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Actualidad Política

El nuevo rol regional de Irán

El acuerdo marco firmado por el G5 + 1 e Irán promete revolucionar Medio Oriente. El régimen de los ayatolas se comprometió a reducir la producción de uranio enriquecido así como la cantidad de plantas dedicadas a la producción del mismo, lo cual retrasaría la posibilidad de que Irán obtenga un arma nuclear unos 15 años. A cambio de esta concesión, la comunidad internacional retiraría las sanciones impuestas al régimen persa. Si Irán busca asegurarse su área de influencia regional a costa de sacrificar su plan nuclear, lograron su propósito pero a un costo bastante alto; si en cambio se tratara sólo de un engaño del régimen teocrático para continuar con su plan nuclear, el acuerdo entonces se convertiría en un gran error de la diplomacia occidental.Para Irán, el acuerdo firmad con el G5+1 representa un alivio tanto en su imagen internacional como su posicionamiento en el tablero geopolítico de la región. Con este acuerdo se legitima la producción nuclear iraní y se despejan los miedos de una potencial invasión estadounidense.

El levantamiento de las sanciones volvería a colocar al petróleo de este país en el mercado mundial y el precio del mismo se reduciría, pero de todas formas esto traería oxígeno a una economía destrozada después de más de diez años de sanciones establecidas en rechazo a su programa de desarrollo nuclear. Los tiempos de este acuerdo marco tendrían que alcanzarse y firmarse a más tardar a finales de junio, pero ahí es donde empieza a jugar la política doméstica de cada país. En EE.UU., el presidente demócrata Obama tendría que lidiar con un Congreso dominado por los republicanos de línea dura que se oponen a todo tipo de acuerdo con Irán o consideran que se debería aplicar sanciones más duras aún contra el régimen. Obama tiene un difícil debate por delante si pretende dejar este acuerdo como su legado en política exterior.

Sin embargo, uno de los interrogantes que surgen es hasta qué punto el acuerdo provocaría un cambio en la política de Irán con respecto al rol que este país ha jugado en la desestabilización de Medio Oriente y propagación del terrorismo en la región, ya sea apoyando al régimen genocida del sirio Bashar al Assad, al grupo terrorista Hezbollah o últimamente apoyando a los Houthis en el conflicto armado que se está propagando por Yemen y amenaza con hacer estallar al golfo pérsico.
El acuerdo fortalece a Irán en la región y le da luz verde para que siga practicando la agresiva política exterior, por no decir imperialista, que ha llevado adelante en el resto de los países, ya sea apoyando y financiando milicias afines, al terrorismo o interviniendo con tropas directamente en Iraq debido al accionar de ISIS. Esta última situación llevó a la inesperada alianza entre EE.UU. e Irán en la lucha contra un enemigo en común ya que ISIS con su violencia extrema y genocida hacia otros credos encendió la alarma del régimen chiita respecto a lo que esta organización significaría para su propia seguridad regional y supervivencia.
¿Por qué Estados Unidos decidió proceder con la diplomacia aun con la oposición de sus aliados tradicionales en la región, como Israel y Arabia Saudita? El deseo de Estados Unidos de estabilizar la región y crear un sistema de pesos y contrapesos para poder dedicar sus recursos en Asia podría ser una explicación. También el hecho de que por primera vez la dirigencia estadounidense comprendió que no puede contener la situación explosiva de Medio Oriente en soledad y necesita aliados estratégicos, entre ellos al odiado Irán. A pesar de la oposición de Israel y Arabia Saudita al acuerdo, Obama privilegió la negociación diplomática. Estimó que para traer paz a Medio Oriente y estabilizar la región, necesitaba a la Republica Islámica de su lado. Sin dudas, ha sido una apuesta de riesgo para la administración demócrata y en cierta forma se podría argumentar que se evitó un conflicto armado, pero por otro lado su desconfianza hacia las acciones del régimen teocrático seguirá perdurando por mucho tiempo. El mayor enemigo de este país en la región no es como muchos suponen Israel, sino Arabia Saudita, ya que ambos compiten por la supremacía política regional que se mezcla con el conflicto sectario donde los dos países se enfrentan indirectamente mediante actores no estatales para obtener la hegemonía.
Desde la presidencia de George Bush (2000-2008), en parte gracias a su agresiva política exterior en la región, a Irán le preocupaba ser víctima de una invasión como la llevada adelante en Afganistán e Iraq, y por lo tanto la obtención de armas nucleares respondía a un deseo de defensa y protección frente a lo que ellos consideraban una agresión de un país extranjero. De todas formas, bajo la presidencia de Mahmud Ahmanidejad, Irán contribuyó a aislarse internacionalmente y contraatacar la influencia estadounidense mediante el fortalecimiento de milicias chiitas afines en Iraq y posteriormente su incondicional alianza con el régimen sirio de Al Assad durante la guerra civil siria que todavía desangra a este país.

Tras la victoria del moderado Rohani, Irán intenta cambiar la imagen internacional negativa que tiene en el mundo, empezando por el reconocimiento del Holocausto y el paulatino acercamiento a Estados Unidos que culminó en el acuerdo mencionado.

Historia turbulenta

No podemos obviar la complicada relación que Estados Unidos e Irán han mantenido a lo largo de la historia. A principios de siglo XX la sociedad iraní había limitado el poder de la monarquía absoluta mediante una revolución constitucionalista. Sin embargo, en 1953 EE.UU. planificó y ejecutó un golpe de Estado en Irán por intermedio de la CIA, en el cual derrocó al primer ministro Mossadegh debido al acercamiento que mantenía con la ex URSS. Este golpe instaló al monarca constitucional de Irán, el Sha Mohammed Reza Pahlevi, como dictador absoluto y comenzó así un proceso de modernización de Irán que a largo plazo chocó contra las viejas elites clericales del país. Además, en materia de derechos humanos, el monarca utilizó la policía secreta para asesinar y perseguir opositores. Este hecho marcó por siempre a la sociedad persa, generando un sentimiento de resentimiento antinorteamericano y de paranoia con las consecuencias que esto traería en la historia de las relaciones entre ambos países.

 

En 1979, tras varios meses de revueltas y violencia, el sha fue derrocado y comenzó el proceso conocido como “la revolución iraní”, que como consecuencia catapultó al ayatola Jomeini al poder. Jomeini representaba al clero conservador, y una vez que se consolidaron en el poder traicionaron al resto de las facciones opositoras al sha (comunistas, liberales, etc.) que contribuyeron a la revolución. Tras las purgas generadas entonces, se instaló la actualmente conocida como República Islámica de Irán. El nuevo régimen destruyó a todo tipo de oposición política. Durante los primeros 10 años de vida del régimen, hasta la muerte de Jomeini, miles de iraníes fueron encarcelados, asesinados o debieron exiliarse porque se oponían al régimen. La música y todo lo referido a la cultura occidental se prohibió, las mujeres perdieron derechos civiles e Irán se islamizó y radicalizó en su postura hacia Estados Unidos. La toma de la Embajada y la subsecuente crisis de los rehenes a finales de 1979, fue el comienzo de la crisis entre Irán y EE.UU., conflicto que se extiende hasta hoy en día y se puede observar en la desconfianza entre las dos naciones.

La República Islámica de Irán es un régimen híbrido que oscila entre la teocracia y un Estado moderno, una estructura estatal en la que el pueblo vota y “elige democráticamente”, en lo referido a la figura del presidente y los legisladores, pero donde al mismo tiempo y paralelamente a este poder, convive y gobierna una asamblea de ulemas religiosos liderados por el Guía Supremo, quien dicta fatwas o edictos que pueden pasar por encima de la autoridad presidencial. Por supuesto, los únicos candidatos que se pueden presentar a la presidencia son decididos por el consejo de los ulemas y casi siempre son aquellos afines a la ideología del régimen.
En resumen, el Guía Supremo tiene poder veto sobre las decisiones presidenciales y su palabra se considera inapelable. Apartarse de las directivas del clero puede acarrear consecuencias físicas para cualquier opositor y en ese aspecto Irán tiene un lamentable registro en derechos humanos. En las elecciones de 2009, cuando Ahmanidejad ganó bajo las denuncias de fraude, el régimen reprimió duramente a la oposición y mantuvo el status quo por lo menos hasta la llegada al poder de Rohani en 2013.

El principal problema de Irán es su alta tasa de población juvenil, quienes no creen en las consignas del régimen y demuestran su descontento con las políticas opresivas del régimen de manera pasiva, ya sea escuchando música y viendo videos prohibidos o en el caso de las mujeres utilizando el velo islámico de manera diferente, sin cubrirse el cuerpo del todo. Sin duda alguna, el hecho de lograr que se levanten las sanciones económicas y la generación de nuevo empleo contribuirían a paliar este foco de inestabilidad interna y falta de legitimidad del régimen teocrático.

La duda más problemática se relaciona con el futuro rol de Irán en la región. ¿Actuará como estabilizador o proseguirá con su política imperialista impulsando el conflicto sectario contra el sunismo que tanto ha desangrado a la región en estos últimos años? Si lo que el régimen persa quería con el acuerdo marco era asegurarse su área de influencia a costa de sacrificar su plan nuclear, lograron su propósito pero a un costo bastante alto; si en cambio esto sólo es un engaño del régimen para continuar con su agresiva política exterior y en el fondo continuar con su plan nuclear, entonces nos encontraríamos frente al mayor error de la diplomacia occidental desde el pacto de Múnich de 1938.

Solo esperemos que este nuevo contexto traiga estabilidad a una parte del mundo que en los últimos años se ha caracterizado por la violencia, la pérdida de poder de los estados frente a actores no estatales y finalmente sucumbir a la hecatombe interreligiosa y sectaria.

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Actualidad Política

Jubilados y pensionados no pagarán Ganancias

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las Ganancias sobre jubilados y pensionados. Lo hizo por cuatro votos contra uno: Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco (quien se sumó a último momento) fallaron a favor del reclamo, mientras que el titular del cuerpo, Caros Rosenkrantz, lo hizo en contra.

El fallo del Máximo Tribunal fue en un caso particular, pero que en un futuro próximo podría extenderse a los otros 300.000 jubilados y pensionados a los que se les descuenta el impuesto, porque los jueces le piden al Congreso que legisle sobre el tema.

La sentencia de la Corte aplicó para la demanda que María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo en 2015, cuando tenía 79 años. Entonces, reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Argumentó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la AFIP que cesara en la aplicación del impuesto a García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

El fallo favorable de la Corte Suprema, tras recordar el alcance de los “principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria”, explicó que la reforma constitucional de 1994 (en la que Rosatti y Maqueda fueron convencionales) garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (art. 75 inc. 23). Asegura que “el envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida”.

¿Más argumentos de la sentencia? Explica que “la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja”. Y por eso, considera que “el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional”.

El fallo concluye en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las Ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a María Isabel García los montos retenidos desde la interposición del reclamo

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Actualidad Política

Austral: Después de 22 años, comienza el juicio

La tragedia de Austral ocurrió el 10 de octubre de 1997

Un total de 35 funcionarios vinculados al sistema de aviación civil se sentarán este martes en el banquillo de los acusados para responder en un juicio oral y público por el delito de estrago doloso, en relación al accidente del vuelo 2553 de Austral que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en octubre de 1997 y causó 74 muertes.

La instancia oral llega más de veinte años después de la primera investigación judicial, a cargo del entonces juez federal de primera instancia, Jorge Ballestero. El debate comenzará a partir de las 10 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la instrucción del juicio, el juez tomó un informe en base a las pericias de la Junta de Investigación de Accidentes de Uruguay.

Ese texto señaló que “equivocaciones en la toma de decisiones de la tripulación llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites, perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta, con dificultades de comunicación con (el aeropuerto internacional de) Ezeiza y sin haberse percatado de que estaba ya en territorio uruguayo”.

La Justicia investigó entonces la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, un organismo bajo el control de la Fuerza Aérea, y también de los responsables del vuelo de la empresa Austral.

En 2004, Ballestero sobreseyó a todos los imputados por falta de mérito pero la medida fue apelada y la Sala I de la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó al mismo magistrado profundizar la investigación.

Dos años después, el juez federal procesó a los mismos que había sobreseído al considerar que estaba probado el “estrago doloso”, ya que los funcionarios y técnicos estaban al tanto de los déficits de instrumental de la aeronave y aún así consintieron que volara.

Las defensas apelaron pero la Sala I confirmó el procesamiento de todos los imputados y se inició el proceso de elevación a juicio.

En 2013 la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que en ese momento y aún hoy tramitaba la megacausa “Esma”, vinculada a delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Como una de sus medidas procesales, el TOF ordenó que se instrumente una nueva pericia completa sobre el accidente, que culminó en 2017.

Con esas evidencias, se iniciará este martes en los tribunales de Comodoro Py la primera audiencia del juicio a los involucrados directos en una de los mayores accidentes aéreos de la aviación civil argentina

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La AFIP denunció a Marcelo D’Alessio

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) denunció al detenido espía-falso abogado Marcelo D’Alessio por supuestas compensaciones apócrifas de IVA e Impuesto a las Ganancias, a raíz de una investigación iniciada en una agencia del organismo recaudador. Según confirmaron fuentes del organismo, la denuncia quedó a cargo del juez en lo penal ecónomico Rafael Caputo, quien tiene su despacho en los tribunales de avenida de los Inmigrantes 1900, en el barrio porteño de Retiro.

La denuncia se presentó a raíz de una investigación interna hecha en la AFIP en la que D’Alessio está inscripto y se detectaron “compensaciones apócrifas” en los dos impuestos desde 2014 hasta 2018 por un monto de diez millones de pesos. El fiscal que quedó a cargo es Jorge Dhal Rocha.

D’Alessio está detenido con prisión preventiva en dos causas penales, una se tramita en el juzgado de Ramos Padilla y la otra en el de Luis Rodríguez. Una de estas causas tramita en la justicia federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener información de causas judiciales de manera ilegal para luego extorsionar .

En esta causa está citado para mañana a declaración indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli, en torno a supuestas maniobras extorsivas denunciadas en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La otra causa con procesamiento confirmado.  La Cámara Federal ratificó el pasado jueves 21 de marzo el procesamiento con prisión preventiva de D’Alessio por tentativa de extorsión al ex despachante de aduana Gabriel Traficante, confirmaron fuentes judiciales. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara, que encomendó al juez federal Luis Rodríguez acelerar la producción de medidas de prueba para que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.

En la causa que instruye Rodríguez a D’Alessio, se le atribuye haber exigido “abultadas sumas” de dinero a Traficante, vecino suyo cuando vivía en el country Saint Thomas, en el conurbano bonaerense, para favorecerlo en la megacausa sobre el multimillonario contrabando conocida como “La mafia de los contenedores”. El ex despachante de aduana, quien actúa como querellante en el caso contra D’Alessio, aparecía implicado en la causa sobre contrabando, que tramita en el fuero penal económico.

Para que su ofrecimiento apareciera como verosímil, D’Alessio le habría dicho a Traficante que ejercía funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tener conexiones con magistrados y periodistas, y exhibido fotografías sobre operativos judiciales.

El tribunal de segunda instancia volvió a llamar la atención sobre tiempo transcurrido desde que en 2016 se formalizó la denuncia hasta que, en las últimas semanas, se reactivó la instrucción. “Hubo medidas de prueba que no fueron ordenadas oportunamente, pero eso no implica la invalidez de la incorporación de elementos, cuyo modo de obtención no fue cuestionada ni presenta motivos que den pie a excluirlos de la instrucción”, consignó la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Los camaristas concluyeron que en el sumario existe “base probatoria bastante” para el procesamiento, y que “tampoco constituye óbice a los fines de la imputación, que no se cuente en el expediente con pruebas objetivas que avalen el nivel de acceso a información, ni el tipo de influencia que, en sus mensajes y comunicaciones, decía tener D´Alessio con relación a las autoridades judiciales de ese caso o ante periodistas”. Irurzun y Bruglia afirmaron que “aun cuando éste (D’Alessio) haya obrado con engaño, lo cierto es que la maniobra se dirigió a afectar la voluntad del destinatario por el temor, por la exigencia que compele a hacer lo que no se quiere, en procura de un beneficio económico”.

Entre las medidas de prueba que los jueces encomendaron al juez para profundizar la pesquisa, figuran escuchar las versiones de tres testigos que, según la denuncia, habían tomado conocimiento de los hechos y un peritaje de voz a los audios reservados en la causa.

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