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Actualidad Política

La Justicia ordenó a Scioli a decir la verdad sobre los muertos en La Plata

La Plata volvió a inundarse, hasta el hospital de Niños de La Plata volvió a inundarse. Tras años de gestión de Daniel Scioli y Pablo Bruera la capital de la Provincia de Buenos Aires, al igual que muchas otras zonas bonaerenses, siguen estando a merced de las cuestiones climáticas por la mala gestión tanto del intendente del FPV como del gobernador y candidato a Presidente de la Nación del mismo signo político. Hoy debemos recordar a los muertos de la Plata que fueron víctimas de la irresponsabilidad, la humillación y la mentira.

Llama mucho la atención que tras 12 años del kirchnerismo gobernando al país y tras 8 años de Daniel Scioli gobernando (?) la Provincia de Buenos Aires su capital siga siendo una triste imitación de Venecia. Más triste todavía es que ambos gobernantes le hayan mentido a todo el mundo en la cara. Por un lado Daniel Scioli insistió por todos los medios que sólo habían sido 51 muertos. Pero un tiempo después la Justicia desmintió a Scioli señalando que habían sido 89 los muertos de La Plata y que se habían presentado serias irregularidades en las morgues y en el registro de las personas. En criollo: Scioli había falseado los datos sobre las muertes que causó su mala gestión.

Por su parte el intendente Pablo Bruera, que actualmente comparte la fórmula con Daniel Scioli, comentaba fervientemente por Twitter el día de la inundación que se encontraba recorriendo los centros de emergencia cuando en realidad se encontraba de vacaciones en Brasil (mientras tanto Scioli andaba jugando un partido de fútbol). La prensa desmintió a Bruera y el intendente tuvo que salir a inventar excusas para justificar su mentira y falta de respeto.

Recordemos que hubo una asociación de víctimas de la inundación del 2 de abril de 2013 que pidió a la justicia penal que llame a declaración indagatoria al gobernador Daniel Scioli, al intendente Pablo Bruera y a otros cinco altos funcionarios de la provincia y la municipalidad. Los consideran “penalmente responsables de los hechos ocurridos el 2 y 3 de abril de 2013”. La presentación fue realizada en la causa principal (IPP 13275/13), a cargo del juez titular del Juzgado de Garantías N° 1, Guillermo Atencio, que instruye el fiscal Jorge Paolini.

A Scioli lo imputan por  “infracción de deber” y por los delitos de homicidio, abandono de personas, violación de los deberes del funcionario público y estrago en concurso real. Los familiares de las víctimas consideraron que los “hechos criminales se suceden en tres momentos: acciones y omisiones llevadas adelante con anterioridad al 2 de abril de 2013, hechos ocurridos el 2 y 3 de abril, hechos ocurridos con posterioridad”.

Según relataron desde la Asociación de Familiares: “En el primer caso, se parte de que las autoridades municipales y provinciales tenían pleno conocimiento de que existían condiciones de posibilidad para que se realice lo que ocurrió y para evitarlo resultaba necesario el despliegue activo de distintas esferas del gobierno provincial y municipal; llevar adelante las obras hídricas-hidráulicas solicitadas, diseñar un plan de contingencia, y una serie de medidas (con) recursos materiales y humanos del Estado provincial y municipal”.

En ese sentido, señalaron: “La prueba son los informes previos de la Universidad Nacional de La Plata y de expertos en la materia, que se habían realizado en virtud de las inundaciones previas (2002, 2005 y 2008); el decreto 486/08, que Daniel Scioli dictó, por el cual se declara el estado de emergencia hídrica en diversos partidos de la provincia, entre ellos, La Plata, Berisso y Ensenada; y el amparo presentado tras la sanción del Código de Ordenamiento Urbano (COU) platense, que dilató por varios meses su aplicación”.

Luego, aseguran: “En cuanto al segundo momento, se destaca la ausencia total de un plan de contingencia, razón por la cual la mayoría de los vecinos se tuvo que autoevacuar. La capacidad de respuesta frente a las inundaciones puede ser incrementada con la implementación de un plan de contingencias climáticas y sociales que incluya sistemas de alerta temprana, modificaciones en la red de estaciones de observación meteorológica, planes de evacuación y otras medidas preventivas, para un rápido impacto en la reducción de pérdidas tanto humanas como materiales”. La falta de este plan, aseguran, tuvo consecuencias fatales en al menos 11 casos.

“En cuanto a los hechos posteriores, se destaca que la respuesta del Estado por medio del Comité de Crisis tuvo como principal eje la militarización de la ciudad y no la implementación de medidas que hubieran podido salvar vidas y aminorar las consecuencias sanitarias”, remarcaron.

Seamos responsables y votemos un Cambio este domingo en las urnas. Esta gente no puede seguir gobernando. Hagámoslo en honor a los muertos de La Plata y por todas las otras víctimas de tragedias evitables.

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Actualidad Política

Gerardo Zamora quiso sacar US$ 32 millones en efectivo

El gobierno de Santiago del Estero intentó sacar 31.900.000 dólares en efectivo por una ventanilla del Banco Hipotecario, pero se encontró con el impedimento de la Justicia que evitó el sospechoso cobro por parte de apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora.

Ante la extraña solicitud, desde el banco pidieron explicaciones y desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

Lo que llamó aún más la atención del banco, ya que los sueldos no se pagan en dólares ni en efectivo. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron en hacer el retiro en efectivo.

Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado de aquella provincia, donde una jueza civil y comercial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva.

A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo.

Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF) el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.

La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechosa de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini de Cubrini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable cifra. La provincia deberá explicar de manera razonable el por qué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraña de la operación que intentó Santiago del Estero el banco alertó a la UIF.

Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy. Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar la plata. Les solicitaron el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desde el banco preguntaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual.

La segunda respuesta de los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora fue que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno Nacional.

Hay una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.

Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco sólo tenía la mitad del dinero, que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempos más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad. En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora.

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Actualidad Política

Aerolíneas Argentinas: gremios anunciaron paro de 24 horas para el lunes

Los gremios agrupados en Sindicatos Aeronáuticos Unidos anunciaron hoy un paro de 24 horas para el próximo lunes. La medida de fuerza tendrá lugar luego de que Aerolíneas Argentinas suspendiera a 376 empleados que participaron de una asamblea de 11 horas el pasado 8 de noviembre, lo que provocó la suspensión de 258 vuelos.

En la previa, a través de una carta, los sindicatos aeronáuticos APTA, APA, UPSA, UALA y APLA habían adelantado la realización de un plan de lucha debido al “incumplimiento por parte de la Empresa del pago de la cláusula compensatoria inflacionaria (cláusula gatillo) correspondiente al mes de septiembre, como así también el estancamiento evidenciado en la negociación salarial del Grupo AR/AU para el período 2018/19″.

“Hemos resuelto convocar a un paro total de actividades para el lunes 26. Es un primer paso, luego se harán otras medidas, movilizaciones, marchas. En este caso afecta exclusivamente a Aerolíneas y Austral porque es un tema salarial, por incumplimiento del acta firmada el año pasado“, indicó el secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Rubén Fernández.

En diálogo con los medios, el delegado de los trabajadores aeronáuticos criticó al Gobierno y consideró que busca hacer “desaparecer” a la línea aérea de bandera. “La están achicando, la están vendiendo mal”, afirmó, y agregó: “Con los sueldos de octubre se tendría que haber aplicado la cláusula gatillo por inflación, y no la aplicó, entonces que no nos quieran hacer responsables de no dialogar cuando hay algo firmado y homologado y la empresa no lo cumple”.

Los trabajadores del sector aéreo señalaron, además, que el paro podría extenderse a raíz de las suspensiones instrumentadas por Aerolíneas Argentinas, que se conocieron hoy, a raíz de la mencionada asamblea realizada el 8 de noviembre que dejó varados a más de 30 mil pasajeros y provocó la cancelación de 258 vuelos.

La empresa estatal resolvió suspender a 376 empleados por entre 10 y 15 días, según confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas, y las áreas donde hubo más sanciones fueron Tráfico y Contact Center (las dos de atención al público), al tiempo que quienes trabajan en el sector de Tripulantes de a Bordo no participaron de la asamblea, por lo que no fueron sancionados.

La decisión fue comunicada en las últimas horas vía telegrama a los afectados, y las sanciones más extensas son para aquellos empleados que dejaron de hacer su trabajo durante la medida de fuerza. Además, la empresa les descontará las horas no trabajadas a quienes participaron de la asamblea.

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Desafuero de Cristina Kirchner: no hubo quórum y se levantó la sesión

El oficialismo fracasó hoy en su intento de tratar el pedido de desafuero de la senadora Cristina Kirchner, al no poder reunir el quórum necesario para sesionar, de 37 legisladores presentes.

La sesión había sido citada para las 16:00 y siendo las 16:30, sólo había 26 presentes en el recinto, por lo que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, levantó la sesión y abrió las expresiones en minoría.

Al recinto bajaron únicamente la bancada de Cambiemos y dos senadores del Interbloque Parlamentario Federal (Carlos Reutemann y Lucila Crexell) mientras que el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria no concurrieron.

La intención de Cambiemos era tratar el pedido de desafuero que envió el juez federal Claudio Bonadio en diciembre pasado en el marco de la causa que acusa a la ex presidente de presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

El único que habló en el recinto luego de levantada la sesión fue Pinedo, quien expresó que con este intento Cambiemos cumple con su “obligación” dado que el plazo para tratar el pedido de Bonadio comenzó a regir “el primero de marzo” y desde esa fecha “se cumplen 180 días” este martes, límite para tratar el tema.

El senador oficialista indicó que con este intento, Cambiemos busca demostrar que “no hay espíritu corporativo para el no tratamiento de los temas” y agregó: “Tampoco hay lo que se ha dicho acerca de una persecución política o jurídica, lo que hay es una investigación judicial en marca. Fuimos cuidadosos en que sea eso lo que está en discusión”.

“De ninguna manera pensamos que puede haber ningún tipo de impunidad corporativa”, finalizó el presidente provisional del Senado.

Esta iniciativa de Cambiemos se dio en medio de una discusión entre el oficialismo y parte del Bloque Justicialista y el resto de la oposición sobre la conveniencia o no de convocar a una sesión ordinaria para tratar algunos proyectos pendientes (que sería la última antes del cierre del año parlamentario el 29 de noviembre).

Y es que el kirchnerismo y una porción significativa del Bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto quieren tratar en la primera oportunidad que se presente un proyecto para derogar el decreto del presidente Mauricio Macri que eliminó el Fondo Federal Solidario.

El también llamado “Fondo Sojero” era una caja de más de $50 mil millones que se coparticipaba entre todas las provincias y municipios y que en los últimos días fue el caballito de batalla sobre el que se subió un grupo de senadores para llevar adelante una rebelión interna en la bancada peronista.

Es por esa razón que la posibilidad de que el tema se trate no sólo inquieta a Cambiemos, sino que reabre una fuerte discusión interna en el bloque que encabeza Pichetto, donde hay varias fisuras internas.

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