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Actualidad Política

La familia de Maldonado recibió más de un millón y medio de pesos del Estado

A lo largo de once meses de pesquisa, la familia de Santiago Maldonado recibió una ayuda económica estatal por un total de 1.552.715,76 pesos destinados a solventar viáticos, hospedajes, gastos de defensa y los honorarios de un perito forense en las dos causas que todavía se sustancian en Chubut por la desaparición del joven tatuador.

El monto exacto surge de un pedido de acceso a la información pública realizado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para conocer los detalles, fechas y destinatarios de esa ayuda económica brindada en el marco de la Ley Nacional 27.372 de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.

La norma, sancionada por el Congreso durante el gobierno de Cambiemos, había entrado en vigencia 18 días antes de la desaparición de Maldonado a través de su publicación en el Boletín Oficial, pero sólo fue reglamentada por la cartera de Justicia el 9 de mayo pasado.

Eso implicó en los hechos que tanto Sergio Maldonado como su esposa, Andrea Antico, como así también su abogada, Verónica Heredia, y otras personas que los asistieron en las querellas pudieran acceder a viáticos y a pasajes aéreos, hospedajes y alquiler de vehículos en Bariloche, Esquel y Buenos Aires antes (en gran parte) de que quedaran establecidos los alcances de la asistencia a las víctimas de delitos federales.

Los Maldonado “estrenaron” esa legislación y han sido hasta ahora los mayores beneficiarios de esa ley que en menor proporción también asistió con pasajes a los familiares de María Cash y de los tripulantes del ARA San Juan y del pesquero el Rejunte.

En sintonía con lo aclarado ayer por el ministro Germán Garavano a través de un tuit que fijó en su cuenta de esa red social, “esa contribución económica a la familia Maldonado no representa un subsidio estatal de ningún tipo sino que se extiende como cumplimiento al orden jurídico”, dijo el jefe de gabinete de esa cartera, Martín Casares.

A raíz de la vehemente polémica generada por este tema en la red social Twitter, en parte producto de la distorsión o de la ausencia de información, Garavano escribió ayer: Rechazamos las versiones que afirman que Sergio Maldonado o la familia de Santiago Maldonado recibe o recibió subsidios de 200.000 pesos de parte de @jusgoba. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no otorga subsidios”, aclaró.

A pesar de la desmentida, sin embargo, continuaron las arremetidas y las críticas—cáusticas— por la asistencia a los Maldonado que ampara la ley. No obstante, la aclaración ministerial tuvo miles de retuits y también algunas adhesiones. Otra fuente de esa cartera señaló: “De uno u otro lado, brindemos asistencia o no la brindemos siempre criticarán. Pero más allá de las opiniones personales sobre este caso en particular, hay que respetar la ley”.

En esa cartera  informaron que la continuidad o no de la ayuda económica a los Maldonado dependerá ahora de los pedidos concretos de la familia y de lo que disponga el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), el organismo creado meses atrás para gestionar la ayuda. La abogada Natalia Figueroa, ex fiscal del fuero penal en la Ciudad y especialista en protección a las víctimas es quien preside el flamante órgano.

En las planillas de gastos quedó acreditado que la ayuda estatal se inició el 28 de agosto de 2017 con pasajes aéreos, hospedajes pagos y dinero para viáticos en Esquel y se extendió hasta el 30 de julio de este año para aéreos y gastos en Comodoro Rivadavia. Allí la abogada Verónica Heredia defendió ante la Cámara de Apelaciones sus argumentos sobre la supuesta ilegalidad de las escuchas en el caso Maldonado, que el tribunal finalmente rechazó.

Reunión con la CIDH

Lo más llamativo en la nómina de reembolsos (antes de reglamentarse la ley) son los $12.606 en “gastos de librería y otros” y los  $34.013 en aéreos a Montevideo junto a otros 2010 dólares en viáticos para los Maldonado, su letrada y el perito forense  Alejandro Incháurregui. Al grupo el Estado le costó todos los gastos para que pudieran asistir a una audiencia fijada por  la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), tras hacer lugar a una medida cautelar.

La cita en Uruguay se celebró el 26 de octubre de 2017, una vez hallado el cuerpo de Santiago y conocidos los resultados preliminares de la autopsia.

En aquel ríspido debate, la familia seguía sosteniendo -aún en presencia del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj– la necesidad de contar con una investigación imparcial junto con la responsabilidad del Estado argentino “por la desaparición forzada seguida de muerte” de Santiago Maldonado.

Pero lo más curioso en aquella acusación resultó la presencia de Incháurregui, ex miembro del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y uno de los expertos que identificó los restos del Che Guevara. Incháurregui fue uno de los 55 peritos que avaló con su firma en conformidad el resultado primigenio de la autopsia donde se constaban la ausencia de lesiones y/o signos de arrastre en el cuerpo del joven tatuador.

El estado pagó sus honorarios, de $300.000 por los seis meses de labor como perito de parte, elegido por la familia Maldonado, según consignan las planillas de gastos, además de costear el traslado del cuerpo de Santiago desde Esquel hasta la Capital para que el Cuerpo Médico Forense y otros peritos realizaran la necropsia.

Fuentes de la cartera de justicia explicaron que en el caso de los primeros viáticos se les extendió a la familia montos similares a los que perciben los funcionarios públicos enrolados en ese ministerio.

Por otra parte, según se desprende de la información oficial, ninguna otra erogación exhiben esos informes en relación a los honorarios de la abogada Heredia que se estiman forman parte de un acuerdo privado por cuota litis.

Fuentes que conocen muy bien la causa creen que el pago de los honorarios de Heredia está pactado a partir de un futuro pedido de resarcimiento económico para la familia ante los tribunales internacionales de derechos humanos. El argumento jurídico sería, según las fuentes, por denegación de justicia. Aunque nadie puede adelantar un resultado en ese sentido.

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Actualidad Política

Austral: Después de 22 años, comienza el juicio

La tragedia de Austral ocurrió el 10 de octubre de 1997

Un total de 35 funcionarios vinculados al sistema de aviación civil se sentarán este martes en el banquillo de los acusados para responder en un juicio oral y público por el delito de estrago doloso, en relación al accidente del vuelo 2553 de Austral que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en octubre de 1997 y causó 74 muertes.

La instancia oral llega más de veinte años después de la primera investigación judicial, a cargo del entonces juez federal de primera instancia, Jorge Ballestero. El debate comenzará a partir de las 10 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la instrucción del juicio, el juez tomó un informe en base a las pericias de la Junta de Investigación de Accidentes de Uruguay.

Ese texto señaló que “equivocaciones en la toma de decisiones de la tripulación llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites, perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta, con dificultades de comunicación con (el aeropuerto internacional de) Ezeiza y sin haberse percatado de que estaba ya en territorio uruguayo”.

La Justicia investigó entonces la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, un organismo bajo el control de la Fuerza Aérea, y también de los responsables del vuelo de la empresa Austral.

En 2004, Ballestero sobreseyó a todos los imputados por falta de mérito pero la medida fue apelada y la Sala I de la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó al mismo magistrado profundizar la investigación.

Dos años después, el juez federal procesó a los mismos que había sobreseído al considerar que estaba probado el “estrago doloso”, ya que los funcionarios y técnicos estaban al tanto de los déficits de instrumental de la aeronave y aún así consintieron que volara.

Las defensas apelaron pero la Sala I confirmó el procesamiento de todos los imputados y se inició el proceso de elevación a juicio.

En 2013 la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que en ese momento y aún hoy tramitaba la megacausa “Esma”, vinculada a delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Como una de sus medidas procesales, el TOF ordenó que se instrumente una nueva pericia completa sobre el accidente, que culminó en 2017.

Con esas evidencias, se iniciará este martes en los tribunales de Comodoro Py la primera audiencia del juicio a los involucrados directos en una de los mayores accidentes aéreos de la aviación civil argentina

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La AFIP denunció a Marcelo D’Alessio

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) denunció al detenido espía-falso abogado Marcelo D’Alessio por supuestas compensaciones apócrifas de IVA e Impuesto a las Ganancias, a raíz de una investigación iniciada en una agencia del organismo recaudador. Según confirmaron fuentes del organismo, la denuncia quedó a cargo del juez en lo penal ecónomico Rafael Caputo, quien tiene su despacho en los tribunales de avenida de los Inmigrantes 1900, en el barrio porteño de Retiro.

La denuncia se presentó a raíz de una investigación interna hecha en la AFIP en la que D’Alessio está inscripto y se detectaron “compensaciones apócrifas” en los dos impuestos desde 2014 hasta 2018 por un monto de diez millones de pesos. El fiscal que quedó a cargo es Jorge Dhal Rocha.

D’Alessio está detenido con prisión preventiva en dos causas penales, una se tramita en el juzgado de Ramos Padilla y la otra en el de Luis Rodríguez. Una de estas causas tramita en la justicia federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener información de causas judiciales de manera ilegal para luego extorsionar .

En esta causa está citado para mañana a declaración indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli, en torno a supuestas maniobras extorsivas denunciadas en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La otra causa con procesamiento confirmado.  La Cámara Federal ratificó el pasado jueves 21 de marzo el procesamiento con prisión preventiva de D’Alessio por tentativa de extorsión al ex despachante de aduana Gabriel Traficante, confirmaron fuentes judiciales. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara, que encomendó al juez federal Luis Rodríguez acelerar la producción de medidas de prueba para que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.

En la causa que instruye Rodríguez a D’Alessio, se le atribuye haber exigido “abultadas sumas” de dinero a Traficante, vecino suyo cuando vivía en el country Saint Thomas, en el conurbano bonaerense, para favorecerlo en la megacausa sobre el multimillonario contrabando conocida como “La mafia de los contenedores”. El ex despachante de aduana, quien actúa como querellante en el caso contra D’Alessio, aparecía implicado en la causa sobre contrabando, que tramita en el fuero penal económico.

Para que su ofrecimiento apareciera como verosímil, D’Alessio le habría dicho a Traficante que ejercía funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tener conexiones con magistrados y periodistas, y exhibido fotografías sobre operativos judiciales.

El tribunal de segunda instancia volvió a llamar la atención sobre tiempo transcurrido desde que en 2016 se formalizó la denuncia hasta que, en las últimas semanas, se reactivó la instrucción. “Hubo medidas de prueba que no fueron ordenadas oportunamente, pero eso no implica la invalidez de la incorporación de elementos, cuyo modo de obtención no fue cuestionada ni presenta motivos que den pie a excluirlos de la instrucción”, consignó la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Los camaristas concluyeron que en el sumario existe “base probatoria bastante” para el procesamiento, y que “tampoco constituye óbice a los fines de la imputación, que no se cuente en el expediente con pruebas objetivas que avalen el nivel de acceso a información, ni el tipo de influencia que, en sus mensajes y comunicaciones, decía tener D´Alessio con relación a las autoridades judiciales de ese caso o ante periodistas”. Irurzun y Bruglia afirmaron que “aun cuando éste (D’Alessio) haya obrado con engaño, lo cierto es que la maniobra se dirigió a afectar la voluntad del destinatario por el temor, por la exigencia que compele a hacer lo que no se quiere, en procura de un beneficio económico”.

Entre las medidas de prueba que los jueces encomendaron al juez para profundizar la pesquisa, figuran escuchar las versiones de tres testigos que, según la denuncia, habían tomado conocimiento de los hechos y un peritaje de voz a los audios reservados en la causa.

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Actualidad Política

Lucas Córdoba, Concejal de Cambiemos, agredido

Un grupo de militantes de Cambiemos, junto al concejal Lucas Córdoba, denunciaron ser atacados este sábado por cinco hombres mientras realizaban un timbreo en el barrio La Loma, ubicado en Laferrere, provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron las fuentes policiales, cinco hombres descendieron de un Chevrolet Corsa gris increpando a los jóvenes que realizaban los habituales contactos con los vecinos.

Los detenidos son: Pablo Ubeira (38), Daniel Centurión (32), Sergio Navarro (41), Gabriel Carrasco (42) y Gastón Jiménez (29). El concejal Córdoba fue quien resultó más agredido. Los golpes ocurrieron con una barra de hierro. La Policía bonaerense llegó rápidamente al lugar y aprehendió a los agresores.

Según los testigos, fueron “obligados” a retirarse bajo el grito “no se puede caminar por acá con esas remeras”. Córdoba fue golpeado en su espalda y entre el grupo de agredidos había hombres y mujeres, quienes se refugiaron en una vivienda y desde allí llamaron al 911.

Los agresores permanecerán detenidos en la Comisaría Distrital Este Primera al menos hasta el lunes. Allí se espera la intervención de la Unidad Fiscal N°2, que dispuso actuaciones por amenazas agravadas, lesiones y resistencia a la autoridad.

Lucas Córdoba tiene 28 años y, además de ser concejal es el presidente de Jóvenes PRO de La Matanza y vicepresidente 2do de Jóvenes PRO de la provincia de Buenos Aires.

A raíz de lo sucedido, el ministro de Educación Alejandro Finochiaro se expresó en su cuenta de Twitter: “El cambio camina por toda La Matanza. Cambiemos no ha impuesto el cambio, Cambiemos es el vehículo para el cambio que decidió la gente, gente que vive en el partido y quiere otra forma de vida. Y eso es imparable. Repudio absolutamente esta cobarde agresión”.

Desde el bloque de diputados provinciales de Cambiemos expresaron su repudio y preocupación ante la agresión y señalaron que “la intolerancia es algo que siempre hemos repudiado y hoy nuevamente tenemos que levantar nuestra voz para defender la democracia, el respeto ante la disidencia y la tolerancia”

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