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Actualidad Política

Carolina Pochetti seguirá presa y Julio De Vido deberá volver a declarar

Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado del matrimonio Kirchner, seguirá presa acusada de haber formado parte de la asociación ilícita en la causa de los cuadernos. Así lo resolvió hoy la Cámara Federal, al rechazar un pedido de excarcelación que había formulado su defensa de la mujer.

“La libertad de la imputada podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de pruebas” porque existe “un riesgo procesal suficiente que por el momento justifica mantener la detención”, advirtieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en un fallo.

Pero mientras se avanza en la investigación sobre la ruta del dinero de al menos USD 70 millones que pasaron por las manos de Daniel Muñoz y su entorno y se fugaron al exterior, el juez Claudio Bonadio también decidió llamar de nuevo a declarar a un grupo de ex funcionarios, encabezados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Bonadió citó para el 13 de noviembre a De Vido, a su mano derecha, Roberto Baratta; al secretario de éste, Nelson Lazarte; y a Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación. También fueron citados el secretario del ex ministro José María Olazagasti, y el remisero Hernán del Río.

Fuentes del caso señalaron a este medio que la decisión de convocarlos está vinculada a “adecuar la investigación“, con vistas a hacerles conocer nuevos hechos que surgieron de las declaraciones indagatorias de otros empresarios involucrados: Marcelo Mindlin (de Pampa Energía), Alberto Padoan (ex socio de la empresa Vicentin y presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario) y Rubén David Aranda de la empresa Chimen Aike.

El 1 de agosto, Bonadio dispuso una serie de detenciones por la causa conocida como de los cuadernos de corrupción, que -desde aquel día- no paró de crecer con las confesiones de al menos una veintena de empresarios y de ex funcionarios que relataron cómo entregaron o recibieron dinero, vinculado a los negocios que se llevaban adelante desde el Ministerio de Planificación y Obras Públicas.

Bonadio procesó a la ex presidente Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que recibió coimas y dádivas. A De Vido y a Baratta los puso como organizadores y al resto de los involucrados como miembros de la banda. Las defensas de los involucrados rechazaron las acusaciones: los que no confesaron porque sostienen que son infundados los cargos; los que se arrepintieron porque afirmaron que pagaron obligados. Los fiscales, sin embargo, pidieron agravar los cargos (sacar dádivas y que sea todo cohecho) y ampliar la lista de organizadores.

Mientras la Cámara Federal analiza todo este capítulo y prepara un fallo para diciembre para revisar toda esta situación, los jueces tuvieron que intervenir en otro capítulo que se le sumó al expediente: el que analiza la plata que pasó por las manos de Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner a quien varios imputados aseguraron haberle entregado el dinero que iba destinado al matrimonio presidencial.

Muñoz falleció en 2016, pero ya estaba siendo investigado por lavado de dinero. Su vida y otras personas aparecieron en un entramado societario y comercial comprando propiedades en Estados Unidos por más de USD 70 millones, que más tarde vendieron.

Pochetti, la viuda de Muñoz, aseguró que no sabía nada de lo que hacía su marido. Llorando dijo que había confiado en él y que Muñoz le dijo que era todo político para perjudicar al entonces presidente Néstor Kirchner. Su defensa insistió con la excarcelación, pero la Cámara decidió que siga presa.

“El presente proceso se encuentra en una etapa trascendental en cuanto a las medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de la prueba, caracterizado además por una compleja investigación que se haya en plena sustanciación cuyo alcance no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar en este momento los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarde“, sostuvo la resolución.

El fallo también desató que al momento de ser indagada, se le imputo a Pochetti y al resto “la conducta de haber realizado distintas transacciones comerciales“, entre ellas “la constitución de empresas y la compra de inmuebles por USD 70.146.600, operaciones que no coincidirían con la capacidad económica de la nombrada”.

Según se reseñó, “este marco fáctico acredita también la necesidad por el momento de mantener la medida restrictiva de la libertad decretada con relación” a Pochetti, “teniendo en consideración que las maniobras de lavado de activo revisten una extrema dificultad para lograr identificar y recuperar las sumas dinerarias involucradas“. Incluso, aclararon los jueces, no se puede descartar “en esta etapa preliminar –en la cual aún no se ha logrado ubicar y cautelar el patrimonio sospechado– que la imputada tenga a su disposición la posibilidad de extraer del ámbito jurisdiccional los bienes productos del ilícito”.

Los jueces también señalaron que la ex pareja Elizabeth Ortiz Municoy y Sergio Todisco, aportaron elementos de interés como arrepentidos sobre los cuales se está trabajando. Mientras tanto, los otros involucrados están presos: Carlos Cortez fue arrestado hace dos semanas, mientras que hoy fue detenida en el exterior los otros dos prófugos (Perla Aydeé Puente Resendez y su esposo Carlos Adolfo Gellert)

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Gerardo Zamora quiso sacar US$ 32 millones en efectivo

El gobierno de Santiago del Estero intentó sacar 31.900.000 dólares en efectivo por una ventanilla del Banco Hipotecario, pero se encontró con el impedimento de la Justicia que evitó el sospechoso cobro por parte de apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora.

Ante la extraña solicitud, desde el banco pidieron explicaciones y desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

Lo que llamó aún más la atención del banco, ya que los sueldos no se pagan en dólares ni en efectivo. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron en hacer el retiro en efectivo.

Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado de aquella provincia, donde una jueza civil y comercial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva.

A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo.

Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF) el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.

La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechosa de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini de Cubrini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable cifra. La provincia deberá explicar de manera razonable el por qué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraña de la operación que intentó Santiago del Estero el banco alertó a la UIF.

Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy. Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar la plata. Les solicitaron el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desde el banco preguntaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual.

La segunda respuesta de los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora fue que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno Nacional.

Hay una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.

Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco sólo tenía la mitad del dinero, que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempos más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad. En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora.

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Aerolíneas Argentinas: gremios anunciaron paro de 24 horas para el lunes

Los gremios agrupados en Sindicatos Aeronáuticos Unidos anunciaron hoy un paro de 24 horas para el próximo lunes. La medida de fuerza tendrá lugar luego de que Aerolíneas Argentinas suspendiera a 376 empleados que participaron de una asamblea de 11 horas el pasado 8 de noviembre, lo que provocó la suspensión de 258 vuelos.

En la previa, a través de una carta, los sindicatos aeronáuticos APTA, APA, UPSA, UALA y APLA habían adelantado la realización de un plan de lucha debido al “incumplimiento por parte de la Empresa del pago de la cláusula compensatoria inflacionaria (cláusula gatillo) correspondiente al mes de septiembre, como así también el estancamiento evidenciado en la negociación salarial del Grupo AR/AU para el período 2018/19″.

“Hemos resuelto convocar a un paro total de actividades para el lunes 26. Es un primer paso, luego se harán otras medidas, movilizaciones, marchas. En este caso afecta exclusivamente a Aerolíneas y Austral porque es un tema salarial, por incumplimiento del acta firmada el año pasado“, indicó el secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Rubén Fernández.

En diálogo con los medios, el delegado de los trabajadores aeronáuticos criticó al Gobierno y consideró que busca hacer “desaparecer” a la línea aérea de bandera. “La están achicando, la están vendiendo mal”, afirmó, y agregó: “Con los sueldos de octubre se tendría que haber aplicado la cláusula gatillo por inflación, y no la aplicó, entonces que no nos quieran hacer responsables de no dialogar cuando hay algo firmado y homologado y la empresa no lo cumple”.

Los trabajadores del sector aéreo señalaron, además, que el paro podría extenderse a raíz de las suspensiones instrumentadas por Aerolíneas Argentinas, que se conocieron hoy, a raíz de la mencionada asamblea realizada el 8 de noviembre que dejó varados a más de 30 mil pasajeros y provocó la cancelación de 258 vuelos.

La empresa estatal resolvió suspender a 376 empleados por entre 10 y 15 días, según confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas, y las áreas donde hubo más sanciones fueron Tráfico y Contact Center (las dos de atención al público), al tiempo que quienes trabajan en el sector de Tripulantes de a Bordo no participaron de la asamblea, por lo que no fueron sancionados.

La decisión fue comunicada en las últimas horas vía telegrama a los afectados, y las sanciones más extensas son para aquellos empleados que dejaron de hacer su trabajo durante la medida de fuerza. Además, la empresa les descontará las horas no trabajadas a quienes participaron de la asamblea.

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Desafuero de Cristina Kirchner: no hubo quórum y se levantó la sesión

El oficialismo fracasó hoy en su intento de tratar el pedido de desafuero de la senadora Cristina Kirchner, al no poder reunir el quórum necesario para sesionar, de 37 legisladores presentes.

La sesión había sido citada para las 16:00 y siendo las 16:30, sólo había 26 presentes en el recinto, por lo que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, levantó la sesión y abrió las expresiones en minoría.

Al recinto bajaron únicamente la bancada de Cambiemos y dos senadores del Interbloque Parlamentario Federal (Carlos Reutemann y Lucila Crexell) mientras que el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria no concurrieron.

La intención de Cambiemos era tratar el pedido de desafuero que envió el juez federal Claudio Bonadio en diciembre pasado en el marco de la causa que acusa a la ex presidente de presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

El único que habló en el recinto luego de levantada la sesión fue Pinedo, quien expresó que con este intento Cambiemos cumple con su “obligación” dado que el plazo para tratar el pedido de Bonadio comenzó a regir “el primero de marzo” y desde esa fecha “se cumplen 180 días” este martes, límite para tratar el tema.

El senador oficialista indicó que con este intento, Cambiemos busca demostrar que “no hay espíritu corporativo para el no tratamiento de los temas” y agregó: “Tampoco hay lo que se ha dicho acerca de una persecución política o jurídica, lo que hay es una investigación judicial en marca. Fuimos cuidadosos en que sea eso lo que está en discusión”.

“De ninguna manera pensamos que puede haber ningún tipo de impunidad corporativa”, finalizó el presidente provisional del Senado.

Esta iniciativa de Cambiemos se dio en medio de una discusión entre el oficialismo y parte del Bloque Justicialista y el resto de la oposición sobre la conveniencia o no de convocar a una sesión ordinaria para tratar algunos proyectos pendientes (que sería la última antes del cierre del año parlamentario el 29 de noviembre).

Y es que el kirchnerismo y una porción significativa del Bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto quieren tratar en la primera oportunidad que se presente un proyecto para derogar el decreto del presidente Mauricio Macri que eliminó el Fondo Federal Solidario.

El también llamado “Fondo Sojero” era una caja de más de $50 mil millones que se coparticipaba entre todas las provincias y municipios y que en los últimos días fue el caballito de batalla sobre el que se subió un grupo de senadores para llevar adelante una rebelión interna en la bancada peronista.

Es por esa razón que la posibilidad de que el tema se trate no sólo inquieta a Cambiemos, sino que reabre una fuerte discusión interna en el bloque que encabeza Pichetto, donde hay varias fisuras internas.

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