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Política Nacional

Denunciaron penalmente a CFK por confesiones en su libro Sinceramente

Los abogados y dirigentes de la fuerza política Republicanos, Yamil Santoro y José Magioncalda, presentaron una denuncia penal contra la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por las confesiones realizadas en el libro recientemente publicado por la ex mandataria: sinceramente.

Los abogados cercanos al candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, Darío Lopérfido, interpretaron que al haber reconocido CFK que aumentó el déficit fiscal para favorecer a Daniel Scioli en las últimas elecciones presidenciales, hecho narrado en la página 323 del libro configura el delito tipificado en el artículo 265 del código penal en el capítulo VIII de negociaciones incompatibles con la función pública: «Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo«.

La página 323 del libro Sinceramente donde aparece el fragmento que los abogados interpretan configura el delito tipificado en el artículo 265 del código penal

Consultado por el tema el Dr. Yamil Santoro, Presidente del Partido Político Mejorar y Director de la Fundación Apolo, comentó: «se trata de un delito que no requiere necesariamente que se le cause un perjuicio, en sus resultados, al Estado Nacional más allá de que el déficit fiscal es un problema estructural que aqueja a la Argentina. Estamos ante un insólito caso donde un funcionario reconoce que tuvo otros motivos que el interés general para tomar una decisión gubernamental y eso es lo que justamente sanciona el art. 265 que fue introducido al código penal por la ley de ética pública. Cristina, en su verborragia literaria, reconoce un delito dificilísimo de probar de otra forma».

Así anunciaba la presentación de la denuncia Yamil Santoro

Por su parte el Dr. Magioncalda, presidente a su vez de la ONG Ciudadanos Libres, dijo a este medio: «Esta denuncia no obedece solo a una necesidad punitiva, sino a desandar el impacto negativo que provoca a la República, una ex Presidente que se vanagloria por escrito de sus delitos»

Así lo adelantaba José Magioncalda en su cuenta de Twitter mientras CFK presentaba su libro en la Feria del Libro

A continuación el texto completo de la denuncia presentada esta mañana en Comodoro Py:

DENUNCIAN CONDUCTA TIPIFICADA EN EL ART. 265 DEL CÓDIGO PENAL 

Señor Juez:

                                   YAMIL SANTORO, abogado Tº 124 Fº208, CPACF (con domicilio electrónico 20334984037) y  JOSÉ LUCAS MAGIONCALDA, abogado Tº 62 Fº 671 del CPACF, (con domicilio electrónico 20232494957), ambos constituyendo domicilio legal en Lavalle 1773, 6º “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:                

                                   I.- OBJETO: Venimos a denunciar a la Sra. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER por la posible comisión del delito tipificado en el art. 265 del Código Penal conforme los hechos y consideraciones que se exponen seguidamente:

                                   II.-HECHOS: Hace pocos días, como es de público conocimiento, salió a la venta un libro cuya autoría corresponde a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, y que se titula “SINCERAMENTE”.

                                   En su página 323, la ex presidente dice textualmente que “La razón del crecimiento de un punto del déficit durante el año 2015 no sólo fue porque el año anterior había sido un mal año para la economía –se había apreciado el dólar y caído el precio de los commodities- sino también porque en vista de las elecciones presidenciales decidí incrementar el gasto. Una pequeña digresión: me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones… ¡Aumenté en un punto del PBI el déficit fiscal para inyectar recursos a la economía! ¡Mi Dios!… Cómo algunos no hacen más que repetir lo que leen en Clarín y La Nación”.

                                   Es decir que, en principio, se advierte el reconocimiento de un conjunto de conductas de la ex mandataria, perjudiciales para la economía nacional, orientadas a beneficiar al candidato de su partido en las últimas elecciones presidenciales.

                                   El verbo “operar”, según la Real Academia Española, en su cuarta acepción, significa “Obrar, trabajar, ejecutar diversos menesteres u ocupaciones”, por lo que “operación” bien podría concebirse como “ejecución” de una tarea.

                                   De tal modo que, lo que la Sra. de Kirchner ha reconocido, es que intervino, interesadamente, a favor de su candidato presidencial, ejecutando tareas propias de su cargo.

                                    III.- DERECHO: Consideramos que el hecho reconocido por su propia autora, la Sra. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, relatados se encuentran tipificados en el art. 265 del Código Penal que expresamente dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.” Y ello, según los fundamentos que siguen en el siguiente punto.

                                   IV.- FUNDAMENTOS: DOCTRINA Y JURISRPUDENCIA: En “Decibe, Susana y otros». s/ procesamiento”, en donde la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala 1, a cargo de los magistrados Vigliani, Cavallo y Freiler, mediante sentencia dictada con fecha 22 de Septiembre de 2005 resolvieron: “… En numerosos precedentes jurisprudenciales, esta Cámara ha adoptado un criterio amplio de la figura de negociaciones incompatibles, entendiendo que también puede ser cometido por un funcionario que no contrata consigo mismo, siempre que vuelque sobre el negocio un interés ajeno al de la administración pública. Así lo relevante es el desvío de poder que ejerce el funcionario en desmedro del necesario interés unilateral que debe arrimar toda actuación de un órgano estatal, procediendo con tendencia beneficiante, condicionando la voluntad negocial de la administración por la inserción de un interés particular. (C.C.C. Fed. Sala I «MARTINEZ DE HOZ» del 15.11.90; «LIRA» del 4.11. 97; «DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR» del 19.5.03; y Sala II «NICOLINI» del 29.5.96 y «TEDESCO BALUT» del 16.9.96 entre otras). Entonces, ese actuar interesado del funcionario, debe poner en peligro o lesionar la imparcialidad de la administración pública y en consecuencia, el buen y debido desempeño de las funciones de la administración…”.

                       Es menester comprender que lo que este tipo penal condena es el elemento volitivo que desvía al acto administrativo del interés público al interés particular, es decir, “…avocar sobre el negocio (…) una pretensión de parte no administrativa, es decir, de actuar en la operación no sólo como funcionario, sino, como particular interesado en una determinada decisión o actuación de la administración…” (Creus, Carlos, “Dcho. Penal, parte especial”, Ed. Astrea, Bs As 1999, Tomo II, pág. 299).

                        Si bien el aumento del déficit fiscal acarrea un perjuicio para las arcas públicas el resultado disvalioso es irrelevante para la configuración del delito denunciado. Aún si, hipotéticamente, hubiera resultado beneficioso para el país lo que nuestro código penal denuncia es el desvío moral de anteponer los intereses particulares, o partidarios en es te caso, por sobre la responsabilidad y sobriedad que exige estar a cargo de la cosa pública.  A saber, “…no es indispensable que el interés particular tenga que aparecer como contrapuesto al de la administración (…) es más, se dará igualmente el delito aunque el interés esté constituido por una pretensión que beneficie rotundamente a aquella…” (Carlos Creus, obra citada, página 310), con lo que no exige la norma que la conducta cause un perjuicio patrimonial determinado.

                        Cabe precisar que el art.265 fue incorporado al Código Penal en virtud de la Ley 25.188 “Ley de ética en el ejercicio de la Función Pública” la cual debe servir de parámetro para interpretar qué debe ser tenido por un desvío significativo y punible. La norma citada, que alcanza en sus obligaciones al Presidente de la Nación, en su art. 2 prescribe como deberes y pautas para los funcionarios públicos que deben: “a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; (…)”.

Lo que el tipo penal protege es la confianza pública en las instituciones, “el fiel y debido desempeño de las funciones en sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos no sólo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad” (Cám. Nac. de Apel.en lo Criminal y Correccional Federal, expte. N° 12.307 “Tedesco Balut y otros s/proc., fallado el 16.09.96).

            Es evidente, a raíz del relato propio de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, que la necesaria distancia que debe guardar un gobernante entre sus intereses particulares y el interés colectivo cedió y quedó expresamente reconocido en este pasaje: “La razón del crecimiento de un punto del déficit durante el año 2015 no sólo fue porque el año anterior había sido un mal año para la economía –se había apreciado el dólar y caído el precio de los commodities- sino también porque en vista de las elecciones presidenciales decidí incrementar el gasto” (el destacado es nuestro).

                                   V.-  PETITORIO: En virtud de la gravedad del hecho denunciado, solicitamos con la mayor celeridad posible, la investigación de los mismos y, de corresponder, su oportuna elevación a juicio.

                                   Proveer de conformidad

                                       SERÁ JUSTICIA

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Actualidad Política

La CGT define la posibilidad de apoyar a los Fernández

Los representantes de la Confederación General del Trabajo tienen planeado juntarrse con los principales precandidatos a presidente para conocer los planes y presentar sus reclamos de cara a las próximas elecciones. ¿A quién apoyará la CGT? Si bien circuló la idea de una posición «neutral» de la institución que promulga un sector, Héctor Daer salió a desmentirlo y ratificó su apoyo a Alberto y Cristina Fernández. En la tarde de este lunes 15 de julio se verán las caras en la central gremial para definir una postura.

Jorge Sola, secretario gremial del Sindicato de Seguro, explicó que la postura de la CGT «no está hablada» y resaltó que debe tratarse en el Consejo Directivo. El sindicalista, secretario de Comunicación de la central obrera, confirmó además que esta tarde a las 16 habrá una reunión de la mesa chica para coordinar los temas que se hablarán mañana con el precandidato del Frente de Todo y que allí «quedará más claro» la situación, aunque reconoció que existen sectores que buscan la neutralidad.

«Cómo va a ser neutral la CGT si todo lo que hizo este Gobierno fue para enriquecer aún más a los que más tienen y más ganan? La CGT es peronista y jamás apoyará a este Gobierno», respondió en su cuenta de Twitter Daer ante los rumores de una postura neutral. Su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández ya había sido anunciado, por lo que cierto sector intenta mostrar su disconformidad con el kirchnerismo.

Guillermo Moser de Luz y Fuerza insistió en que «hay que ver el plan» de todos los candidatos a presidente y que la «mejor postura» que puede tomar el sindicalismo es la «neutralidad» porque «hay otros compañeros que apoyan a Roberto Lavagna, por ejemplo». Y agregó: «Vamos a ver qué medida se toma. Yo voy de invitado a la CGT y voy a escuchar la posición que se toma. Va a ser una conversación de todos de la comisión hay que ver qué piensan».

Los sindicalistas que apoyan a Moser son José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), el ferroviario Sergio Sasia, el mercantil Armando Cavalieri y el colectivero Roberto Fernández, que casualmente fueron los mismos que apoyaron la candidatura de Lavagna.

Por su parte, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, se metió en la discusión y expresó: «No es bueno que la CGT no tenga una posición unificada en las elecciones. Es indudable que algunos dirigentes especulan con la posibilidad que el Gobierno gane». En diálogo con Crónica Anunciada, Baradel aseguró que «ahora quieren proponer neutralidad y juntarse con Pichetto», y agregó: «Si la CGT no apoya a un candidato estamos en un problema».

En medio de las disputas por una definición, Alberto Fernández almorzará el martes 16 de julio con representantes de la CGT, Luz y Fuerza y Ferroviarios. Incluso, la decisión de no recibir al candidato presidencial del kirchnerismo en la mítica sede de Azopardo 802 fue para evitar diferencias internas, por lo que mantendrán el encuentro en la sede de UPCN

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Actualidad Política

ARA San Juan: Aguad pasará a retiro a dos oficiales

Decisión del Ministro Aguad en la causa del ARA San Juan

Esta semana, Oscar Aguad hará público un sumario elaborado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que establece las responsabilidades militares en la tragedia del ARA San Juan. Con esta actuación administrativa en sus manos, Aguad pasaría a retiro a los dos últimos oficiales en actividad que integraron la cadena de mando cuando la tragedia en alta mar terminó con la muerte de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

El ministro informará hoy a los oficiales de la Armada -sus nombres se mantienen en reserva por cuestiones legales- y a continuación hará publico un dossier de más de 200 fojas que define la responsabilidad administrativa de los oficiales que supuestamente fallaron al momento de evitar que el ARA San Juan termine en el fondo del Océano Atlántico.

Asimismo, el Ministerio de Defensa también pretende hacer públicas las conclusiones de la junta de expertos submarinistas que trabajó para demostrar que la cadena de sucesos que llevó a la tragedia arranca en la reparación de media vida de la nave, buscando así delimitar claramente quienes, por acción u omisión, contribuyeron desde la óptica oficial al trágico desenlace.

El Estado Mayor Conjunto es el organismo de jerarquía superior en la orgánica militar actual. Se encuentra a cargo del Teniente General Bari del Valle Sosa, un veterano de la Guerra de Malvinas, y por estas horas las fuentes consultadas no supieron precisar si él mismo ha dejado su firma estampada en el documento -está actualmente de licencia- o si éste será dado a conocer con la firma del actual subjefe del organismo militar, el Brigadier Mayor Roberto Andreasen.

El sumario se enmarca en el nuevo reglamento de disciplina para las FFAA, que reemplazó al anterior Código de Justicia Militar derogado durante el gobierno de Cristina Fernández por iniciativa de la exministra Nilda Garré. La norma no es -como lo era el código anterior- parte de un fuero penal especial.

Apenas si constituye un marco disciplinario interno que puede contener penas que van desde un apercibimiento a la baja o retiro. Para el caso de delitos penales propios de la actividad militar, se han efectuado agregados y modificaciones al Código Penal de la Nación y por ende su aplicación está en poder de los jueces federales del fuero penal.

Las responsabilidades asignadas a la cadena de mandos navales con funciones en la operación del ARA «San Juan» entrarían dentro de las denominadas faltas disciplinarias gravísimas. En este contexto, al menos dos de los oficiales presuntamente responsables en forma parcial por la tragedia serían pasados a retiro por Aguad.

El ARA San Juan en las elecciones 2019

Sin embargo, y pese a su rigor profesional, los legisladores opositores de la Comisión Bicameral ARA San Juan se niegan a tomar en consideración este sumario militar elaborado por el Estado Mayor Conjunto. Es que si decidieran incluirlo en las consideraciones finales de sus propias conclusiones, deberían postergar la difusión pública de su informe definitivo sobre la tragedia del ARA San Juan, prevista para el jueves 18 de julio.

Los diputados y senadores del Frente de Todos se resisten a otorgar una postergación porque creen que podría beneficiar al gobierno en plena campaña electoral. Para los representantes del kirchnerismo en la comisión bicameral ARA San Juan, el informe final implicaría un fuerte costo político para Mauricio Macri y su ministro Aguad, y por eso quieren difundirlo cuanto antes.

El martes, los senadores y diputados que conforman la bicameral -cuyo único objetivo es establecer las responsabilidades políticas en la tragedia que costó la vida de 44 miembros de la Armada Argentina- se reunieron con el propósito de proceder a la firma del informe final sobre las presuntas responsabilidades en el siniestro.

La oposición alineada en la actualidad en el «Frente de Todos», y que tiene la mayoría, intenta aprovechar el momento preelectoral para cargar las tintas sobre la actual conducción de la cartera de Defensa, y de modo colateral con Macri, prescindiendo de eventuales responsabilidades de gestiones anteriores.

El oficialismo, por su parte, comunicó a los parlamentarios que está concluido el sumario militar que el Estado Mayor elaboró por orden del Ministerio de Defensa. Considerando que se trata de un documento producido nada menos que por la máxima autoridad militar de la Nación, con resultados extremadamente precisos en materia de asignación de responsabilidades, resultaría muy extraño que la Bicameral emitiera una conclusión sin tener en cuenta las conclusiones de los auditores militares.

Hasta el presente, la oposición ha cerrado filas en torno a la decisión de emitir su informe antes de las PASO -concretamente el próximo 18 de julio con despliegue mediático y presencia de público-, aun a riesgo de degradar severamente la credibilidad del documento. Este apresuramiento podría forzar al oficialismo a producir un pronunciamiento de minoría, lo que dejaría en claro que la campaña se metió de lleno en la comisión.

Incluso la mayoría de los familiares de los marinos fallecidos advierten que la bicameral está a punto de perder la credibilidad, toda vez que, en lo que a responsabilidad política se refiere, sólo hará hincapié en una gestión que tenía apenas dos meses de iniciada cuando ocurrió la tragedia, dejando además de lado a todos los funcionarios de la gestión kirchnerista que ocuparon la cartera ministerial desde que se inició la reparación de media vida de la embarcación.

Fueron los familiares de las víctimas quienes una y otra vez reclamaron que la exministra Nilda Garré fuera apartada de la bicameral, por haber sido la funcionaria bajo cuya gestión se adquirió el hoy cuestionado sistema de control de emisiones de hidrógeno dentro del casco resistente del San Juan.

«No se le puede cargar a la exministra, la responsabilidad técnica por la elección de un sistema de medición de hidrógeno en la atmósfera no adecuado para una embarcación militar, pero tampoco se le puede achacar al actual ministro responsabilidad por la zarpada de un submarino, que fue decidida por un almirante y un comandante de fuerza, que estaban al tanto del estado de la nave y que consideraron que estaba apta», sostiene uno de los peritos navales que colabora en las investigaciones.

Un punto especialmente controvertido es el de la pretensión del peronismo de cargar en el Ministerio de Defensa la responsabilidad por el momento en el que se declaró al submarino en emergencia y consecuentemente se dispuso el inicio del operativo SAR (Search and Rescue), Búsqueda y Rescate.

Asesores en materia de legislación marítima consultados coinciden en explicar que «durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla se promulgó la ley 22.445, mediante la cual se determinó que la autoridad de aplicación del protocolo SAR sería exclusivamente el Comandante en Jefe de la Armada.

Los juristas reconocen que ese cargo ya no existe más y que lo suplanta la figura del Jefe de Estado Mayor General de la Armada. Con el advenimiento de la democracia, el Congreso Nacional revalidó decenas de leyes de la dictadura para asegurar el correcto funcionamiento administrativo del Estado Nacional; ésta fue una de ellas y se encuentra plenamente vigente.

Esta norma, cumplida a rajatabla por la Armada Argentina, hace posible que ante una situación de emergencia en el mar bajo jurisdicción SAR de la fuerza naval nacional, sus autoridades no deban perder tiempo en pedir permiso a los ministerios de Defensa o Seguridad. Es el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Marina el que asume de facto el control automático de la situación, contando como fuerza subsidiaria con la Prefectura Naval Argentina.

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Actualidad Política

El Ministerio del Interior propone una planta de biogás

Por medio de el Ministerio del Interior, Bariloche podría convertirse en el caso testigo del programa de energías renovables que trata de impulsar el gobierno nacional. El método escogido es el de una planta de biogás con capacidad de utilizar la totalidad de los residuos que genera la ciudad a diario.

En condiciones normales el vertedero recibe 6.000 toneladas de basura al mes. A partir del método presentado se podrá contar con metano suficiente para generar biogás que luego será utilizado para la generación de calor y electricidad. Esta última podrá ser reinsertada en el sistema eléctrico de la ciudad.

El secretario de Planificación Territorial del Ministerio del Interior, Fernando Álvarez de Celis, dialogó con Radio Seis acerca de la propuesta que se comenzó a trabajar con los concejales locales.

Álvarez dijo conocer la problemática de la ciudad con su vertedero y abrió las puertas hacia una solución “propicia, verde y de economía circular”. Explicó que mantuvo reuniones con el intendente Gustavo Gennuso para concretar un pliego licitatorio “y cuestiones técnicas que lo posibiliten”.

El proyecto aún se encuentra en sus bases y por ello comentó que se trabaja en una “ecuación socio económica” que abarque la composición de residuos y la forma en la que la ciudad deberá entregarlos a la empresa encargada.

Sin embargo un punto importante es la falta de normativa para que la energía que produzca la planta de biogás pueda ser vendida “y que esa ecuación económica tenga una ecuación ambiental que permita contar con energía limpia”.

El funcionario evitó referirse a los tiempos de concreción del proyecto pero aseguró que se está trabajando en forma paralela, respecto a la necesidad de contar con una normativa específica, por tratarse del primer caso en el país.

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