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Actualidad Política

Ley Góndola: ¿De qué se trata el proyecto de Elisa Carrió?

La Ley Góndola intentará frenar la inflación

“Yo ahora me estoy por ir a acostar a las góndolas, allá abajo, para mostrarle a los supermercados como los precios más baratos me los ponen ahí”, lanzó Elisa Carrió. Fue el 12 de marzo pasado anticipando su proyecto de Ley Góndola.

─De ahí me van a tener que levantar los dueños de los supermercados porque yo me voy a quedar ahí, acostada, en huelga─ desafió.

Esa fue la manera en la que la líder de la Coalición Cívica mostró su enojo con la inflación y los precios altos en los supermercados. El 21 de marzo, lo repitió. “Yo me estoy por ir a tirar a los supermercados”, amenazó, al denunciar cartelización en la fijación de precios.

Ahora, decidió ir un paso más allá y presentó un proyecto para instaurar una “ley de fomento de la competencia en la cadena de valor alimenticia”, que ya ha sido bautizada puertas adentro por algunos dirigentes de la CC-ARI como la “Ley Góndola”.

La iniciativa de Ley Góndola, tiene como principal objetivo evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.

La misma se condice con la denuncia que días atrás presentó el legislador lilito, Hernán Reyes, ante la falta de leche “Armonía”, la más barata del mercado y parte del programa Precios Cuidados, ante la Comisión de Defensa a la Competencia.

«La presente ley será de aplicación a la totalidad de las relaciones comerciales en la que intervengan los operadores de la cadena de valor alimenticia y cuyo objeto esté vinculado en forma directa con el proceso desde la producción hasta la distribución final de alimentos y productos alimenticios», establece el segundo artículo del proyecto.

Entre los objetivos de la iniciativa, Carrió habla de “aumentar el beneficio a los consumidores”, “resguardar el equilibrio de la cadena de valor”, “contribuir a la transparencia de los precios”, “promover una mayor concurrencia de marcas” y hasta “fomentar el acceso al consumo sustentable”.

Sin embargo, su eje más concreto es que el Estado intervenga, de alguna forma, en el monitoreo y control del proceso de formación de precios en los supermercados.

Además, el proyecto de ley crea un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las principales cadenas de supermercados del país y también un observatorio de precios.

Para Carrió, esas empresas promueven a veces prácticas abusivas que afectan los precios y el consumo.

Desde hace años, este es un tema que desvela a Lilita. Según ella misma contó en reiteradas oportunidades, la ley de Defensa a la Competencia –que ella impulsó con Mario Negri– nació cuando le quisieron cobrar 6.000 pesos por un chivo.

«La podríamos llamar la ley del chivo, porque en el medio de la inflación fui a comprar un chivo y valía 6000 pesos, cuando en ojo de agua vale 600 pesos. ¡Lo pagué en dos cuotas!», dijo en Diputados, durante la sesión en la que se aprobó la iniciativa, en la que también llamó a boicotear a los supermercados.

Ahora, con una inflación prevista en 36%, según el índice de expectativas, la líder de Cambiemos busca institucionalizar su reclamo y promete traer controversia, sobre todo porque hasta dispone la manera en que en los supermercados deben exhibir sus productos.

No sólo en qué proporción sino también de qué manera física.

«La participación en góndolas será equitativa para los oferentes lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales”, dice y agrega que “está prohibido pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al veinte por ciento (20%) del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características».

Señala Carrió: «Los exhibidores contiguos a las cajas y las islas de exhibición deben garantizar al menos un cincuenta por ciento (50%) de productos de origen local y/o producido por Pequeñas y Medianas Empresas o por Cooperativas y/o Asociaciones Mutuales».

El artículo 29 del proyecto especifica hasta con el centimetraje exacto cómo deben ordenarse los productos. “La forma en que los productos sean exhibidos y distribuidos en góndolas por parte de los establecimientos supermercadistas, no deben tener por efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia dentro de cada categoría”, estipula.

“Está prohibido pautar lugares de privilegio en góndola, dificultando la exhibición equitativa de las diferentes marcas ordenándolas en forma vertical, y no horizontal, utilizando criterios objetivos”, sentencia. “Los productos de menor precio conforme la unidad mínima comparativa del artículo 30 de la presente ley, deberán encontrarse a una altura no menor a los 90 centímetros y no superior a los 160 centímetros”, detalla.

Según explicaron desde la Coalición Cívica, su proyecto se basa en legislaciones similares que se aplican en el Reino Unido y en España, dos países donde la inflación interanual de 2018 no supera el 2,1%, muy lejos del 47,6% de Argentina, la marca más alta desde 1991.

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Junio: la inflación de junio fue de 2,7%

Se dio a conocer la inflación de Junio y ya se acumula lo previsto para todo 2019

La inflación de junio fue de 2,7% y acumuló en la primera mitad del año un 22,4%, según los datos que publicó recientemente el Indec. La suba de precios mensual de junio fue la más baja del año y marcó así una notable pero leve desaceleración por tercer mes consecutivo.

La estabilidad cambiaria sostenida desde fines de abril hasta mediados de este mes eliminó una de las variables económicas que incide en la formación de precios de bienes y servicios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo había alcanzado un pico de 4,7% tras la fuerte suba del tipo de cambio que había tenido lugar en las semanas previas.

Desde esa medición, la inflación mensual se redujo paulatinamente. En abril marcó un 3,4% y en mayo aún menos. El Banco Central admitió tras el último dato oficial que los niveles de suba de precios todavía «están lejos de un nivel aceptable». Además, en junio tuvo lugar la primera caída interanual de la inflación en seis meses, ya que fue de 55,8% mientras el mes anterior había sido de 57,3%.

En medio año, la inflación acumulada (22,4%) prácticamente igualó a la proyección de suba de precios que había hecho el Gobierno nacional para todo 2019, que fue de 23%, según explicitó en el proyecto de Presupuesto.

Los rubros que mayores incrementos de precios registraron en junio fueron las comunicaciones (por ejemplo el servicio de telefonía celular y de conexión a Internet), con 7,1%, recreación (3,7%), salud (3,6%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%). Los alimentos estuvieron levemente por debajo del promedio y aumentaron 2,6%.

Dentro de este último sector, los productos que registraron aumentos más altos fueron el yogur (18,7%), la leche entera en polvo (13,1%), el tomate redondo (16,9%), la lechuga (12,9%). Otros registraron fuertes caídas como el agua mineral (-16,7%) y la naranja (-9,4%). Los valores de frutas y verduras suelen estar influidos por cuestiones estacionales

Las perspectivas económicas de consultoras locales y del FMI incluyen una estimación de inflación total para 2019 cercana al 40%. Así se refleja en el último dato publicado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA y en el recálculo de las previsiones de precios que hizo el Fondo Monetario en el informe técnico que difundió este lunes.

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AMIA: Diputados quiere avanzar sobre los acusados

El oficialismo tratará hoy de sacar un dictamen para llevar al recinto de Diputados el proyecto de “juicio en ausencia”, impulsado para dar una solución a la impunidad por el atentado a la AMIA, del que se cumplen 25 años el jueves.

La iniciativa, que tendrá como base un texto redactado por Daniel Lipovetzky, busca autorizar las condenas en casos de delitos graves, como los de lesa humanidad o del crimen organizado.

La Comisión de Legislación Penal se reunirá por pedido oficial para intentar avanzar con el dictamen. Sin embargo, el juicio en ausencia es cuestionado no solo por sectores políticos, sino por académicos, jueces e inclusive por algunos familiares de víctimas, como Diana Malamud.

“Si realmente les interesase obtener verdad y justicia, deberían empezar por destinar recursos a la investigación y no perder el tiempo en hacer leyes que no van a servir para nada”, sostuvo la semana pasada.

Otros afirman que el juicio en ausencia viola los principios de defensa en juicio. Pero Lipovetzky asegura que quienes rechazan por este motivo el proyecto que él impulsa es porque no leyeron el texto.

“La Corte Suprema ya convalidó en el pasado el juicio en ausencia, cuando el represor Alfredo Aztiz fue condenado en ausencia en Francia por el crimen de las monjas francesas”, manifestó el legislador. Y contó que hubo otros casos, como el del jerarca nazi condenado en ausencia por Italia y luego extraditado por la Argentina, Erich Priekbe.

Para Lipovetzky, la iniciativa no promueve cerrar casos, sino impedir que un prófugo evada la acción judicial. “El proyecto contempla que al prófugo se le designe defensor oficial e incluson que si se presenta una vez condenado pueda pedir la revisión del caso”, manifestó.

Para obtener el dictamen, el oficialismo necesitará el acompañamiento del Bloque Justicialista y podría tenerlo.

La opinión de los familiares del atentado a la AMIA acerca del proyecto

A pocos días de que se cumplan 25 años del atentado a la AMIA, el Gobierno busca impulsar, una vez más, un proyecto para reglamentar el juicio en ausencia de los culpables. Se trata de una vieja iniciativa, que ya fue presentada en 2017 con el impulso del ministro de Justicia Germán Garavano. Pero nunca se logró la aprobación en el Congreso.

La Casa Rosada intentará dar curso parlamentario a un proyecto presentado por el diputado Daniel Lipovetzky en mayo y que busca avanzar con los juicios en casos de delitos de lesa humanidad y crimen organizado, aún cuando los acusados no se haya presentado ante el juez. La iniciativa, de convertirse en ley, aplicaría para el atentado más violento en suelo argentino.

La iniciativa recibió el apoyo de la DAIA, pero en el pasado fue rechazado por AMIA, así como también por familiares de víctimas del atentado nucleadas en Apemia y Memoria Activa, desde donde lo calificaron como una medida «electoral».

«No tengo ninguna duda de que este proyecto tiene fines electorales”, expresó Diana Malamud, referente de Memoria Activa. “Si realmente les interesase obtener verdad y justicia, deberían empezar por destinar recursos a la investigación y no perder el tiempo en hacer leyes que no van a servir para nada”, sostuvo.

Lipovetzky cree que el proyecto podría aprobarse este año en el Congreso y espera que tenga dictamen para antes del receso invernal o, en su defecto, después de las PASO. “No encuentro muchos elementos para manifestarse en contra porque en definitiva lo que estamos buscando es que la causa avance. Si hubiera un instrumento mejor que este, bienvenido sea”, dijo el diputado de Cambiemos.

Según detalló, el objetivo «no es condenar en ausencia, sino que al verse juzgado, el imputado se presente». Contemplará la presencia de un defensor oficial para el acusado y el derecho a pedir la reapertura de la causa y un nuevo juzgamiento, en caso de presentarse ante el tribunal.

Por su parte, Malamud criticó la idea de hacer “leyes a medida” para causas puntuales, y opinó que su aprobación solo generaría “más cuestionamientos y dudas”. “El caso ha sido usado políticamente con fines que nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y justicia, con lo cual, todo lo que se dirime al respecto suele ser sospechoso”, dijo y subrayó: “Ya hay bastante legislación, lo único que tienen que hacer es buscar justicia y verdad”.

Además, apuntó directamente contra Germán Garavano a quien acusó de «defender delincuentes», a raíz de la decisión de levantar la acusación en contra de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia del juicio por encubrimiento. Finalmente, los dos exfuncionarios judiciales fueron declarados culpables y condenados a dos años de prisión en suspenso.

“En lo personal creo que las posibilidades de que haya justicia son casi nulas. Y eso no fue producto del azar, sino precisamente del largo trabajo que realizaron los encubridores desde todos los poderes del Estado para que esto sea así”, concluyó. Uno de los argumentos que utilizó en su momento el kirchnerismo para firmar el Pacto con Irán fue que, como en Argentina el juicio en ausencia no existe, no había manera de esclarecer el atentado con la legislación interna. Ahora, el macrismo busca cambiar eso en año electoral.

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Brian Aguinaco: prisión perpetua para uno de los asesinos

n hombre fue condenado este martes a prisión perpetua como coautor del crimen del adolescente Brian Aguinaco (14), asesinado de un balazo por motochoros cuando se trasladaba en auto con su abuelo por el barrio porteño de Bajo Flores.

El crimen de Brian fue cometido el 24 de diciembre de 2016, cuando el adolescente acompañaba en auto a su abuelo Enrique Aguinaco a la peluquería y escucharon gritos de dos mujeres que eran asaltadas en el cruce de Asamblea y Rivera Indarte, del Bajo Flores.

Previo al veredicto el 11 de abril pasado la fiscal de juicio Irma García Netto pidió para Gómez la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor de «homicidio criminis causa», es decir matar para ocultar otro delito, en este caso el robo, y lograr la impunidad. «No quedan dudas de cómo ocurrió el suceso, reconstruido a través de las filmaciones y testimonios, que provoca la muerte de Aguinaco con un disparo que efectúan las dos personas que iban en la moto», indicó la fiscal en su alegato.

La funcionaria consideró además que «existió un plan previo y común con quien disparó en ese momento y (Gómez) sabía que era un menor de edad con un arma que se iba a utilizar». Para la fiscal el disparo fue «para poder eludir a la Justicia y para proteger su apoderamiento», que en este caso era la cartera de una de las dos mujeres asaltadas.

El adolescente que disparó, que tenía 15 años al momento del crimen, fue detenido aunque poco después fue declarado inimputable y enviado por su familia a Perú. Luego volvió por poco tiempo a la Argentina y partió nuevamente. Finalmente fue sobreseído.

En este proceso son juzgados además por otros robos y por usurpación de viviendas otros cuatro integrantes de la denominada «Banda de la Salita» de la villa 1-11-14 del Bajo Flores que integraba Gómez. Por esos hechos la fiscal pidió 17 años de cárcel para el imputado Daniel Mendieta por robo armado en banda; cuatro años para Luis Cantoral por encubrimiento agravado; cuatro años para Irving Cruz Yupanqui por el mismo delito; y cinco años para Eric González por tenencia ilegítima de arma de guerra.

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