Delivery de Justicia. Un fallo histórico para las APP

El 19 de marzo del año 2018, Roger Miguel Rojas, Alejandro Nicolas Gattoni y Julio Cesar Olivero iniciaron una demanda contra RAPPI ARG SAS para que cese inmediato de una conducta antisindical y antidiscrminatoria (art. 1 ley 23.592). También pidieron que se los desbloquee al acceso a la aplicación móvil para permitirles continuar sus servicios de reparto.

Los trabajadores no solo son empleados no registrados, cubiertos ilegalmente con la figura del régimen simple del monotributo, a favor de RAPPI ARG SAS, sino también forman parte de la comisión directiva del nuevo sindicato de plataformas. (Asociación de Personal de Plataformas – APP). Dicha organización sindical, fundada el 1/10/2018, tiene en trámite, ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaria de Trabajo, su petición pendiente para obtener su personería gremial, bajo expediente administrativo 2018-49795046.

Los actores ingresaron a prestar servicios para RAPPI ARG SAS en abril y mayo del año pasado como repartidores de alimentos y su modalidad laboral para la cual fueron contratadas estas personas se la conoce como trabajo “vía app”.

La empresa (RAPPI) se vale de una plataforma digital para garantizar la realización de un servicio de reparto de mercadería dentro del mercado, a cambio del cual, recibe una ganancia.

Estas nuevas empresas forman parte del mercado laboral colaborando a la precariedad laboral que padece nuestro país y su finalidad es la de generar ánimo de lucro que nada tiene en común con las nuevas modalidades laborales ni las economías colaborativas.

Estas empresas no despiden, primero porque no están debidamente registrados bajo su dependencia sus repartidores, sino que, utilizan un sistema de premios y castigos asignando mayor cantidad de viajes a los mejores puntuados y bloquear de la plataforma a gusto de la empresa, sanción equivalente a un despido.

En nuestro país, las empresas Rappi Arg SAS y Kadabra SAS (Glovo) evidencian un crecimiento exponencial en la oferta del servicio de mensajería y de reparto de productos alimenticios pero una brutal precariedad laboral en desmedro del empleo genuino.

La sentencia ejemplifica transparencia, ya que resalta que el modus operandi de RAPPI fue una franca transgresión a la garantía de la libertad sindical que reconoce nuestra constitucion y el convenio 87 de la OIT y que merece ser reparado en forma inmediata.

La jueza sostuvo que, las empresas APP (RAPPI-Glovo), no despiden, su accionar en contra de sus “dependientes” es bloquearlos de la APP, constituyendo un verdadero eufemismo al cual desvirtúa la laboralidad y mantenerse oculto el fraude laboral.

Por último, la sentencia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los repartidores y ordenó a RAPPI que cese de manera urgente la conducta antisindical desplegada y proceda de inmediato a desbloquear el acceso a la aplicación informática (Soy Rappi) a los presentantes. También fijo una multa de $3000 por dÍa por cada demora en su cumplimiento.

Esta resolución no tiene antecedentes en nuestro país, puesto que, le otorga verosimilitud al hecho que los repartidores prestan servicios a pedido de las APPs. No debemos olvidar que detrás de estas mal llamadas “economías colaborativas” se encubre una problemática por la laboralidad de estas nuevas formas de contratación.

Esta sentencia debemos tomarla como una nueva interpretación tendiente a discutir las condiciones precarias del trabajo en las plataformas informáticas y proteger el empleo genuino.

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