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Actualidad Política

La estabilidad docente, otro tabú educativo

Hace pocos días, una nota de Clarín reportaba que “a nivel nacional, cerca del 60% de los estudiantes secundarios –2 millones de chicos– se llevan materias a examen, y más de la mitad debieron rendirlas en febrero”. La crisis educativa es evidente, no hace falta remitirnos a los resultados de los exámenes PISA para percibirla. Frente a ella, en diciembre pasado propuse en este mismo espacio centrarnos en el principal factor que podemos controlar dentro del ámbito escolar: el nivel de los maestros. A tal fin describí el estudio llevado a cabo por la Bill & Melinda Gates Foundation sobre una escuela que comenzó a funcionar en 2009 en Nueva York, la cual contrató docentes de alta calidad ofreciendo salarios que doblaban lo que se cobraba en las escuelas públicas de la ciudad. El estudio demostró que luego de cuatro años, en comparación con estudiantes de una escuela pública cercana, las diferencias de rendimiento eran significativas. La calidad de los maestros importa y mucho.

Al respecto, en junio de 2014, el juez de California Rolf Treu dictó un histórico fallo en el caso Vergara vs. California, el cual establece que los estudiantes tienen el derecho constitucional a la igualdad de acceso a una enseñanza de calidad y que el Estatuto Docente del estado de California viola esos derechos. Según el fallo, las disposiciones del Estatuto que dan a los maestros estabilidad laboral hacen que sea casi imposible despedir a los profesores de bajo desempeño, lo cual priva a los estudiantes de una educación de calidad y por lo tanto viola sus derechos constitucionales.

El caso fue presentado por Students Matter, una ONG financiada por un empresario de Silicon Valley y otros filántropos, en nombre de nueve estudiantes de escuelas públicas, y patrocinado por dos abogados de primer nivel. Ellos presentaron resultados de investigaciones sobre el impacto negativo que los profesores de baja calidad tienen en el rendimiento de los estudiantes. Marcellus McRae, uno de los abogados patrocinantes, aclaró que “este caso no busca una nueva ley que perjudique los derechos de los maestros, sino eliminar las barreras que los administradores escolares tienen para despedir a un maestro ineficiente”.

Es claro que en EE.UU. la presión de la sociedad civil está llevando a cambiar el status quo en materia educativa a través de los tribunales, dada la inacción de los políticos. ¿Y qué decir en nuestro país? ¿Alguien ha escuchado a algún político preocuparse por los eventuales costos para los estudiantes asociados a la estabilidad docente? Es claro que no. Ningún político desea enfrentar a los sindicatos del sector, los más férreos defensores del status quo frente a cualquier reforma educativa.  Es predecible. Al fin y al cabo son los mismos políticos que pronuncian enérgicos discursos en favor de la educación pública, mientras la mayoría de ellos envía sus hijos a colegios privados.

Fuente: http://www.clarin.com/opinion/Calidad_educativa-Estabilidad_laboral-Estatuto_docente_de_California_0_1313268689.html#

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Actualidad Política

Gerardo Zamora quiso sacar US$ 32 millones en efectivo

El gobierno de Santiago del Estero intentó sacar 31.900.000 dólares en efectivo por una ventanilla del Banco Hipotecario, pero se encontró con el impedimento de la Justicia que evitó el sospechoso cobro por parte de apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora.

Ante la extraña solicitud, desde el banco pidieron explicaciones y desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

Lo que llamó aún más la atención del banco, ya que los sueldos no se pagan en dólares ni en efectivo. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron en hacer el retiro en efectivo.

Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado de aquella provincia, donde una jueza civil y comercial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva.

A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo.

Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF) el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.

La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechosa de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini de Cubrini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable cifra. La provincia deberá explicar de manera razonable el por qué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraña de la operación que intentó Santiago del Estero el banco alertó a la UIF.

Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy. Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar la plata. Les solicitaron el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desde el banco preguntaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual.

La segunda respuesta de los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora fue que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno Nacional.

Hay una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.

Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco sólo tenía la mitad del dinero, que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempos más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad. En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora.

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Aerolíneas Argentinas: gremios anunciaron paro de 24 horas para el lunes

Los gremios agrupados en Sindicatos Aeronáuticos Unidos anunciaron hoy un paro de 24 horas para el próximo lunes. La medida de fuerza tendrá lugar luego de que Aerolíneas Argentinas suspendiera a 376 empleados que participaron de una asamblea de 11 horas el pasado 8 de noviembre, lo que provocó la suspensión de 258 vuelos.

En la previa, a través de una carta, los sindicatos aeronáuticos APTA, APA, UPSA, UALA y APLA habían adelantado la realización de un plan de lucha debido al “incumplimiento por parte de la Empresa del pago de la cláusula compensatoria inflacionaria (cláusula gatillo) correspondiente al mes de septiembre, como así también el estancamiento evidenciado en la negociación salarial del Grupo AR/AU para el período 2018/19″.

“Hemos resuelto convocar a un paro total de actividades para el lunes 26. Es un primer paso, luego se harán otras medidas, movilizaciones, marchas. En este caso afecta exclusivamente a Aerolíneas y Austral porque es un tema salarial, por incumplimiento del acta firmada el año pasado“, indicó el secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Rubén Fernández.

En diálogo con los medios, el delegado de los trabajadores aeronáuticos criticó al Gobierno y consideró que busca hacer “desaparecer” a la línea aérea de bandera. “La están achicando, la están vendiendo mal”, afirmó, y agregó: “Con los sueldos de octubre se tendría que haber aplicado la cláusula gatillo por inflación, y no la aplicó, entonces que no nos quieran hacer responsables de no dialogar cuando hay algo firmado y homologado y la empresa no lo cumple”.

Los trabajadores del sector aéreo señalaron, además, que el paro podría extenderse a raíz de las suspensiones instrumentadas por Aerolíneas Argentinas, que se conocieron hoy, a raíz de la mencionada asamblea realizada el 8 de noviembre que dejó varados a más de 30 mil pasajeros y provocó la cancelación de 258 vuelos.

La empresa estatal resolvió suspender a 376 empleados por entre 10 y 15 días, según confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas, y las áreas donde hubo más sanciones fueron Tráfico y Contact Center (las dos de atención al público), al tiempo que quienes trabajan en el sector de Tripulantes de a Bordo no participaron de la asamblea, por lo que no fueron sancionados.

La decisión fue comunicada en las últimas horas vía telegrama a los afectados, y las sanciones más extensas son para aquellos empleados que dejaron de hacer su trabajo durante la medida de fuerza. Además, la empresa les descontará las horas no trabajadas a quienes participaron de la asamblea.

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Desafuero de Cristina Kirchner: no hubo quórum y se levantó la sesión

El oficialismo fracasó hoy en su intento de tratar el pedido de desafuero de la senadora Cristina Kirchner, al no poder reunir el quórum necesario para sesionar, de 37 legisladores presentes.

La sesión había sido citada para las 16:00 y siendo las 16:30, sólo había 26 presentes en el recinto, por lo que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, levantó la sesión y abrió las expresiones en minoría.

Al recinto bajaron únicamente la bancada de Cambiemos y dos senadores del Interbloque Parlamentario Federal (Carlos Reutemann y Lucila Crexell) mientras que el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria no concurrieron.

La intención de Cambiemos era tratar el pedido de desafuero que envió el juez federal Claudio Bonadio en diciembre pasado en el marco de la causa que acusa a la ex presidente de presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

El único que habló en el recinto luego de levantada la sesión fue Pinedo, quien expresó que con este intento Cambiemos cumple con su “obligación” dado que el plazo para tratar el pedido de Bonadio comenzó a regir “el primero de marzo” y desde esa fecha “se cumplen 180 días” este martes, límite para tratar el tema.

El senador oficialista indicó que con este intento, Cambiemos busca demostrar que “no hay espíritu corporativo para el no tratamiento de los temas” y agregó: “Tampoco hay lo que se ha dicho acerca de una persecución política o jurídica, lo que hay es una investigación judicial en marca. Fuimos cuidadosos en que sea eso lo que está en discusión”.

“De ninguna manera pensamos que puede haber ningún tipo de impunidad corporativa”, finalizó el presidente provisional del Senado.

Esta iniciativa de Cambiemos se dio en medio de una discusión entre el oficialismo y parte del Bloque Justicialista y el resto de la oposición sobre la conveniencia o no de convocar a una sesión ordinaria para tratar algunos proyectos pendientes (que sería la última antes del cierre del año parlamentario el 29 de noviembre).

Y es que el kirchnerismo y una porción significativa del Bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto quieren tratar en la primera oportunidad que se presente un proyecto para derogar el decreto del presidente Mauricio Macri que eliminó el Fondo Federal Solidario.

El también llamado “Fondo Sojero” era una caja de más de $50 mil millones que se coparticipaba entre todas las provincias y municipios y que en los últimos días fue el caballito de batalla sobre el que se subió un grupo de senadores para llevar adelante una rebelión interna en la bancada peronista.

Es por esa razón que la posibilidad de que el tema se trate no sólo inquieta a Cambiemos, sino que reabre una fuerte discusión interna en el bloque que encabeza Pichetto, donde hay varias fisuras internas.

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