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Actualidad Política

Renta financiera: otro empujón al vacío para la clase media

En busca de fondos, el Gobierno apuró la imposición de Ganancias a la renta financiera

La Reforma Tributaria, ley 27.430, creo el impuesto a la Renta Financiera que rige desde el 01/01/2018 y se computa de manera anual.

El AFIP, mediante dos resoluciones generales publicadas en el BORA. (4394/2019 y 4395/2019), finalmente reglamentó dicho impuesto. Esto que a simple lectura parece la buenaventura de la certeza de un buen “slogan de campaña”, en su aplicabilidad termina siendo la última paleada de tierra que sepulta un grado más la capacidad de sostén económico de nuestra tan asfixiada clase media.

El Gobierno Nacional con buen atino receptó las propuestas de la oposición encabezadas por el Frente Renovador, representado por Sergio Massa, el cual sostenía, en un preludio lejano, retrotraer las eliminaciones de las retenciones a las mineras y las bajas deliberadas de las retenciones al campo reemplazándola con la retención propia del gravamen de la renta financiera..

Tanto los sectores de la más variada oposición como los que tratamos estos temas en el día a día comprendimos que el espíritu de gravar la renta financiera va dirigida a los grandes fondos, en su mayoría de firmas internacionales, que lucran con la potencialidad de sus capitales obteniendo una ganancia significativa que luego en tiempos de clavos flojos vuelven en forma de retorno a sus casas matrices.

La postura fáctica que hay detrás de este gravamen es, o mejor dicho debería ser, incentivar la inversión productiva por sobre la inversión financiera.

Incurrir en el gravamen de esa renta, es de alguna manera reintegrar objetivamente parte de ese dinero para poder reinyectar en el presupuesto nacional.

Sin embargo, a este cúmulo de ostentosos fondos capitales, el gobierno nacional los equiparó a los ahorros de la menuda clase media que más que perseguir una renta, lo que buscan es mantener el poder adquisitivo de sus ahorros que mantienen en moneda nacional.

Esto tiene dos problemas prácticos. El primero es el empobrecimiento de una clase media que lamentablemente ha sido la base honda de ajuste de estos tres últimos años del gobierno de Mauricio Macri. El segundo, es que podría llegar a afectar en el corto plazo uno de los pocos méritos que pudo capitalizar esta gestión con la ayuda de la liquidez inyectada por el FMI: La estabilidad cambiaria del Dólar.

¿Y a que se debe todo esto? Básicamente, este impuesto grava la renta financiera que obtienen los individuos de los intereses de plazos fijos, títulos públicos (bonos, Lecap, Letes), utilidades de participaciones empresarias, acciones extranjeras, Fondos Comunes de Inversión y Obligaciones Negociables.

Se comenzará a pagar a partir de las utilidades de la nueva renta financiera de los $66.917,91 para el 2018 y se espera que suba el mínimo rondando los $104.000 para este año. Estos valores se actualizan por el I.P.C.

Quienes superen dichas rentas anuales, abonan un 5% por sobre las inversiones en pesos y un 15% si son dólares.

No se paga en las cajas de ahorro, las acciones locales y la ganancia cambiaría por tenencia de dólares.

Cualquier argentino que haya ahorrado durante los últimos 15 años, o bien qua haya formado parte de la penosa estadística de despidos de los últimos años, puede potencialmente llegar a tener esta suma en su cuenta bancaria, ya sea por ahorro, por indemnización o por lo que fuere.

Las Entidades financieras brindaran información sobre la renta financiera de sus clientes a la AFIP, con una antelación mínima de 30 días corridos a la fecha de vencimiento del impuesto a las ganancias, donde, a través del portal de AFIP en el sitio “Nuestra Parte” podrán visualizar dicha información.

Los contribuyentes deberán presentar la información sobre la renta financiera en junio de 2019, mediante la plataforma de AFIP con el formulario F.8135.

Concluyendo que, la teoría de la igualdad, ilusoria y procurada por los libertarios y neoliberales no puede aplicarse en una sociedad con tanta desigualdad estructural. Interpretado está que el art 16 de la CN consagra el derecho a la igualdad, que deberá reglamentarse conforme a la igualdad entre iguales. Esta premisa no aplica con el modelo económico del gobierno que divulga la igualdad como valor universal para todos, sin discriminar en las diferencias sociales.

Por ende, PYME no es igual que Multinacional. Ahorrista de Clase Media no es lo mismo que mega empresario. Debe haber una diferenciación porque el objeto de la renta obtenida en cada caso es muy diferente.

Ojalá el Gobierno Nacional tenga la prudencia de subir el mínimo imponible de este gravamen para dejar la mayor cantidad de ciudadanos de clase media exentos de este impuesto, a fin de que como venían haciendo puedan seguir protegiendo sus ahorros de la inflación y continuar apostando a la moneda nacional

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  1. Pablo Balonga

    enero 11, 2019 at 12:13 am

    La nota y el asunto se vería mejor con algunos cálculos.
    66K ARS eran a principio de 2018 unos 3K USD supongamos que el minimo no imponible se lleva por ahí en USDs . Las tasas bancarias en USDs en Argentina son fatalmente bajas para obtener 3000 USDs , al máximo interes que es aprox 3% (Bco Nación, aunque hay otros mucho menores hasta 0,05 %) hay que plazo-fijar 100K USD que no es poco para clase media.
    A la vez el 15% del 3% es el 4,5 p/mil , considerando que BBPP tiene una tasa mínima de 5 p/mil sobre el CAPITAL (los 100K USD menos el mínimo no imponible que es de unos 50K USD) el impuesto a la renta financiera no parece ser tan oneroso.

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Jubilados y pensionados no pagarán Ganancias

Tal como se esperaba, la CSJN declaró inconstitucional el cobro de Ganancias a jubilados y pensionados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las Ganancias sobre jubilados y pensionados. Lo hizo por cuatro votos contra uno: Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco (quien se sumó a último momento) fallaron a favor del reclamo, mientras que el titular del cuerpo, Caros Rosenkrantz, lo hizo en contra.

El fallo del Máximo Tribunal fue en un caso particular, pero que en un futuro próximo podría extenderse a los otros 300.000 jubilados y pensionados a los que se les descuenta el impuesto, porque los jueces le piden al Congreso que legisle sobre el tema.

La sentencia de la Corte aplicó para la demanda que María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo en 2015, cuando tenía 79 años. Entonces, reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Argumentó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la AFIP que cesara en la aplicación del impuesto a García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

El fallo favorable de la Corte Suprema, tras recordar el alcance de los “principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria”, explicó que la reforma constitucional de 1994 (en la que Rosatti y Maqueda fueron convencionales) garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (art. 75 inc. 23). Asegura que “el envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida”.

“La sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja”. Y por eso, considera que “el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional”.

El fallo concluye en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las Ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a María Isabel García los montos retenidos desde la interposición del reclamo

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Austral: Después de 22 años, comienza el juicio

La tragedia de Austral ocurrió el 10 de octubre de 1997

Un total de 35 funcionarios vinculados al sistema de aviación civil se sentarán este martes en el banquillo de los acusados para responder en un juicio oral y público por el delito de estrago doloso, en relación al accidente del vuelo 2553 de Austral que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en octubre de 1997 y causó 74 muertes.

La instancia oral llega más de veinte años después de la primera investigación judicial, a cargo del entonces juez federal de primera instancia, Jorge Ballestero. El debate comenzará a partir de las 10 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la instrucción del juicio, el juez tomó un informe en base a las pericias de la Junta de Investigación de Accidentes de Uruguay.

Ese texto señaló que “equivocaciones en la toma de decisiones de la tripulación llevaron a la aeronave a volar fuera de sus límites, perdiendo velocidad en medio de una furiosa tormenta, con dificultades de comunicación con (el aeropuerto internacional de) Ezeiza y sin haberse percatado de que estaba ya en territorio uruguayo”.

La Justicia investigó entonces la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, un organismo bajo el control de la Fuerza Aérea, y también de los responsables del vuelo de la empresa Austral.

En 2004, Ballestero sobreseyó a todos los imputados por falta de mérito pero la medida fue apelada y la Sala I de la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó al mismo magistrado profundizar la investigación.

Dos años después, el juez federal procesó a los mismos que había sobreseído al considerar que estaba probado el “estrago doloso”, ya que los funcionarios y técnicos estaban al tanto de los déficits de instrumental de la aeronave y aún así consintieron que volara.

Las defensas apelaron pero la Sala I confirmó el procesamiento de todos los imputados y se inició el proceso de elevación a juicio.

En 2013 la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que en ese momento y aún hoy tramitaba la megacausa “Esma”, vinculada a delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Como una de sus medidas procesales, el TOF ordenó que se instrumente una nueva pericia completa sobre el accidente, que culminó en 2017.

Con esas evidencias, se iniciará este martes en los tribunales de Comodoro Py la primera audiencia del juicio a los involucrados directos en una de los mayores accidentes aéreos de la aviación civil argentina

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La AFIP denunció a Marcelo D’Alessio

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) denunció al detenido espía-falso abogado Marcelo D’Alessio por supuestas compensaciones apócrifas de IVA e Impuesto a las Ganancias, a raíz de una investigación iniciada en una agencia del organismo recaudador. Según confirmaron fuentes del organismo, la denuncia quedó a cargo del juez en lo penal ecónomico Rafael Caputo, quien tiene su despacho en los tribunales de avenida de los Inmigrantes 1900, en el barrio porteño de Retiro.

La denuncia se presentó a raíz de una investigación interna hecha en la AFIP en la que D’Alessio está inscripto y se detectaron “compensaciones apócrifas” en los dos impuestos desde 2014 hasta 2018 por un monto de diez millones de pesos. El fiscal que quedó a cargo es Jorge Dhal Rocha.

D’Alessio está detenido con prisión preventiva en dos causas penales, una se tramita en el juzgado de Ramos Padilla y la otra en el de Luis Rodríguez. Una de estas causas tramita en la justicia federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener información de causas judiciales de manera ilegal para luego extorsionar .

En esta causa está citado para mañana a declaración indagatoria el fiscal federal Carlos Stornelli, en torno a supuestas maniobras extorsivas denunciadas en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La otra causa con procesamiento confirmado.  La Cámara Federal ratificó el pasado jueves 21 de marzo el procesamiento con prisión preventiva de D’Alessio por tentativa de extorsión al ex despachante de aduana Gabriel Traficante, confirmaron fuentes judiciales. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara, que encomendó al juez federal Luis Rodríguez acelerar la producción de medidas de prueba para que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.

En la causa que instruye Rodríguez a D’Alessio, se le atribuye haber exigido “abultadas sumas” de dinero a Traficante, vecino suyo cuando vivía en el country Saint Thomas, en el conurbano bonaerense, para favorecerlo en la megacausa sobre el multimillonario contrabando conocida como “La mafia de los contenedores”. El ex despachante de aduana, quien actúa como querellante en el caso contra D’Alessio, aparecía implicado en la causa sobre contrabando, que tramita en el fuero penal económico.

Para que su ofrecimiento apareciera como verosímil, D’Alessio le habría dicho a Traficante que ejercía funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tener conexiones con magistrados y periodistas, y exhibido fotografías sobre operativos judiciales.

El tribunal de segunda instancia volvió a llamar la atención sobre tiempo transcurrido desde que en 2016 se formalizó la denuncia hasta que, en las últimas semanas, se reactivó la instrucción. “Hubo medidas de prueba que no fueron ordenadas oportunamente, pero eso no implica la invalidez de la incorporación de elementos, cuyo modo de obtención no fue cuestionada ni presenta motivos que den pie a excluirlos de la instrucción”, consignó la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Los camaristas concluyeron que en el sumario existe “base probatoria bastante” para el procesamiento, y que “tampoco constituye óbice a los fines de la imputación, que no se cuente en el expediente con pruebas objetivas que avalen el nivel de acceso a información, ni el tipo de influencia que, en sus mensajes y comunicaciones, decía tener D´Alessio con relación a las autoridades judiciales de ese caso o ante periodistas”. Irurzun y Bruglia afirmaron que “aun cuando éste (D’Alessio) haya obrado con engaño, lo cierto es que la maniobra se dirigió a afectar la voluntad del destinatario por el temor, por la exigencia que compele a hacer lo que no se quiere, en procura de un beneficio económico”.

Entre las medidas de prueba que los jueces encomendaron al juez para profundizar la pesquisa, figuran escuchar las versiones de tres testigos que, según la denuncia, habían tomado conocimiento de los hechos y un peritaje de voz a los audios reservados en la causa.

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