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Actualidad Política

Santiago del Estero: Confirman procesamientos por la Anses “trucha”

La Justicia confirmó los procesamientos y el embargo a ex empleados en la causa que investiga un millonario fraude a la Anses de Santiago del Estero. Creen que otorgaban de pensiones falsas, a jóvenes que aparecían “casadas” con personas fallecidas.

De esta manera, la resolución del tribunal de apelaciones santiagueño determinó que Graciela Saad, Cesar Luis Cortes, Luis Manuel Paz y Marcos Chazarreta continúan procesados por los delitos de “asociación ilícita, defraudación, violación de los deberes de funcionario público y utilización de documentos falsos adulterados”.

En el procesamiento dictado por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, se especifica que los empleados de la Anses local sean embargados por 10 millones de pesos cada uno. Todos ellos estuvieron detenidos, pero luego fueron liberados. Es el mismo caso de Cecilio Ibáñez, al que el magistrado señaló como el “gestor” de pensiones falsas, por los delitos de “asociación ilícita, defraudación y utilización de documentos falsos adulterados”.

En tanto, los beneficiarios de pensiones apócrifas Celeste Lucatelli, asesora y sobrina de la diputada nacional Mirta Pastoriza; su hermano Héctor Lucatelli, Paola Conte, Rita del Valle Lescano y Luis Villar fueron procesados por “defraudación” a la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real” y embargos por 2,5 millones de pesos, indicaron fuentes de la causa a Télam.

Por otro lado, las jóvenes que aparecen en los registros casadas con personas fallecidas fueron beneficiadas con una excarcelación anticipada bajo caución real de 1,5 millones de pesos.

En el caso del empresario cordobés Angel Jawahar, dueño de una cadena de helados, y Daiana Jaqueline Zanon fueron procesados bajo la figura de “defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados, en grado de tentativa”, indica el fallo del tribunal.

Por último, otros 18 beneficiarios de la Anses fueron procesados sin prisión preventiva, por los delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real”, con un embargo de 1,5 millones de pesos.

El caso fue denunciado hace un año por la Anses, a partir de irregularidades detectadas por la titular de la delegación Santiago del Estero. A la fecha, la causa no tiene detenidos

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Actualidad Política

Financiamiento político podría tener hoy media sanción

Hasta anoche a última hora, senadores del oficialismo y del PJ aún negociaban a contrarreloj las modificaciones al dictamen acordado en diciembre del proyecto de financiamiento de los partidos políticos que podría obtener este miércoles media sanción de la Cámara alta (a las 15 está prevista la sanción) y que introduce, entre otros cambios, la bancarización de los aportes y la vuelta de las contribuciones empresarias a las campañas electorales.

“Venimos bien”, se esperanzaba anoche un dirigente oficialista que monitoreaba las negociaciones con el bloque del PJ en el Senado, de cara a la reunión de labor parlamentario prevista para las 10 y media de este miércoles. Esteban Bullrich, del PRO, y Dalmacio Mera, del PJ y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, lideraban las discusiones pasada la hora de la cena.

Durante las últimas semanas, legisladores de la Cámara alta y de Diputados habían intercambiado consultas en torno al dictamen de mayoría aprobado a fines del año pasado y que por tensiones internas de la coalición de gobierno y diferencias entre la Casa Rosada y la oposición no había podido ser tratado en sesiones extraordinarias.

El Gobierno y un sector del bloque del PJ habían querido llevarlo al recinto la semana pasada, pero las negociaciones aún no estaban maduras.

Los principales puntos de discusión pasaban a última hora por el tope de los aportes empresarios y la regulación de la publicidad en los medios digitales, una propuesta de Mera resistida por Cambiemos. Según la propuesta del PJ, un porcentaje de la publicidad en plataformas digitales debería destinarse en la campaña a medios nacionales y provinciales con producción propia.

Hasta anoche no había acuerdo en ese punto. Desde el oficialismo impulsaban una normativa similar a la acordada 66 de agosto del año pasado de la Cámara Nacional Electoral, que regula el uso de los sitios web y las cuentas de redes sociales de los candidatos y las agrupaciones políticas.

En cuanto al tope de las contribuciones privadas, que no pueden efectivizarse a las alianzas partidarias en campaña tras la reglamentación de la ley 26.215 del 2009, había consenso para bajarlo del 5% estipulado en el dictamen al 2%. Fue una de las imposiciones tras las consultas con los bloques opositores de Diputados.

Otra de las modificaciones que buscaba el PJ en estas horas era la creación de un fondo común destinado a recibir un porcentaje mínimo de los aportes empresarios a los candidatos, a repartirse entre todos los postulantes. También resistido por el oficialismo.

De tratarse hoy en el recinto, en lo que sería la primera sesión del año, el proyecto podría obtener media sanción y pasaría a Diputados, donde, según los cálculos parlamentarios, estaría en condiciones de tener sanción definitiva en los últimos días de abril, con la campaña presidencial a punto de arrancar en forma oficial.

El proyecto de financiamiento pulula en el Congreso desde mediados de julio del año pasado: fue enviado por el Gobierno en medio del escándalo por los aportes irregulares a la campaña bonaerense de Cambiemos del 2017, que jaqueó a la gobernadora María Eugenia Vidal y puso en duda las contabilidades de campaña del PRO.

La iniciativa perdió intensidad durante buena parte del segundo semestre del 2018 por falta de voluntad política y desacuerdos con la oposición, por la resistencia interna –Elisa Carrió tiró el proyecto atrás por su resistencia a los aportes de empresas- y por el estallido judicial de la causa de los cuadernos, que desnudó coimas millonarias en la administración anterior disfrazadas de supuestos aportes de campaña.

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Garavano le respondió a Elisa Carrió

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, le respondió a la diputada y fundadora de la coalición de gobierno, Elisa Carrió, quien lo trató de “imbécil”. “Estoy acostumbrado. Son estilos diferentes, a ella le ha dado resultado ese estilo y yo la respeto”, aseguró el funcionario.

“No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia”, había sentenciado la legisladora en un reportaje donde plasmó sus diferencias irreconciliables con el ministro.

Como primera reacción Garavano consideró que “cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice” y que a pesar de todo, “ella ha hecho aportes muy valiosos en materia de lucha contra la corrupción, en materia de construcción política en apoyo al presidente (Mauricio) Macri. No es mi estilo. Es uno de los costos que uno ha tenido que pagar por incorporarse a la política pero vale la pena. En las redes sociales me dicen cosas peores. No soy malo, algo bueno tendré”.

Más allá del agravio, Garavano aseguró que “la alianza está muy sólida” y recordó que con Carrió “hay una agenda de trabajo en materia electoral y en materia institucional común”.

La opinión de Garavano sobre el caso Ramos Padilla

El ministro de Justicia también defendió el pedido de destitución del juez federal Alejo Ramos Padilla y negó que la presentación ante el Consejo de la Magistratura sea un ataque contra el magistrado. “Quizás políticamente lo mejor hubiera sido no hacer nada, pero jurídicamente lo que correspondía es lo que se hizo”, enfatizó.

La solicitud incluye tres cuestiones a evaluar, según explicó Garavano:

  • Los recursos: “El juez tramitó a través de un funcionario de tercera jerarquía sumar a su equipo integrantes del programa Verdad y Justicia de forma totalmente inadecuada porque el mismo está dirigido a procesos de lesa humanidad. El titular de programa le contestó que no podía y ramos Padilla en el Congreso atacó al ministerio de Justicia por no prestarle colaboración, cuando en realidad los programas que le deberían prestar colaboración son los de protección de testigos y el programa de asistencia a las víctimas”.
  • Las formas: “Hizo un show mediático ante una comisión del Congreso que no era la competente para intervenir. Violando lo que fija el Código Procesal Penal que dice que los procesos son privados”.
  • El rol del fiscal: “La Corte ya tiene dicho que los procesos penales deben ser investigados por los fiscales y el juez es el que fija las garantías. Eso no es lo que está sucediendo en este proceso y no es lo que está haciendo el juez”.

Al ser consultado sobre si el gobierno se siente perjudicado por la investigación y por eso se impulsó la presentación ante el Consejo de la Magistratura, Garavano respondió: “Es plausible, la realidad es que el gobierno está totalmente alejado de este caso. Pero lo que si vemos es un ánimo por parte del juez de involucrar al gobierno en este proceso”.

El ministro reiteró que desconocía quién era D’Alessio y que se enteró de la existencia de este hombre a raíz de las causa y los medios. “Pareciera ser un hombre ligado a ese mundo que es lo que este gobierno quiere dejar atrás al menos en la relación con la justicia. La investigación debería ser llevada adelante con absoluta transparencia y sin intervención políticas. Lamentablemente eso hoy no está garantizado por el juez”, añadió.

Finalmente, el ministro cuestionó la forma en que se elige el juez. “Es extraño por la competencia, la forma en que se publicita esto y cómo se difunde. Uno puede encontrar muchos puntos de coincidencia con las causas que hemos nombrado. Incluso el fiscal de la causa se ha manifestado opuesto a la investigación y ha dicho que el juez es incompetente. Ojalá me equivoque y no sea un armado político pero existe una fuerte sospecha”, concluyó.

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Conferencia de la ONU: Macri abre el evento

La Conferencia de la ONU se desarrollará en el Centro de Convenciones

En medio de un operativo de seguridad similar al del G20 aunque a una escala menor, el presidente Mauricio Macri abrirá a las 10 la II Conferencia de la ONU, en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el clima se tensionó en los últimos días con la reproducción de todo tipo de versiones sobre los dos ciudadanos de origen iraní que ingresaron al país con documentos adulterados, desde el Ministerio de Seguridad negaron que se haya escalado en el nivel de alerta más allá de los previsto para una cumbre de esta magnitud.

Localizado en el Centro de Exposiciones y Convenciones, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el operativo de seguridad también involucra a las cuatro fuerzas federales. En esta ocasión, no obstante, solo se movilizó a los destacamentos en la Ciudad y alrededores en comparación con los 20 mil hombres desplazados el año pasado para el G20 en Costa Salguero y los anillos concéntricos.

“El nivel de alerta es menor y los mandatarios que vienen no tienen la conflictividad del G20. Además, esta es una reunión bajo el paraguas de las Naciones Unidas”, aseguró un alto funcionario de la cartera a PERFIL. De hecho, el territorio físico en el que se desarrolla el evento, el CEC, pasó a formar parte de lo que se conoce como Blue Zone, o Zona Azul, bajo la jurisdicción del Sistema de las Naciones Unidas. Allí flamea, desde el lunes, la bandera celeste del organismo. Pese a ello, la vigilancia dentro del recinto también reposa en las fuerzas locales, sin importar que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con rango presidencial, se traslade con su propio jefe de seguridad.

Como ocurrió en la Cumbre de Líderes, también en torno a la Conferencia Sur-Sur se cerrará el espacio aéreo si bien con un radio mucho más estrecho. En consecuencia, no habrá vuelos afectados más allá de tener que desviarse unos metros de su ruta habitual. Los drones estarán prohibidos y las fuerzas de seguridad los derribarán con inhibidores ante la menor señal de alerta si un dispositivo no autorizado irrumpe en la Blue Zone.

Todos los que ingresen a la Conferencia de la ONU deberán pasar por escaneos y, por último, no habrá calles cortadas. Salvo algún eventual traslado de las delegaciones, cuya logística se articuló con las embajadas, en la cartera que comanda Patricia Bullrich confían en que el tráfico no debería sufrir mayores complicaciones. Toda la acción la seguirán desde el Centro de Monitoreo instalado en el ministerio.

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