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Actualidad Política

La Justicia ordenó a Scioli a decir la verdad sobre los muertos en La Plata

La Plata volvió a inundarse, hasta el hospital de Niños de La Plata volvió a inundarse. Tras años de gestión de Daniel Scioli y Pablo Bruera la capital de la Provincia de Buenos Aires, al igual que muchas otras zonas bonaerenses, siguen estando a merced de las cuestiones climáticas por la mala gestión tanto del intendente del FPV como del gobernador y candidato a Presidente de la Nación del mismo signo político. Hoy debemos recordar a los muertos de la Plata que fueron víctimas de la irresponsabilidad, la humillación y la mentira.

Llama mucho la atención que tras 12 años del kirchnerismo gobernando al país y tras 8 años de Daniel Scioli gobernando (?) la Provincia de Buenos Aires su capital siga siendo una triste imitación de Venecia. Más triste todavía es que ambos gobernantes le hayan mentido a todo el mundo en la cara. Por un lado Daniel Scioli insistió por todos los medios que sólo habían sido 51 muertos. Pero un tiempo después la Justicia desmintió a Scioli señalando que habían sido 89 los muertos de La Plata y que se habían presentado serias irregularidades en las morgues y en el registro de las personas. En criollo: Scioli había falseado los datos sobre las muertes que causó su mala gestión.

Por su parte el intendente Pablo Bruera, que actualmente comparte la fórmula con Daniel Scioli, comentaba fervientemente por Twitter el día de la inundación que se encontraba recorriendo los centros de emergencia cuando en realidad se encontraba de vacaciones en Brasil (mientras tanto Scioli andaba jugando un partido de fútbol). La prensa desmintió a Bruera y el intendente tuvo que salir a inventar excusas para justificar su mentira y falta de respeto.

Recordemos que hubo una asociación de víctimas de la inundación del 2 de abril de 2013 que pidió a la justicia penal que llame a declaración indagatoria al gobernador Daniel Scioli, al intendente Pablo Bruera y a otros cinco altos funcionarios de la provincia y la municipalidad. Los consideran “penalmente responsables de los hechos ocurridos el 2 y 3 de abril de 2013”. La presentación fue realizada en la causa principal (IPP 13275/13), a cargo del juez titular del Juzgado de Garantías N° 1, Guillermo Atencio, que instruye el fiscal Jorge Paolini.

A Scioli lo imputan por  “infracción de deber” y por los delitos de homicidio, abandono de personas, violación de los deberes del funcionario público y estrago en concurso real. Los familiares de las víctimas consideraron que los “hechos criminales se suceden en tres momentos: acciones y omisiones llevadas adelante con anterioridad al 2 de abril de 2013, hechos ocurridos el 2 y 3 de abril, hechos ocurridos con posterioridad”.

Según relataron desde la Asociación de Familiares: “En el primer caso, se parte de que las autoridades municipales y provinciales tenían pleno conocimiento de que existían condiciones de posibilidad para que se realice lo que ocurrió y para evitarlo resultaba necesario el despliegue activo de distintas esferas del gobierno provincial y municipal; llevar adelante las obras hídricas-hidráulicas solicitadas, diseñar un plan de contingencia, y una serie de medidas (con) recursos materiales y humanos del Estado provincial y municipal”.

En ese sentido, señalaron: “La prueba son los informes previos de la Universidad Nacional de La Plata y de expertos en la materia, que se habían realizado en virtud de las inundaciones previas (2002, 2005 y 2008); el decreto 486/08, que Daniel Scioli dictó, por el cual se declara el estado de emergencia hídrica en diversos partidos de la provincia, entre ellos, La Plata, Berisso y Ensenada; y el amparo presentado tras la sanción del Código de Ordenamiento Urbano (COU) platense, que dilató por varios meses su aplicación”.

Luego, aseguran: “En cuanto al segundo momento, se destaca la ausencia total de un plan de contingencia, razón por la cual la mayoría de los vecinos se tuvo que autoevacuar. La capacidad de respuesta frente a las inundaciones puede ser incrementada con la implementación de un plan de contingencias climáticas y sociales que incluya sistemas de alerta temprana, modificaciones en la red de estaciones de observación meteorológica, planes de evacuación y otras medidas preventivas, para un rápido impacto en la reducción de pérdidas tanto humanas como materiales”. La falta de este plan, aseguran, tuvo consecuencias fatales en al menos 11 casos.

“En cuanto a los hechos posteriores, se destaca que la respuesta del Estado por medio del Comité de Crisis tuvo como principal eje la militarización de la ciudad y no la implementación de medidas que hubieran podido salvar vidas y aminorar las consecuencias sanitarias”, remarcaron.

Seamos responsables y votemos un Cambio este domingo en las urnas. Esta gente no puede seguir gobernando. Hagámoslo en honor a los muertos de La Plata y por todas las otras víctimas de tragedias evitables.

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Actualidad Política

Austral: Después de 22 años, comienza el juicio

La tragedia de Austral ocurrió el 10 de octubre de 1997

Un total de 35 funcionarios vinculados al sistema de aviación civil se sentarán este martes en el banquillo de los acusados para responder en un juicio oral y público por el delito de estrago doloso, en relación al accidente del vuelo 2553 de Austral que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en octubre de 1997 y causó 74 muertes.

La instancia oral llega más de veinte años después de la primera investigación judicial, a cargo del entonces juez federal de primera instancia, Jorge Ballestero. El debate comenzará a partir de las 10 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la instrucción del juicio, el juez tomó un informe en base a las pericias de la Junta de Investigación de Accidentes de Uruguay.

Ese texto señaló que “equivocaciones en la toma de decisiones de la tripulación llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites, perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta, con dificultades de comunicación con (el aeropuerto internacional de) Ezeiza y sin haberse percatado de que estaba ya en territorio uruguayo”.

La Justicia investigó entonces la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, un organismo bajo el control de la Fuerza Aérea, y también de los responsables del vuelo de la empresa Austral.

En 2004, Ballestero sobreseyó a todos los imputados por falta de mérito pero la medida fue apelada y la Sala I de la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó al mismo magistrado profundizar la investigación.

Dos años después, el juez federal procesó a los mismos que había sobreseído al considerar que estaba probado el “estrago doloso”, ya que los funcionarios y técnicos estaban al tanto de los déficits de instrumental de la aeronave y aún así consintieron que volara.

Las defensas apelaron pero la Sala I confirmó el procesamiento de todos los imputados y se inició el proceso de elevación a juicio.

En 2013 la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que en ese momento y aún hoy tramitaba la megacausa “Esma”, vinculada a delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Como una de sus medidas procesales, el TOF ordenó que se instrumente una nueva pericia completa sobre el accidente, que culminó en 2017.

Con esas evidencias, se iniciará este martes en los tribunales de Comodoro Py la primera audiencia del juicio a los involucrados directos en una de los mayores accidentes aéreos de la aviación civil argentina

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Actualidad Política

La AFIP denunció a Marcelo D’Alessio

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) denunció al detenido espía-falso abogado Marcelo D’Alessio por supuestas compensaciones apócrifas de IVA e Impuesto a las Ganancias, a raíz de una investigación iniciada en una agencia del organismo recaudador. Según confirmaron fuentes del organismo, la denuncia quedó a cargo del juez en lo penal ecónomico Rafael Caputo, quien tiene su despacho en los tribunales de avenida de los Inmigrantes 1900, en el barrio porteño de Retiro.

La denuncia se presentó a raíz de una investigación interna hecha en la AFIP en la que D’Alessio está inscripto y se detectaron “compensaciones apócrifas” en los dos impuestos desde 2014 hasta 2018 por un monto de diez millones de pesos. El fiscal que quedó a cargo es Jorge Dhal Rocha.

D’Alessio está detenido con prisión preventiva en dos causas penales, una se tramita en el juzgado de Ramos Padilla y la otra en el de Luis Rodríguez. Una de estas causas tramita en la justicia federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener información de causas judiciales de manera ilegal para luego extorsionar .

En esta causa está citado para mañana a declaración indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli, en torno a supuestas maniobras extorsivas denunciadas en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La otra causa con procesamiento confirmado.  La Cámara Federal ratificó el pasado jueves 21 de marzo el procesamiento con prisión preventiva de D’Alessio por tentativa de extorsión al ex despachante de aduana Gabriel Traficante, confirmaron fuentes judiciales. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara, que encomendó al juez federal Luis Rodríguez acelerar la producción de medidas de prueba para que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.

En la causa que instruye Rodríguez a D’Alessio, se le atribuye haber exigido “abultadas sumas” de dinero a Traficante, vecino suyo cuando vivía en el country Saint Thomas, en el conurbano bonaerense, para favorecerlo en la megacausa sobre el multimillonario contrabando conocida como “La mafia de los contenedores”. El ex despachante de aduana, quien actúa como querellante en el caso contra D’Alessio, aparecía implicado en la causa sobre contrabando, que tramita en el fuero penal económico.

Para que su ofrecimiento apareciera como verosímil, D’Alessio le habría dicho a Traficante que ejercía funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tener conexiones con magistrados y periodistas, y exhibido fotografías sobre operativos judiciales.

El tribunal de segunda instancia volvió a llamar la atención sobre tiempo transcurrido desde que en 2016 se formalizó la denuncia hasta que, en las últimas semanas, se reactivó la instrucción. “Hubo medidas de prueba que no fueron ordenadas oportunamente, pero eso no implica la invalidez de la incorporación de elementos, cuyo modo de obtención no fue cuestionada ni presenta motivos que den pie a excluirlos de la instrucción”, consignó la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Los camaristas concluyeron que en el sumario existe “base probatoria bastante” para el procesamiento, y que “tampoco constituye óbice a los fines de la imputación, que no se cuente en el expediente con pruebas objetivas que avalen el nivel de acceso a información, ni el tipo de influencia que, en sus mensajes y comunicaciones, decía tener D´Alessio con relación a las autoridades judiciales de ese caso o ante periodistas”. Irurzun y Bruglia afirmaron que “aun cuando éste (D’Alessio) haya obrado con engaño, lo cierto es que la maniobra se dirigió a afectar la voluntad del destinatario por el temor, por la exigencia que compele a hacer lo que no se quiere, en procura de un beneficio económico”.

Entre las medidas de prueba que los jueces encomendaron al juez para profundizar la pesquisa, figuran escuchar las versiones de tres testigos que, según la denuncia, habían tomado conocimiento de los hechos y un peritaje de voz a los audios reservados en la causa.

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Actualidad Política

Lucas Córdoba, Concejal de Cambiemos, agredido

Un grupo de militantes de Cambiemos, junto al concejal Lucas Córdoba, denunciaron ser atacados este sábado por cinco hombres mientras realizaban un timbreo en el barrio La Loma, ubicado en Laferrere, provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron las fuentes policiales, cinco hombres descendieron de un Chevrolet Corsa gris increpando a los jóvenes que realizaban los habituales contactos con los vecinos.

Los detenidos son: Pablo Ubeira (38), Daniel Centurión (32), Sergio Navarro (41), Gabriel Carrasco (42) y Gastón Jiménez (29). El concejal Córdoba fue quien resultó más agredido. Los golpes ocurrieron con una barra de hierro. La Policía bonaerense llegó rápidamente al lugar y aprehendió a los agresores.

Según los testigos, fueron “obligados” a retirarse bajo el grito “no se puede caminar por acá con esas remeras”. Córdoba fue golpeado en su espalda y entre el grupo de agredidos había hombres y mujeres, quienes se refugiaron en una vivienda y desde allí llamaron al 911.

Los agresores permanecerán detenidos en la Comisaría Distrital Este Primera al menos hasta el lunes. Allí se espera la intervención de la Unidad Fiscal N°2, que dispuso actuaciones por amenazas agravadas, lesiones y resistencia a la autoridad.

Lucas Córdoba tiene 28 años y, además de ser concejal es el presidente de Jóvenes PRO de La Matanza y vicepresidente 2do de Jóvenes PRO de la provincia de Buenos Aires.

A raíz de lo sucedido, el ministro de Educación Alejandro Finochiaro se expresó en su cuenta de Twitter: “El cambio camina por toda La Matanza. Cambiemos no ha impuesto el cambio, Cambiemos es el vehículo para el cambio que decidió la gente, gente que vive en el partido y quiere otra forma de vida. Y eso es imparable. Repudio absolutamente esta cobarde agresión”.

Desde el bloque de diputados provinciales de Cambiemos expresaron su repudio y preocupación ante la agresión y señalaron que “la intolerancia es algo que siempre hemos repudiado y hoy nuevamente tenemos que levantar nuestra voz para defender la democracia, el respeto ante la disidencia y la tolerancia”

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