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Actualidad Política

Jorge Triaca en la cuerda floja: Sica ya no oculta que lo quiere echar

Empoderado, el ministro Dante Sica llegó con la idea de ir “ajustando” a los dos secretarios, Jorge Triaca (Trabajo) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria), además de relevar de sus cargos a buena parte del funcionariado que había dejado su antecesor, Francisco “Pancho” Cabrera.

En ese marco, comenzó a sonar muy fuerte la salida de Triaca. Es más: en la Casa Rosada creen que su salida es inexorable, pero a fin de año, en el marco de una suerte de relanzamiento del elenco nacional. “Por ahora no se va”, se limitaron a responder muy cerca de Triaca ante la consulta sobre su salida.

Sin embargo, la tensión está al rojo vivo: Sica pretende tener control total del área de Trabajo y quitarle la autonomía que tuvo, hasta que se transformó en secretaría. De hecho, Triaca había armado, antes de los cambios de gabinete, una relación privilegiada con el entonces poderoso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Es más: siempre lo defendió y hablaba de un “amigo”.

Con Quintana de viaje espiritual por EE.UU., Sica viene avanzando de menor a mayor: fue sacando, lentamente, la estructura de Cabrera, cuyo caso más resonante es la salida de Miguel “Mike” Braun de la secretaria de Comercio Interior hacia Hacienda, donde se dedicará a pensar la macroeconomía pero dejará de controlar los precios. En el caso del área laboral, Triaca venía resistiendo los embates de Sica.

En ese marco, la idea de la Casa Rosada es que el secretario de Trabajo abandone su cargo en diciembre, en el marco de una serie de reacomodamientos, aunque los tiempos podrían acelerarse con el correr de las horas.

Candidatos. Entre quienes se mencionan para ese cargo aparece Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, quien el fin de semana habló sobre su propio proyecto de reforma laboral. “Jamás me ofrecieron nada”, se limitó a responder. “En todo caso, primero tendría que hablarlo con la gobernadora”, explicó. Villegas es experto en el área laboral: trabajó luchando con 24 gremios telefónicos antes de ingresar en la función pública en diciembre de 2015. Fue director en Telecom. En La Plata lo consideran: creen que fue clave para la caída del “Pata” Medina, el sindicalista de la UOCRA, y Marcelo Balcedo, de estatales del SOEME. Ambos están presos.

Otro nombre, es el de Tomás Calvo, un abogado ligado a la UOM desde hace 30 años como apoderado legal, pero cuyo CV se destaca por su paso por el Grupo RHUO, como director de Relaciones Institucionales. El Grupo se quedó, en 2013, con la polémica OCA, cuyos conflictos con la AFIP la pusieron al borde del abismo. Es más: históricamente en los pasillos oficiales se habló de un estrecho nexo entre Patricio Farcuh, su dueño, y la familia Moyano en el manejo de la polémica empresa postal. Calvo trabajó hasta octubre de 2016 allí. La movida sería parte de un acuerdo con la CGT, como cuando un hombre de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) estuvo al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud a comienzos de la gestión.

Otro que se (auto) anotó es Lucas Fernández Aparicio, quien emigró del área de Transporte a Trabajo pero jamás logró ponerse a las órdenes de Triaca. El hasta ahora secretario logró, hace meses ya, que sea devuelto a Transporte. Peronista, el joven Fernández Aparicio se ilusionó con reemplazar a Triaca cuando estalló el escándalo familiar del ex diputado nacional pero no logró alcanzar su objetivo de sucederlo. Hoy se anotó en la lista de espera.

Finalmente, la salida “ordenada” podría desembocar en un cargo para algún funcionario de confianza de Triaca. Allí aparece el abogado Horacio Pitrau, parte de la “mesa chica” del secretario, y partícipe de los desayunos que se organizan en San Isidro.

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Actualidad Política

Jubilados y pensionados no pagarán Ganancias

Tal como se esperaba, la CSJN declaró inconstitucional el cobro de Ganancias a jubilados y pensionados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las Ganancias sobre jubilados y pensionados. Lo hizo por cuatro votos contra uno: Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco (quien se sumó a último momento) fallaron a favor del reclamo, mientras que el titular del cuerpo, Caros Rosenkrantz, lo hizo en contra.

El fallo del Máximo Tribunal fue en un caso particular, pero que en un futuro próximo podría extenderse a los otros 300.000 jubilados y pensionados a los que se les descuenta el impuesto, porque los jueces le piden al Congreso que legisle sobre el tema.

La sentencia de la Corte aplicó para la demanda que María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo en 2015, cuando tenía 79 años. Entonces, reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Argumentó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la AFIP que cesara en la aplicación del impuesto a García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

El fallo favorable de la Corte Suprema, tras recordar el alcance de los “principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria”, explicó que la reforma constitucional de 1994 (en la que Rosatti y Maqueda fueron convencionales) garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (art. 75 inc. 23). Asegura que “el envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida”.

“La sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja”. Y por eso, considera que “el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional”.

El fallo concluye en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las Ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a María Isabel García los montos retenidos desde la interposición del reclamo

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Austral: Después de 22 años, comienza el juicio

La tragedia de Austral ocurrió el 10 de octubre de 1997

Un total de 35 funcionarios vinculados al sistema de aviación civil se sentarán este martes en el banquillo de los acusados para responder en un juicio oral y público por el delito de estrago doloso, en relación al accidente del vuelo 2553 de Austral que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en octubre de 1997 y causó 74 muertes.

La instancia oral llega más de veinte años después de la primera investigación judicial, a cargo del entonces juez federal de primera instancia, Jorge Ballestero. El debate comenzará a partir de las 10 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la instrucción del juicio, el juez tomó un informe en base a las pericias de la Junta de Investigación de Accidentes de Uruguay.

Ese texto señaló que “equivocaciones en la toma de decisiones de la tripulación llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites, perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta, con dificultades de comunicación con (el aeropuerto internacional de) Ezeiza y sin haberse percatado de que estaba ya en territorio uruguayo”.

La Justicia investigó entonces la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, un organismo bajo el control de la Fuerza Aérea, y también de los responsables del vuelo de la empresa Austral.

En 2004, Ballestero sobreseyó a todos los imputados por falta de mérito pero la medida fue apelada y la Sala I de la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó al mismo magistrado profundizar la investigación.

Dos años después, el juez federal procesó a los mismos que había sobreseído al considerar que estaba probado el “estrago doloso”, ya que los funcionarios y técnicos estaban al tanto de los déficits de instrumental de la aeronave y aún así consintieron que volara.

Las defensas apelaron pero la Sala I confirmó el procesamiento de todos los imputados y se inició el proceso de elevación a juicio.

En 2013 la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que en ese momento y aún hoy tramitaba la megacausa “Esma”, vinculada a delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Como una de sus medidas procesales, el TOF ordenó que se instrumente una nueva pericia completa sobre el accidente, que culminó en 2017.

Con esas evidencias, se iniciará este martes en los tribunales de Comodoro Py la primera audiencia del juicio a los involucrados directos en una de los mayores accidentes aéreos de la aviación civil argentina

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La AFIP denunció a Marcelo D’Alessio

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) denunció al detenido espía-falso abogado Marcelo D’Alessio por supuestas compensaciones apócrifas de IVA e Impuesto a las Ganancias, a raíz de una investigación iniciada en una agencia del organismo recaudador. Según confirmaron fuentes del organismo, la denuncia quedó a cargo del juez en lo penal ecónomico Rafael Caputo, quien tiene su despacho en los tribunales de avenida de los Inmigrantes 1900, en el barrio porteño de Retiro.

La denuncia se presentó a raíz de una investigación interna hecha en la AFIP en la que D’Alessio está inscripto y se detectaron “compensaciones apócrifas” en los dos impuestos desde 2014 hasta 2018 por un monto de diez millones de pesos. El fiscal que quedó a cargo es Jorge Dhal Rocha.

D’Alessio está detenido con prisión preventiva en dos causas penales, una se tramita en el juzgado de Ramos Padilla y la otra en el de Luis Rodríguez. Una de estas causas tramita en la justicia federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener información de causas judiciales de manera ilegal para luego extorsionar .

En esta causa está citado para mañana a declaración indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli, en torno a supuestas maniobras extorsivas denunciadas en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La otra causa con procesamiento confirmado.  La Cámara Federal ratificó el pasado jueves 21 de marzo el procesamiento con prisión preventiva de D’Alessio por tentativa de extorsión al ex despachante de aduana Gabriel Traficante, confirmaron fuentes judiciales. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara, que encomendó al juez federal Luis Rodríguez acelerar la producción de medidas de prueba para que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.

En la causa que instruye Rodríguez a D’Alessio, se le atribuye haber exigido “abultadas sumas” de dinero a Traficante, vecino suyo cuando vivía en el country Saint Thomas, en el conurbano bonaerense, para favorecerlo en la megacausa sobre el multimillonario contrabando conocida como “La mafia de los contenedores”. El ex despachante de aduana, quien actúa como querellante en el caso contra D’Alessio, aparecía implicado en la causa sobre contrabando, que tramita en el fuero penal económico.

Para que su ofrecimiento apareciera como verosímil, D’Alessio le habría dicho a Traficante que ejercía funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tener conexiones con magistrados y periodistas, y exhibido fotografías sobre operativos judiciales.

El tribunal de segunda instancia volvió a llamar la atención sobre tiempo transcurrido desde que en 2016 se formalizó la denuncia hasta que, en las últimas semanas, se reactivó la instrucción. “Hubo medidas de prueba que no fueron ordenadas oportunamente, pero eso no implica la invalidez de la incorporación de elementos, cuyo modo de obtención no fue cuestionada ni presenta motivos que den pie a excluirlos de la instrucción”, consignó la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Los camaristas concluyeron que en el sumario existe “base probatoria bastante” para el procesamiento, y que “tampoco constituye óbice a los fines de la imputación, que no se cuente en el expediente con pruebas objetivas que avalen el nivel de acceso a información, ni el tipo de influencia que, en sus mensajes y comunicaciones, decía tener D´Alessio con relación a las autoridades judiciales de ese caso o ante periodistas”. Irurzun y Bruglia afirmaron que “aun cuando éste (D’Alessio) haya obrado con engaño, lo cierto es que la maniobra se dirigió a afectar la voluntad del destinatario por el temor, por la exigencia que compele a hacer lo que no se quiere, en procura de un beneficio económico”.

Entre las medidas de prueba que los jueces encomendaron al juez para profundizar la pesquisa, figuran escuchar las versiones de tres testigos que, según la denuncia, habían tomado conocimiento de los hechos y un peritaje de voz a los audios reservados en la causa.

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