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Actualidad Política

Carolina Pochetti seguirá presa y Julio De Vido deberá volver a declarar

Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado del matrimonio Kirchner, seguirá presa acusada de haber formado parte de la asociación ilícita en la causa de los cuadernos. Así lo resolvió hoy la Cámara Federal, al rechazar un pedido de excarcelación que había formulado su defensa de la mujer.

“La libertad de la imputada podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de pruebas” porque existe “un riesgo procesal suficiente que por el momento justifica mantener la detención”, advirtieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en un fallo.

Pero mientras se avanza en la investigación sobre la ruta del dinero de al menos USD 70 millones que pasaron por las manos de Daniel Muñoz y su entorno y se fugaron al exterior, el juez Claudio Bonadio también decidió llamar de nuevo a declarar a un grupo de ex funcionarios, encabezados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Bonadió citó para el 13 de noviembre a De Vido, a su mano derecha, Roberto Baratta; al secretario de éste, Nelson Lazarte; y a Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación. También fueron citados el secretario del ex ministro José María Olazagasti, y el remisero Hernán del Río.

Fuentes del caso señalaron a este medio que la decisión de convocarlos está vinculada a “adecuar la investigación“, con vistas a hacerles conocer nuevos hechos que surgieron de las declaraciones indagatorias de otros empresarios involucrados: Marcelo Mindlin (de Pampa Energía), Alberto Padoan (ex socio de la empresa Vicentin y presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario) y Rubén David Aranda de la empresa Chimen Aike.

El 1 de agosto, Bonadio dispuso una serie de detenciones por la causa conocida como de los cuadernos de corrupción, que -desde aquel día- no paró de crecer con las confesiones de al menos una veintena de empresarios y de ex funcionarios que relataron cómo entregaron o recibieron dinero, vinculado a los negocios que se llevaban adelante desde el Ministerio de Planificación y Obras Públicas.

Bonadio procesó a la ex presidente Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que recibió coimas y dádivas. A De Vido y a Baratta los puso como organizadores y al resto de los involucrados como miembros de la banda. Las defensas de los involucrados rechazaron las acusaciones: los que no confesaron porque sostienen que son infundados los cargos; los que se arrepintieron porque afirmaron que pagaron obligados. Los fiscales, sin embargo, pidieron agravar los cargos (sacar dádivas y que sea todo cohecho) y ampliar la lista de organizadores.

Mientras la Cámara Federal analiza todo este capítulo y prepara un fallo para diciembre para revisar toda esta situación, los jueces tuvieron que intervenir en otro capítulo que se le sumó al expediente: el que analiza la plata que pasó por las manos de Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner a quien varios imputados aseguraron haberle entregado el dinero que iba destinado al matrimonio presidencial.

Muñoz falleció en 2016, pero ya estaba siendo investigado por lavado de dinero. Su vida y otras personas aparecieron en un entramado societario y comercial comprando propiedades en Estados Unidos por más de USD 70 millones, que más tarde vendieron.

Pochetti, la viuda de Muñoz, aseguró que no sabía nada de lo que hacía su marido. Llorando dijo que había confiado en él y que Muñoz le dijo que era todo político para perjudicar al entonces presidente Néstor Kirchner. Su defensa insistió con la excarcelación, pero la Cámara decidió que siga presa.

“El presente proceso se encuentra en una etapa trascendental en cuanto a las medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de la prueba, caracterizado además por una compleja investigación que se haya en plena sustanciación cuyo alcance no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar en este momento los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarde“, sostuvo la resolución.

El fallo también desató que al momento de ser indagada, se le imputo a Pochetti y al resto “la conducta de haber realizado distintas transacciones comerciales“, entre ellas “la constitución de empresas y la compra de inmuebles por USD 70.146.600, operaciones que no coincidirían con la capacidad económica de la nombrada”.

Según se reseñó, “este marco fáctico acredita también la necesidad por el momento de mantener la medida restrictiva de la libertad decretada con relación” a Pochetti, “teniendo en consideración que las maniobras de lavado de activo revisten una extrema dificultad para lograr identificar y recuperar las sumas dinerarias involucradas“. Incluso, aclararon los jueces, no se puede descartar “en esta etapa preliminar –en la cual aún no se ha logrado ubicar y cautelar el patrimonio sospechado– que la imputada tenga a su disposición la posibilidad de extraer del ámbito jurisdiccional los bienes productos del ilícito”.

Los jueces también señalaron que la ex pareja Elizabeth Ortiz Municoy y Sergio Todisco, aportaron elementos de interés como arrepentidos sobre los cuales se está trabajando. Mientras tanto, los otros involucrados están presos: Carlos Cortez fue arrestado hace dos semanas, mientras que hoy fue detenida en el exterior los otros dos prófugos (Perla Aydeé Puente Resendez y su esposo Carlos Adolfo Gellert)

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Austral: Después de 22 años, comienza el juicio

La tragedia de Austral ocurrió el 10 de octubre de 1997

Un total de 35 funcionarios vinculados al sistema de aviación civil se sentarán este martes en el banquillo de los acusados para responder en un juicio oral y público por el delito de estrago doloso, en relación al accidente del vuelo 2553 de Austral que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en octubre de 1997 y causó 74 muertes.

La instancia oral llega más de veinte años después de la primera investigación judicial, a cargo del entonces juez federal de primera instancia, Jorge Ballestero. El debate comenzará a partir de las 10 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la instrucción del juicio, el juez tomó un informe en base a las pericias de la Junta de Investigación de Accidentes de Uruguay.

Ese texto señaló que “equivocaciones en la toma de decisiones de la tripulación llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites, perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta, con dificultades de comunicación con (el aeropuerto internacional de) Ezeiza y sin haberse percatado de que estaba ya en territorio uruguayo”.

La Justicia investigó entonces la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, un organismo bajo el control de la Fuerza Aérea, y también de los responsables del vuelo de la empresa Austral.

En 2004, Ballestero sobreseyó a todos los imputados por falta de mérito pero la medida fue apelada y la Sala I de la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó al mismo magistrado profundizar la investigación.

Dos años después, el juez federal procesó a los mismos que había sobreseído al considerar que estaba probado el “estrago doloso”, ya que los funcionarios y técnicos estaban al tanto de los déficits de instrumental de la aeronave y aún así consintieron que volara.

Las defensas apelaron pero la Sala I confirmó el procesamiento de todos los imputados y se inició el proceso de elevación a juicio.

En 2013 la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que en ese momento y aún hoy tramitaba la megacausa “Esma”, vinculada a delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Como una de sus medidas procesales, el TOF ordenó que se instrumente una nueva pericia completa sobre el accidente, que culminó en 2017.

Con esas evidencias, se iniciará este martes en los tribunales de Comodoro Py la primera audiencia del juicio a los involucrados directos en una de los mayores accidentes aéreos de la aviación civil argentina

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La AFIP denunció a Marcelo D’Alessio

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) denunció al detenido espía-falso abogado Marcelo D’Alessio por supuestas compensaciones apócrifas de IVA e Impuesto a las Ganancias, a raíz de una investigación iniciada en una agencia del organismo recaudador. Según confirmaron fuentes del organismo, la denuncia quedó a cargo del juez en lo penal ecónomico Rafael Caputo, quien tiene su despacho en los tribunales de avenida de los Inmigrantes 1900, en el barrio porteño de Retiro.

La denuncia se presentó a raíz de una investigación interna hecha en la AFIP en la que D’Alessio está inscripto y se detectaron “compensaciones apócrifas” en los dos impuestos desde 2014 hasta 2018 por un monto de diez millones de pesos. El fiscal que quedó a cargo es Jorge Dhal Rocha.

D’Alessio está detenido con prisión preventiva en dos causas penales, una se tramita en el juzgado de Ramos Padilla y la otra en el de Luis Rodríguez. Una de estas causas tramita en la justicia federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener información de causas judiciales de manera ilegal para luego extorsionar .

En esta causa está citado para mañana a declaración indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli, en torno a supuestas maniobras extorsivas denunciadas en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La otra causa con procesamiento confirmado.  La Cámara Federal ratificó el pasado jueves 21 de marzo el procesamiento con prisión preventiva de D’Alessio por tentativa de extorsión al ex despachante de aduana Gabriel Traficante, confirmaron fuentes judiciales. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara, que encomendó al juez federal Luis Rodríguez acelerar la producción de medidas de prueba para que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.

En la causa que instruye Rodríguez a D’Alessio, se le atribuye haber exigido “abultadas sumas” de dinero a Traficante, vecino suyo cuando vivía en el country Saint Thomas, en el conurbano bonaerense, para favorecerlo en la megacausa sobre el multimillonario contrabando conocida como “La mafia de los contenedores”. El ex despachante de aduana, quien actúa como querellante en el caso contra D’Alessio, aparecía implicado en la causa sobre contrabando, que tramita en el fuero penal económico.

Para que su ofrecimiento apareciera como verosímil, D’Alessio le habría dicho a Traficante que ejercía funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tener conexiones con magistrados y periodistas, y exhibido fotografías sobre operativos judiciales.

El tribunal de segunda instancia volvió a llamar la atención sobre tiempo transcurrido desde que en 2016 se formalizó la denuncia hasta que, en las últimas semanas, se reactivó la instrucción. “Hubo medidas de prueba que no fueron ordenadas oportunamente, pero eso no implica la invalidez de la incorporación de elementos, cuyo modo de obtención no fue cuestionada ni presenta motivos que den pie a excluirlos de la instrucción”, consignó la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Los camaristas concluyeron que en el sumario existe “base probatoria bastante” para el procesamiento, y que “tampoco constituye óbice a los fines de la imputación, que no se cuente en el expediente con pruebas objetivas que avalen el nivel de acceso a información, ni el tipo de influencia que, en sus mensajes y comunicaciones, decía tener D´Alessio con relación a las autoridades judiciales de ese caso o ante periodistas”. Irurzun y Bruglia afirmaron que “aun cuando éste (D’Alessio) haya obrado con engaño, lo cierto es que la maniobra se dirigió a afectar la voluntad del destinatario por el temor, por la exigencia que compele a hacer lo que no se quiere, en procura de un beneficio económico”.

Entre las medidas de prueba que los jueces encomendaron al juez para profundizar la pesquisa, figuran escuchar las versiones de tres testigos que, según la denuncia, habían tomado conocimiento de los hechos y un peritaje de voz a los audios reservados en la causa.

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Lucas Córdoba, Concejal de Cambiemos, agredido

Un grupo de militantes de Cambiemos, junto al concejal Lucas Córdoba, denunciaron ser atacados este sábado por cinco hombres mientras realizaban un timbreo en el barrio La Loma, ubicado en Laferrere, provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron las fuentes policiales, cinco hombres descendieron de un Chevrolet Corsa gris increpando a los jóvenes que realizaban los habituales contactos con los vecinos.

Los detenidos son: Pablo Ubeira (38), Daniel Centurión (32), Sergio Navarro (41), Gabriel Carrasco (42) y Gastón Jiménez (29). El concejal Córdoba fue quien resultó más agredido. Los golpes ocurrieron con una barra de hierro. La Policía bonaerense llegó rápidamente al lugar y aprehendió a los agresores.

Según los testigos, fueron “obligados” a retirarse bajo el grito “no se puede caminar por acá con esas remeras”. Córdoba fue golpeado en su espalda y entre el grupo de agredidos había hombres y mujeres, quienes se refugiaron en una vivienda y desde allí llamaron al 911.

Los agresores permanecerán detenidos en la Comisaría Distrital Este Primera al menos hasta el lunes. Allí se espera la intervención de la Unidad Fiscal N°2, que dispuso actuaciones por amenazas agravadas, lesiones y resistencia a la autoridad.

Lucas Córdoba tiene 28 años y, además de ser concejal es el presidente de Jóvenes PRO de La Matanza y vicepresidente 2do de Jóvenes PRO de la provincia de Buenos Aires.

A raíz de lo sucedido, el ministro de Educación Alejandro Finochiaro se expresó en su cuenta de Twitter: “El cambio camina por toda La Matanza. Cambiemos no ha impuesto el cambio, Cambiemos es el vehículo para el cambio que decidió la gente, gente que vive en el partido y quiere otra forma de vida. Y eso es imparable. Repudio absolutamente esta cobarde agresión”.

Desde el bloque de diputados provinciales de Cambiemos expresaron su repudio y preocupación ante la agresión y señalaron que “la intolerancia es algo que siempre hemos repudiado y hoy nuevamente tenemos que levantar nuestra voz para defender la democracia, el respeto ante la disidencia y la tolerancia”

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