Bono y tarjeta alimentaria a pedido de la CGT

El titular de la cartera de Producción recibió ayer -junto a Stanley- a la cúpula de la CGT representada por Carlos Acuña, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer. Durante el encuentro, los líderes gremiales expresaron su preocupación por la profundización de la pobreza y el impacto de la inflación en los precios de los alimentos que afecta de manera directa a los sectores más desprotegidos y a los desempleados.
Así, entre otros puntos también se debatió un programa alimentario para los sindicatos que estén con afiliados desempleados. Se trataría de una tarjeta alimentaria que complementaría la ayuda social que ya tiene acordada la Nación con la Confederación General del Trabajo.

Stanley y Sica coordinaron con la CGT que asistirá al Gobierno en la contención de la demanda alimentaria y la identificación de los sectores o zonas donde el Estado no llega. Los líderes de la cúpula de los gremios se comprometieron a pasar un listado con los comedores por asistir. Se trata de áreas o barrios donde los movimientos sociales y la Iglesia no llegan.

Tanto los funcionarios del Gobierno como los referentes gremiales coincidieron en que en estos momentos no hace falta declarar la emergencia alimentaria, ya que hay herramientas para asistir a los más necesitados con la ley vigente.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó un bono de 5.000 pesos para los 6.068.705 trabajadores asalariados del sector privado, pero el Gobierno puso reparos en el monto por la frágil situación financiera de las empresas, principalmente las pymes. El mismo dependerá del índice de inflación se agosto, que se conocerá este jueves.
«Ayer empezamos a conversar para establecer algún tipo de compensación como se hizo en la parte estatal», aseguró Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, en declaraciones a radio La Red, donde precisó que «quedamos en mirar el índice de inflación que sale este jueves y ahí juntarnos para ver la metodología» para implementar el bono para el sector privado.
A su vez, el funcionario explicó que con la CGT se habló de la posibilidad de impulsar una “ayuda alimentaria” para suspendidos y despedidos. Será a través de una tarjeta específica para la compra con descuentos de productos de la canasta básica.

Tarjeta alimentaria

Según datos de la cartera laboral, entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019 se perdieron 147.999 puestos de trabajo registrado en empresas privadas. Y se eliminaron 253.883 empleos privados desde que estalló la crisis en abril del año pasado.

La iniciativa de una “tarjeta alimentaria” apunta a paliar la situación en los rubros más golpeados por la recesión iniciada el año pasado, como por ejemplo el textil, el del calzado, el metalúrgico y el de la construcción.

Esto será puesto en marcha por el Ministerio de Desarrollo Social sobre la base de información brindada por gremios como Sanidad, la UOM, Obras Sanitarias, Comercio y la Uocra.

La tarjeta vendría a reforzar el seguro de desempleo que perciben por hasta un máximo de doce meses quienes hayan perdido el trabajo. Esa ayuda del Estado tiene un mínimo de 3.634 pesos y un máximo de 5.815 pesos. En octubre, subirá a 3.925 pesos y 6.280 pesos.

Esta medida, que se resolverá la próxima semana, se sumará a las otras anunciadas por el presidente Mauricio Macri en agosto.
Bono para privados

Tras la derrota electoral a manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en las PASO, el mandatario anunció que habrá un bono extra para los trabajadores privados de 2.000 pesos. El dinero es parte del descuento que hacen las empresas a sus empleados para derivarlo a la Anses. En ese momento, también anunció un bono de 5.000 para los estatales.

En el sector privado, el ciclo paritario cerró mayoritariamente entre abril y junio con alzas de entre 28% y 30% promedio, explicó Sica. Por ello, le pidió a la CGT esperar a conocer este jueves el dato de inflación de agosto para ver qué camino tomar.

El funcionario reconoció que muchos sindicatos empezaron a solicitar una revisión de sus paritarias. La semana que viene, ya con el Índice de Precios al Consumidor en las manos, las partes volverán a reunirse para analizar si la mejor alternativa es la reapertura de paritarias o el pago de un bono no remunerativo de una cifra a acordar.

A este diálogo el Gobierno quiere sumar a las cámaras empresariales, principalmente a las que representan a las pymes. Es que Sica advirtió que además de las complicaciones financieras por los problemas en la cadena de pago, “se secó mucho en el financiamiento de corto plazo” en la plaza financiera en los últimos meses por las altas tasas de interés.

El funcionario reveló que ya está dialogando con las cámaras empresariales para tener una perspectiva y llegar al nuevo encuentro con la CGT con el panorama más claro, como para que las posiciones no resulten muy lejanas. Pero aclaró: “El bono es seguro”.

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