y desde entonces no pudo sostenerse en esos niveles. Fluctuó durante años por debajo de ese nivel y recién logró superar dicho pico de forma sostenida en 1964, casi 20 años después de la sanción del decreto (tal como surge del estudio de Cazón, Kennedy y Lastra, ver cuadro 1).

Dicho en otros términos el impacto económico positivo de corto plazo que implicó el SAC fue licuándose progresivamente hasta alcanzar su nivel de equilibrio. Dejó de representar un salario “extra” ganado sobre los empleadores y pasó a integrar el salario total anual posible pagado por los empleadores. Solo que ahora se pagaba en 13 partes iguales. Cuando empresas y trabajadores negocian lo que está sobre la mesa es el salario total anualizado, el total a pagar, por lo que resulta anecdótico a priori que se pague en 12, 13 o 24 veces el monto total. Es decir, el salario total real no es mejor, hoy día, por la existencia de un SAC ya que su efecto de conquista se licuó y ya fue incorporado a la discusión salarial general.

El SAC hoy opera en perjuicio de los trabajadores y la explicación es sencilla: el empleador tiene ya computado el 8,33% del sueldo que cada mes en lugar de pagarle al empleado se reserva a cuenta del aguinaldo. Para el empresario es lo mismo pagar el salario anual total en 12 pagos que hacerlo en 13, en términos de costos la diferencia no es de naturaleza económica (no varía cuánto paga el empleador) sino que es una diferencia financiera (sobre cómo lo paga). ¿Por qué nos pagan en trece partes lo que podrían pagarnos en doce?  Estamos cobrando mensualmente un 8,33% menos que lo que podríamos cobrar para que nos lo paguen todo junto cada 6 meses. En formato matemático:

Equivalencia entre masa salarial con 12 o 13 pagos | Aporte del Lic. Martín Moretti

¿Cuál es el problema entonces? Que pasada la conquista inicial sobre los empleadores el SAC dejó de ser un “salario extra” y pasó a representar un pago diferido semestral de un porcentaje mensual de cada salario. En criollo: cada mes el empleador se queda con el equivalente a la doceava parte de tu sueldo que luego te paga un tiempo después, cada seis meses.

Esto trae al menos dos perjuicios para el trabajador:

  1. Alteración de incentivos del consumidor: Las personas manejamos de manera diferente nuestro ingreso cotidiano a los ingresos extraordinarios. Si bien en un escenario de individuos perfectamente racionales y con previsibilidad perfecta no debería haber diferencias sensibles en el comportamiento del consumidor la realidad es más compleja y en consecuencia las personas administran de forma diferentes el dinero del SAC. Llevando muchas veces a conductas ineficientes y decisiones potencialmente peores para su bienestar.
  • El negocio financiero: diferir el pago de la doceava parte del sueldo cada mes representa un beneficio para el empleador, no para el empleado. Al permitirse cada semestre que una parte del total de sueldosdebidos se pague de manera diferida lo que termina pasando es que el trabajadorfinancia al empleador quien administra esta parte del sueldo beneficiándose(sea utilizando el dinero para financiarse o sea evitando tener que financiarsepara pagar el sueldo). El empleado absorbe el costo financiero del SAC al quedebe sumarse el costo de oportunidad.

¿Por qué seguimos con esto? ¿creemos que los trabajadores son estúpidos y no pueden administrar su plata? ¿vivimos con la ilusión de que se trata de un «extra» cuando no lo es?. Es algo injusto, ridículo e inútil.  Lo lógico sería integrar y prorratear el SAC al sueldo corriente de los pagos regulares y así obtener el sueldo total en doce partes mensuales equivalentes (El sueldo más el 8,33% que se pagaba antes). Es decir, propongo eliminar el mal llamado «aguinaldo», el SAC, para beneficiar a los trabajadores.

Pero como Argentina es un país con muchas personas que prefieren vivir en una ilusión, monetaria en este caso, antes que enfrentar la realidad de las cosas quizás sea una propuesta superadora que se otorgue el derecho a elegir para los trabajadores sobre cómo desean cobrar el sueldo que hoy se les paga en diferido mediante el SAC. Así cada uno podrá elegir si necesita que el empleador “le cuide” la plata mes a mes o si se siente lo suficientemente adulto y responsable como para administrar su dinero y cobrarlo todos los meses.

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