Connect with us

Actualidad Política

Aborto legal: ingresa por octava vez al Congreso

Con posibilidades casi nulas de que llegue al Congreso pero con la firme convicción de no perder lo conseguido durante el 2018, cuando el aborto legal obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y luego lo frenó el Senado, la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Gratuito presentará hoy por octava vez la iniciativa para que sea ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La principal razón por la que el texto no pasará siquiera la discusión en comisión de la Cámara baja -por donde entra- son las elecciones. El debate es víctima del parate general que suele haber en años electorales pero, además, tanto legisladores a favor como los que están en contra de legalizar la práctica están de acuerdo en que no están las condiciones dadas para llevar adelante un proceso serio como el del año pasado.

En la Casa Rosada son los primeros en no impulsar el tratamiento por dos motivos: creen que, atravesada por la campaña, la discusión se desvirtuará y, además, quieren abrir el recinto lo menos posible para no darle margen a la oposición de desplegar sus críticas por la crisis que atraviesa el país.

A pesar de esto, en el núcleo de la Campaña hay una ilusión para el debate sobre el aborto legal. El colectivo de mujeres cree que es posible llevarlo a cabo entre las elecciones generales del 27 de octubre y el recambio del Congreso, el 10 de diciembre. El apuro se basa en que, según sus cálculos, la nueva conformación del Parlamento sería más «celeste».

Lo cierto es que este panorama no fue una traba para presentar una vez más la norma y seguir dándole fuerza a la «marea verde» generada a lo largo de toda la Argentina en el último año. Minuciosamente redactado (se tomó en cuenta la media sanción y hubo intercambios y sugerencias de las regionales de las distintas provincias), el nuevo texto -de 20 artículos- contiene modificaciones con respecto a lo que se debatió en 2018 y agrega conceptos que buscan contemplar todas las situaciones y dificultades que se enfrentan a la hora de realizar una interrupción del embarazo. Se aprobó el 16 y 17 de marzo durante una asamblea Plenaria realizada en la Universidad Nacional de Córdoba a la que asistieron 190 representantes de todo el país.

El martes la actividad comenzará a las 15:30 con carpas donde se brindarán talleres sobre el aborto. A las 17:30 habrá un «pañuelazo» federal y luego una conferencia de prensa con la presentación de la norma. Será transmitida por streaming en una pantalla gigante en la calle. Terminado esto, se hará un festival con artistas, ferias y otras actividades.

Victoria Tesoreiro, integrante de la Campaña, contó que si bien las expectativas para debatir la iniciativa antes de las elecciones son bajas, su objetivo es «lograr que el tema se mantenga en la agenda» y aprovechar los comicios para «interpelar a los candidatos».

«Queremos meternos en la campaña electoral, que los candidatos digan su posición sobre el aborto y no perder nada de lo conseguido en 2018. Sigue siendo una deuda de la democracia», manifestó.

¿Qué dice el nuevo proyecto sobre el aborto legal?

El primer cambio en el proyecto de aborto legal, aparece rápidamente en el artículo uno y ocurre en el sujeto que contempla la ley. Ahora, será «toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar» las que tendrán el derecho a una IVE. Aquí se mantiene que se puede acceder » hasta las catorce (14) semanas, inclusive, del proceso gestacional».

Asimismo, en el artículo tres, sobre definiciones, se deja claro que «interrupción voluntaria del embarazo» y «aborto» son considerados términos equivalentes y que «salud integral» debe interpretarse «sin excepción» como lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS): un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. También agrega que las expresiones «mujer u otras identidades con capacidad de gestar» y «mujer o persona gestante» son equivalentes.

Sobre la posibilidad de abortar pasadas las 14 semanas se mantiene el derecho hacerlo si el embarazo fuera producto de una violación -con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente- y si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante.

Los plazos y condiciones (artículo 5) mantienen sus especificidades. La persona gestante o mujer deberá acceder al aborto en un plazo máximo de cinco días desde que lo requiera y tiene derecho que suceda supervisada por un/a profesional o personal de salud. Además, si ocurriera en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa.

Otro punto clave aparece en el artículo 6 y se refiere a la información que debe recibir la mujer previo a realizar la práctica: «Debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica de manera tal que garantice la plena comprensión de la persona».

El martes habrá una manifestación al Congreso (Nicolás Stulberg)
El martes habrá una manifestación al Congreso (Nicolás Stulberg)
Aquí también queda descartada la objeción de consciencia, un elemento muy debatido en 2018 en el Congreso y que se volvió controversial porque habilitaba a los médicos o instituciones de salud a negarse a realizar un aborto alegando sus creencias personales y/o religiosas. Como lo que busca la Campaña es que a nadie se le pueda negar el acceso a la IVE, decidieron no incluir la objeción en el proyecto: «En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/las profesionales o personal de salud ni de terceros/as».

El artículo 9 enmarca los requerimientos para llevar a cabo la IVE según la edad de cada persona que lo solicite. Esto es fundamental, sobre todo por la gran cantidad de casos que hay de menores de edad y los hospitales o profesionales de la salud que no acceden a realizarlo.

En el caso de las menores de trece años, indica que «se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal».

Chicas de entre 13 y 18 años el día de la votación del aborto en Diputados
Chicas de entre 13 y 18 años el día de la votación del aborto en Diputados
En cambio, si quien quiere realizarse un aborto es una persona adolescente de entre trece y dieciséis años, «se presume que cuenta con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento». El consentimiento de los padres será requerido en aquellos casos en que esté en riesgo grave la salud o la vida de la persona gestante, por condición preexistente, circunstancia que deberá constar en la historia clínica. Además, estipula que en caso de existir intereses contrapuestos entre la persona adolescente y el/la adulto/a responsable, será el/la profesional o personal de salud interviniente que deberá decidir.

Por último, incluye que «la persona mayor de dieciséis (16) años tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley».

El artículo 11 trae una novedad importante: el derecho al aborto deberá estar incluido en el Plan Médico Obligatorio. De este modo, exige que «todos los agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo» e incluye al sector público, privado, obras sociales y prepagas.

En el 12 aparece uno de los reclamos más importantes: la Educación Sexual Integral (ESI). Establece que el Estado, la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias deben implementar la Ley 26.150 desarrollando la problemática del aborto: «Debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. Deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social».

Del artículo 13 al 17 se incluyen las modificaciones al Código Penal. Se sustituye el artículo 85 y, a partir de esta ley, comienza a penar con prisión de tres a diez años a quien realice un aborto sin consentimiento de la mujer. Además, se eleva la pena a quince años si, como producto de la práctica, la mujer o persona gestante muriera.

También se agrega el 85 bis, que «apunta a castigar a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena indicada es prisión de tres meses a un año. Se eleva a de uno a tres años si se genera perjuicio de la salud de la mujer y a cinco años si le causa la muerte.

Asimismo, se sustituye el artículo 86 y se modifica para establecer que no es delito que una mujer o persona gestante aborte hasta la semana 14 de gestación e incluye las dos excepciones para hacerlo pasado ese plazo: violación o que corra riesgo la vida.

El 87 también se cambia y comienza a reprimir con prisión de seis meses a dos años a quien, con violencia, causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la mujer o persona gestante fuere notorio o le constare.

Finalmente, se sustituye el artículo 88, que establece que «la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada».

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Actualidad Política

Brasil: hay protestas contra Bolsonaro

Brasil se divide entre la Copa América y las protestas

Los sindicatos de Brasil mantienen la convocatoria a una huelga general con protestas en todo el país para hoy contra la reforma jubilatoria del presidente Jair Bolsonaro, pese a que el proyecto que llegó al Congreso tuvo recortadas algunas de sus aristas más polémicas.

Esas modificaciones «no cambian nada», dijo a la AFP a través de su asesoría de prensa el presidente de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Vagner Freitas.

«La CUT no concuerda con la narrativa de que las jubilaciones sean el principal problema económico de Brasil. El problema de Brasil es que no hay un proyecto de política económica», indicó.

«La expectativa es de una gran huelga», concluyó.

En las primeras horas de la mañana, Folha consignó que la huelga general afecta al transporte en San Pablo y subrayó que hubo protestas y cortes de arterias durante la madrugada. Por su parte, O Globo publicó que en Río de Janeiro opera normalmente el servicio por el momento.

Las principales centrales sindicales -CUT, UGT y Força Sindical-, así como gremios de estudiantes y profesores prevén paros y marchas en más de cien ciudades de por lo menos 24 de los 27 estados del país.

Prácticamente todos los grandes sectores industriales se sumaron al movimiento, aunque queda por ver cuál será el grado de adhesión de los transportistas a lo largo del día después de que la justicia determinara la obligatoriedad del servicio en San Pablo, capital económica de Brasil.

El paro se lleva a cabo después de dos grandes manifestaciones de estudiantes y profesores, el 15 y el 30 de mayo, contra los bloqueos prespuestarios en la educación.

El movimiento se produce además en el primer día de la Copa América, que se inaugurará por la noche con el partido Brasil-Bolivia en el estadio paulista de Morumbí.

Promesa de campaña

La reforma de las jubilaciones es una promesa de campaña con la que el presidente Jair Bolsonaro ganó el apoyo de los mercados durante su campaña electoral. El ministro de Economía, Paulo Guedes, la define como la llave maestra para reducir el déficit público.

El proyecto inicial contemplaba un ahorro de casi 1,2 billones de reales en 10 años (más de 300.000 millones de dólares al cambio actual).

Pero las medidas para conseguirlo son impopulares y generan resistencia entre los legisladores, que deben aprobarlo por una mayoría de tres quintos para que entre en vigor.

A fin de ablandar esas resistencia, el relator del proyecto retiró algunos de sus puntos más polémicos, como el que preveía transformar el régimen actual, de reparto, en una jubilación por capitalización individual.

También dejó fuera del proyecto medidas que afectaban las pensiones para ancianos discapacitados indigentes y a los trabajadores rurales que gozan de beneficios aunque no hayan cotizado.

Para la oposición al presidente, esas modificaciones fueron resultado de la presión social. «Hemos conseguido proteger a los beneficiarios [de las pensiones para discapacitados], proteger a los trabajadores rurales. Es una gran victoria de la oposición contra la jubilación por capitalización», declaró durante los debates del jueves el diputado Alessandro Molon, del Partido Socialista (PSB).

Continue Reading

Actualidad Política

Papel Prensa: investigan a ex funcionarios K

La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir una investigación contra cuatro exfuncionarios del gobierno kirchnerista para determinar si cometieron el delito de «privación ilegítima de la libertad» a accionistas de Papel Prensa durante una asamblea ejecutiva.

Se trata de Daniel Reposo, Fabio Trossero, Rubén Zampino y Sergio Bello, que junto al exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, formaron parte el 12 de agosto de 2010 de la asamblea de accionistas de Papel Prensa SA.

En esa asamblea, el por entonces secretario de Comercio repartió guantes y cascos de box entre los empresarios presentes. Luego, a los funcionarios que lo acompañaban les ordenó que obstruyeran las salidas del lugar y que taparan las cámaras que filmaban.

Las cámaras no estaba allí de casualidad sino que las habían colocado por orden judicial para registrar lo que pasaba en la asamblea de accionistas de Papel Prensa. Las autoridades de la empresa finalmente denunciaron por este hecho a los exfuncionarios.

El juez federal Julián Ercolini envió a juicio al exsecretario Moreno, pero archivó la parte relativa a los exfuncionarios Reposo, Trossero, Zampino y Bello. Papel Prensa, sin embargo, apeló esa medida del magistrado. Ahora, la Sala I de la Cámara Federal porteña le ordenó reabrir esa trama de la investigación.

Tras ocho años de investigación, el juez federal Julián Ercolini procesó a Moreno por perturbar e impedir el desarrollo de la asamblea a los gritos de “acá no se vota nada”, pero decidió archivarla con relación a los demás funcionarios.

Dicha decisión fue apelada por Papel Prensa y la empresa obtuvo su revocamiento este jueves. Además, en otra resolución, la Cámara rechazó los planteos de prescripción opuestos por los imputados.

Continue Reading

Actualidad Política

Puerto Madero: se incendia una torre construída hace 5 años

El barrio de Puerto Madero tiene alrededor de 30 años

Bomberos intentan controlar un incendio en el piso 32 de la torre Renoir II, ubicada en Puerto Madero. El fuego se habría generado en el interior de un departamento.

Los equipos de emergencia iniciaron la evacuación del edificio, sin embargo hay personas que se encuentran en los pisos superiores que todavía no lograron descender. Preventivamente, 12 ambulancias del SAME acudieron al lugar.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que una mujer de 28 años fue trasladada al Hospital Argerich. El edificio fue evacuado, pero todavía hay personas en los pisos superiores.

José María Fernández, técnico de la compañía que desarrolló el edificio, aseguró que la obra cuenta con todos los elementos de seguridad ante un incendio. «Tiene una central de incendios presurizada, cuenta con todas las protecciones necesarias y exigidas ante un evento como este», explicó.

La torre fue inaugurada hace cinco años y es una de las más altas de la Ciudad de Buenos Aires, ya que tiene alrededor de 175 metros de altura.

El barrio de Puerto Madero tiene alrededor de 30 años
Momento del incendio en Puerto Madero

NOTICIA EN DESARROLLO

Continue Reading

Politicos.com.ar © 2018