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Actualidad Política

Daniel Scioli, entre su ex y la Justicia

Durante 2019, Daniel Scioli zafa del juicio

El 19 de octubre de 2018, el fiscal Álvaro Garganta pidió que Daniel Scioli y 47 personas más vayan a juicio por supuestas irregularidades y corrupción durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el ex Gobernador, a quien se lo acusa por negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, parece que no tendrá problemas judiciales en 2019.

La jueza de garantías de La Plata, Marcela Garmendia, que debe revisar las imputaciones y definir si manda a juicio a Daniel Scioli y al resto de los procesados, empezó a correr traslados, es decir, a notificar a los involucrados de la decisión del fiscal, de a uno a la vez y no simultáneamente. Si se tiene en cuenta que cada acusado tiene hasta 15 días para contestar, y que puede oponerse o pedir el cambio de calificación legal -entre otras medidas- el procedimiento podría durar un año o más, lo que le garantizaría a Daniel Scioli poder encabezar una nueva campaña electoral sin preocuparse por su frente judicial. De hecho lo que desvela por estas horas al ex funcionario es la acusación por redes de su pareja, Gisela Berger, quien insinuó que el ex Gobernador usaba fondos públicos para irse de vacaciones a Francia. “Dónde está la plata del país”, escribrió y después dijo que él la amenaza.

Hasta ahora solo el exministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, fue notificado del pedido de elevación a juicio oral. “Todos tienen derecho a defenderse, este es un año de traslado, no va a haber resolución”, expresaron a este medio fuentes judiciales de la Provincia.

La decisión de la magistrada genera preocupación en el entorno de Elisa Carrió, impulsora de la causa tras una denuncia por lavado de dinero. La diputada ya estaba molesta con Garganta por la determinación de acusar a Scioli de un delito menor al planteado inicialmente. Al cerrar la instrucción el fiscal determinó que el exgobernador recibió “coimas” por parte del empresario Estanislao Miller, a quien se le habría adjudicado de manera irregular nueve obras públicas por $117 millones para la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA). El empresario, además, le alquiló un terreno a Daniel Scioli en Villa La Ñata y luego se lo compró en 2017 por US$ 3.850.000.

Garmendia optó por correr traslado, hasta ahora, de manera física, con la causa material, en papel. Desde el juzgado aseguran que las cédulas electrónicas a los acusados se enviarán de a uno a la vez. “Notificar de forma simultánea sería complicado porque empezarían a correr todos los plazos juntos”, afirman y agregan: “Por el momento no es una posibilidad, si hubiese un acuerdo entre las defensas, en pos del derecho a defensa podría analizarse”.

Si la metodología no se modifica, y la magistrada decide notificar de a uno a los involucrados, esta etapa duraría 720 días. El número es el resultado de multiplicar los días que cada acusado tiene para contestar el traslado con la cantidad de involucrados. Sin embargo en cercanías de la magistrada niegan que esto ocurra y aclaran que intentarán apurar los plazos en situaciones donde haya abogados que defiendan a los mismos acusados y o en casos donde los procesados integren el mismo cuerpo de la investigación. “No se va a perder ni un solo día”, afirmaron.

Pese a esto la preocupación en la Coalición Cìvica ARI no se detiene. “Si no es un año de resolución es porque no está dispuesta a trabajar. Claro que es un derecho de los acusados el defenderse, pero entre hacerlo de a uno a la vez y entregar a los 49 todos al mismo tiempo puede haber puntos medios, hay opciones. Llevan un pendrive y se les digitaliza en el momento”, señaló una de las abogadas de mayor confianza de la líder de Cambiemos. Hay versiones cruzadas acerca de la digitalización del expediente. En la fiscalía de Garganta aseguran que todo el material está en un pendrive pero en el juzgado de Garmendia niegan que exista. Esta cuestión es clave en la historia ya que podría agilizar el proceso.

De hecho, la decisión de Garmendia de notificar de a uno a la vez no es cuestionable desde el punto de vista legal. La metodología está a derecho, aunque integrantes del poder judicial bonaerense consultados por este medio la consideraron anticuada por la cantidad de procesados que forman parte de este expediente.

“Normalmente se corre traslado a los involucrados y se les pega el texto del requerimiento a la cédula, luego las defensas leen y contestan. Si hay cuestiones no digitalizadas la defensa puede pedir que le den el expediente a préstamo, pero resulta inconveniente para una causa así. Lo normal es que se le corra traslado a todos con un plazo único ya que hacerlo de otro modo implica corre los plazos más allá de lo razonable”, explicaron

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Actualidad Política

Jubilados y pensionados no pagarán Ganancias

Tal como se esperaba, la CSJN declaró inconstitucional el cobro de Ganancias a jubilados y pensionados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las Ganancias sobre jubilados y pensionados. Lo hizo por cuatro votos contra uno: Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco (quien se sumó a último momento) fallaron a favor del reclamo, mientras que el titular del cuerpo, Caros Rosenkrantz, lo hizo en contra.

El fallo del Máximo Tribunal fue en un caso particular, pero que en un futuro próximo podría extenderse a los otros 300.000 jubilados y pensionados a los que se les descuenta el impuesto, porque los jueces le piden al Congreso que legisle sobre el tema.

La sentencia de la Corte aplicó para la demanda que María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo en 2015, cuando tenía 79 años. Entonces, reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Argumentó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la AFIP que cesara en la aplicación del impuesto a García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

El fallo favorable de la Corte Suprema, tras recordar el alcance de los “principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria”, explicó que la reforma constitucional de 1994 (en la que Rosatti y Maqueda fueron convencionales) garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (art. 75 inc. 23). Asegura que “el envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida”.

“La sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja”. Y por eso, considera que “el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional”.

El fallo concluye en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las Ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a María Isabel García los montos retenidos desde la interposición del reclamo

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Actualidad Política

Austral: Después de 22 años, comienza el juicio

La tragedia de Austral ocurrió el 10 de octubre de 1997

Un total de 35 funcionarios vinculados al sistema de aviación civil se sentarán este martes en el banquillo de los acusados para responder en un juicio oral y público por el delito de estrago doloso, en relación al accidente del vuelo 2553 de Austral que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en octubre de 1997 y causó 74 muertes.

La instancia oral llega más de veinte años después de la primera investigación judicial, a cargo del entonces juez federal de primera instancia, Jorge Ballestero. El debate comenzará a partir de las 10 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la instrucción del juicio, el juez tomó un informe en base a las pericias de la Junta de Investigación de Accidentes de Uruguay.

Ese texto señaló que “equivocaciones en la toma de decisiones de la tripulación llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites, perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta, con dificultades de comunicación con (el aeropuerto internacional de) Ezeiza y sin haberse percatado de que estaba ya en territorio uruguayo”.

La Justicia investigó entonces la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, un organismo bajo el control de la Fuerza Aérea, y también de los responsables del vuelo de la empresa Austral.

En 2004, Ballestero sobreseyó a todos los imputados por falta de mérito pero la medida fue apelada y la Sala I de la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó al mismo magistrado profundizar la investigación.

Dos años después, el juez federal procesó a los mismos que había sobreseído al considerar que estaba probado el “estrago doloso”, ya que los funcionarios y técnicos estaban al tanto de los déficits de instrumental de la aeronave y aún así consintieron que volara.

Las defensas apelaron pero la Sala I confirmó el procesamiento de todos los imputados y se inició el proceso de elevación a juicio.

En 2013 la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que en ese momento y aún hoy tramitaba la megacausa “Esma”, vinculada a delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Como una de sus medidas procesales, el TOF ordenó que se instrumente una nueva pericia completa sobre el accidente, que culminó en 2017.

Con esas evidencias, se iniciará este martes en los tribunales de Comodoro Py la primera audiencia del juicio a los involucrados directos en una de los mayores accidentes aéreos de la aviación civil argentina

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Actualidad Política

La AFIP denunció a Marcelo D’Alessio

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) denunció al detenido espía-falso abogado Marcelo D’Alessio por supuestas compensaciones apócrifas de IVA e Impuesto a las Ganancias, a raíz de una investigación iniciada en una agencia del organismo recaudador. Según confirmaron fuentes del organismo, la denuncia quedó a cargo del juez en lo penal ecónomico Rafael Caputo, quien tiene su despacho en los tribunales de avenida de los Inmigrantes 1900, en el barrio porteño de Retiro.

La denuncia se presentó a raíz de una investigación interna hecha en la AFIP en la que D’Alessio está inscripto y se detectaron “compensaciones apócrifas” en los dos impuestos desde 2014 hasta 2018 por un monto de diez millones de pesos. El fiscal que quedó a cargo es Jorge Dhal Rocha.

D’Alessio está detenido con prisión preventiva en dos causas penales, una se tramita en el juzgado de Ramos Padilla y la otra en el de Luis Rodríguez. Una de estas causas tramita en la justicia federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener información de causas judiciales de manera ilegal para luego extorsionar .

En esta causa está citado para mañana a declaración indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli, en torno a supuestas maniobras extorsivas denunciadas en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La otra causa con procesamiento confirmado.  La Cámara Federal ratificó el pasado jueves 21 de marzo el procesamiento con prisión preventiva de D’Alessio por tentativa de extorsión al ex despachante de aduana Gabriel Traficante, confirmaron fuentes judiciales. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara, que encomendó al juez federal Luis Rodríguez acelerar la producción de medidas de prueba para que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.

En la causa que instruye Rodríguez a D’Alessio, se le atribuye haber exigido “abultadas sumas” de dinero a Traficante, vecino suyo cuando vivía en el country Saint Thomas, en el conurbano bonaerense, para favorecerlo en la megacausa sobre el multimillonario contrabando conocida como “La mafia de los contenedores”. El ex despachante de aduana, quien actúa como querellante en el caso contra D’Alessio, aparecía implicado en la causa sobre contrabando, que tramita en el fuero penal económico.

Para que su ofrecimiento apareciera como verosímil, D’Alessio le habría dicho a Traficante que ejercía funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tener conexiones con magistrados y periodistas, y exhibido fotografías sobre operativos judiciales.

El tribunal de segunda instancia volvió a llamar la atención sobre tiempo transcurrido desde que en 2016 se formalizó la denuncia hasta que, en las últimas semanas, se reactivó la instrucción. “Hubo medidas de prueba que no fueron ordenadas oportunamente, pero eso no implica la invalidez de la incorporación de elementos, cuyo modo de obtención no fue cuestionada ni presenta motivos que den pie a excluirlos de la instrucción”, consignó la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Los camaristas concluyeron que en el sumario existe “base probatoria bastante” para el procesamiento, y que “tampoco constituye óbice a los fines de la imputación, que no se cuente en el expediente con pruebas objetivas que avalen el nivel de acceso a información, ni el tipo de influencia que, en sus mensajes y comunicaciones, decía tener D´Alessio con relación a las autoridades judiciales de ese caso o ante periodistas”. Irurzun y Bruglia afirmaron que “aun cuando éste (D’Alessio) haya obrado con engaño, lo cierto es que la maniobra se dirigió a afectar la voluntad del destinatario por el temor, por la exigencia que compele a hacer lo que no se quiere, en procura de un beneficio económico”.

Entre las medidas de prueba que los jueces encomendaron al juez para profundizar la pesquisa, figuran escuchar las versiones de tres testigos que, según la denuncia, habían tomado conocimiento de los hechos y un peritaje de voz a los audios reservados en la causa.

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