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Actualidad Política

Nepotismo total

“¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel?” (1 Samuel 2, 29)

Nombrar parientes en la función pública es ampliamente aceptado por la moral media argentina. “Es lógico rodearse de gente de tu máxima confianza.” “¿Cómo no vas a dar una mano en tu familia, si podés conseguirles trabajo?” “Hoy por ti, mañana por mi”…

El escándalo generado a partir del nombramiento de Delfina Rossi en el directorio del Banco Nación sólo se explica por el contexto electoral en el que se produjo. Pero se va a desinflar. No tiene chances de romper ese común entendimiento de toda nuestra sociedad, tolerante con esta y otras formas de prebendar con el Estado. Al lado de tantos otros problemas serios y de fondo que tiene el país, parece una frivolidad dedicarse a discutir las credenciales de una joven de 26 años para un cargo que no tiene ninguna responsabilidad gerencial y un sueldo que es apenas perceptible en las interminables nóminas de las empresas públicas, de asesores y consultores oficiales y dietas legislativas de todas las jurisdicciones.

Pero el nepotismo no es un tema menor, sino que está en la raíz de la corrupción de la política y de la administración del Estado y en el desvío de los esfuerzos fiscales de los  ciudadanos en beneficio de grupos que gobiernan en su propio interés.

Por eso es preciso darnos cuenta de que el nepotismo es inadmisible desde el punto de vista ético, gerencial y legal.

El nepotismo es inmoral

El nepotismo en la Iglesia Católica estuvo entre las causas que dispararon una de las revoluciones más profundas de Occidente: la reforma protestante de Lutero, en el Siglo XVI. Muy lentamente (casi dos siglos después) el papado reaccionó y prohibió por una bula de Inocencio II la entrega de posesiones, oficios o ingresos a cualquier familiar (Romanum decet Pontificem, 1692). Para ese entonces la costumbre papal de nombrar a cardenales “nepotes” (en latín, “sobrinos”) se había viralizado en toda la organización eclesiástica, y se había grabado en el ADN de nuestra cultura continental europea.

Muchísimos años antes de eso, la Biblia recoge la historia de los hijos del sacerdote Elí, que fueron nombrados sacerdotes por su padre y dedicaron su ministerio a abusar de su poder y del pueblo, hasta que recibieron la reprimenda de Dios, con la que encabezamos esta nota.

“¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel?” (1 Samuel 2, 29)

Lo curioso es que Elí era un buen hombre. Pero, mientras sus hijos se aprovechaban de las ofrendas del pueblo y de las mujeres del templo, Elí miraba para otro lado y toleraba la situación. Y la maldición les llegó a todos: ambos hijos murieron el mismo día, y el padre también, al enterarse de la noticia.

Traigo a colación estas referencias de la historia religiosa porque revelan que el nepotismo es tan viejo como la civilización, y que solamente genera reacción y condena explícita cuando la situación se torna absolutamente intolerable. Hasta ese momento parecería que todos se hacen cómplices del sistema, posiblemente por estar disfutando o tener la expectativa de recibir prebenda similar, sea en beneficio personal o de un familiar o amigo.

Pero la designación de un pariente es un abuso del poder, una situación en la que quien detenta la responsabilidad del poder se aprovecha de su posición para el beneficio propio. Porque el beneficio de los familiares es beneficio propio.

Al mandato ético de que “la caridad bien entendida empieza por casa”, sobre el cual se justifica –y muchas veces se le exige- al funcionario que acomode a sus parientes, se contrapone la realidad de que al otorgar un beneficio a un familiar, en realidad el funcionario se está asignando ese beneficio a si mismo. Ello, sin dejar de señalar que “hacer caridad con la plata ajena” no es caridad, sino robo.

El nepotismo parece más aberrante cuando hasta el mismo cargo se inventa para satisfacer a un familiar. Pero, aún cuando el cargo fuera necesario y alguien lo tuviera que cubrir de todas formas, al hacerlo con un pariente se le está robando el beneficio de ese cargo a quien realmente lo merecía, que es alguien mejor calificado que el pariente, y a quien no se le dio la oportunidad de demostrar su idoneidad e interés. Y se está robando también, a todos los contribuyentes, el derecho a tener en la función a la persona mejor calificada para atender a la gestión de sus intereses públicos y a la administración de los impuestos que pagan.

Por último, el vicio ético de la designación por interés familiar también contamina al designado y al designante por el pacto (poco importa si explícito o tácito) de que “primero está la familia”, y que la función principal del designado es preservar los intereses de quien lo nombró, antes que los fines objetivos de su empleo. Es fácil entender que el pariente designado carga con una “deuda de honor” con quien lo nombró. Y las deudas se pagan. Y se cobran.

En definitiva, aunque el umbral de tolerancia social es enorme y el vicio está absolutamente generalizado, resulta que cuando se pone la lupa sobre el caso concreto y se indaga un poco más allá de la superficie, las conductas señaladas son incompatibles con el mínimo de ética que requiere una vida pacífica en sociedad.

El nepotismo es ineficiente

Las familias pueden transmitir y formar a sus individuos con algún determinado estándar de trabajo o de ética, por lo que le podría resultar fácil a un político seleccionar a un familiar porque de algún modo conoce (o cree conocer) al candidato a través de ese estándar familiar, mejor de lo que lo podría llegar a conocer respecto de un extraño, en un proceso de selección abierto.

Las empresas de familia tienen que lidiar permanentemente con esta problemática. Y con un dilema mucho más angustiante: que la empresa es realmente de la familia, por lo que el mandato ético en estos casos es claramente pro-nepotismo.  Pero en todos los casos de empresas familiares exitosas se señala el salto cualitativo que han hecho al pasar, en el cambio generacional, de una administración puramente familiar a una administración profesional. Hay muchísimos formatos para enfrentar este desafío de profesionalización y, al mismo tiempo, de preservación de la empresa como un activo familiar. Pero siempre el éxito viene acompañado de la apertura de la gestión empresaria a los mejores profesionales, ajenos a la familia.

Las herramientas que brinda hoy la psicología, y la experiencia de miles de especialistas dedicados exclusivamente a evaluar las personas más aptas para los puestos, permiten explicar facilmente que cualquier método profesional de selección va a ser más exitoso que el arbitrario designio de la familia.

Y el éxito del candidato en el cargo no depende sólo de la idoneidad técnica, sino también en su interés, en su proyección a futuro, en su fidelidad a la función y los procesos más que a las personas. Todas cosas en las cuales el familiar suele estar mucho peor calificado.

El nepotismo es ilegal (inconstitucional)

La inconstitucionalidad del nepotismo está en una de las reglas más conocidas e intuitivas de nuestra Constitución: la igualdad ante la ley. Dice el artículo 16:

“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.

Porque, ¿qué son los privilegios nobiliarios sino la posibilidad de acceder a beneficios estatales por razón de las vinculaciones familiares? En 1853 no existía ningún título nobiliario en la Argentina. Ni siquiera en 1813, cuando la Asamblea realizó su primera declaración, había “nobles” en estas tierras. Es que lo realmente trascendente de estas declaraciones no era quitar la pueblerina elegancia a las familias patricias rioplatenses, sino evitar que un grupo cualquiera se enquistara intergeneracionalmente en los privilegios del poder.

El marco constitucional referido se complementa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 25 explicita (texto casi idéntico al de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23 y al de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21):

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, [raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social] y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

[…] c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

A nivel legislativo no encontramos ningún ordenamiento relevante sobre el tema, pero el viejo Código Civil, y también el nuevo Código Civil y Comercial previeron algunas normas anti nepotismo, derivadas de los principios éticos mencionados. Así, se le prohibe a los jueces otorgar tutela a favor de sus parientes y amigos íntimos (CCyC art. 108) y a los tutores otorgar actos en interés de sus propios parientes y amigos íntimos (CCyC art. 121). A a los funcionarios públicos se les prohibe autorizar actos en los que su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado tengan interés personal (CCyC art. 291) o actúen como testigos (CCyC art. 295) y a las asociaciones civiles integrar sus órganos de fiscalización con parientes de los miembros de la comisión directiva (CCyC art. 171).

En todos estos casos el común denominador es limitar la situación de potencial beneficio familiar de quien ejerce algún tipo de función pública.

Respecto del cubrimiento de cargos en la administración pública, la reglamentación nacional casi no se acerca a la problemática del nepotismo. Sólo existe una prohibición, bastante genérica e imprecisa, en el denominado “Código de Etica de la Función Pública” (Decreto 41/1999, artículo 43):

“NEPOTISMO O FAVORITISMO. El funcionario público no debe designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo prescindiendo del requisito de idoneidad debidamente acreditado.”

Evidentemente, la norma es insuficiente e inocua, ya que admite que la mera acreditación de la idoneidad del pariente sea suficiente para validar su designación. Y omite considerar la obviedad de que ese requisito de idoneidad es igualmente exigible para designar en el cargo público a no parientes. Entonces, esta norma no dice nada.

En la jurisprudencia, la regla legal de la igualdad ante la ley y ante los empleos públicos ha sido muchísimas veces aplicada por la Corte Suprema en casos en los cuales alguien se sintió discriminado por la ley o por la administración. Pero no se conoce ningún precedente en el que se pusiera en tela de juicio el privilegio recibido por un pariente acomodado en el acceso a un cargo público. Tal vez el caso de Delfina Rossi esté llamado a ser el primero.

En el campo de los proyectos legislativos vale la pena mencionar un reciente proyecto de ley de los diputados Bergman, Scaglia y Schmidt Liermann (2366-D-2015). En éste se propone limitar las designaciones en cargos no electivos a parientes de hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo en el marco de concurso público.

Buen avance, pero que tampoco llega a la médula del problema, pues deja afuera situaciones muy comunes como serían: digitar un concurso a favor de un pariente, o hacer nombrar al pariente por otro funcionario del mismo grupo o partido (como es el caso de Delfina Rossi, que fue designada pro la Presidente, no por su padre ministro). El trueque de parientes está contemplado en el proyecto, como una figura penal, pero también de tipificación insuficiente, por la cantidad de variantes que puede presentar el tráfico de nombramientos familiares en una administración del tamaño del Estado Argentino.

Tal vez lo mejor de este proyecto es el siguiente párrafo, extraído de sus fundamentos:

“Esta forma de abuso de poder es muy común en nuestro país. A más de dos siglos de las revoluciones modernas que abolieron los privilegios de cuna, es alarmante que se tolere en un régimen republicano la prevalencia de la sangre como criterio de promoción. Esta clase de práctica es inadecuada ya que fomenta un conflicto de intereses entre el ámbito personal y el interés colectivo. Debilita el monitoreo y la evaluación del trabajo de los empleados. Y, para lo que es aún peor, restringe el acceso en condiciones de igualdad a la función pública, contradiciendo el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. Esto se debe al “trato especial” que deviene de esta modalidad que, su vez, perturba la disciplina laboral como consecuencia de la falta de imparcialidad del superior para ejercer su potestad de mando en un plano de igualdad sobre los servidores vinculados familiarmente con los funcionarios con poder de decisión. Esta situación de irregularidad vulnera el principio de legalidad y afecta el derecho constitucional al trabajo. En un Estado Democrático y de Derecho, toda norma que limite o mutile los derechos del trabajador debe ser modificada o derogada.”

En el derecho comparado hay muchos ejemplos, que no he llegado a profundizar, algunos de ellos citados en el proyecto de ley recién mencionado. Me interesa citar el caso del Código de los Estados Unidos (5 U.S.C. § 3110), que prohibe a los funcionarios designar o hacer designar a parientes en el mismo organismo en que aquél se desempeña. Pero también en este caso parecería que quedan demasiadas situaciones sin contemplar. Principalmente las referidas al trueque. Más interesante aún es repasar en una base pública el uso del nepotismo dentro del Congreso de los Estados Unidos (ver https://www.legistorm.com/member_family.html).

Conclusión

Nepotismo, acomodo, enchufismo, palanca… Muchas formas de designar la misma lacra, que no es patrimonio exclusivo de nuestro país ni de nuestro siglo, pero que requiere urgente atención. Mucha más de la que se le viene dando.

Si no mejoramos en el nivel de su regulación, control y condena, la práctica generalizada del nepotismo en el Estado terminará de arrastrar nuestra República a una oligarquía, en la que los bienes públicos son administrados no sólo por un grupo familiar sino para el propio provecho y beneficio de ese grupo.

Restablecer la paz social exige visualizar a éste como uno de los principales problemas de nuestra organización política corrupta, por ser al mismo tiempo causa y síntoma de la corrupción.

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La razón del Estado. Respuesta a Javier Milei

El jueves 17 de enero, como todas mis mañanas, ingreso a la web del diario El Cronista, y en sus primeras líneas había una nota, escrita por Javier Milei, cuyo título llamó mi atención y decidí leer.

Antes de comenzar a explayar esta respuesta, es importante aclarar que quien escribe es un gran admirador de Milei, porque gracias a él y a otros economistas más, en los últimos tiempos la sociedad argentina viene despertando y dándose cuenta de que el gran problema de Argentina es el tamaño del Estado, y que gran parte de la sociedad vive para sostener no sólo a otra parte de la sociedad (por medio de subsidios y planes sociales), sino también a una élite (aunque no me gusta usar esa palabra) política parasitaria, que vive de los impuestos de los demás y que (lamentablemente) no tiene idea alguna sobre cómo manejar la economía del país, como así tampoco se decide a hacer cambios radicales para asegurar el crecimiento sostenido de nuestra economía, ya que esos cambios radicales constarían de atentar contra sus propios intereses (por ejemplo, eliminando cargos políticos, bajando la cantidad de asesores, eficientizando el funcionamiento del Estado, transparentando la política). En ese sentido, agradezco a Javier Milei el hecho de que ilumine a muchas personas, y (hablando en términos platónicos) los haga salir de “la caverna” y ver la realidad (que todo lo que el Estado gasta, lo pagamos los ciudadanos que trabajamos en blanco).

La nota mencionada se titulaba Sobre la naturaleza del Estado, y en ella, el autor utiliza como sustento lo escrito por varios autores, conduciendo luego la estructura de su escrito hacia una opinión totalmente personal, que es la de que el Estado es el enemigo del individuo. Y es por esta conclusión que este humilde servidor ha decidido realizar una respuesta a la nota, y (si se quiere) iniciar un debate, ya que del debate formal y respetuoso es de donde se obtienen las buenas conclusiones e ideas.

Vayamos al quid de la cuestión. Javier Milei titula a su nota Sobre la naturaleza del Estado, pero no explica la naturaleza del Estado. Es decir, el autor no responde al porqué del nacimiento del Estado, sino que trata, por argumentos que son posteriores a la creación del Estado, de decirle al lector que el Estado nace única y solamente para robar, y que por lo tanto es “nuestro enemigo” (de los individuos). Por lo tanto, y al utilizar argumentos que cronológicamente no tienen conexión lógica con una proposición, la proposición final (el Estado es nuestro enemigo porque nace para robarle al individuo) se anula por sí misma.

¿Cuál es el argumento de Milei? Utilizando a Franz Oppenheimer, informa que solo hay dos medios para obtener riqueza: los “medios económicos” (crear la riqueza por medio de la producción y el intercambio comercial) y los “medios políticos” (captura de bienes o servicios de otros por medio de la fuerza o la violencia –a lo cual podría agregarse que no sólo se puede capturar el bien o servicio, sino la riqueza generada por ello-). Según Milei, este es un acto de confiscación unilateral o robo de la propiedad de otro.

Como el Estado no produce bienes o servicios (y por lo tanto no genera riquezas), la forma de obtener riquezas del Estado es la de los “medios políticos”. Así, y como para todo libertario el Estado es un aparato que roba, Milei propone que el Estado nace para robar.

Es posible ver, entonces, que el argumento de Milei no es sostenible porque sencillamente no explica la causa del nacimiento del Estado. No explica el porqué. Milei dice que el Estado no genera riquezas (con toda la razón del mundo), sino que las confisca, las roba. Y afirma que como las roba, nace solamente con esa finalidad. Así, es posible ver que, efectivamente, no explica cómo nace el Estado. No explica la finalidad que tiene el Estado. El autor toma una concepción posterior (la herramienta para el financiamiento del Estado, que son los impuestos) para explicar un hecho anterior (nacimiento del Estado). Así, su argumento se cae.

En uno de los párrafos de la nota, el autor afirma que “…el Estado nunca ha sido creado mediante ´contrato social´ alguno y siempre ha nacido mediante la conquista y la explotación”. Allí, nuevamente habla sobre la creación del Estado (bajo una concepción libertaria), pero no trata el porqué de su creación.

Ahora bien, para descifrar la naturaleza del Estado, hay que remontarse a los autores clásicos, que también cita Milei en su artículo. Los autores a los que aquí se hace referencia son J.J. Rousseau y J. Locke. Ellos son, si se quiere, los padres de la izquierda y la derecha.

Por un lado, Rousseau (en El Contrato Social) sostiene que el hombre es libre y bueno por naturaleza, y que las instituciones creadas luego del pacto social lo restringen y lo hacen malo, lo incivilizan, lo corrompen. Esta comunidad epistémica sostiene que la riqueza es una, y que unos privilegiados roban y se quedan con mucho, y así generan pobreza, y que el Estado es la creación de esos privilegiados para mantener el poder sobre los pobres. El Estado, para Rousseau, es una estructura de poder que se debe “desenmascarar”, y considera que la propiedad es el origen de la desigualdad, y que esa desigualdad es una igualdad rota (o sea, iguales en el estado de naturaleza, desiguales una vez creado el Estado). Para Rousseau, el primer contrato (que crea el Estado) es antisocial, ya que sirve para robar. Luego existe un segundo contrato, el contrato social, donde los ciudadanos enajenan sus derechos hacia la Asamblea. El contrato social es dar todo, de todos, a la comunidad.

Por otro lado, Locke (en Tratados sobre el Gobierno Civil, que incluye algunos ensayos anteriores del mismo autor), considera que el hombre, en estado de naturaleza, es un ser malvado que se aprovecha de su superioridad con respecto a otros hombres (por posesión de riquezas superiores, de fuerza, de inteligencia, u otras características). El estado de naturaleza es malo, es un estado de guerra, donde unos contra otros luchan por los recursos. Entonces, el Estado se crea para asegurar una convivencia pacífica. Es decir, los hombres, de común acuerdo, crean el Estado para darse a sí mismos seguridad jurídica y seguridad personal. Se construye el Estado entre todos, por el bien de todos. Así, Locke propone también la división de poderes del Estado para que el Estado no oprima (ya que, como se le da todo el poder de policía, podría ejercerlo arbitrariamente contra sus súbditos –los ciudadanos-). Así, el Estado se crea para civilizar a la gente, salir del estado de guerra, siendo la vida mucho mejor con leyes, no sin ellas. De esta manera, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y las desigualdades (económicas o de cualquier otro tipo) son igualdades pendientes de ser creadas. El Estado, las instituciones, están para crear igualdad y oportunidades. El poder se crea para asegurar derechos y libertades.

Si se trata de mantenerse en el plano teórico, así surge el Estado. En el plano práctico, el Estado (organizado como tal) no existía hasta 1648, con la finalización de la Guerra de los 30 años y la firma de la Paz de Westfalia. Para ver sobre el nacimiento del Estado, se invita a visitar el blog Nada es gratis en la vida, blog personal de este autor y que, en su primer escrito, habla sobre el nacimiento del Estado. El Estado nace formalmente para asegurar la supervivencia de la gente.

Anteriormente, por esos años mencionados, la normalidad en las relaciones internacionales era la guerra y, por lo tanto, los diferentes territorios tenían que defenderse ante ataques externos. Para ello, los Reyes (en aquellos momentos) solicitaban el pago de impuestos a los señores feudales, con la finalidad de financiar ejércitos que permitieran defenderse ante ataques externos y, así, proteger sus tierras, cosechas, y a su población. De esta manera nace el Estado, para dar seguridad. Además, y con el paso del tiempo, el Estado también comenzó a centrarse no solo en la seguridad personal y física, sino en la seguridad jurídica, con la creación de leyes que gestionen las relaciones sociales, y con jueces que diriman los conflictos que podían surgir.

Así surge el Estado, y para eso está el Estado. El Estado no nace para robar, como afirma Milei, sino que nace para proteger. Proteger a las personas de sí mismas. Nace para civilizar a la sociedad, para establecer parámetros de buena convivencia y para que, al fin y al cabo, no se maten unos a otros por obtener un recurso o un bien. El Estado no es nuestro enemigo, como dice Milei. El Estado es el protector de libertades y derechos.

Ahora bien, que en Argentina (y en muchos otros países) los políticos (que son quienes manejan el Estado) sean personas que buscan más su interés personal por sobre el de la ciudadanía, que sean tremendamente corruptos, que se protejan a sí mismos y se genere una casta o élite política que utiliza recursos estatales (o sea, de todos los ciudadanos) para perpetuarse en el poder y seguir viviendo a costa de los demás, es otra cosa. Sí, muchos políticos argentinos son parásitos. Sí, muchos políticos argentinos son corruptos. Sí, un Estado sobredimensionado limita las capacidades productivas del país y desincentiva la inversión. Sí, en Argentina se ahoga con impuestos a la sociedad y a las empresas. Sí, tenemos una justicia muy corrupta y que se inmiscuye en cuestiones económicas sin conocimientos. Sí, el nivel intelectual de nuestros legisladores es paupérrimo. Pero todo eso no quita que el Estado fue diseñado para protegernos. El Estado no es nuestro enemigo, el Estado es una herramienta necesaria.

Si queremos cambiar el país, se deben hacer muchos cambios radicales. Y el cambio que más costará es el cultural. El cambio que lleve a la sociedad a entender que si uno no trabaja, no produce, y por lo tanto no tiene derecho a pedir beneficio alguno. No se puede castigar a unos para sostener a otros por el simple pensamiento (no hecho) de que es “moralmente bueno”. El cambio que debemos hacer es el de mentalidad. Es menester abandonar la mentalidad becaria (pensar en vivir becados, o sea, sostenidos por otro) y empezar a hacerse responsable de su propia vida. Así, nuestro país tendrá un gran potencial. Sino, estará condenado al fracaso.

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Publicidad oficial: Macri bajó 70% el gasto

La baja en los gastos de publicidad oficial, permitirá redireccionar dinero

El Gobierno bajó un 70% el gasto en publicidad oficial durante 2018, respecto a la gestión anterior. Es que pagó $ 1.964 millones para difundir avisos en los medios de comunicación; frente a los $ 2.598 millones de 2015, último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que equivalen a $ 6.718 millones de ahora, por la inflación que hubo en este período.

Los datos surgen de los informes sobre gastos en publicidad oficial, de la Secretaría de Comunicación Pública de Jefatura de Gabinete. Allí se ve que incluso bajó un 25% el gasto de 2018 respecto al año anterior, cuando se gastaron $ 2.594 millones. Eso sin contar la inflación, ni la devaluación del peso con respecto al dólar, que permitió que la reducción en el gasto fuera mucho mayor.

Desde que asumió el Gobierno se propuso una reducción drástica de los gastos en publicidad oficial, porque considera que esa era una herramienta que usaba el anterior gobierno como parte del aparato de propaganda kirchnerista, que se usaba para premiar a los medios alineados con el “relato” y castigar a los que eran críticos de la gestión oficial. Por eso, durante los doce años de gobiernos K los gastos en publicidad oficial aumentaron un 5.616%.

En esa época había medios que tenían más del 90 % de sus ingresos provenientes de la publicidad oficial, que cambiaron de manos tras la llegada de Macri al Gobierno, como el diario Página/12, que se vendió al Grupo Octubre, del presidente del PJ porteño, Víctor Santa María; y la cadena de noticias CN23, que Sergio Szpolski transfirió al Grupo Indalo, de los detenidos empresarios kirchneristas Cristóbal López y Fabián de Sousa.

La reducción de la publicidad oficial forma parte de una política de “agenda ampliada de libertad de expresión”, dijeron fuentes del Gobierno, que también incluye la realización de conferencias de prensa, la sanción de la ley de acceso a la información pública y el “fin de la guerra del Estado contra el periodismo”, como dijo el jefe de Gabinete Marcos Peña, cuando anunció la modificación de la ley de medios audiovisuales.

Además, se eliminaron las publicidades del Gobierno en las propagandas de los partidos de fútbol, que hasta 2015 eran las únicas que se emitían en esas tandas y no figuraban como gastos en publicidad oficial. En el mismo sentido, fuentes del Gobierno destacaron la finalización de los canjes de publicidad oficial por deudas impositivas, que usó indiscriminadamente la gestión de Cristina Kirchner y que ahora sólo se implementan con los canjes realizados hasta marzo de 2016.

De hecho, en el informe de la Secretaría de Comunicación Pública sobre gastos en publicidad oficial de 2018, todavía figuran $ 286 millones de canjes que corresponden a esa etapa y, por eso, no se contabilizan como pagos correspondientes a 2018 del Gobierno nacional.

De todos modos, en estos años hubo criterios divergentes en la distribución de la publicidad oficial, especialmente en 2017, cuando hubo medios K que tuvieron una pronunciada merma en sus ingresos por avisos del Gobierno, una baja que se corrigió en 2018. Por eso, pese a la caída en el gasto, que impactó de manera similar en la mayor parte de los medios, C5N quintuplicó y Página/12 duplicó sus ingresos durante 2018, respecto al año anterior.

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Campillo buscará que la Cámara Federal le otorgue la libertad

Campillo busca su libertad

Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz que reveló que el secretario de Cristina Kirchner le dio 200 mil euros por sus gestiones en Estados Unidos para lavar dinero de Daniel Muñoz, busca ahora que la Cámara Federal sea la que lo libere.

Es porque el juez Claudio Bonadio homologó su acuerdo como arrepentido, pero no le dio la libertad. Su defensa apeló hoy al sostener que su encierro preventivo “carece de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad” después de haber logrado convertirse en “imputado-colaborador”. Incluso, se resaltó que el aporte de Campillo permitió un avance en la causa con una nueva detención y que no existe riesgo de fuga o entorpecimiento a la investigación.

El defensor oficial Gustavo Kollman aseguró que “sostener el encierro preventivo de Juan Manuel Campillo se presenta irrazonable y termina por desnaturalizar la medida cautelar transformándola en una pena anticipada” y advirtió que Bonadio “ha desatendido abiertamente la opinión del señor Fiscal vertida en el marco de la presente incidencia, generando así una intromisión excesiva”.

“Debo decir que parece absurdo considerar que un individuo, en el caso mi defendido, que solicita acogerse al régimen de imputado colaborador, celebra un acuerdo con el Fiscal con todas las garantías y obligaciones que le impone la ley, que es formalmente tenido en tal carácter a partir de la homologación judicial de dicho pacto, pretenda entorpecer la investigación. Cabe preguntarse: ¿colabora o entorpece?”, sostuvo la defensa.

Incluso, la defensa se quejó de que “llama la atención que se considere que persisten los riesgos procesales de un individuo que voluntariamente aportó elementos de interés para la pesquisa que V.S. dirige”, y dio a entender que fueron los aportes de Campillo los que llevaron a la detención de Isidro Bounine, el ex secretario de Cristina Kirchner, el miércoles pasado, en simultáneo con la homologación de su acuerdo como imputado-colaborador.

Ya es de público conocimiento que la presente investigación ha mostrado un avance sorpresivo incluso para quienes la llevan adelante, y los aportes novedosos realizados en primer término por mi pupilo -sumados seguramente a otros indicios concordantes- llevaron a su señoría. A decidir al menos la imputación y detención de una persona cuya participación en los hechos era absolutamente desconocida”, se añadió.

Sin resolver aún la situación procesal de Campillo y del resto de los involucrados en el capítulo sobre los más de USD 70 millones que Daniel Muñoz y su entorno sacó a Estados Unidos, el juez rechazó la excarcelación del ex ministro de Hacienda de Santa Cruz por entender que no tenía arraigo y que se lo había encontrado en el momento de su detención en un hotel, por lo cual no podía descartarse un eventual peligro de fuga o entorpecimiento.

La defensa interpretó otra cosa: “Fue detenido en su domicilio. Ahora, por si ello no bastara cabe destacar que cuenta con el asiento legal en la dependencia a cargo del suscripto, una madre de edad avanzada y un sobrino que ha sido recientemente liberado, es decir un contexto personal que denota lazos sólidos para afirmar que Campillo tiene probado arraigo que lejos de indicar algún peligro, revela que mantendrá un excelente comportamiento procesal de recuperar su libertad”.

“Por otro se alega como sostén de la decisión que hay diligencias en trámite y por tanto su desarrollo puede ser entorpecido si Juan Manuel Campillo es liberado. Nada más alejado de la realidad, si se repara en que objetivamente no puede demostrarse que el justiciable tenga intención de entorpecer la investigación, máxime cuando colaboró activamente en ella a punto tal que varias de las medidas de prueba que se están realizando son consecuencia de los propios dichos de mi asistido, volcados en un acuerdo con la Fiscalía que además Vuestra Señoría homologó recientemente”, le dijo al juez Bonadio.

A criterio de Kollman, la Cámara Federal deberá “encontrar un punto medio entre la búsqueda de la verdad y los fines del proceso y la presunción de inocencia que le asiste a Juan Manuel Campillo en armonía también con la colaboración que ha prestado”. Incluso, señaló, “para facilitarle dicha tarea, me atrevo a proponer que una exigencia de concurrencia mensual e incluso quincenal a la sede del tribunal o dependencia policial que corresponda al domicilio de mi asistido parece un modo idóneo de asegurar un compromiso del justiciable de mantenerse ajustado a derecho”.

Un detalle: la defensa pidió abreviar los plazos para una definición sobre la excarcelación, es decir, que se acelere una definición. Durante esta última quincena de enero, están en la Cámara Federal los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens. Llorens se encuentra excusado porque su primo fue funcionario de Planificación. Irurzun, entonces, tendría que convocar a un juez del fuero penal económico que también está de feria. En rigor, es de práctica que las causas sean analizadas por la sala de origen. Pero los jueces que intervienen en el expediente, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, estuvieron la primera quincena y regresarán en febrero, por lo que todo podría demorarse algunas semanas

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