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Actualidad Política

Consecuencias del sistema tributario kirchnerista

La economía del sector público, es decir la que se encarga de manejar el Estado, se compone de tres funciones fundamentales que son asignación, distribución y estabilización.

Por la asignación, el Estado determina el grado de importancia de ciertos factores, para recomponer las fallas del mercado. Esto lo hace por medio de impuestos, subsidios, tasas de interés, créditos, etc. Un claro ejemplo es el caso de las cuotas ‘’ahora 12’’. Para el gobierno una de sus prioridades no es que ahorres, si no que consumas, ya que con la inflación el dinero pierde capacidad de compra, y al ahorrar el estado pierde capacidad de gasto, ya que de todo lo que consumas, el estado te cobra impuestos ,que es la plata que le ingresa para poder gastar.

La distribución se encarga de distribuir la generación de riqueza de un país, con los criterios de bienestar e igualdad. En este caso es importante medir la pobreza, teniendo en cuenta el ingreso y la población de la sociedad. Me pregunto, ¿cómo se puede distribuir correctamente sin saber cuál es el total de la pobreza en Argentina?, y en el caso de guiarse por la FAO en cuanto a los dichos sobre que se eliminó la pobreza e indigencia en la argentina, entonces ¿para quién da los subsidios el Estado?.

La estabilización busca garantizar el más alto nivel de empleo con estabilidad de precios. En este caso es importante considerar el PBI (Producto Bruto Interno, es decir la generación de riqueza dentro del país), para poder visualizar la generación de empleo en el país y por ende el nivel de desempleo. Ambos fallan completamente y por otro lado los precios son totalmente inestables.

El Estado cobra impuestos, que es lo que los ciudadanos le aportamos, para que pueda manejar la economía del sector público, asignando, distribuyendo y estabilizando. Los impuestos por los que el Estado obtiene ingresos y se mantiene, son principalmente el IVA, impuesto a las ganancias, bienes personales, créditos y débitos bancarios.

El IVA es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto que se cobra en todas las compras que se hacen, está directamente incluido en todos los precios y es del 21%. Es decir que tanto una persona de clase alta, como una persona indigente, compra un cartón de leche y el Estado indistintamente, le cobra a los dos por igual, un 21% de impuesto. El IVA por ende es completamente regresivo, se le saca a los pobres, para después redistribuirlo. Y para colmo, los exentos de pagarlo son por ejemplo las importaciones, lo cual genera una distorsión entre los precios del productor nacional y del producto importado, ya que el nacional tiene que pagar IVA y por ende su precio es más caro.

El impuesto a las ganancias, se cobra directamente a las empresas y a las personas por lo que ganan, cuando las primeras se dedican a producir ganancias y las segundas a trabajar y percibir por ello un sueldo en las primeras. Cuanto mayor sea su sueldo (a partir de $15000) mayor es el impuesto que paga. La iniquidad del impuesto a las ganancias se observa en las exenciones, esto es, – aquellos que no lo pagan – como por ejemplo no gravar las rentas financieras – deposito dinero en un banco a plazo fijo, al mes gano $6.000 de intereses y no pago impuesto a las ganancias).

Todas las exenciones de impuestos, es decir lo que el Gobierno no cobra a ciertas personas, se llaman gastos tributarios.

En el 2015 el gasto tributario alcanza a 143.767 millones de pesos, lo que equivale a 2,86% del PBI. El IVA (impuesto cobrado inclusive a los pobres) soporta el 47% de los gastos tributarios del estado, que equivale al 1,36% del PBI. En cambio el gasto tributario del impuesto a las ganancias, es decir lo que no se cobra, representa el 0,67% del PBI (los que no pagan son los que compran títulos públicos por ejemplo).

Y no sólo eso, el Gobierno incorporó una nueva exención de impuestos, que es una deducción especial para trabajadores en relación de dependencia que trabajan en la Patagonia. (Decreto 1242 del 2013 firmado por Cristina y Abal Medina).

Además en el Impuesto sobre los Combustibles por ejemplo, se crea la exención para los combustibles utilizados en la zona sur del país. (ley 26942 firmada por Julián Domínguez y Abal Medina en el 2014).

Y un dato más… en el Impuesto a la Energía Eléctrica, se establece un recargo del 6% sobre el precio de venta de la electricidad, aplicado a los consumidores finales, que se destina únicamente al Fondo de la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz.

Por otro lado las retenciones generan efectos distorsivos en el país. Las retenciones se cobran sin considerar el nivel de producción de la persona, sin tener en cuenta los costos que tuvieron los diferentes productores rurales para producir diferentes cantidades de ganancias, con esto, destruyen y desincentivan a los pequeños y medianos productores. Éste es el criterio que Martín Lousteau desestimó al haber elaborado la resolución 125 como Ministro de Economía. Es por este motivo que la sociedad se movilizó, ya que retenciones más altas destruyen el trabajo y la poca ganancia de muchísimas familias que viven de la producción rural.

Por otra parte el Gobierno prefiere cerrar las exportaciones, desincentivando la producción y a la larga, los altos impuestos a las exportaciones generan inflación, aumentan el desempleo ya que la producción necesariamente baja. Y al igual que las retenciones, grava el precio y no tiene en cuenta la estructura de costos, entonces los termina pagando siempre el productor. Los pequeños y medianos productores que exportan, terminan siendo los más perjudicados.

Otro dato sobre el financiamiento del Gobierno, es que en los últimos 5 años Argentina tiene déficit financiero y lo que es peor, déficit comercial y primario (es decir lo que gasta es mayor a los ingresos que recauda). Para poder mantener ese nivel de gasto, el gobierno pide plata para financiarse a corto plazo, al Anses, al Pami y al Banco Central.

Tanto Anses, como el Banco Central como el Pami, sus ingresos provienen de los impuestos que nos cobran a todos. Es decir que el gobierno financia sus gastos con nuestro dinero,esto es, de los impuestos que nos cobran a todos.

Por ejemplo, del impuesto a las ganancias el 20% de lo recaudado va a la Anses. Del impuesto al valor agregado (IVA) el 11% va a la Anses. Del impuesto sobre combustibles y líquidos y gas natural (incluido dentro del precio que pagás la nafta) el 21% va a la Anses. Del monotributo, el 70% va a la Anses.

Todo este dinero prestado a corto plazo al Gobierno, cada vez significa mayores deudas para el Estado, ya que por la inflación, año a año significan más dinero.

Entonces me pregunto, ¿es el Kirchnerismo realmente un movimiento Nacional y Popular? ¿es progresista como se autodenomina? ¿se promueve con éste tipo de impuestos y gastos a un país equitativamente desarrollado? ¿por qué hay tantos beneficios sobre el sur del país y especialmente Santa Cruz? ¿sabe el gobierno que en el norte hay desnutrición? ¿mira el gobierno por la ventana de la Casa Rosada para ver a los Quom?. Pero por sobretodas estas cosas, estafan al votante Kirchnerista, a los jóvenes que creen en sus ideales y que creen compartir ‘’el proyecto’’, ¿se siente representado un militante kirchnerista con éstos datos? ¿sentirá orgullo? ¿cuánto discurso es suficiente para tapar la realidad? Con las leyes y los datos se gobierna y se implementan las políticas públicas, con los discursos, no.

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Actualidad Política

Jubilados y pensionados no pagarán Ganancias

Tal como se esperaba, la CSJN declaró inconstitucional el cobro de Ganancias a jubilados y pensionados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las Ganancias sobre jubilados y pensionados. Lo hizo por cuatro votos contra uno: Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco (quien se sumó a último momento) fallaron a favor del reclamo, mientras que el titular del cuerpo, Caros Rosenkrantz, lo hizo en contra.

El fallo del Máximo Tribunal fue en un caso particular, pero que en un futuro próximo podría extenderse a los otros 300.000 jubilados y pensionados a los que se les descuenta el impuesto, porque los jueces le piden al Congreso que legisle sobre el tema.

La sentencia de la Corte aplicó para la demanda que María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo en 2015, cuando tenía 79 años. Entonces, reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Argumentó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la AFIP que cesara en la aplicación del impuesto a García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

El fallo favorable de la Corte Suprema, tras recordar el alcance de los “principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria”, explicó que la reforma constitucional de 1994 (en la que Rosatti y Maqueda fueron convencionales) garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (art. 75 inc. 23). Asegura que “el envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida”.

¿Más argumentos de la sentencia? Explica que “la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja”. Y por eso, considera que “el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional”.

El fallo concluye en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las Ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a María Isabel García los montos retenidos desde la interposición del reclamo

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Actualidad Política

Austral: Después de 22 años, comienza el juicio

La tragedia de Austral ocurrió el 10 de octubre de 1997

Un total de 35 funcionarios vinculados al sistema de aviación civil se sentarán este martes en el banquillo de los acusados para responder en un juicio oral y público por el delito de estrago doloso, en relación al accidente del vuelo 2553 de Austral que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en octubre de 1997 y causó 74 muertes.

La instancia oral llega más de veinte años después de la primera investigación judicial, a cargo del entonces juez federal de primera instancia, Jorge Ballestero. El debate comenzará a partir de las 10 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la instrucción del juicio, el juez tomó un informe en base a las pericias de la Junta de Investigación de Accidentes de Uruguay.

Ese texto señaló que “equivocaciones en la toma de decisiones de la tripulación llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites, perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta, con dificultades de comunicación con (el aeropuerto internacional de) Ezeiza y sin haberse percatado de que estaba ya en territorio uruguayo”.

La Justicia investigó entonces la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, un organismo bajo el control de la Fuerza Aérea, y también de los responsables del vuelo de la empresa Austral.

En 2004, Ballestero sobreseyó a todos los imputados por falta de mérito pero la medida fue apelada y la Sala I de la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó al mismo magistrado profundizar la investigación.

Dos años después, el juez federal procesó a los mismos que había sobreseído al considerar que estaba probado el “estrago doloso”, ya que los funcionarios y técnicos estaban al tanto de los déficits de instrumental de la aeronave y aún así consintieron que volara.

Las defensas apelaron pero la Sala I confirmó el procesamiento de todos los imputados y se inició el proceso de elevación a juicio.

En 2013 la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que en ese momento y aún hoy tramitaba la megacausa “Esma”, vinculada a delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Como una de sus medidas procesales, el TOF ordenó que se instrumente una nueva pericia completa sobre el accidente, que culminó en 2017.

Con esas evidencias, se iniciará este martes en los tribunales de Comodoro Py la primera audiencia del juicio a los involucrados directos en una de los mayores accidentes aéreos de la aviación civil argentina

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La AFIP denunció a Marcelo D’Alessio

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) denunció al detenido espía-falso abogado Marcelo D’Alessio por supuestas compensaciones apócrifas de IVA e Impuesto a las Ganancias, a raíz de una investigación iniciada en una agencia del organismo recaudador. Según confirmaron fuentes del organismo, la denuncia quedó a cargo del juez en lo penal ecónomico Rafael Caputo, quien tiene su despacho en los tribunales de avenida de los Inmigrantes 1900, en el barrio porteño de Retiro.

La denuncia se presentó a raíz de una investigación interna hecha en la AFIP en la que D’Alessio está inscripto y se detectaron “compensaciones apócrifas” en los dos impuestos desde 2014 hasta 2018 por un monto de diez millones de pesos. El fiscal que quedó a cargo es Jorge Dhal Rocha.

D’Alessio está detenido con prisión preventiva en dos causas penales, una se tramita en el juzgado de Ramos Padilla y la otra en el de Luis Rodríguez. Una de estas causas tramita en la justicia federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener información de causas judiciales de manera ilegal para luego extorsionar .

En esta causa está citado para mañana a declaración indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli, en torno a supuestas maniobras extorsivas denunciadas en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La otra causa con procesamiento confirmado.  La Cámara Federal ratificó el pasado jueves 21 de marzo el procesamiento con prisión preventiva de D’Alessio por tentativa de extorsión al ex despachante de aduana Gabriel Traficante, confirmaron fuentes judiciales. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara, que encomendó al juez federal Luis Rodríguez acelerar la producción de medidas de prueba para que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.

En la causa que instruye Rodríguez a D’Alessio, se le atribuye haber exigido “abultadas sumas” de dinero a Traficante, vecino suyo cuando vivía en el country Saint Thomas, en el conurbano bonaerense, para favorecerlo en la megacausa sobre el multimillonario contrabando conocida como “La mafia de los contenedores”. El ex despachante de aduana, quien actúa como querellante en el caso contra D’Alessio, aparecía implicado en la causa sobre contrabando, que tramita en el fuero penal económico.

Para que su ofrecimiento apareciera como verosímil, D’Alessio le habría dicho a Traficante que ejercía funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tener conexiones con magistrados y periodistas, y exhibido fotografías sobre operativos judiciales.

El tribunal de segunda instancia volvió a llamar la atención sobre tiempo transcurrido desde que en 2016 se formalizó la denuncia hasta que, en las últimas semanas, se reactivó la instrucción. “Hubo medidas de prueba que no fueron ordenadas oportunamente, pero eso no implica la invalidez de la incorporación de elementos, cuyo modo de obtención no fue cuestionada ni presenta motivos que den pie a excluirlos de la instrucción”, consignó la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Los camaristas concluyeron que en el sumario existe “base probatoria bastante” para el procesamiento, y que “tampoco constituye óbice a los fines de la imputación, que no se cuente en el expediente con pruebas objetivas que avalen el nivel de acceso a información, ni el tipo de influencia que, en sus mensajes y comunicaciones, decía tener D´Alessio con relación a las autoridades judiciales de ese caso o ante periodistas”. Irurzun y Bruglia afirmaron que “aun cuando éste (D’Alessio) haya obrado con engaño, lo cierto es que la maniobra se dirigió a afectar la voluntad del destinatario por el temor, por la exigencia que compele a hacer lo que no se quiere, en procura de un beneficio económico”.

Entre las medidas de prueba que los jueces encomendaron al juez para profundizar la pesquisa, figuran escuchar las versiones de tres testigos que, según la denuncia, habían tomado conocimiento de los hechos y un peritaje de voz a los audios reservados en la causa.

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