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Actualidad Política

Las lecciones no aprendidas del genocidio armenio

Este mes se conmemora el centenario del genocidio perpetrado contra el pueblo armenio, cometido por el Gobierno otomano durante la Primera Guerra Mundial. Se estima que entre un millón y un millón y medio de armenios murieron; centenares de miles como resultado directo de terribles masacres, y otros millares como resultado indirecto de su desplazamiento forzado, para languidecer en el exilio y perecer frente a la falta de refugio y alimentos.

Visto en perspectiva histórica, del genocidio armenio trascendieron importantes y terribles secuelas que se ven reflejadas en la ejecución de otros crímenes sistemáticos contra grupos humanos por parte de diferentes actores. Como precedente, la suerte de los armenios, y no menos importante, la relativa impunidad con la que se salieron sus verdugos, influenciaron el trágico devenir de otros pueblos que luego serían perseguidos también. Pero en esta oportunidad, en vista de los dantescos eventos de la guerra religiosa que viene llevándose a cabo en Medio Oriente, es conveniente repasar cómo el genocidio armenio cambió para siempre el paradigma de la política en la región. A todo quien esté dispuesto a verlos, los sucesos de la actualidad muestran por sí solos los méritos del ejercicio de conmemoración y memoria.

Lo primero a destacar es naturalmente el contexto de esta fatídica experiencia. Entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los armenios, al igual que otros pueblos y etnias gobernadas por el gran imperio multicultural que era el otomano, descubrieron la idea del nacionalismo. Provistos con un renacimiento político y cultural en línea con los movimientos ideológicos de Europa, los súbditos cristianos del califa otomano comenzaron a revelarse y a obtener progresivamente su independencia hasta el desmembramiento final del imperio islámico. En el caso de los armenios, a finales del siglo XIX, influenciados por la tendencia marxista que se estaba desarrollando en Rusia, concibieron entre otros a dos partidos políticos radicales (Hunchakian y Dashnaks), caracterizados por una aspiración independentista común, pero así también por instar al uso de violencia en contra de los otomanos, y hasta cierto punto contra la mayoría musulmana, para alcanzar dicha finalidad.

Comenzando en la década de 1890, los militantes armenios comenzaron a contrabandear armas rusas y a emprender con ellas actos que hoy serían catalogados como terroristas contra funcionarios públicos e incluso contra personalidades armenias opuestas a la campaña de violencia. Como resultado, la insurgencia de los radicales “corroboró”, en vista del califa y posteriormente de los nacionalistas turcos, que los armenios querían sublevarse como lo hicieran, efectivamente, y gracias al apoyo de las potencias europeas, los búlgaros, griegos, rumanos y serbios antes que ellos.

Lo cierto, no obstante, es que Estambul ya venía articulando una otredad negativa para los armenios desde mediados del siglo XIX, comenzando estos a ser vistos como detractores – una quinta columna si se quiere – dentro del Imperio, que favorecía la influencia rusa a costas de la soberanía turca. Históricamente las ambiciones rusas sobre los Balcanes y el Cáucaso constituyeron la principal fuente de amenaza a la integridad territorial otomana, y con el devenir de las guerras ruso-turcas, Estambul fue perdiendo control sobre sus provincias europeas. En este contexto, ya antes de la Primera Guerra Mundial, el hecho de que hubiera armenios rusos combatiendo en favor del zar sentó la creencia entre los turcos (posteriormente explotada con fines macabros) que todos los cristianos siríacos, armenios, o griegos ortodoxos representaban una presencia que amenazaba la seguridad otomana. En este sentido, el sequito del califa creía que los cristianos serían proclives a confabular con los rusos para arrebatarle Anatolia Oriental al orden musulmán.

Por otro lado, pese a las vicisitudes, en términos generales, los súbditos armenios del soberano otomano eran mucho más laboriosos y prósperos económicamente que la mayoría musulmana a su alrededor. Esta realización, al igual que sucedería con otras minorías en distintos lugares y coyunturas, contribuyó a su estigmatización entre el grupo humano predominante. Conjugadas las circunstancias, la subversión de los radicales armenios, la precaria situación geopolítica otomana, y los prejuicios de las elites y las masas, prepararon el terreno para “Medz Yeghern” – el “Gran Crimen” – cometido contra los armenios.

Entre 1894 y 1896 se registró una masacre de armenios sin parangón hasta ese entonces en la historia moderna del Imperio otomano. Se concede que aunque las mismas no fueron orquestadas personalmente por el califa, funcionarios otomanos hicieron la vista gorda al comportamiento de los musulmanes de Anatolia Oriental y sus notables, y ergo de un modo u otro permitieron que estos arremetan contra las comunidades armenias por miedo a las aspiraciones nacionalistas difundidas entre estas.

En 1908 un grupo de nacionalistas castrenses referido como los Jóvenes Turcos tomaron el poder en Estambul, y emprendieron una fuerte campaña de “otomanización” (léase unificación) de las distintas etnias y minorías del Imperio, valga la redundancia, para fomentar una identidad y lealtad otomana común entre los habitantes. Este proceso, si bien anterior a 1908, ahora era impetuosamente acelerado, y para los no turcos se convirtió en motivo de preocupación, en tanto se entendía que deberían relegar sus costumbres y solidaridades sectarias en función de abrazar una identidad esencialmente turca.

Si anteriormente los armenios eran vistos como una amenaza a la integridad otomana, luego de 1908 pasaron de lleno a ser considerados, no solamente peligrosos, sino extranjeros e indeseables. Esta inclinación llegó a su cúspide con la guerra balcánica de 1912 y 1913, una contienda en donde voluntarios armenios lucharon contra los otomanos, y que resultó en la pérdida definitiva de la soberanía turca sobre territorios europeos. Este desastre, al menos en términos de la proyección de poder otomano, como secuela crispó el nacionalismo turco, y este pasó a favorecer, para distanciarse y a la vez antagonizar con los rebeldes cristianos, un sentir identitario fuertemente apegado a la religión islámica. Esta ideología denunciaba a los cristianos, fueran de la etnia que fueran, como sediciosos, infieles, e ingratos, y con la erupción de la Primera Guerra Mundial, dadas las tensiones recientes, un importante número de armenios se abstuvo de integrar las filas otomanas, y lo que es más, muchos decidieron integrar las formaciones rusas. Lo que siguió a partir de ese momento fue una campaña deliberada por parte del Estado otomano por exterminar sistemáticamente a los armenios y a otros cristianos como los asirios y griegos pónticos dentro de su territorio. El resto, como dicen, es historia. Para usar una expresión más coloquial, en suma las autoridades turcas “metieron a todos en la misma bolsa”, indiscriminadamente de su activismo político, lealtad, condición o sexo.

La lección más importante que debería haber sido aprendida al término de la guerra, cuando el Imperio otomano fue desmembrado por las potencias europeas victoriosas, es que los nexos de solidaridad construidos sobre una base sectaria o religiosa suelen ser más poderosos que aquellos impartidos “desde arriba hacia abajo” por una autoridad central. Esto viene al caso sobre todo cuando dicha autoridad se ampara en una ideología que minimiza las costumbres o sensibilidades de las colectividades, si es que directamente no es el resultado de una nueva entidad política construida por agentes extranjeros.

Comenzando con las guerras balcánicas, a principios del siglo XX comenzaban a manifestarseindicios que los nuevos Estados multiculturales, donde la competencia política, si la había, se traducía en competencia sectaria, eran un experimento destinado al fracaso. Francia y Gran Bretaña se dividieron Medio Oriente tras la derrota otomana, mas fraguaron una división política imperfecta con trágicas consecuencias. Notoriamente, para acomodar a los cristianos maronitas en el Levante con un Estado viable, los franceses crearon en 1920 el Líbano, en un esquema que los situaba compartiendo poder con los árabes sunitas y chiitas.

En paralelo, los británicos dieron formación a Irak unificando tres provincias otomanas, suponiendo que una mayoría chiita viviría en paz con una minoría sunita en el poder, y que los kurdos, étnicamente diferentes a los árabes, balancearían la ecuación.

La historia muestra que la convivencia entre distintos colectivos dentro de un solo país pudo conseguirse solamente con el amparo y presencia de las potencias europeas, pero cuando Londres y París abandonaron sus colonias a su suerte, en la segunda mitad del siglo XX, la convivencia rápidamente comenzó a deteriorarse. Esta semana, por ejemplo, se cumplen cuarenta años de la guerra civil que destrozó al Líbano y que forzó a los grupos religiosos a tomar partido de acuerdo a su identidad confesional. Este problema, que hoy en día se ve especialmente en Siria y en Irak en la guerra religiosa entre sunitas y chiitas, fue evadido durante seiscientos años por las autoridades otomanas mediante el sistema de Millet. Este consistía en la asignación de espacios especiales dónde cada comunidad religiosa podía, en donde esta fuera significativa, autogobernarse de acuerdo a sus propias costumbres y leyes religiosas, siempre y cuando se atuvieran a pagar los impuestos debidos según lo establecido por el califato. Entrada la Era Moderna el sistema se desmoronó con el avenimiento de los distintos nacionalismos.

La segunda lección no aprendida de la catástrofe armenia apunta a que en situaciones de rivalidad y resentimiento sectario, la etnia o grupo encabezando el poder, represente o no a la mayoría total del país, puede iniciar un proceso de deshumanización y polarización, que de escalar, podría culminar en un genocidio. Esto está bastante documentado y es una realidad que trasciende las fronteras de Medio Oriente. Como la experiencia armenia muestra, el colectivo es señalado como una amenaza interna y acusado de ser desleal con el Estado, y luego se lo degrada a un carácter de inferioridad, deshumanizándolo para facilitar su aniquilación física o la desaparición de su cultura. La campaña de Saddam Hussein contra los kurdos, o la reciente insurgencia del Estado Islámico (ISIS) contra las minorías religiosas de Irak sirven para ilustrar la relevancia de esta cuestión.

El genocidio armenio es una herida abierta, no exclusivamente porque el Estado turco ha fallado en enfrentar su pasado y en reconocer responsabilidad por las masacres, pero también porque las minorías religiosas de la región continúan en peligro de extermino. Los cristianos del mundo árabe son perseguidos y asesinados a diario y a esta altura existe suficiente evidencia de que el fanatismo islámico, y la ideología totalitaria que es el islamismo, acaparan intenciones perfectamente catalogables como genocidas. Lamentablemente en Medio Oriente el “nunca más” está muy lejos de ser una realidad dada por sentada.

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Gerardo Zamora quiso sacar US$ 32 millones en efectivo

El gobierno de Santiago del Estero intentó sacar 31.900.000 dólares en efectivo por una ventanilla del Banco Hipotecario, pero se encontró con el impedimento de la Justicia que evitó el sospechoso cobro por parte de apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora.

Ante la extraña solicitud, desde el banco pidieron explicaciones y desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

Lo que llamó aún más la atención del banco, ya que los sueldos no se pagan en dólares ni en efectivo. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron en hacer el retiro en efectivo.

Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado de aquella provincia, donde una jueza civil y comercial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva.

A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo.

Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF) el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.

La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechosa de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini de Cubrini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable cifra. La provincia deberá explicar de manera razonable el por qué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraña de la operación que intentó Santiago del Estero el banco alertó a la UIF.

Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy. Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar la plata. Les solicitaron el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desde el banco preguntaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual.

La segunda respuesta de los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora fue que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno Nacional.

Hay una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.

Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco sólo tenía la mitad del dinero, que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempos más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad. En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora.

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Aerolíneas Argentinas: gremios anunciaron paro de 24 horas para el lunes

Los gremios agrupados en Sindicatos Aeronáuticos Unidos anunciaron hoy un paro de 24 horas para el próximo lunes. La medida de fuerza tendrá lugar luego de que Aerolíneas Argentinas suspendiera a 376 empleados que participaron de una asamblea de 11 horas el pasado 8 de noviembre, lo que provocó la suspensión de 258 vuelos.

En la previa, a través de una carta, los sindicatos aeronáuticos APTA, APA, UPSA, UALA y APLA habían adelantado la realización de un plan de lucha debido al “incumplimiento por parte de la Empresa del pago de la cláusula compensatoria inflacionaria (cláusula gatillo) correspondiente al mes de septiembre, como así también el estancamiento evidenciado en la negociación salarial del Grupo AR/AU para el período 2018/19″.

“Hemos resuelto convocar a un paro total de actividades para el lunes 26. Es un primer paso, luego se harán otras medidas, movilizaciones, marchas. En este caso afecta exclusivamente a Aerolíneas y Austral porque es un tema salarial, por incumplimiento del acta firmada el año pasado“, indicó el secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Rubén Fernández.

En diálogo con los medios, el delegado de los trabajadores aeronáuticos criticó al Gobierno y consideró que busca hacer “desaparecer” a la línea aérea de bandera. “La están achicando, la están vendiendo mal”, afirmó, y agregó: “Con los sueldos de octubre se tendría que haber aplicado la cláusula gatillo por inflación, y no la aplicó, entonces que no nos quieran hacer responsables de no dialogar cuando hay algo firmado y homologado y la empresa no lo cumple”.

Los trabajadores del sector aéreo señalaron, además, que el paro podría extenderse a raíz de las suspensiones instrumentadas por Aerolíneas Argentinas, que se conocieron hoy, a raíz de la mencionada asamblea realizada el 8 de noviembre que dejó varados a más de 30 mil pasajeros y provocó la cancelación de 258 vuelos.

La empresa estatal resolvió suspender a 376 empleados por entre 10 y 15 días, según confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas, y las áreas donde hubo más sanciones fueron Tráfico y Contact Center (las dos de atención al público), al tiempo que quienes trabajan en el sector de Tripulantes de a Bordo no participaron de la asamblea, por lo que no fueron sancionados.

La decisión fue comunicada en las últimas horas vía telegrama a los afectados, y las sanciones más extensas son para aquellos empleados que dejaron de hacer su trabajo durante la medida de fuerza. Además, la empresa les descontará las horas no trabajadas a quienes participaron de la asamblea.

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Desafuero de Cristina Kirchner: no hubo quórum y se levantó la sesión

El oficialismo fracasó hoy en su intento de tratar el pedido de desafuero de la senadora Cristina Kirchner, al no poder reunir el quórum necesario para sesionar, de 37 legisladores presentes.

La sesión había sido citada para las 16:00 y siendo las 16:30, sólo había 26 presentes en el recinto, por lo que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, levantó la sesión y abrió las expresiones en minoría.

Al recinto bajaron únicamente la bancada de Cambiemos y dos senadores del Interbloque Parlamentario Federal (Carlos Reutemann y Lucila Crexell) mientras que el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria no concurrieron.

La intención de Cambiemos era tratar el pedido de desafuero que envió el juez federal Claudio Bonadio en diciembre pasado en el marco de la causa que acusa a la ex presidente de presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

El único que habló en el recinto luego de levantada la sesión fue Pinedo, quien expresó que con este intento Cambiemos cumple con su “obligación” dado que el plazo para tratar el pedido de Bonadio comenzó a regir “el primero de marzo” y desde esa fecha “se cumplen 180 días” este martes, límite para tratar el tema.

El senador oficialista indicó que con este intento, Cambiemos busca demostrar que “no hay espíritu corporativo para el no tratamiento de los temas” y agregó: “Tampoco hay lo que se ha dicho acerca de una persecución política o jurídica, lo que hay es una investigación judicial en marca. Fuimos cuidadosos en que sea eso lo que está en discusión”.

“De ninguna manera pensamos que puede haber ningún tipo de impunidad corporativa”, finalizó el presidente provisional del Senado.

Esta iniciativa de Cambiemos se dio en medio de una discusión entre el oficialismo y parte del Bloque Justicialista y el resto de la oposición sobre la conveniencia o no de convocar a una sesión ordinaria para tratar algunos proyectos pendientes (que sería la última antes del cierre del año parlamentario el 29 de noviembre).

Y es que el kirchnerismo y una porción significativa del Bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto quieren tratar en la primera oportunidad que se presente un proyecto para derogar el decreto del presidente Mauricio Macri que eliminó el Fondo Federal Solidario.

El también llamado “Fondo Sojero” era una caja de más de $50 mil millones que se coparticipaba entre todas las provincias y municipios y que en los últimos días fue el caballito de batalla sobre el que se subió un grupo de senadores para llevar adelante una rebelión interna en la bancada peronista.

Es por esa razón que la posibilidad de que el tema se trate no sólo inquieta a Cambiemos, sino que reabre una fuerte discusión interna en el bloque que encabeza Pichetto, donde hay varias fisuras internas.

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