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Actualidad Política

Ramos Padilla podría quedarse con un Juzgado clave

Ramos Padilla rumbo a controlar las elecciones

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien tiene a cargo la investigación de presunto espionaje ilegal que involucra, entre otros, al falso abogado Marcelo D’Alessio, quedó primero en el orden de mérito definitivo para cubrir el estratégico Tribunal Federal N°1 de La Plata, que controla las elecciones en todo el distrito bonaerense. Así lo aprobó este jueves por mayoría la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Sólo se abstuvo el consejero Ricardo Recondo.

La terna se completa en segundo lugar con Jorge Eduardo Di Lorenzo, secretario del Juzgado Federal 3 de La Plata, quien había obtenido 157,75 puntos. En tercer puesto quedó Laureano Durán, secretario de la Cámara Penal de esa ciudad, cuyo puntaje había sido de 148 puntos por el examen escrito y sus antecedentes.

El puntaje alto que había obtenido en el examen escrito y sus antecedentes (obtuvo 183,5 puntos sobre 200) hizo que se mantuviera su nombre en el primer puesto. «No podíamos bajarlo porque podría haber sido visto como un castigo a su investigación», le dijo a este medio uno de los consejeros que estuvo presente en la entrevista oral.

Después de esa instancia que tuvo lugar el lunes, Di Lorenzo avanzó del cuarto al segundo lugar, y Durán del séptimo al tercero. Hubo coincidencias en que ambos tuvieron un muy buen desempeño durante la entrevista. Sobre los temas electorales, hubo coincidencias en que «se destacó Durán» –a quien varios señalan como el «candidato del Gobierno»- , en tanto que varios consejeros sostuvieron que Di Lorenzo respondió «en forma sobresaliente» varias de las preguntas.

Durán ya había subrogado el Juzgado Electoral bonaerense en las elecciones 2015, promovido inicialmente por el kirchnerismo pero cuya actuación fue elogiada por los distintos sectores políticos. Lo hizo hasta diciembre de ese año cuando fue removido por un fallo de la Corte y fue reemplazado por María Servini, posteriormente por el juez federal Juan Manuel Cuolta, y actualmente por el magistrado de La Plata Adolfo Ziulu.

Esta terna será elevada, previa aprobación del plenario, al Poder Ejecutivo. Por más que Ramos Padilla haya quedado primero, «no hay chances de que sea elegido por el Gobierno para enviar su nombre al Senado» dicen en los pasillos del Consejo. De hecho, el Ejecutivo presentó a través de su consejero Juan Bautista Mahiques, un pedido de juicio político por considerar que «no mantuvo la debida objetividad y reserva» tras su presentación el 13 de marzo en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, en la que se refirió a la investigación sobre una red de espionaje que utilizaría información obtenida ilegalmente para extorsionar.

Como los tres candidatos participan también de otros concursos, se incluyó una lista complementaria integrada por los postulantes Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán; Diego Isasa; y Matías Latino.

El Juzgado Federal Nro 1 es un tribunal estratégico por tener competencia electoral en toda la Provincia de Buenos Aires, es el que debe laudar ante posibles controversias electorales en el principal distrito del país: desde la presentación de listas, las impugnaciones y la aprobación del financiamiento partidario, hasta las denuncias por fraude y los cuestionamientos a los resultados electorales. Está vacante desde la muerte de Manuel Blanco en 2009

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Actualidad Política

Junio: la inflación de junio fue de 2,7%

Se dio a conocer la inflación de Junio y ya se acumula lo previsto para todo 2019

La inflación de junio fue de 2,7% y acumuló en la primera mitad del año un 22,4%, según los datos que publicó recientemente el Indec. La suba de precios mensual de junio fue la más baja del año y marcó así una notable pero leve desaceleración por tercer mes consecutivo.

La estabilidad cambiaria sostenida desde fines de abril hasta mediados de este mes eliminó una de las variables económicas que incide en la formación de precios de bienes y servicios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo había alcanzado un pico de 4,7% tras la fuerte suba del tipo de cambio que había tenido lugar en las semanas previas.

Desde esa medición, la inflación mensual se redujo paulatinamente. En abril marcó un 3,4% y en mayo aún menos. El Banco Central admitió tras el último dato oficial que los niveles de suba de precios todavía «están lejos de un nivel aceptable». Además, en junio tuvo lugar la primera caída interanual de la inflación en seis meses, ya que fue de 55,8% mientras el mes anterior había sido de 57,3%.

En medio año, la inflación acumulada (22,4%) prácticamente igualó a la proyección de suba de precios que había hecho el Gobierno nacional para todo 2019, que fue de 23%, según explicitó en el proyecto de Presupuesto.

Los rubros que mayores incrementos de precios registraron en junio fueron las comunicaciones (por ejemplo el servicio de telefonía celular y de conexión a Internet), con 7,1%, recreación (3,7%), salud (3,6%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%). Los alimentos estuvieron levemente por debajo del promedio y aumentaron 2,6%.

Dentro de este último sector, los productos que registraron aumentos más altos fueron el yogur (18,7%), la leche entera en polvo (13,1%), el tomate redondo (16,9%), la lechuga (12,9%). Otros registraron fuertes caídas como el agua mineral (-16,7%) y la naranja (-9,4%). Los valores de frutas y verduras suelen estar influidos por cuestiones estacionales

Las perspectivas económicas de consultoras locales y del FMI incluyen una estimación de inflación total para 2019 cercana al 40%. Así se refleja en el último dato publicado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA y en el recálculo de las previsiones de precios que hizo el Fondo Monetario en el informe técnico que difundió este lunes.

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AMIA: Diputados quiere avanzar sobre los acusados

El oficialismo tratará hoy de sacar un dictamen para llevar al recinto de Diputados el proyecto de “juicio en ausencia”, impulsado para dar una solución a la impunidad por el atentado a la AMIA, del que se cumplen 25 años el jueves.

La iniciativa, que tendrá como base un texto redactado por Daniel Lipovetzky, busca autorizar las condenas en casos de delitos graves, como los de lesa humanidad o del crimen organizado.

La Comisión de Legislación Penal se reunirá por pedido oficial para intentar avanzar con el dictamen. Sin embargo, el juicio en ausencia es cuestionado no solo por sectores políticos, sino por académicos, jueces e inclusive por algunos familiares de víctimas, como Diana Malamud.

“Si realmente les interesase obtener verdad y justicia, deberían empezar por destinar recursos a la investigación y no perder el tiempo en hacer leyes que no van a servir para nada”, sostuvo la semana pasada.

Otros afirman que el juicio en ausencia viola los principios de defensa en juicio. Pero Lipovetzky asegura que quienes rechazan por este motivo el proyecto que él impulsa es porque no leyeron el texto.

“La Corte Suprema ya convalidó en el pasado el juicio en ausencia, cuando el represor Alfredo Aztiz fue condenado en ausencia en Francia por el crimen de las monjas francesas”, manifestó el legislador. Y contó que hubo otros casos, como el del jerarca nazi condenado en ausencia por Italia y luego extraditado por la Argentina, Erich Priekbe.

Para Lipovetzky, la iniciativa no promueve cerrar casos, sino impedir que un prófugo evada la acción judicial. “El proyecto contempla que al prófugo se le designe defensor oficial e incluson que si se presenta una vez condenado pueda pedir la revisión del caso”, manifestó.

Para obtener el dictamen, el oficialismo necesitará el acompañamiento del Bloque Justicialista y podría tenerlo.

La opinión de los familiares del atentado a la AMIA acerca del proyecto

A pocos días de que se cumplan 25 años del atentado a la AMIA, el Gobierno busca impulsar, una vez más, un proyecto para reglamentar el juicio en ausencia de los culpables. Se trata de una vieja iniciativa, que ya fue presentada en 2017 con el impulso del ministro de Justicia Germán Garavano. Pero nunca se logró la aprobación en el Congreso.

La Casa Rosada intentará dar curso parlamentario a un proyecto presentado por el diputado Daniel Lipovetzky en mayo y que busca avanzar con los juicios en casos de delitos de lesa humanidad y crimen organizado, aún cuando los acusados no se haya presentado ante el juez. La iniciativa, de convertirse en ley, aplicaría para el atentado más violento en suelo argentino.

La iniciativa recibió el apoyo de la DAIA, pero en el pasado fue rechazado por AMIA, así como también por familiares de víctimas del atentado nucleadas en Apemia y Memoria Activa, desde donde lo calificaron como una medida «electoral».

«No tengo ninguna duda de que este proyecto tiene fines electorales”, expresó Diana Malamud, referente de Memoria Activa. “Si realmente les interesase obtener verdad y justicia, deberían empezar por destinar recursos a la investigación y no perder el tiempo en hacer leyes que no van a servir para nada”, sostuvo.

Lipovetzky cree que el proyecto podría aprobarse este año en el Congreso y espera que tenga dictamen para antes del receso invernal o, en su defecto, después de las PASO. “No encuentro muchos elementos para manifestarse en contra porque en definitiva lo que estamos buscando es que la causa avance. Si hubiera un instrumento mejor que este, bienvenido sea”, dijo el diputado de Cambiemos.

Según detalló, el objetivo «no es condenar en ausencia, sino que al verse juzgado, el imputado se presente». Contemplará la presencia de un defensor oficial para el acusado y el derecho a pedir la reapertura de la causa y un nuevo juzgamiento, en caso de presentarse ante el tribunal.

Por su parte, Malamud criticó la idea de hacer “leyes a medida” para causas puntuales, y opinó que su aprobación solo generaría “más cuestionamientos y dudas”. “El caso ha sido usado políticamente con fines que nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y justicia, con lo cual, todo lo que se dirime al respecto suele ser sospechoso”, dijo y subrayó: “Ya hay bastante legislación, lo único que tienen que hacer es buscar justicia y verdad”.

Además, apuntó directamente contra Germán Garavano a quien acusó de «defender delincuentes», a raíz de la decisión de levantar la acusación en contra de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia del juicio por encubrimiento. Finalmente, los dos exfuncionarios judiciales fueron declarados culpables y condenados a dos años de prisión en suspenso.

“En lo personal creo que las posibilidades de que haya justicia son casi nulas. Y eso no fue producto del azar, sino precisamente del largo trabajo que realizaron los encubridores desde todos los poderes del Estado para que esto sea así”, concluyó. Uno de los argumentos que utilizó en su momento el kirchnerismo para firmar el Pacto con Irán fue que, como en Argentina el juicio en ausencia no existe, no había manera de esclarecer el atentado con la legislación interna. Ahora, el macrismo busca cambiar eso en año electoral.

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Actualidad Política

Brian Aguinaco: prisión perpetua para uno de los asesinos

n hombre fue condenado este martes a prisión perpetua como coautor del crimen del adolescente Brian Aguinaco (14), asesinado de un balazo por motochoros cuando se trasladaba en auto con su abuelo por el barrio porteño de Bajo Flores.

El crimen de Brian fue cometido el 24 de diciembre de 2016, cuando el adolescente acompañaba en auto a su abuelo Enrique Aguinaco a la peluquería y escucharon gritos de dos mujeres que eran asaltadas en el cruce de Asamblea y Rivera Indarte, del Bajo Flores.

Previo al veredicto el 11 de abril pasado la fiscal de juicio Irma García Netto pidió para Gómez la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor de «homicidio criminis causa», es decir matar para ocultar otro delito, en este caso el robo, y lograr la impunidad. «No quedan dudas de cómo ocurrió el suceso, reconstruido a través de las filmaciones y testimonios, que provoca la muerte de Aguinaco con un disparo que efectúan las dos personas que iban en la moto», indicó la fiscal en su alegato.

La funcionaria consideró además que «existió un plan previo y común con quien disparó en ese momento y (Gómez) sabía que era un menor de edad con un arma que se iba a utilizar». Para la fiscal el disparo fue «para poder eludir a la Justicia y para proteger su apoderamiento», que en este caso era la cartera de una de las dos mujeres asaltadas.

El adolescente que disparó, que tenía 15 años al momento del crimen, fue detenido aunque poco después fue declarado inimputable y enviado por su familia a Perú. Luego volvió por poco tiempo a la Argentina y partió nuevamente. Finalmente fue sobreseído.

En este proceso son juzgados además por otros robos y por usurpación de viviendas otros cuatro integrantes de la denominada «Banda de la Salita» de la villa 1-11-14 del Bajo Flores que integraba Gómez. Por esos hechos la fiscal pidió 17 años de cárcel para el imputado Daniel Mendieta por robo armado en banda; cuatro años para Luis Cantoral por encubrimiento agravado; cuatro años para Irving Cruz Yupanqui por el mismo delito; y cinco años para Eric González por tenencia ilegítima de arma de guerra.

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