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Actualidad Política

No ser libres nos sale caro

Ser libres económicamente, una cuenta pendiente

Hace más de 70 años Argentina se alejó de los valores que supieron posicionarla entre los países más prósperos del mundo adentrándose, cada vez más profundo, en un marcado camino hacia la decadencia. ¿Cómo puede ser que el país que supo estar entre los países con mayor PBI per cápita en el mundo y fue pionero en el progreso en muchas de las áreas que hacen a la calidad de vida de sus habitantes (salud, educación, infraestructura) se encuentra actualmente encabezando los peores indicadores macroeconómicos y sociales a nivel global?

Pues bien, la economía, aunque no exacta, es una ciencia con ciertas leyes que se cumplen en forma mecánica, sin importar los costos sociales o políticos que acarrean. Sin embargo, en nuestro país, apelando a argumentos que responden más a la emocionalidad y apreciaciones cuasi románticas de hechos económicos, nos empeñamos en sistemáticamente ir contra estas leyes.

Un claro ejemplo de esta anomia en nuestra capacidad de análisis económico es la negación u omisión, tanto desde el discurso como desde el accionar político, que la libertad económica lleva a los países a la prosperidad. A través de premisas como “vivir con lo nuestro”, “el Estado presente”, “donde hay una necesidad nace un derecho”, “justicia social”, etc., se ha llevado a cabo un sistemático cercenamiento de nuestras libertades individuales.

La libertad económica descansa en cuatro pilares fundamentales: elección personal, acuerdos voluntarios, libertad de mercado y propiedad privada; y se refiere al derecho de todo individuo a la libre elección para emplear su tiempo, habilidades y recursos para moldear su propia vida.

Ahora bien, ¿qué ocurre si realizamos el ejercicio de quitar el ingrediente emocional e ideológico a las principales apreciaciones en materia económica que imperan en nuestro país? Con el fin de realizar esta tarea es sumamente enriquecedor prestar atención al índice de libertad económica publicado anualmente por Fraser Institute. Este informe trata de cuantificar en qué medida las instituciones y políticas de los países son consistentes con el concepto de libertad individual y, en línea con esta ardua pero gratificante tarea, se realiza un relevamiento y análisis en los siguientes campos: tamaño del aparato estatal, sistema legal y derechos de propiedad, política monetaria, comercio internacional y regulaciones en materia de crédito, mercado laboral y empresa. Probablemente a esta altura no sorprenda que la última edición de este índice encuentra a Argentina en el puesto número 160 dentro de los 162 países relevados. Analicemos más en profundidad el porqué de estos resultados.

Comencemos por el tamaño del gobierno, es decir en qué medida los gastos del aparato estatal y, en consecuencia, el sistema impositivo afecta la libertad económica de los argentinos. Pues bien, he aquí el protagonista de los problemas en nuestra economía en los últimos 70 años: el tamaño elefantiásico del gasto público destinado a financiar no solo la faraónica burocracia estatal sino todo tipo de propaganda política para que nuestros gobernantes logren perpetuarse en el poder. Tenemos actualmente 163 impuestos que confluyen en una presión fiscal de 30.3% del PBI de acuerdo a datos de la OCDE para el año 2017 llevando a nuestro país a ser uno de los países con mayor presión fiscal en el mundo. Es decir, realizar cualquier actividad económica en nuestro país lleva a cuestas una carga impositiva altísima que se destina a mantener gastos que en gran medida son improductivos. Tanto es así, que de acuerdo a datos del Banco Mundial correspondientes al año 2017 Argentina es el país con mayor tasa tributaria como porcentaje de las utilidades comerciales luego de las Islas Comoras. De la mano con el problema del alto nivel de presión impositiva viene la sanidad de la moneda nacional, es decir el peso. Producto del elevado gasto público se origina el déficit fiscal que, ante la inacción y negligencia de nuestra clase política, es financiado principalmente con emisión monetaria destrozando el peso Argentino. Vale preguntarse qué relación tiene esto con la libertad económica: la inflación es un impuesto más que pesa sobre el sector privado puesto que, en tanto licua los pasivos en moneda nacional del sector público, disminuye el poder adquisitivo de sus poseedores, lo que implica un avasallamiento indirecto sobre la propiedad privada. Sumado a esto, el sistema de precios de una economía es lo que permite el cálculo económico, su destrucción dificulta y torna más riesgosa cualquier actividad económica. En la actualidad casi todos los países del mundo terminaron con el flagelo de la inflación, sin ningún tipo de medida extraordinaria, sino producto de reconocer la naturaleza monetaria de este fenómeno. Sin embargo Argentina se encuentra entre los pocos países a nivel mundial que tienen índices de inflación de más de un dígito, ocupando en el año 2018 el cuarto lugar entre los países de mayores niveles de inflación (47,6%) sólo detrás de Venezuela, Sudan y Sudán del Sur.

La libertad de comerciar con el resto del mundo amplía las posibilidades de consumo como consecuencia del cambio en los precios relativos: se reasigna producción interna a aquellos bienes en los cuales se poseen ventajas comparativas y se compran los bienes importados a un precio menor. Además, como decía Adam Smith, abrir la economía es equivalente a que haya un mercado más grande aumentando su especialización y en consecuencia su productividad elevando el grado de riqueza de las naciones. Sin embargo, en Argentina hablar de libertad para comerciar con otros países resulta totalmente controversial. Nuestra clase gobernante hizo de la sustitución de importaciones su principal política económica. Bajo el mantra de “proteger la industria nacional” la clase política Argentina baso su política económica en subsidiar industrias que necesitan del proteccionismo para sobrevivir, en detrimento de aquellos sectores en los que el país posee ventajas comparativas respecto del mundo. Si vamos a los datos duros, en el año 2017 el nivel de exportaciones en productos y servicios en Argentina representó el 11,2% mientras que el nivel de importaciones fue del 13,8% del PBI de acuerdo a datos del Banco Mundial. Ambas magnitudes la ubican entre los países con menor porcentaje de exportaciones e importaciones en términos de PBI. Esto se convalida al determinar el porcentaje que ocupa Argentina en el comercio internacional en el mismo año: sus exportaciones determinaron el 0,038% de las exportaciones mundiales y sus importaciones el 0,045% según datos del Banco Mundial.

Para finalizar, si hablamos de regulaciones, en Argentina es prácticamente incalculable la cantidad de regulaciones que hay, rondando las 65.000. Cualquier actividad a realizar implica tener que cumplir con decenas de trámites y burocracias que fueron naciendo producto de situaciones de emergencias o como parches a distintas problemáticas de la administración pública, haciendo que su cumplimiento sea, además de totalmente improductivo, un verdadero caos.

Tampoco está de más nombrar la enorme mochila laboral que implica trabajar en Argentina. Se trate de empresas multinacionales o de una simple pyme, emplear una persona resulta una actividad de riesgo dada la exposición a juicios laborales y la extorsión constante de la mafia sindical. Pagarles el sueldo a fin de mes implica duplicar su valor en cargas sociales que, lejos de beneficiar a los empleados, se destinan a ser administradas en forma discrecional por el poder político de turno. Estas dificultades a la hora de contratar y emplear personal hacen que encontrar trabajo en Argentina sea toda una odisea y que nuestros productos y servicios sean cada vez más caros. Incluso la salud queda en manos de sindicalistas que manejan las obras sociales y la planificación de la jubilación termina siendo una decisión del Estado.

Ahora bien, hasta acá demostramos por qué Argentina se ganó uno de los últimos lugares en el ranking de libertades económicas, resta comentar qué ocurre con los países más libres. Y el resultado es contundente: los países más libres son los más prósperos. Tal es así que en los primeros 5 puestos del ranking encontramos, en orden, a: Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza e Irlanda, mientras que en los 5 últimos puestos están Siria, Argelia, Argentina, Libia y Venezuela. El PBI per cápita es U$s40.376 en los países con mayores índices de libertad económica mientras que en los países menos libres es U$s5.649, y el ingreso per cápita del 10% más pobre de la población es mucho más alto en los países más libres (U$s10.660 vs U$s1.345 en los países menos libres).

Luego de esta exposición, lo único que cabe preguntarse es ¿Qué esperamos? ¿Por qué invertir en Argentina sería una buena idea? La economía es acción humana, orden espontáneo que deriva del accionar descentralizado de individuos en vistas de satisfacer su propio interés. Argentina tiene el mismo problema hace décadas: gobiernos de distinto color político que, a través de medidas populistas, avasallaron las libertades económicas de los individuos reduciendo sus incentivos a producir valor. De hecho, es importante destacar que a pesar que los últimos gobiernos proclamaron encaminarse en búsqueda de la “justicia social” ninguno logró bajar los niveles de pobreza del 30% (incluyendo la actual gestión de Mauricio Macri). Se suma a esto un hecho curioso que cierra el sistema de forma casi perfecta: una sociedad cómplice que demanda un Estado cada vez más grande y paternalista. La opinión pública no es consciente aún que pedir un Estado enorme es entregar más poder a la casta política que se financia de la riqueza producida por el sector privado. Y la clase política que además de hacerse eco de las demandas de su electorado, se ve favorecida con este discurso que les otorga más poder y recursos. El verdadero cambio de rumbo de Argentina está en nuestras manos, tenemos que despertar y entender que sólo ir en búsqueda de mayores libertades y menor intromisión del Estado en nuestras decisiones nos permitirá el progreso.

Marina Alejandra Rico

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Actualidad Política

Samid recibió la prisión domiciliaria

El empresario detenido Alberto Samid recibió una buena noticia este lunes con respecto a su situación judicial, ya que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 aceptó otorgarle la prisión domiciliaria por los problemas de salud que padece y que ponen en riesgo su salud en el penal de Marcos Paz.

De este modo, el “Rey de la Carne” continuará el arresto en su vivienda de la localidad bonaerense de Ramos Mejía con el uso de una tobillera electrónica que controle sus movimientos. Su detención fue el pasado 6 de abril al ser capturado en Belice tras fugarse del juicio oral en el que fue condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita en la evasión de impuestos de la comercialización de carne.

Tras las revisiones que le hicieron los peritos forenses, la semana pasada se realizaron dos audiencias con los médicos oficiales. Allí dijeron que Samid, de 71 años, sufre los problemas propios de la edad: afecciones cardíacas e hipertensión. Pero también diabetes y un severo cuadro de stress.

Tanto la Fiscalía como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que es querellante en la causa, no se opusieron al fallo. Los jueces José Michilini y Diego García Berro señalaron que la detención desmejoró la salud de Samid y que las reglas internacionales velan por las condiciones en las que se vive en las cárceles.

También explicaron que la condena a Alberto Samid no está firme -fue apelada y tiene que ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal- y que los hechos que se juzgaron ocurrieron hace más de 20 años, en 1996. En disidencia votó el juez Ignacio Fornari, quien sostuvo que el peligro de fuga del empresario se mantiene y que la pulsera electrónica no es la mejor vía para neutralizar ese riesgo.

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YPF: Estados Unidos rechazó un cambio de jurisdicción

Argentina debe pagar la expropiación de YPF

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló que el juicio contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF debe ser llevado adelante en los tribunales de Nueva York, a contramano de lo solicitado por el gobierno de Mauricio Macri.

La causa -en la que el país podría ser condenado a pagar unos 3.000 millones de dólares- comenzará su proceso en uno de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, una jueza de primera instancia que anteriormente ya falló en contra de los intereses de la Argentina hace tres años.

El veredicto de la Corte estadounidense era esperado, ya que semanas atrás el gobierno de los Estados Unidos rechazó expedirse como amicus curiae a favor del país, lo que hubiera dado algo de esperanza a la postura argentina.

La Argentina presentó oportunamente un recurso de «certiorari» (presentación directa) ante la Corte Suprema, en el que el país planteó la falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos para analizar la demanda que inició el fondo de inversiones Burford por la nacionalización de 2012.

A pedido de la Corte, el Gobierno de Estados Unidos presentó el 21 de mayo su opinión no vinculante en contra de la petición de la República Argentina de llevar a los tribunales nacionales la demanda.

Pocos días después los abogados que representan al país rechazaron esos argumentos al entender que promueven posiciones que «eliminarían la inmunidad soberana por actos de expropiación, ampliando dramáticamente la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos».

La definición de la Corte es clave para el futuro del caso, admiten de fuentes oficiales. El rechazo significa que de manera automática la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, puede continuar con el proceso.

A comienzos de junio, Preska había fallado en favor del pedido de la Argentina de suspender el juicio de los denominados casos Petersen y Eaton Park Capital, por la nacionalización de YPF.

La postura de la jueza fue esperar hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se expida sobre la jurisdicción en que deberá dirimirse el reclamo.

En aquel momento, la resolución de Preska respaldó la postura argentina a pesar de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, por segunda vez, en dos instancias consecutivas había dado vía libre a la magistrada para iniciar el juicio.

El caso fue presentado en 2015 a partir de la presentación del fondo Burford, en poder de los derechos de litigio de las dos empresas empresas españolas que eran propietarias de 25% de las acciones de YPF cuando se nacionalizó.

Meses de presentaciones judiciales, gestiones diplomáticas, viajes a Washington y Nueva York y el diseño de una estrategia judicial afilada resultaron inocuos para convencer a la Justicia de Estados Unidos

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Sanfelice: denuncian que CFK es la «socia oculta»

Cristina Fernández de Kirchner y Osvaldo Sanfelice

La ex diputada Margarita Stolbizer y la abogada Silvina Martínez presentarán esta semana una nueva denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner, a quien se acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en complicidad con dos personas de su entorno, Osvaldo Jose Sanfelice y Marta Leiva. Según el texto de la denuncia, Sanfelice y Leiva son definidos como “socios ocultos” de una empresa que se dedica a digitalizar documentos públicos.

“Osvaldo Sanfelice es un verdadero amigo”, comienza el texto que será presentado a la Justicia esta semana. “Un perro fiel de la familia Kirchner, aún después de muerto Néstor. Leal siempre, en las buenas y en las malas. El vínculo es firme, permanente, indisoluble. Gracias a ello pudo construir una verdadera fortuna, solo con apariencia de propia. Difícil establecer cuánto de ella le pertenece en exclusiva, y cuánto en realidad a sus amigos”.

Sanfelice además se encuentra procesado y en juicio (TOF 5) en el marco de la causa N° 3732/16 y 11352/2014 por maniobras de lavado de dinero similares a las que aquí se investigan, recuerdan las denunciantes. «En dicha causa, se probó que desde 2006 hasta 2016 funciono una estructura asociativa permanente conformada por Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Victor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho y Jorge Ludueña y a la que luego se sumaron Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabian de Sousa, Florencia Kirchner y Romina Mercado, entre otros».

Según las denunciantes, su esposa, Marta Leiva, también presenta un perfil de testaferro: “No registra impuestos activos ni actividades económicas, aunque se desempeña como empleada de la empresa que en apariencia le pertenece. Y ninguno de ellos puede acreditar su solvencia económica o idoneidad para las operaciones que registraron”.

“Es fácil encontrar por detrás de estas características las que corresponden a los sobreabundantes prestanombres de los Kirchner”, explica el texto. “Poco conocidos, sin actividades públicas, pese a haber estado muy cerca del poder y de quienes lo ejercieron, sin cargo público y con una vida personal dedicada a los negocios particulares, manejo de dinero y propiedades, inversiones de distinto tipo entre las que se encuentran, incluso, algunas relacionadas con la actividad hotelera”.

Según las denunciantes, Sanfelice es “titular de varias empresas utilizadas para hacer negocios y facturar millones de pesos a diferentes personas y sociedades ligadas con la adjudicación de obra pública en la Provincia de Santa Cruz, pero no solo en ella”. “Esas empresas han resultado una pantalla perfecta para el entrecruzamiento de vínculos entre las personas allegadas a la familia Kirchner (y sus miembros)”.

Las empresas sirvieron “como cortina para la realización de transferencias millonarias, que, en casi todos los casos, terminaron engrosando el patrimonio familiar”. “Aunque en otros casos, directamente desaparecieron. Como si se hubieran esfumado o las hubiera tragado la tierra. O como si alguna otra mano los hubiera trasplantado afuera de la Argentina”, abunda el texto.

Stolbizer y Martínez, socias fundadoras de la organización ‘Bajo la lupa’, definen la relación entre los Kirchner y Sanfelice como una “aceitada y férrea amistad”. “Se podría decir que las gestiones han sido eficaces, sin traiciones y que la intermediación de Sanfelice, ya sea a través de la administración y gestión de propiedades, o, como suponemos, como comprador por y para otro, o incluso poniéndose a sí mismo como titular de bienes, lo que ha hecho ha sido ocultar un capital importante que no le pertenecía”, agregan en el texto.

Las denunciantes explican que Sanfelice actúo en “operaciones de compra-venta de propiedades y de adquisición de participaciones societarias de empresas” en su papel de testaferro durante la presidencia de Néstor Kirchner. Según el texto, en 2008 “tomó la decisión de adquirir propiedades, terrenos y hoteles, advirtiendo desde entonces que serían útiles para encubrir o disfrazar otras operaciones”. “Claramente, desde la puesta en marcha de ese operativo y entramado de relaciones societarias y compraventas, la intención era cometer delitos y blanquear otros precedentes por los que iba obteniendo dinero de origen ilegal”, abundan.

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