Macri firmará el traspaso de protección de testigos a la Justicia

Mauricio Macri firmará este miércoles el DNU que traspasa el programa de Testigos Protegidos al Poder Judicial. El tribunal de Casación Federal quedaría a cargo de los testigos y de los “arrepentidos”. El jueves se publicaría en el Boletín Oficial. Miembros del equipo de asesores judiciales de Alberto Fernández están de acuerdo con el sentido de la modificación.

Tras el resultado de las PASO, varios de los testigos protegidos reclamaron al Ejecutivo la necesidad de trasladar el programa a un ámbito “independiente” del poder político. Actualmente el mismo funciona dentro de la subsecretaría de Política Criminal, “Hay que resguardar la seguridad de los que están en el programa”, explicaron en el entorno del ministro de Justicia Germán Garavano, autor del proyecto.
En el Congreso varios legisladores empujaban proyectos para trasladar el programa de testigos protegidos al ámbito de la Justicia.
Macri dilató durante una semana la firma del que podría ser su último decreto al frente del Ejecutivo. “Se privilegió el diálogo”, explicaron en el ministerio de Justicia.

Macri no quiso entorpecer con una decisión unilateral la transición, que en la Casa Rosada califican en privado como «ejemplar» pero delicada.

En el Gobierno interpretaban que la decisión podría poner en pie de guerra al kirchnerismo y, por ende, al Frente de Todos. Argumentaban que la ex presidenta Cristina Kirchner, señaladas en algunas de las tramas con «arrepentidos», podría interpretar que querían perjudicarla. Cerca de Fernández, sin embargo, insistieron en que el presidente electo saludó la medida. Sin embargo, él mismo desmintió la noticia.
En el Ejecutivo insistieron en que el programa siempre debería haber estado bajo la órbita de la Justicia. Garavano lo conversó con algunos de los integrantes de la Corte Suprema.

Entre los “arrepentidos” que figuran en el programa se cuentan Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta; Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou; y su ex esposa, Laura Muñoz; y el valijero Leonardo Fariña; y el ex secretario de Obras Públicas K José López.

El sistema de protección alcanza a 225 testigos y 97 familiares de -en su mayoría- causas vinculadas a narcotráfico y trata de personas.

Alberto Fernández aseguró en redes sociales que nunca fue consultado sobre esta iniciativa.

Entre los fundamentos que esgrime la administración de Cambiemos en el texto que se encuentra bajo revisión del ministro Germán Garavano, explicita que el Programa “por primera vez incorporó a personas que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública desde el Poder Ejecutivo Nacional” y que -por eso- «podría generar la incongruencia de que el diseño de los planes de seguridad respecto de los testigos e imputados sometidos al cuidado del Programa se encuentre a cargo de aquellos que dependan jerárquica y funcionalmente de personas involucradas en dichas investigaciones judiciales”.

Incluso, reconoce que “recientemente, las propias personas protegidas, manifestando incertidumbre sobre el desarrollo futuro de sus planes de seguridad y su continuidad dentro del Programa, circunstancia sobre la que han dado cuenta los medios masivos de comunicación”, lo que “podría afectar los incentivos para que otras personas colaboren con las investigaciones judiciales”.

Y hasta acepta “que la preocupación ha alcanzado a la sociedad civil, que impulsó una campaña de recolección de adhesiones para reclamarle al Honorable Congreso de la Nación el traspaso del Programa a la órbita del Poder Judicial”. Señala, también, que una prestigiosa organización no gubernamental dedicada a la transparencia y el fortalecimiento institucional (se refiere a Poder Ciudadano) ha formulado un requerimiento en el mismo sentido» al Ministerio de Justicia.

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