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Actualidad Política

Boca Juniors y barrabravas: un romance trágico

Los hechos ocurridos en la Bombonera hace pocos días ponen nuevamente en el centro de la tormenta el problema de la convivencia social en la Argentina.

Los incidentes ocurridos el jueves pasado en la  cancha de Boca Juniors no representan un acontecimiento aislado (o cadena de acontecimientos aislados), sino que se inscriben en una lógica que rige en el país desde hace mucho tiempo, en la cual la fuerza, la extorsión y la intimidación prevalecen por sobre las leyes, normas, reglas y el sentido común más inmediato.

Lo que le sucedió a Boca el jueves 14 del corriente le podría haber sucedido a cualquier otro club de primera división. No hay nada en el ADN Boca Juniors que explique por sí mismo la barbarie a la cual todos nosotros asistimos como espectadores. Nada por lo menos que contraste con el accionar de los simpatizantes de otros clubes argentinos. Dicho en otras palabras, lo que le pasó a Boca le podría haber sucedido a cualquier otra entidad o institución, porque hay algo de raíz que está fallando.

Los consecuencia de esto es que, en lugar de poner la lupa sobre el club Boca Juniors, debemos, para entender la falta de civilización y el apego a la violencia, recurrir a un marco más amplio que abarque a la sociedad y los grupos que operan en ella. Este razonamiento nos lleva a considerar a la sociedad considerada en sus partes o como un todo, tomando así distancia de meras particularidades o eventos aislados, o incluso, de aquellas opiniones que han venido delatando el fanatismo por un club de fútbol (River por sobre Boca).

Ciertamente el problema barra brava es muy repudiable, desde el momento en que las autoridades (nacionales, locales y de los clubes) avalan  y, en muchos casos, apoyan activamente su forma de actuar, sus intenciones y sus fines. En muchos casos son funcionales.  Cuando dejan de serlo, la excusa para no hacer nada suele ser “solo no podemos”. Pero hay algo que hay que entender: los dirigentes cuando asumen puestos de mando aceptan implícitamente combatir contra las barras porque no hacerlo significaría violar las normas más básicas. No hay margen para dudar, por lo que no hay excusa para que la barra no sea combatida con el peso de la ley. Si esto no se acepta o no se quiera aceptar, entonces las personas en cuestión tendrían que haber pensado mejor su decisión al momento de postularse como dirigentes para presidir un club. El periodismo y la gente en general parecen, por momentos, olvidar esta premisa básica.

La responsabilidad que recae en las autoridades de los clubes (así como también la AFA) no exime de responsabilidad a las autoridades nacionales y locales, como tampoco la Justicia. Todo lo contrario: ellos deben acompañar y COORDINAR las acciones de los clubes en pos de combatir el fenómeno barra brava. Tienen la tarea más importante por hacer.

Sin embargo, como afirmé anteriormente, decir que la violencia en Argentina es consecuencia directa del fenómeno barra brava, es caer en el reduccionismo. Porque todos vemos, cómo cotidianamente, se violan las normas más básicas delante de nuestra cara sin que a nadie le importe demasiado. Incluyendo la policía que debe aplicar la ley.

En el día a día se producen a escala más pequeña irregularidades varias que atentan contra una sociedad ordenada. En la calle, en el tránsito, en la facultad y en el trabajo. Incluso en los estadios, en los lugares donde no se encuentra la barra brava presente(como ocurrió el jueves pasado en la cancha de Boca al retirarse los jugadores del campo de juego).Entonces, el problema no es solo ni principalmente la barra brava, sino fundamentalmente los grupos que la amparan y la sociedad que la trasciende.

La hipótesis más plausible para entender la violencia en aumento en la Argentina es desde mi punto de vista político-social. El desorden político que experimentó la Argentina durante tanto tiempo (algo aparentemente endémico) terminó repercutiendo fuertemente en los diferentes grupos sociales que la integran. El caos se transmitió de arriba hacia abajo. El razonamiento de los violentos podría ser el siguiente: “si las autoridades que deben velar por los intereses del país no actúan dentro de la ley o simplemente la ignoran, entonces no hay razón para que nosotros la consideremos”.  Y es posible encontrar razones de peso que, aunque no justifiquen el poco apego a la ley, sí lo pueden explicar: La ley ya no cumple con su papel esencial que es hacer converger las expectativas de las personas para producir resultados colectivos (óptimos o sub-óptimos). En lugar de coordinar las acciones, las tiende a disociar: hay quienes observan la ley y hay quienes se ven insuficientemente comprometidos por ella. Aquellos que ven en la ley una obligación, dejan de percibir con claridad las consecuencias negativas de no cumplirla producto de su falta de cumplimiento y a que los mecanismos sancionatorios se diluyen. Los potencias beneficios (como gozar de servicios públicos de calidad) también desaparecen en este contexto.

El resultado es que la sociedad se divide, la confianza se retrae y la posibilidad de construcción social se resiente. No hay salida para este estado, salvo que <alguien o algo> pueda revertir esta situación, que logre a unir a las partes y refuerce su interacción.

Concluyo que una salida de este estado general en que nos encontramos requiere, como condición necesaria pero no suficiente, nuevos líderes políticos con nuevos valores que fomenten la educación, la cultura y remarquen la importancia de la convivencia social en la Argentina. A lo que le agregaría una fuerte decisión política y voluntad para actuar.

El trabajo será largo, pero si empezamos hoy mismo,  la satisfacción de haber hecho algo nos ahorrará, creo,  el pesimismo, la apatía y el desánimo que suelen acompañar acontecimientos como el jueves pasado, en los que la anomia, la violencia, el caos y la falta de sentido común parecen socavar nuestro sueños de ver una Argentina con reglas claras, de pie y esperanzada. En pocas palabras, una Argentina con futuro.

 

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Financiamiento político podría tener hoy media sanción

Hasta anoche a última hora, senadores del oficialismo y del PJ aún negociaban a contrarreloj las modificaciones al dictamen acordado en diciembre del proyecto de financiamiento de los partidos políticos que podría obtener este miércoles media sanción de la Cámara alta (a las 15 está prevista la sanción) y que introduce, entre otros cambios, la bancarización de los aportes y la vuelta de las contribuciones empresarias a las campañas electorales.

“Venimos bien”, se esperanzaba anoche un dirigente oficialista que monitoreaba las negociaciones con el bloque del PJ en el Senado, de cara a la reunión de labor parlamentario prevista para las 10 y media de este miércoles. Esteban Bullrich, del PRO, y Dalmacio Mera, del PJ y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, lideraban las discusiones pasada la hora de la cena.

Durante las últimas semanas, legisladores de la Cámara alta y de Diputados habían intercambiado consultas en torno al dictamen de mayoría aprobado a fines del año pasado y que por tensiones internas de la coalición de gobierno y diferencias entre la Casa Rosada y la oposición no había podido ser tratado en sesiones extraordinarias.

El Gobierno y un sector del bloque del PJ habían querido llevarlo al recinto la semana pasada, pero las negociaciones aún no estaban maduras.

Los principales puntos de discusión pasaban a última hora por el tope de los aportes empresarios y la regulación de la publicidad en los medios digitales, una propuesta de Mera resistida por Cambiemos. Según la propuesta del PJ, un porcentaje de la publicidad en plataformas digitales debería destinarse en la campaña a medios nacionales y provinciales con producción propia.

Hasta anoche no había acuerdo en ese punto. Desde el oficialismo impulsaban una normativa similar a la acordada 66 de agosto del año pasado de la Cámara Nacional Electoral, que regula el uso de los sitios web y las cuentas de redes sociales de los candidatos y las agrupaciones políticas.

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Garavano le respondió a Elisa Carrió

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, le respondió a la diputada y fundadora de la coalición de gobierno, Elisa Carrió, quien lo trató de “imbécil”. “Estoy acostumbrado. Son estilos diferentes, a ella le ha dado resultado ese estilo y yo la respeto”, aseguró el funcionario.

“No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia”, había sentenciado la legisladora en un reportaje donde plasmó sus diferencias irreconciliables con el ministro.

Como primera reacción Garavano consideró que “cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice” y que a pesar de todo, “ella ha hecho aportes muy valiosos en materia de lucha contra la corrupción, en materia de construcción política en apoyo al presidente (Mauricio) Macri. No es mi estilo. Es uno de los costos que uno ha tenido que pagar por incorporarse a la política pero vale la pena. En las redes sociales me dicen cosas peores. No soy malo, algo bueno tendré”.

Más allá del agravio, Garavano aseguró que “la alianza está muy sólida” y recordó que con Carrió “hay una agenda de trabajo en materia electoral y en materia institucional común”.

La opinión de Garavano sobre el caso Ramos Padilla

El ministro de Justicia también defendió el pedido de destitución del juez federal Alejo Ramos Padilla y negó que la presentación ante el Consejo de la Magistratura sea un ataque contra el magistrado. “Quizás políticamente lo mejor hubiera sido no hacer nada, pero jurídicamente lo que correspondía es lo que se hizo”, enfatizó.

La solicitud incluye tres cuestiones a evaluar, según explicó Garavano:

  • Los recursos: “El juez tramitó a través de un funcionario de tercera jerarquía sumar a su equipo integrantes del programa Verdad y Justicia de forma totalmente inadecuada porque el mismo está dirigido a procesos de lesa humanidad. El titular de programa le contestó que no podía y ramos Padilla en el Congreso atacó al ministerio de Justicia por no prestarle colaboración, cuando en realidad los programas que le deberían prestar colaboración son los de protección de testigos y el programa de asistencia a las víctimas”.
  • Las formas: “Hizo un show mediático ante una comisión del Congreso que no era la competente para intervenir. Violando lo que fija el Código Procesal Penal que dice que los procesos son privados”.
  • El rol del fiscal: “La Corte ya tiene dicho que los procesos penales deben ser investigados por los fiscales y el juez es el que fija las garantías. Eso no es lo que está sucediendo en este proceso y no es lo que está haciendo el juez”.

Al ser consultado sobre si el gobierno se siente perjudicado por la investigación y por eso se impulsó la presentación ante el Consejo de la Magistratura, Garavano respondió: “Es plausible, la realidad es que el gobierno está totalmente alejado de este caso. Pero lo que si vemos es un ánimo por parte del juez de involucrar al gobierno en este proceso”.

El ministro reiteró que desconocía quién era D’Alessio y que se enteró de la existencia de este hombre a raíz de las causa y los medios. “Pareciera ser un hombre ligado a ese mundo que es lo que este gobierno quiere dejar atrás al menos en la relación con la justicia. La investigación debería ser llevada adelante con absoluta transparencia y sin intervención políticas. Lamentablemente eso hoy no está garantizado por el juez”, añadió.

Finalmente, el ministro cuestionó la forma en que se elige el juez. “Es extraño por la competencia, la forma en que se publicita esto y cómo se difunde. Uno puede encontrar muchos puntos de coincidencia con las causas que hemos nombrado. Incluso el fiscal de la causa se ha manifestado opuesto a la investigación y ha dicho que el juez es incompetente. Ojalá me equivoque y no sea un armado político pero existe una fuerte sospecha”, concluyó.

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Conferencia de la ONU: Macri abre el evento

La Conferencia de la ONU se desarrollará en el Centro de Convenciones

En medio de un operativo de seguridad similar al del G20 aunque a una escala menor, el presidente Mauricio Macri abrirá a las 10 la II Conferencia de la ONU, en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el clima se tensionó en los últimos días con la reproducción de todo tipo de versiones sobre los dos ciudadanos de origen iraní que ingresaron al país con documentos adulterados, desde el Ministerio de Seguridad negaron que se haya escalado en el nivel de alerta más allá de los previsto para una cumbre de esta magnitud.

Localizado en el Centro de Exposiciones y Convenciones, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el operativo de seguridad también involucra a las cuatro fuerzas federales. En esta ocasión, no obstante, solo se movilizó a los destacamentos en la Ciudad y alrededores en comparación con los 20 mil hombres desplazados el año pasado para el G20 en Costa Salguero y los anillos concéntricos.

“El nivel de alerta es menor y los mandatarios que vienen no tienen la conflictividad del G20. Además, esta es una reunión bajo el paraguas de las Naciones Unidas”, aseguró un alto funcionario de la cartera a PERFIL. De hecho, el territorio físico en el que se desarrolla el evento, el CEC, pasó a formar parte de lo que se conoce como Blue Zone, o Zona Azul, bajo la jurisdicción del Sistema de las Naciones Unidas. Allí flamea, desde el lunes, la bandera celeste del organismo. Pese a ello, la vigilancia dentro del recinto también reposa en las fuerzas locales, sin importar que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con rango presidencial, se traslade con su propio jefe de seguridad.

Como ocurrió en la Cumbre de Líderes, también en torno a la Conferencia Sur-Sur se cerrará el espacio aéreo si bien con un radio mucho más estrecho. En consecuencia, no habrá vuelos afectados más allá de tener que desviarse unos metros de su ruta habitual. Los drones estarán prohibidos y las fuerzas de seguridad los derribarán con inhibidores ante la menor señal de alerta si un dispositivo no autorizado irrumpe en la Blue Zone.

Todos los que ingresen a la Conferencia de la ONU deberán pasar por escaneos y, por último, no habrá calles cortadas. Salvo algún eventual traslado de las delegaciones, cuya logística se articuló con las embajadas, en la cartera que comanda Patricia Bullrich confían en que el tráfico no debería sufrir mayores complicaciones. Toda la acción la seguirán desde el Centro de Monitoreo instalado en el ministerio.

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