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Actualidad Política

Alabama prohibe el aborto por Ley

Alabama aprobó una ley antiaborto

Los legisladores de Alabama aprobaron la ley de prohibición del aborto más restrictiva de los Estados Unidos, un proyecto para terminar con el aborto desde la concepción con excepciones sólo si la vida de la mujer está en grave peligro.

La ley es sólo un ejemplo de una drástica restricción de los derechos reproductivos de la mujer que se está extendiendo por los estados con mayoría republicana. La Casa Blanca ha alimentado el fervor de los activistas antiaborto con candidatos conservadores al Poder Judicial y una serie de cambios burocráticos que limitan la libertad reproductiva y el financiamiento relacionado.

En este año solamente, más de una docena de estados de los Estados Unidos, además de Alabama, intentaron ilegalizar el aborto después de las seis semanas, incluidos seis estados que lograron sancionar la ley.

¿Dónde está ocurriendo el efecto Alabama?

Los activistas antiaborto tuvieron éxito en sancionar la prohibición de todos o la mayoría de los casos de abortos en seis estados con mayoría republicana: Arkansas, Kentucky, Mississippi, Dakota del Norte, Ohio y Georgia.

La ley de Alabama sería la más severa, si la gobernadora republicana la promulga.

Por lo menos 61 proyectos de ley han sido presentados en todo el país. Incluso en los estados considerados un refugio seguro para el derecho al aborto, como Nueva York e Illinois, los legisladores antiaborto han presentado proyectos de prohibición a modo de protesta.

La ola de restricciones se debe primordialmente a un factor: las personas elegidas para la Corte por el gobierno de Trump. Los activistas antiaborto piensan que las probabilidades de restringir aún más el aborto a través de causas judiciales son mayores hoy que hace un año.

La Suprema Corte de los EE.UU. legalizó el aborto en 1973 a través del trascendental caso Roe contra Wade. Hasta entonces, se dejaba que los estados sancionaran sus propias leyes sobre el aborto, lo que daba lugar a un sistema heterogéneo en el que algunas mujeres vivían en lugares donde el aborto era ilegal y otras donde era seguro y accesible.

Eso cambió cuando la Suprema Corte falló en el caso Roe, dictaminando que las mujeres tienen derecho constitucional a poner fin al embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, momento que en general se entiende como ubicado alrededor de las 24 semanas de gestación. Un embarazo a término es de 40 semanas.

La Suprema Corte está compuesta por nueve jueces. Hasta el año pasado, en general estos se dividían en tres grupos: cuatro liberales, cuatro conservadores y uno de posiciones moderadas.

Pero cuando este último, el juez Anthony Kennedy, se jubiló, el gobierno de Trump logró confirmar a un sucesor católico, Brett Kavanaugh. Eso inclinó la corte a la derecha, con cinco jueces conservadores y cuatro liberales. Aunque Kavanaugh no tiene una larga trayectoria en materia de aborto, los especialistas creen que apoyará que haya más restricciones al aborto.

¿Quién está detrás de esta movida?

Los cristianos, conservadores sociales que desde hace mucho se oponen a los derechos civiles para las parejas homosexuales y las personas transgénero. La derecha cristiana lucha contra el aborto desde hace décadas, pero algunas de sus propuestas más extremas y severas sólo comenzaron a cobrar fuerza hace poco. La derecha cristiana también es una de las bases de apoyo político más fervientes del gobierno de Trump.

En Ohio, por ejemplo, la líder de una agrupación antiaborto y antigay, Janet Porter, presionó para que se prohibiera el aborto durante casi una década. Sólo tuvo éxito este año, después que el gobierno de Trump llevó a la Suprema Corte y los tribunales inferiores hacia la derecha.

¿Cuál es el objetivo de estas leyes?

Hasta que la Suprema Corte no se pronuncie sobre estos casos, el aborto sigue siendo legal hasta el momento en que el feto pueda sobrevivir fuera del seno materno.

Para presionar a la Suprema Corte para tomar un caso, los activistas antiaborto han aprobado restricciones anticonstitucionales. Los grupos de derechos civiles entonces se ven obligados a impugnar las leyes ante los tribunales para impedir su implementación, lo que desata una batalla y brinda la oportunidad de llegar al tribunal más alto.

Los grupos quieren usar estos casos para anular Roe contra Wade o restringir enormemente la forma de interpretarlo.

¿Podría funcionar la ley que sancionó Alabama?

Las clínicas de abortos toman esta amenaza muy en serio y están elaborando planes para el futuro, que podrían incluir la utilización de fondos para trasladar a las mujeres a través de las fronteras estaduales para que puedan obtener un aborto.

Sin embargo, los abogados de algunos grupos de derechos civiles son cautelosamente optimistas respecto a que la corte no tiene interés en reinterpretar una sentencia tan reciente como la de Roe, aun con nuevos jueces conservadores en el tribunal.

En última instancia, la corte decide qué casos tomará y es imposible saber con certeza si una de las nuevas leyes que están sancionando los estados será considerada.

Pero aun cuando los estados no logren ilegalizar el aborto, la acumulación de restricciones ha tenido un impacto. Hay menos clínicas de abortos y los procedimientos son más costosos, lo que hace que para las mujeres sea aún más difícil ejercer sus derechos.

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El acuerdo, eje del inicio de la Cumbre del Mercosur

El acuerdo con el Mercosur será la clave

El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), la modernización del Mercosur en el plano institucional y burocrático, así como las negociaciones en curso con el bloque del EFTA y Canadá, serán los principales temas que abordará el Grupo de Mercado Común, en la jornada inaugural de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur que se extenderá hasta el miércoles en la ciudad de Santa Fe.

«La Argentina ha planteado cuatro puntos importantes para abordar en esta cumbre. Uno de ellos es la conclusión de las negociaciones en marcha con el bloque del EFTA y el acuerdo con la Unión Europea. Vamos a discutir los pasos que vamos a seguir y el estatus en que se encuentran», precisó este mediodía el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser.

Otros temas de agenda también serán «la modernización del Mercosur, para lograr una simplificación institucional y de la burocracia, la posibilidad de avanzar en acuerdos marco con el sector automotriz de Centro América y la puesta en marcha el próximo año del sistema de roaming libre en telefonía móvil en los países del Mercosur», agregó Reyser.

Dante Sica explicará el acuerdo Mercosur-UE

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, participará mañana y el miércoles en Santa Fe de la 54° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, donde mantendrá encuentros con su par de Industria y Comercio de Paraguay, Liz Rossana Cramer Campos; y con el viceministro de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de Brasil, Marcos Troyjo.

La actividad de Sica comenzará mañana a las 15, con una reunión de ministros de Industria, Comercio y Servicios de los Estados parte del Mercosur.

Este cuerpo tiene a su cargo, entre otros temas, la discusión respecto a la posibilidad de reformar el Arancel Externo Común del Mercosur, que en la actualidad se ubica en 35%.

El ministro también participará en la reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), en la que se avanzará sobre los próximos pasos y desafíos en la implementación del Acuerdo con la UE y los avances en las demás negociaciones que lleva adelante el bloque con el EFTA y Canadá.

El Ministerio de Producción, a través de un comunicado de prensa, precisó que durante la Cumbre se hará también «foco en la agenda de consolidación del Mercosur, priorizando especialmente la facilitación del comercio y la coherencia regulatoria como instrumentos para potenciar el comercio intrabloque», a lo que se sumará la continuación de los trabajos de acercamiento con la Alianza del Pacífico.

Por último, el miércoles, Sica mantendrá una reunión con los ministros de Economía y presidentes del Banco Central de Mercosur y participará de la reunión plenaria con los Jefes de Estado del bloque regional.

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Actualidad Política

La CGT define la posibilidad de apoyar a los Fernández

Los representantes de la Confederación General del Trabajo tienen planeado juntarrse con los principales precandidatos a presidente para conocer los planes y presentar sus reclamos de cara a las próximas elecciones. ¿A quién apoyará la CGT? Si bien circuló la idea de una posición «neutral» de la institución que promulga un sector, Héctor Daer salió a desmentirlo y ratificó su apoyo a Alberto y Cristina Fernández. En la tarde de este lunes 15 de julio se verán las caras en la central gremial para definir una postura.

Jorge Sola, secretario gremial del Sindicato de Seguro, explicó que la postura de la CGT «no está hablada» y resaltó que debe tratarse en el Consejo Directivo. El sindicalista, secretario de Comunicación de la central obrera, confirmó además que esta tarde a las 16 habrá una reunión de la mesa chica para coordinar los temas que se hablarán mañana con el precandidato del Frente de Todo y que allí «quedará más claro» la situación, aunque reconoció que existen sectores que buscan la neutralidad.

«Cómo va a ser neutral la CGT si todo lo que hizo este Gobierno fue para enriquecer aún más a los que más tienen y más ganan? La CGT es peronista y jamás apoyará a este Gobierno», respondió en su cuenta de Twitter Daer ante los rumores de una postura neutral. Su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández ya había sido anunciado, por lo que cierto sector intenta mostrar su disconformidad con el kirchnerismo.

Guillermo Moser de Luz y Fuerza insistió en que «hay que ver el plan» de todos los candidatos a presidente y que la «mejor postura» que puede tomar el sindicalismo es la «neutralidad» porque «hay otros compañeros que apoyan a Roberto Lavagna, por ejemplo». Y agregó: «Vamos a ver qué medida se toma. Yo voy de invitado a la CGT y voy a escuchar la posición que se toma. Va a ser una conversación de todos de la comisión hay que ver qué piensan».

Los sindicalistas que apoyan a Moser son José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), el ferroviario Sergio Sasia, el mercantil Armando Cavalieri y el colectivero Roberto Fernández, que casualmente fueron los mismos que apoyaron la candidatura de Lavagna.

Por su parte, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, se metió en la discusión y expresó: «No es bueno que la CGT no tenga una posición unificada en las elecciones. Es indudable que algunos dirigentes especulan con la posibilidad que el Gobierno gane». En diálogo con Crónica Anunciada, Baradel aseguró que «ahora quieren proponer neutralidad y juntarse con Pichetto», y agregó: «Si la CGT no apoya a un candidato estamos en un problema».

En medio de las disputas por una definición, Alberto Fernández almorzará el martes 16 de julio con representantes de la CGT, Luz y Fuerza y Ferroviarios. Incluso, la decisión de no recibir al candidato presidencial del kirchnerismo en la mítica sede de Azopardo 802 fue para evitar diferencias internas, por lo que mantendrán el encuentro en la sede de UPCN

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ARA San Juan: Aguad pasará a retiro a dos oficiales

Decisión del Ministro Aguad en la causa del ARA San Juan

Esta semana, Oscar Aguad hará público un sumario elaborado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que establece las responsabilidades militares en la tragedia del ARA San Juan. Con esta actuación administrativa en sus manos, Aguad pasaría a retiro a los dos últimos oficiales en actividad que integraron la cadena de mando cuando la tragedia en alta mar terminó con la muerte de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

El ministro informará hoy a los oficiales de la Armada -sus nombres se mantienen en reserva por cuestiones legales- y a continuación hará publico un dossier de más de 200 fojas que define la responsabilidad administrativa de los oficiales que supuestamente fallaron al momento de evitar que el ARA San Juan termine en el fondo del Océano Atlántico.

Asimismo, el Ministerio de Defensa también pretende hacer públicas las conclusiones de la junta de expertos submarinistas que trabajó para demostrar que la cadena de sucesos que llevó a la tragedia arranca en la reparación de media vida de la nave, buscando así delimitar claramente quienes, por acción u omisión, contribuyeron desde la óptica oficial al trágico desenlace.

El Estado Mayor Conjunto es el organismo de jerarquía superior en la orgánica militar actual. Se encuentra a cargo del Teniente General Bari del Valle Sosa, un veterano de la Guerra de Malvinas, y por estas horas las fuentes consultadas no supieron precisar si él mismo ha dejado su firma estampada en el documento -está actualmente de licencia- o si éste será dado a conocer con la firma del actual subjefe del organismo militar, el Brigadier Mayor Roberto Andreasen.

El sumario se enmarca en el nuevo reglamento de disciplina para las FFAA, que reemplazó al anterior Código de Justicia Militar derogado durante el gobierno de Cristina Fernández por iniciativa de la exministra Nilda Garré. La norma no es -como lo era el código anterior- parte de un fuero penal especial.

Apenas si constituye un marco disciplinario interno que puede contener penas que van desde un apercibimiento a la baja o retiro. Para el caso de delitos penales propios de la actividad militar, se han efectuado agregados y modificaciones al Código Penal de la Nación y por ende su aplicación está en poder de los jueces federales del fuero penal.

Las responsabilidades asignadas a la cadena de mandos navales con funciones en la operación del ARA «San Juan» entrarían dentro de las denominadas faltas disciplinarias gravísimas. En este contexto, al menos dos de los oficiales presuntamente responsables en forma parcial por la tragedia serían pasados a retiro por Aguad.

El ARA San Juan en las elecciones 2019

Sin embargo, y pese a su rigor profesional, los legisladores opositores de la Comisión Bicameral ARA San Juan se niegan a tomar en consideración este sumario militar elaborado por el Estado Mayor Conjunto. Es que si decidieran incluirlo en las consideraciones finales de sus propias conclusiones, deberían postergar la difusión pública de su informe definitivo sobre la tragedia del ARA San Juan, prevista para el jueves 18 de julio.

Los diputados y senadores del Frente de Todos se resisten a otorgar una postergación porque creen que podría beneficiar al gobierno en plena campaña electoral. Para los representantes del kirchnerismo en la comisión bicameral ARA San Juan, el informe final implicaría un fuerte costo político para Mauricio Macri y su ministro Aguad, y por eso quieren difundirlo cuanto antes.

El martes, los senadores y diputados que conforman la bicameral -cuyo único objetivo es establecer las responsabilidades políticas en la tragedia que costó la vida de 44 miembros de la Armada Argentina- se reunieron con el propósito de proceder a la firma del informe final sobre las presuntas responsabilidades en el siniestro.

La oposición alineada en la actualidad en el «Frente de Todos», y que tiene la mayoría, intenta aprovechar el momento preelectoral para cargar las tintas sobre la actual conducción de la cartera de Defensa, y de modo colateral con Macri, prescindiendo de eventuales responsabilidades de gestiones anteriores.

El oficialismo, por su parte, comunicó a los parlamentarios que está concluido el sumario militar que el Estado Mayor elaboró por orden del Ministerio de Defensa. Considerando que se trata de un documento producido nada menos que por la máxima autoridad militar de la Nación, con resultados extremadamente precisos en materia de asignación de responsabilidades, resultaría muy extraño que la Bicameral emitiera una conclusión sin tener en cuenta las conclusiones de los auditores militares.

Hasta el presente, la oposición ha cerrado filas en torno a la decisión de emitir su informe antes de las PASO -concretamente el próximo 18 de julio con despliegue mediático y presencia de público-, aun a riesgo de degradar severamente la credibilidad del documento. Este apresuramiento podría forzar al oficialismo a producir un pronunciamiento de minoría, lo que dejaría en claro que la campaña se metió de lleno en la comisión.

Incluso la mayoría de los familiares de los marinos fallecidos advierten que la bicameral está a punto de perder la credibilidad, toda vez que, en lo que a responsabilidad política se refiere, sólo hará hincapié en una gestión que tenía apenas dos meses de iniciada cuando ocurrió la tragedia, dejando además de lado a todos los funcionarios de la gestión kirchnerista que ocuparon la cartera ministerial desde que se inició la reparación de media vida de la embarcación.

Fueron los familiares de las víctimas quienes una y otra vez reclamaron que la exministra Nilda Garré fuera apartada de la bicameral, por haber sido la funcionaria bajo cuya gestión se adquirió el hoy cuestionado sistema de control de emisiones de hidrógeno dentro del casco resistente del San Juan.

«No se le puede cargar a la exministra, la responsabilidad técnica por la elección de un sistema de medición de hidrógeno en la atmósfera no adecuado para una embarcación militar, pero tampoco se le puede achacar al actual ministro responsabilidad por la zarpada de un submarino, que fue decidida por un almirante y un comandante de fuerza, que estaban al tanto del estado de la nave y que consideraron que estaba apta», sostiene uno de los peritos navales que colabora en las investigaciones.

Un punto especialmente controvertido es el de la pretensión del peronismo de cargar en el Ministerio de Defensa la responsabilidad por el momento en el que se declaró al submarino en emergencia y consecuentemente se dispuso el inicio del operativo SAR (Search and Rescue), Búsqueda y Rescate.

Asesores en materia de legislación marítima consultados coinciden en explicar que «durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla se promulgó la ley 22.445, mediante la cual se determinó que la autoridad de aplicación del protocolo SAR sería exclusivamente el Comandante en Jefe de la Armada.

Los juristas reconocen que ese cargo ya no existe más y que lo suplanta la figura del Jefe de Estado Mayor General de la Armada. Con el advenimiento de la democracia, el Congreso Nacional revalidó decenas de leyes de la dictadura para asegurar el correcto funcionamiento administrativo del Estado Nacional; ésta fue una de ellas y se encuentra plenamente vigente.

Esta norma, cumplida a rajatabla por la Armada Argentina, hace posible que ante una situación de emergencia en el mar bajo jurisdicción SAR de la fuerza naval nacional, sus autoridades no deban perder tiempo en pedir permiso a los ministerios de Defensa o Seguridad. Es el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Marina el que asume de facto el control automático de la situación, contando como fuerza subsidiaria con la Prefectura Naval Argentina.

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