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Actualidad Política

El SEBIN, cruel con ex chavistas

Camioneta del SEBIN

Si aquellos militares que han enfrentado a la revolución bolivariana son tratados con crueldad y violación al debido proceso, peor trato reciben, por el SEBIN, aquellos que alguna vez fueron militantes o defensores del Gobierno de Hugo Chávez, porque caen en una verdadera desgracia. Veamos tres casos: el general en Jefe Raúl Isaías Baduel, el mayor general Miguel Rodríguez Torres y el Teniente Coronel Igber Marín Chaparro.

Esos tres oficiales pertenecen al mayor componente de la Fuerza Armada, el Ejército. En el caso de Baduel hay que destacar que fue jefe militar de los paracaidistas, comandante general del Ejército y ministro de la Defensa.

Estuvo relacionado al grupo de los militares del 4 de Febrero, fecha de la intentona golpista contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Fue noticia cuando en el 2002 lideró la operación que restituyó a Chávez en el poder luego del golpe de Estado del 11 de abril. Lo metieron preso por un hecho de supuesta corrupción y en 2017 lo vuelven a detener señalándolo de estar involucrado en conspiración contra Nicolás Maduro.

Baduel siempre fue un oficial destacado en la Fuerza Armada, sobresalía por su liderazgo y prestancia. Ascendió por méritos. Un poco arrogante, siempre recibió el reconocimiento de su compadre Chávez, hasta que quiso ser líder político y entonces entró en conflicto con el jefe de la revolución, quien lo dejó que concluya la jefatura del Ejército, pero lo envió al cesto de los olvidados a quienes no les recibía llamadas. Poco después, el alto oficial dio una declaración donde demostró que ya estaba alejado de la revolución.

Las torturas contra Baduel han sido más psicológicas que físicas. Son interminables las veces que lo incomunican, le impiden las visitas familiares, le allanan la celda y le aplican imprevistas requisas. Uno de sus hijos estuvo varios años detenido. Generó simpatías que aún conserva en la institución armada, incluso muchos civiles suspiran por él y su sueño de conducir los destinos del país. Hace tiempo está en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

En el caso de Miguel Rodríguez Torres (MRT) la saña ha subido de tono. Lo recluyeron en una celda de los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo dejaron por varias semanas soportando el dolor que le produce un problema en el manguito rotador.

MRT no solo fue un simpatizante y defensor de la revolución bolivariana, sino uno de los actores decisivos del movimiento de los febreristas, reseñado en la historia por el ataque que dirigió a La Casona, la casa presidencial, aquel 4 de febrero de 1992.

Rodríguez Torres fue un poderoso ministro del Interior y Justicia, luego de haber dirigido por varios años la policía política del Gobierno, con la Disip, cuyo nombre fue cambiado por el SEBIN. A su favor tiene la simpatía de parte importante de los febreristas.

Voces del Gobierno le reconocen tímidamente que gracias a este mayor general, Nicolás Maduro logró vencer las guarimbas, que llegó a ser el momento en que la oposición hizo tambalear el poder ejecutivo.1

También lo envían con cierta regularidad a incomunicación, le allanan la celda, y hace unos días fue detenida y golpeada su pareja.

En el caso del comandante Igber Marín Chaparro, se ha convertido en un problema y estorbo para quienes dirigen la Dgcim. Él era el jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna. Desde que lo enviaron a los sótanos de la dirección de Contrainteligencia ha sido tratado con profunda crueldad. Ya tiene semanas que no le permiten visitas, ni ver a su esposa ni a sus niños.

El fin de semana antes del día de la madre, al impedirle la visita a su familia, el oficial gritó desde los sótanos reclamando su derecho a la visita, les gritó a los funcionarios que eran violadores de derechos humanos. A su grito desgarrador se sumaron los de solidaridad del capitán de navío Luis De La Sotta Quiroga. La respuesta del coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares fue suspenderle la visita a él, de manera que dejó a su anciana madre de más de 80 años esperando por cuatro horas y aún así no le permitió ver al capitán de navío.Nunca antes en la historia de la Revolución Bolivariana hubo hechos de ese tipo que le mostrara al país y al mundo la fea cara de los funcionarios torturadores del Gobierno.

Un hecho que sorprende fue lo ocurrido en febrero con el Teniente Coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, miembro de la Guardia de Honor Presidencial y Jefe de la Dirección de Comunicaciones. Él fue degradado y expulsado de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y puesto a orden de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM). La excusa es que habría suministrado información confidencial al diputado Julio Borges y a funcionarios de la Central de Inteligencia Americana (CIA), sobre los movimientos de Nicolás Maduro Moros.

Carrasco no sólo fue detenido y torturado, sino que también apresaron a su pareja. El haber sido tratados con tal brutalidad le trae consecuencias no solo a ellos y a sus familiares y amigos, sino a los altos oficiales de la institución armada que ven y callan esa atroz realidad.

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Actualidad Política

Samid recibió la prisión domiciliaria

El empresario detenido Alberto Samid recibió una buena noticia este lunes con respecto a su situación judicial, ya que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 aceptó otorgarle la prisión domiciliaria por los problemas de salud que padece y que ponen en riesgo su salud en el penal de Marcos Paz.

De este modo, el “Rey de la Carne” continuará el arresto en su vivienda de la localidad bonaerense de Ramos Mejía con el uso de una tobillera electrónica que controle sus movimientos. Su detención fue el pasado 6 de abril al ser capturado en Belice tras fugarse del juicio oral en el que fue condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita en la evasión de impuestos de la comercialización de carne.

Tras las revisiones que le hicieron los peritos forenses, la semana pasada se realizaron dos audiencias con los médicos oficiales. Allí dijeron que Samid, de 71 años, sufre los problemas propios de la edad: afecciones cardíacas e hipertensión. Pero también diabetes y un severo cuadro de stress.

Tanto la Fiscalía como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que es querellante en la causa, no se opusieron al fallo. Los jueces José Michilini y Diego García Berro señalaron que la detención desmejoró la salud de Samid y que las reglas internacionales velan por las condiciones en las que se vive en las cárceles.

También explicaron que la condena a Alberto Samid no está firme -fue apelada y tiene que ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal- y que los hechos que se juzgaron ocurrieron hace más de 20 años, en 1996. En disidencia votó el juez Ignacio Fornari, quien sostuvo que el peligro de fuga del empresario se mantiene y que la pulsera electrónica no es la mejor vía para neutralizar ese riesgo.

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YPF: Estados Unidos rechazó un cambio de jurisdicción

Argentina debe pagar la expropiación de YPF

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló que el juicio contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF debe ser llevado adelante en los tribunales de Nueva York, a contramano de lo solicitado por el gobierno de Mauricio Macri.

La causa -en la que el país podría ser condenado a pagar unos 3.000 millones de dólares- comenzará su proceso en uno de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, una jueza de primera instancia que anteriormente ya falló en contra de los intereses de la Argentina hace tres años.

El veredicto de la Corte estadounidense era esperado, ya que semanas atrás el gobierno de los Estados Unidos rechazó expedirse como amicus curiae a favor del país, lo que hubiera dado algo de esperanza a la postura argentina.

La Argentina presentó oportunamente un recurso de «certiorari» (presentación directa) ante la Corte Suprema, en el que el país planteó la falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos para analizar la demanda que inició el fondo de inversiones Burford por la nacionalización de 2012.

A pedido de la Corte, el Gobierno de Estados Unidos presentó el 21 de mayo su opinión no vinculante en contra de la petición de la República Argentina de llevar a los tribunales nacionales la demanda.

Pocos días después los abogados que representan al país rechazaron esos argumentos al entender que promueven posiciones que «eliminarían la inmunidad soberana por actos de expropiación, ampliando dramáticamente la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos».

La definición de la Corte es clave para el futuro del caso, admiten de fuentes oficiales. El rechazo significa que de manera automática la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, puede continuar con el proceso.

A comienzos de junio, Preska había fallado en favor del pedido de la Argentina de suspender el juicio de los denominados casos Petersen y Eaton Park Capital, por la nacionalización de YPF.

La postura de la jueza fue esperar hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se expida sobre la jurisdicción en que deberá dirimirse el reclamo.

En aquel momento, la resolución de Preska respaldó la postura argentina a pesar de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, por segunda vez, en dos instancias consecutivas había dado vía libre a la magistrada para iniciar el juicio.

El caso fue presentado en 2015 a partir de la presentación del fondo Burford, en poder de los derechos de litigio de las dos empresas empresas españolas que eran propietarias de 25% de las acciones de YPF cuando se nacionalizó.

Meses de presentaciones judiciales, gestiones diplomáticas, viajes a Washington y Nueva York y el diseño de una estrategia judicial afilada resultaron inocuos para convencer a la Justicia de Estados Unidos

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Sanfelice: denuncian que CFK es la «socia oculta»

Cristina Fernández de Kirchner y Osvaldo Sanfelice

La ex diputada Margarita Stolbizer y la abogada Silvina Martínez presentarán esta semana una nueva denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner, a quien se acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en complicidad con dos personas de su entorno, Osvaldo Jose Sanfelice y Marta Leiva. Según el texto de la denuncia, Sanfelice y Leiva son definidos como “socios ocultos” de una empresa que se dedica a digitalizar documentos públicos.

“Osvaldo Sanfelice es un verdadero amigo”, comienza el texto que será presentado a la Justicia esta semana. “Un perro fiel de la familia Kirchner, aún después de muerto Néstor. Leal siempre, en las buenas y en las malas. El vínculo es firme, permanente, indisoluble. Gracias a ello pudo construir una verdadera fortuna, solo con apariencia de propia. Difícil establecer cuánto de ella le pertenece en exclusiva, y cuánto en realidad a sus amigos”.

Sanfelice además se encuentra procesado y en juicio (TOF 5) en el marco de la causa N° 3732/16 y 11352/2014 por maniobras de lavado de dinero similares a las que aquí se investigan, recuerdan las denunciantes. «En dicha causa, se probó que desde 2006 hasta 2016 funciono una estructura asociativa permanente conformada por Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Victor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho y Jorge Ludueña y a la que luego se sumaron Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabian de Sousa, Florencia Kirchner y Romina Mercado, entre otros».

Según las denunciantes, su esposa, Marta Leiva, también presenta un perfil de testaferro: “No registra impuestos activos ni actividades económicas, aunque se desempeña como empleada de la empresa que en apariencia le pertenece. Y ninguno de ellos puede acreditar su solvencia económica o idoneidad para las operaciones que registraron”.

“Es fácil encontrar por detrás de estas características las que corresponden a los sobreabundantes prestanombres de los Kirchner”, explica el texto. “Poco conocidos, sin actividades públicas, pese a haber estado muy cerca del poder y de quienes lo ejercieron, sin cargo público y con una vida personal dedicada a los negocios particulares, manejo de dinero y propiedades, inversiones de distinto tipo entre las que se encuentran, incluso, algunas relacionadas con la actividad hotelera”.

Según las denunciantes, Sanfelice es “titular de varias empresas utilizadas para hacer negocios y facturar millones de pesos a diferentes personas y sociedades ligadas con la adjudicación de obra pública en la Provincia de Santa Cruz, pero no solo en ella”. “Esas empresas han resultado una pantalla perfecta para el entrecruzamiento de vínculos entre las personas allegadas a la familia Kirchner (y sus miembros)”.

Las empresas sirvieron “como cortina para la realización de transferencias millonarias, que, en casi todos los casos, terminaron engrosando el patrimonio familiar”. “Aunque en otros casos, directamente desaparecieron. Como si se hubieran esfumado o las hubiera tragado la tierra. O como si alguna otra mano los hubiera trasplantado afuera de la Argentina”, abunda el texto.

Stolbizer y Martínez, socias fundadoras de la organización ‘Bajo la lupa’, definen la relación entre los Kirchner y Sanfelice como una “aceitada y férrea amistad”. “Se podría decir que las gestiones han sido eficaces, sin traiciones y que la intermediación de Sanfelice, ya sea a través de la administración y gestión de propiedades, o, como suponemos, como comprador por y para otro, o incluso poniéndose a sí mismo como titular de bienes, lo que ha hecho ha sido ocultar un capital importante que no le pertenecía”, agregan en el texto.

Las denunciantes explican que Sanfelice actúo en “operaciones de compra-venta de propiedades y de adquisición de participaciones societarias de empresas” en su papel de testaferro durante la presidencia de Néstor Kirchner. Según el texto, en 2008 “tomó la decisión de adquirir propiedades, terrenos y hoteles, advirtiendo desde entonces que serían útiles para encubrir o disfrazar otras operaciones”. “Claramente, desde la puesta en marcha de ese operativo y entramado de relaciones societarias y compraventas, la intención era cometer delitos y blanquear otros precedentes por los que iba obteniendo dinero de origen ilegal”, abundan.

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