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Economía

La razón del Estado. Respuesta a Javier Milei

El jueves 17 de enero, como todas mis mañanas, ingreso a la web del diario El Cronista, y en sus primeras líneas había una nota, escrita por Javier Milei, cuyo título llamó mi atención y decidí leer.

Antes de comenzar a explayar esta respuesta, es importante aclarar que quien escribe es un gran admirador de Milei, porque gracias a él y a otros economistas más, en los últimos tiempos la sociedad argentina viene despertando y dándose cuenta de que el gran problema de Argentina es el tamaño del Estado, y que gran parte de la sociedad vive para sostener no sólo a otra parte de la sociedad (por medio de subsidios y planes sociales), sino también a una élite (aunque no me gusta usar esa palabra) política parasitaria, que vive de los impuestos de los demás y que (lamentablemente) no tiene idea alguna sobre cómo manejar la economía del país, como así tampoco se decide a hacer cambios radicales para asegurar el crecimiento sostenido de nuestra economía, ya que esos cambios radicales constarían de atentar contra sus propios intereses (por ejemplo, eliminando cargos políticos, bajando la cantidad de asesores, eficientizando el funcionamiento del Estado, transparentando la política). En ese sentido, agradezco a Javier Milei el hecho de que ilumine a muchas personas, y (hablando en términos platónicos) los haga salir de “la caverna” y ver la realidad (que todo lo que el Estado gasta, lo pagamos los ciudadanos que trabajamos en blanco).

La nota mencionada se titulaba Sobre la naturaleza del Estado, y en ella, el autor utiliza como sustento lo escrito por varios autores, conduciendo luego la estructura de su escrito hacia una opinión totalmente personal, que es la de que el Estado es el enemigo del individuo. Y es por esta conclusión que este humilde servidor ha decidido realizar una respuesta a la nota, y (si se quiere) iniciar un debate, ya que del debate formal y respetuoso es de donde se obtienen las buenas conclusiones e ideas.

Vayamos al quid de la cuestión. Javier Milei titula a su nota Sobre la naturaleza del Estado, pero no explica la naturaleza del Estado. Es decir, el autor no responde al porqué del nacimiento del Estado, sino que trata, por argumentos que son posteriores a la creación del Estado, de decirle al lector que el Estado nace única y solamente para robar, y que por lo tanto es “nuestro enemigo” (de los individuos). Por lo tanto, y al utilizar argumentos que cronológicamente no tienen conexión lógica con una proposición, la proposición final (el Estado es nuestro enemigo porque nace para robarle al individuo) se anula por sí misma.

¿Cuál es el argumento de Milei? Utilizando a Franz Oppenheimer, informa que solo hay dos medios para obtener riqueza: los “medios económicos” (crear la riqueza por medio de la producción y el intercambio comercial) y los “medios políticos” (captura de bienes o servicios de otros por medio de la fuerza o la violencia –a lo cual podría agregarse que no sólo se puede capturar el bien o servicio, sino la riqueza generada por ello-). Según Milei, este es un acto de confiscación unilateral o robo de la propiedad de otro.

Como el Estado no produce bienes o servicios (y por lo tanto no genera riquezas), la forma de obtener riquezas del Estado es la de los “medios políticos”. Así, y como para todo libertario el Estado es un aparato que roba, Milei propone que el Estado nace para robar.

Es posible ver, entonces, que el argumento de Milei no es sostenible porque sencillamente no explica la causa del nacimiento del Estado. No explica el porqué. Milei dice que el Estado no genera riquezas (con toda la razón del mundo), sino que las confisca, las roba. Y afirma que como las roba, nace solamente con esa finalidad. Así, es posible ver que, efectivamente, no explica cómo nace el Estado. No explica la finalidad que tiene el Estado. El autor toma una concepción posterior (la herramienta para el financiamiento del Estado, que son los impuestos) para explicar un hecho anterior (nacimiento del Estado). Así, su argumento se cae.

En uno de los párrafos de la nota, el autor afirma que “…el Estado nunca ha sido creado mediante ´contrato social´ alguno y siempre ha nacido mediante la conquista y la explotación”. Allí, nuevamente habla sobre la creación del Estado (bajo una concepción libertaria), pero no trata el porqué de su creación.

Ahora bien, para descifrar la naturaleza del Estado, hay que remontarse a los autores clásicos, que también cita Milei en su artículo. Los autores a los que aquí se hace referencia son J.J. Rousseau y J. Locke. Ellos son, si se quiere, los padres de la izquierda y la derecha.

Por un lado, Rousseau (en El Contrato Social) sostiene que el hombre es libre y bueno por naturaleza, y que las instituciones creadas luego del pacto social lo restringen y lo hacen malo, lo incivilizan, lo corrompen. Esta comunidad epistémica sostiene que la riqueza es una, y que unos privilegiados roban y se quedan con mucho, y así generan pobreza, y que el Estado es la creación de esos privilegiados para mantener el poder sobre los pobres. El Estado, para Rousseau, es una estructura de poder que se debe “desenmascarar”, y considera que la propiedad es el origen de la desigualdad, y que esa desigualdad es una igualdad rota (o sea, iguales en el estado de naturaleza, desiguales una vez creado el Estado). Para Rousseau, el primer contrato (que crea el Estado) es antisocial, ya que sirve para robar. Luego existe un segundo contrato, el contrato social, donde los ciudadanos enajenan sus derechos hacia la Asamblea. El contrato social es dar todo, de todos, a la comunidad.

Por otro lado, Locke (en Tratados sobre el Gobierno Civil, que incluye algunos ensayos anteriores del mismo autor), considera que el hombre, en estado de naturaleza, es un ser malvado que se aprovecha de su superioridad con respecto a otros hombres (por posesión de riquezas superiores, de fuerza, de inteligencia, u otras características). El estado de naturaleza es malo, es un estado de guerra, donde unos contra otros luchan por los recursos. Entonces, el Estado se crea para asegurar una convivencia pacífica. Es decir, los hombres, de común acuerdo, crean el Estado para darse a sí mismos seguridad jurídica y seguridad personal. Se construye el Estado entre todos, por el bien de todos. Así, Locke propone también la división de poderes del Estado para que el Estado no oprima (ya que, como se le da todo el poder de policía, podría ejercerlo arbitrariamente contra sus súbditos –los ciudadanos-). Así, el Estado se crea para civilizar a la gente, salir del estado de guerra, siendo la vida mucho mejor con leyes, no sin ellas. De esta manera, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y las desigualdades (económicas o de cualquier otro tipo) son igualdades pendientes de ser creadas. El Estado, las instituciones, están para crear igualdad y oportunidades. El poder se crea para asegurar derechos y libertades.

Si se trata de mantenerse en el plano teórico, así surge el Estado. En el plano práctico, el Estado (organizado como tal) no existía hasta 1648, con la finalización de la Guerra de los 30 años y la firma de la Paz de Westfalia. Para ver sobre el nacimiento del Estado, se invita a visitar el blog Nada es gratis en la vida, blog personal de este autor y que, en su primer escrito, habla sobre el nacimiento del Estado. El Estado nace formalmente para asegurar la supervivencia de la gente.

Anteriormente, por esos años mencionados, la normalidad en las relaciones internacionales era la guerra y, por lo tanto, los diferentes territorios tenían que defenderse ante ataques externos. Para ello, los Reyes (en aquellos momentos) solicitaban el pago de impuestos a los señores feudales, con la finalidad de financiar ejércitos que permitieran defenderse ante ataques externos y, así, proteger sus tierras, cosechas, y a su población. De esta manera nace el Estado, para dar seguridad. Además, y con el paso del tiempo, el Estado también comenzó a centrarse no solo en la seguridad personal y física, sino en la seguridad jurídica, con la creación de leyes que gestionen las relaciones sociales, y con jueces que diriman los conflictos que podían surgir.

Así surge el Estado, y para eso está el Estado. El Estado no nace para robar, como afirma Milei, sino que nace para proteger. Proteger a las personas de sí mismas. Nace para civilizar a la sociedad, para establecer parámetros de buena convivencia y para que, al fin y al cabo, no se maten unos a otros por obtener un recurso o un bien. El Estado no es nuestro enemigo, como dice Milei. El Estado es el protector de libertades y derechos.

Ahora bien, que en Argentina (y en muchos otros países) los políticos (que son quienes manejan el Estado) sean personas que buscan más su interés personal por sobre el de la ciudadanía, que sean tremendamente corruptos, que se protejan a sí mismos y se genere una casta o élite política que utiliza recursos estatales (o sea, de todos los ciudadanos) para perpetuarse en el poder y seguir viviendo a costa de los demás, es otra cosa. Sí, muchos políticos argentinos son parásitos. Sí, muchos políticos argentinos son corruptos. Sí, un Estado sobredimensionado limita las capacidades productivas del país y desincentiva la inversión. Sí, en Argentina se ahoga con impuestos a la sociedad y a las empresas. Sí, tenemos una justicia muy corrupta y que se inmiscuye en cuestiones económicas sin conocimientos. Sí, el nivel intelectual de nuestros legisladores es paupérrimo. Pero todo eso no quita que el Estado fue diseñado para protegernos. El Estado no es nuestro enemigo, el Estado es una herramienta necesaria.

Si queremos cambiar el país, se deben hacer muchos cambios radicales. Y el cambio que más costará es el cultural. El cambio que lleve a la sociedad a entender que si uno no trabaja, no produce, y por lo tanto no tiene derecho a pedir beneficio alguno. No se puede castigar a unos para sostener a otros por el simple pensamiento (no hecho) de que es “moralmente bueno”. El cambio que debemos hacer es el de mentalidad. Es menester abandonar la mentalidad becaria (pensar en vivir becados, o sea, sostenidos por otro) y empezar a hacerse responsable de su propia vida. Así, nuestro país tendrá un gran potencial. Sino, estará condenado al fracaso.

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Actualidad Política

Tecnología, trabajo y marcos regulatorios

La tecnología permite teletrabajar pero está falta de regulación

El avance de la tecnología y la dinámica en un mundo cada vez más globalizado que busca satisfacer sus necesidades en forma instantánea, han abierto un enorme portal a las empresas para reconfigurar la estructura económica de muchos sectores, y modificar patrones y hábitos de consumo en distintos mercados.

Por lo cual, se ha creado un nuevo concepto de economía para abarcar este fenómeno: la economía de plataformas, generadora de una gran cantidad de empleos en la última década. Esto abre un nuevo tipo de problemática, en cuanto a la calidad de empleo que genera.

En nuestro país, trabajar para una plataforma digital, es un desafío laboral y social que, de a poco, derriba toda modalidad laboral o perjuicio social que hayamos conocido.

El problema radica en que, de las 12 plataformas digitales principales que se instalaron en Argentina, solo la mitad de sus dependientes aportó al sistema de la Seguridad Social. Cabe remarcar que, dentro de un gran porcentaje de los trabajadores de este rubro, confesó un conformismo debido a que representa una salida laboral rápida frente a la situación laboral dificultosa que atraviesa nuestro país.

Para quienes se desempeñan en este sector, el nivel de ingresos difiere según el servicio prestado y la plataforma. Incluso, dentro de una misma plataforma, hay diferencias marcadas, ya que el tiempo dedicado y la cantidad de trabajos aceptados varían. 

Algunas de estas plataformas también ejercen un alto nivel de control y organización sistémica frente a sus “colaboradores”, o mejor dicho, “falsos dependientes”. Esto, claramente encubre una relación de dependencia a la luz de la legislación laboral.

Las plataformas digitales están transformando las relaciones laborales: el contrato laboral y la relación de trabajo de los arts. 21 y 22 de la LCT, tradicionales, reducen los términos y condiciones establecidos por las plataformas, su organización, dirección y supervisión en manos de la tecnología

Desde la perspectiva del derecho laboral, si bien el trabajador de plataformas digitales posee características que le son propias, puede ser entendido como “Tele Trabajador Movil” en el sentido de que brinda un servicio (ya sea mensajería o transporte) en locaciones distintas del domicilio del “empleador”, recibiendo a distancia las “órdenes” para organizar su trabajo (que es realizado en distintos puntos geográficos a los cuales debe dirigirse ya sea transportando cosas o personas) a través de un teléfono celular, y a cambio de una “remuneración”.

Lo resaltado encuadra en las 3 dependencia que nuestra legislación laboral exige para la perfecta configuración de la relación de dependencia, a la luz de los artículos 21 y 22 de la LCT.

En ese orden de ideas, es interesante destacar el proyecto de ley sobre “Teletrabajo” en nuestro país, que define en su artículo 1 entendiendo por teletrabajo: la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de la ley 20744, en las que el objeto del contrato o relación de trabajo es realizado total o parcialmente en lugares distintos del establecimiento del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y la comunicación.

En idéntico sentido, se entiende por Tele Trabajador Movil en relación de dependencia a toda persona que ejecuta esta modalidad laboral del teletrabajo de acuerdo a la definición anterior.

Es decir que la nota distintiva del teletrabajo en el referido proyecto es la distancia y la utilización de la tecnología como intermediaria, lo cual lo diferencia de cualquier otro formato de trabajo a domicilio. Pues, conforme surge de los fundamentos del proyecto, si bien el término teletrabajo se traduce habitualmente como trabajo a distancia, las leyes vigentes que rigen la actividad de los viajantes de comercio Ley 14.546 y de los trabajadores a domicilio ley 12.713, estas, no son suficientes reguladoras de este fenómeno, menos aún el régimen general y el régimen simplificado en materia impositiva, que fraudulentamente utilizan día tras día .

En el caso de los trabajadores de plataformas digitales, se trata de una modalidad de teletrabajo “móvil”, en tanto se utilizan dispositivos móviles para ejecutar las tareas, sin un lugar definido para realizarlas. Es decir que son “nómadas”, pues se trasladan de un lado a otro de acuerdo a la demanda del servicio que ofrecen a través de la aplicación. En tal sentido, entiendo que las leyes vigentes que regulan el trabajo a distancia, han quedado obsoletas en virtud del avance de la tecnología.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista del derecho del trabajo y protección del empleo genuino, el vacío legal es eternamente grande y, seguimos dejando en manos de la Justicia Laboral una labor que, el Parlamento Argentino, no puede abordar, ya que no está a la altura de la situación actual.

El peor escenario, se lo llevan, sin duda la llamada segunda actividad más riesgosa del país, los repartidores en motocicleta, bicicleta o cualquier medio en dos ruedas, estos están completamente desprotegidos de toda tutela laboral, sindical, cobertura médica, cuando son en origen y las actividades más riesgosas. Como especialista en la materia, necesitamos una renovación tecnológica que esté acompañada por nuevas leyes laborales, que garanticen un piso de derechos laborales, protección social y un determinado salario mínimo para todas las personas que trabajen bajo estas nuevas modalidades.

En cuanto al nuevo contrato social frente a la disrupción tecnológica, considero que, resulta imprescindible que comencemos a darle un marco tuitivo y hablar de derechos laborales y de la seguridad social, para todas aquellas personas que trabajan para estas plataformas.

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Actualidad Política

YPF: el Gobierno hizo una denuncia en Estados Unidos

Axel Kicillof, denunciado por fraude en YPF

El Gobierno denunció ante la Justicia de Estados Unidos por «fraudulenta» la venta del 25% de las acciones de la petrolera YPF que se dio durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio iniciado por un fondo buitre que pretende cobrar US$ 3.000 millones por la «expropiación» de la principal compañía argentina.

El estudio que defiende a la Argentina señaló que se permitió la firma de «acuerdos falsos», por lo que consideró que un fondo buitre «carece de derechos a cobrar indemnización alguna». De esta forma, desde el Gobierno sostienen que la compra del 25% de las acciones de YPF-Repsol por parte del Grupo Petersen en el 2008 se hizo «bajo un procedimiento fraudulento».

Mediante un escrito presentado el lunes 8 de julio por la noche ante la jueza de Nueva York Loretta Preska, la administración de Mauricio Macri sostuvo que la operación fue de «legalidad nula», según detalló NA. La presentación incluye la versión taquigráfica de un discurso del ex ministro de Economía y actual precandidato por la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, en el cual sostiene que no se iban a «respetar los estatutos de YPF ante los reclamos de los accionistas», uno de los ejes del debate judicial.

Los abogados de Argentina sentaron posición ante la audiencia de este jueves en que se verán, por primera vez, con los demandantes del fondo buitre Burford. Ese fondo compró el «derecho de litigio» de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, creadas en España.

En tanto, el fondo Burford Capital presentará hoy un escrito, en el que se referirá a que el Grupo Petersen ya no era el propietario de las acciones de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora y que la operación de compra de YPF nada tiene que ver con el reclamo por la manera de reestatizar YPF.

Si bien la disputa clave se da en Estados Unidos, en la Argentina el juez federal Ariel Lijo espera el resultado de un peritaje para decidir si esa compra de acciones del 2008 fue ilegal en una causa iniciada por una denuncia de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió.

En la audiencia en Nueva York se espera que Burford pida el «juicio sumario», con el argumento de que se trata de «cosa juzgada» y decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina.

El Gobierno argentino, en cambio, buscará ir a juicio para debatir el fondo del conflicto y por eso denunció la compra «fraudulenta». Además, buscará demostrar que «Petersen España, empresa ficticia formada y controlada por ciudadanos argentinos, hizo muy dudosos acuerdos que también eran evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF», durante la gestión del kirchnerismo.

Las empresas del grupo Petersen compraron en 2008 a Repsol 15% de las acciones de la compañía y luego un 10% adicional en 2011, por US$ 3.500 millones. Pero la Argentina sostiene que lo hicieron «sin desembolsar un centavo», ya que se le permitía «hacer uso de los futuros dividendos de YPF para comprar sus propias acciones», según el escrito presentado.

En 2012, el Gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Dos empresas del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, eran dueños de otro 25% de YPF. Estas dos compañías fueron a la quiebra en 2015 y los derechos de litigio contra el Estado argentino fueron adquiridos por el fondo buitre Burford por US$ 15 millones.

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Actualidad Política

Vaca Muerta: se viene un nuevo gasoducto

El Gobierno quiere impulsar la producción en Vaca Muerta con la licitación de un nuevo gasoducto

El Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a licitación pública para adjudicar una licencia de transporte de gas natural y la construcción de un gasoducto desde la Cuenca Neuquina hasta el Gran Buenos Aires y el Litoral, bajo un régimen especial temporario que regirá por un plazo de 17 años, con el objetivo de impulsar la producción en Vaca Muerta.

Se trata del decreto 465/2019 que Mauricio Macri firmó como punto de partida del proceso de una licitación que será convocada antes de fin de mes para la construcción del gasoducto que permita además transportar la producción de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

Mediante ese decreto se creó el régimen especial por 17 años para la adjudicación, mediante licitación pública de una licencia para la prestación del servicio de transporte de gas natural que contemple como obligación el diseño y la construcción del tercer gasoducto troncal del país. Ese régimen temporario incluye «la remuneración de los transportistas y los ajustes que correspondan serán libremente negociados con los cargadores, sin incurrir en conductas discriminatorias», precisaron fuentes de la Secretaría de Energía.

En ese sentido, se estipula que en ningún caso los valores que surjan de la operación serán trasladables a los cuadros tarifarios finales de los usuarios residenciales de gas natural o del resto de la demanda prioritaria, ni para aquellos que tienen contratada capacidad de transporte en firme.

Además, se dispone que el pliego de la licitación establecerá la asignación parcial de la capacidad de transporte inicial en forma directa, y el resto de la capacidad se asignará mediante procedimientos abiertos a fin de asegurar que no haya discriminación en el acceso.

El objetivo es que la construcción de la primera etapa del gasoducto esté completa para el invierno de 2021, lo que permitirá reemplazar el gas natural licuado (GNL) que entra al sistema de transporte por el puerto bonaerense de Escobar por producción doméstica por valor de unos US$ 240 millones anuales.

Este nuevo sistema de transporte se extenderá por aproximadamente 570 km desde las cercanías de la planta de tratamiento de Tratayén -en la provincia del Neuquén- hasta la planta compresora Saturno -en la cercanías de la localidad de Salliqueló, provincia de Buenos Aires- para luego continuar por otros 470 km hasta las cercanías de la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

El nuevo gasoducto -que tendrá una capacidad mínima de 15 millones de metros cúbicos diarios (m3/día) en una primera etapa- podrá ser ampliado en forma sucesiva hasta 40 millones, para acompañar el desarrollo armónico de la producción de Vaca Muerta y la demanda futura de gas natural del país.

El nuevo gasoducto operará bajo la licencia de Transportadora Gas del Centro, se sumará a los ya existente troncales de Transportadora Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte, y serán las primeras obras de magnitud que se encaran en el país desde la construcción del Neuba II, en 1988, a partir del cual sólo se realizaron ampliaciones de los actuales sistemas de transporte.

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