Aborto: Hoy se debate en sesión maratónica

Con modificaciones introducidas en la última jornada, la Cámara de Diputados debatirá hoy el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), más conocido como aborto. En una jornada que estará marcada por movilizaciones y altas temperaturas, el oficialismo buscará la media sanción de la iniciativa en una sesión maratónica, cuya votación se definirá en las primeras horas de este viernes.

El texto original enviado por Alberto Fernández el pasado 17 de noviembre sufrió algunos cambios. Ayer por la tarde, el plenario de comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud Pública y Acción Social, Mujeres y Diversidad, Legislación Penal, aprobó el dictamen mayoritario impulsado por la legisladora del Frente de Todos Cecilia Moreau, con el apoyo de 77 diputados. El dictamen en minoría de quienes se oponen a este proyecto obtuvo el respaldo de otros 30 legisladores y además se registraron 4 abstenciones.

En efecto, se incorporó la objeción de conciencia institucional mediante la cual los sanatorios privados que no quieran realizar abortos podrán negarse y no recibirán ninguna sanción. Esta inclusión de la objeción de conciencia institucional, que apunta a conseguir adhesiones entre los diputados indecisos y garantizar mayor apoyo en el Senado, servirá para que no haya conflictos con clínicas muy identificadas con los diferentes credos.

Otro de los retoques estableció la presencia de un adulto mayor en el caso de adolescentes menores de 14 años que pretendan interrumpir su embarazo. En el caso de jóvenes de entre 14 y 16 años, dependerá de la evaluación del equipo de salud que atienda a la paciente. Sobre el plazo para realizar el aborto había disidencias, pero se confirmó que será de 10 días luego de su solicitud. Por otra parte, además del proyecto de IVE, se debatirá el “Plan de los 1.000 días” una iniciativa complementaria del Poder Ejecutivo que apunta a proteger a las mujeres durante el embarazo y los primeros días de la infancia.

El proyecto de ley que ayer se acordó tratar sobre tablas en la Cámara Baja se llama en realidad “Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”. En palabras del presidente Alberto Fernández, busca “bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.

El llamado a sesionar está previsto para este jueves a las 11 de la mañana. Se tratarán los temas por separado: Primero el proyecto del aborto legal y luego el de los Mil Días. En este último también hay parlamentarios que quieren dar el debate. Fuentes legislativas precisaron que en ambos casos habrá miembros informantes y luego se pasará directamente a oradores individuales que contarán con cinco minutos de exposición cada uno.

No habrá discursos de cierres de los jefes de los bloques, ya que al no haber posición única en cada bancada, los diputados se expresarán de forma individual. En este contexto se prevé una sesión de más de 20 horas, que estará marcada no solo por las altas temperaturas sino también por el calor popular de las movilizaciones a favor y en contra que coparán la Plaza del Congreso. Desde anoche comenzaron a llegar los primeros manifestantes para ser parte de la vigilia.

La sesión de esta jornada tendrá otra particularidad. Será la primera en medio de la pandemia de coronavirus que contará con la presencia física de un gran número de diputados en el recinto. En las últimas sesiones estuvieron presentes unos 70 legisladores. Luego de las reuniones de comisiones que se llevaron a cabo de manera presencial, este jueves la mayoría de los diputados estarán en el Congreso. Solo estarán exceptuados aquellos legisladores que cursen un embarazo o tengan edad o enfermedades preexistentes que los pongan en riesgo y justifiquen la conexión virtual.

En el recinto habrá unos 194 diputados y diputadas, mientras que el resto se sumará de manera remota. Para mantener la distancia y prevenir contagios por COVID-19, habrá un sistema de rotación entre las bancas y los despachos, además del test de PCR para todos los presentes. No podrá ingresar al recinto ninguna persona que no haya sido testeada.

El proyecto de ley deberá conseguir 129 votos de los 257 habilitados para obtener la media sanción. Desde el oficialismo confían en superar ese número con mayor amplitud de la que obtuvieron hace dos años y medio en el mismo recinto. Aquella vez el conteo terminó 129 a 125 a favor, con una abstención. Antes de fin de año esperan que la IVE se discuta en el Senado, donde la pelea para su aprobación se prevé que sea voto a voto.

Este miércoles, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, pidió que durante el debate “el respeto sea la regla” y no haya descalificaciones personales. Luego del dictamen de comisión, habló en conferencia de prensa en la que manifestó que quiere “que no haya diputados calificados de asesinos ni de antiderechos”. “No es una guerra y no hay que plantearlo como un enfrentamiento de unos contra otros”, agregó Massa.

Las discordias por el aborto

La semana pasada, después del envío por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto, el Congreso fue nuevamente sede de debate. Se escucharon más de 70 voces a favor y en contra de ampliar derechos para que, en Argentina, todas las personas con capacidad de gestar puedan decidir de manera autónoma sobre sus cuerpos.

Hoy comienza la sesión que se espera termine mañana (viernes 11) con la media sanción del proyecto en Diputados (tal como ocurrió en 2018). Los siguientes serán -según especialistas consultadas los ejes de discordia entre “verdes” y “celestes” de lo que se calcula será “una sesión maratónica” de más de 30 horas.

  • Avalar el aborto representará un alto porcentaje del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación”.

Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización. Sin embargo, ante el plenario de comisiones, el titular de la cartera de Salud, Ginés González García, se ocupó de especificar los costos a los que actualmente hace frente el Estado: “Hay 1.100 o 1.200 abortos en el día de hoy, unas 100 o 120 internaciones solo en los hospitales públicos (…) Cuesta 10 veces más el costo hospitalario de la post-internación que el costo previo de utilizar tecnología moderna e innovativa (…) Es enorme el impacto económico, solo en el sector público, de las internaciones como consecuencia de que el aborto sea clandestino”. Por innovación el ministro hizo referencia a los abortos medicamentosos, bajo provisión ambulatoria de Misoprostol.

  • No se puede obligar a los médicos a que hagan lo que dice la ley sin más”.

Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización, y perciben la normativa como un atentado contra la libertad individual de conciencia y opinión. En el artículo 10 el proyecto del Ejecutivo garantiza el derecho de las y los profesionales de la salud que tengan que intervenir de manera directa en la interrupción de un embarazo a ejercer la objeción de conciencia, a la vez que deben “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”.

Entre los cambios que el dictamen de las comisiones de la Cámara Baja consensuó ayer se agregó el artículo 11, que afianza la obligación de establecimientos privados y de obras sociales a hacerse cargo de las gestiones y los gastos de las derivaciones que supongan asegurar el acceso a la práctica en el caso de instituciones que presenten a todos sus profesionales como objetores personales. Lo que desde los movimientos feministas alertan como una “objeción institucional encubierta”.

En diálogo, la ginecóloga católica Cecilia Ousset se presenta como objetora pero no obstaculizadora de aborto: “Marcar la diferencia significa todo. Ser objetora implica que uno no realiza abortos por situaciones que pueden ser múltiples. Pero la obstaculización es ir contra la ley y no darle los derechos a las personas. Si por mis creencias obstaculizo estoy incumpliendo una ley nacional, y mis derechos no pueden estar por encima de los derechos de los demás”.

Ousset avanza un poquito más y pone en duda pronósticos que imaginan staff completos de objetores: “Que en una institución sean todos objetores no existe. Si no te podés poner de acuerdo con respecto al aborto en una familia, fíjate si te vas a poner de acuerdo en toda una institución. Lo que ocurre en esas situaciones es que hay una cabeza objetora que amedrenta al resto de los y las profesionales”.

  • El aborto no es un tema que les preocupe a las mujeres pobres”.

También es una frase de los sectores que se oponen al aborto legal. Desde Tartagal, Salta, enuncia Edith Martearena, comunicadora indígena e integrante de la Organización de Mujeres Indígenas ARETEDE: “El aborto no tiene clase social. Decir que se trata de un tema de las mujeres burguesas es una forma más de invisibilizar a quienes no tenemos posibilidades ni accesos. Nosotras vivimos y sufrimos una doble discriminación, por ser mujeres e indígenas. Sabemos que las mujeres ricas abortan seguras con médicos que atienden en sanatorios privados, que son los mismos médicos que después a nosotras nos señalan cuando llegamos con un aborto a un hospital público. No todas recibimos educación sexual ni tenemos acceso a métodos anticonceptivos ni vivimos en condiciones para hacernos cargo de un hijo. Esta ley garantiza que tengamos las mismas posibilidades de muchas mujeres que pueden pagar. Pedimos que se legalice el aborto para no morirnos”.

  • El aborto interrumpe una vida”.

Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización, compartido por quienes militan y luchan a favor de la sanción de la ley. Es decir, tanto “celestes” como “verdes” entienden que el aborto supone la terminación de la vida intrauterina por decisión de la persona que gesta. La disidencia surge cuando se intentan equiparar vidas con personas.

Así lo explica la reconocida abogada Soledad Deza: “Una cosa es que haya vida y otra que haya persona. Persona es una categoría jurídica. Hay persona recién cuando hay un nacimiento con vida, según los artículos 19 y 21 del Código Civil. A través de un recurso del lenguaje se asemejan comportamientos que ni para el derecho penal son asemejables. Por eso la pena para el homicidio es distinta, mucho más grave, que la del aborto en el Código Penal, lo cual no sería posible si se considerara desde el derecho que terminar con una vida en gestación es igual a terminar con una vida de una persona. Para el derecho la protección de la vida es gradual e incremental. ¿Hay vida? Sí, hay vida. Pero en un caso hay una persona y en el otro no”.

Deza también destaca que en Argentina no existen los derechos absolutos: “Con el aborto hay una tensión de derechos, porque puede haber un derecho a la vida en el embrión o en el feto que necesariamente debe ser ponderado con el derecho a la autonomía, a la salud, a una vida libre de violencias y a la libertad sexual, entre otros”.

  • Hasta la semana 14, simplemente porque sí, una persona puede disponer de la vida de otra persona”.

Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización. A las precisiones sobre la categoría jurídica “persona” ya mencionadas, quienes buscan que se descriminalice el aborto por voluntad de la mujer señalan que, hasta donde existen evidencias científicas, dentro del primer trimestre de gestación (semana 14) la vida intrauterina no desarrolló el tallo neuronal y, al no tener actividad cerebral, carece de atributos propios de la personalidad humana como son la capacidad de sentir o de tener conciencia.

Nuevamente, Deza explica los alcances normativos de la interrupción: “La capacidad de sentir es una característica esencial para la atribución de personalidad moral. Como no se tiene atribuciones morales propias de un ser humano, en la tensión de derechos no es moralmente reprochable suprimir la vida fetal para resguardar otros derechos. No es lo mismo un feto de 14 semanas que uno de 28 semanas, las consecuencias de esas diferencias embrionarias se reflejan en el derecho. Por lo tanto no es lo mismo suprimir una vida fetal dentro del primer trimestre que hacerlo después”.

  • Defender la vida a rajatabla es una obligación moral”.

Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización, diferente del abordaje sanitario que entiende el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como una respuesta a un problema de salud pública.

Sin embargo, para la teóloga y miembro de la Iglesia evangélica Valdense del Río de la Plata, Claudia Florentín, no se trata únicamente de encuadres diversos: “La interrupción de la gestación es un tema moral, religioso solamente para la conciencia de quien lo practica y no puede ser impuesta a otra persona, como no lo será el aborto legal porque es derecho y no obligación. Esa es la esencia del Evangelio, la fe es personal, así que quien cree, quien practica esa fe, da cuenta a Dios”.

Y avanza: “Muchas iglesias cristianas se volvieron tuteladoras, vigilantes de la moral pública. Pero siempre es tutelar a las mujeres, vigilar sus cuerpos y sus decisiones, juzgarlas, condenarlas. Pocas veces, sino nunca, he visto a esas mismas iglesias vigilar, exhortar, condenar a quienes corrompen, a quienes destruyen la vida de tantas formas, a quienes envenenan agua y contaminan suelos por ejemplo. Entonces volvemos a lo mismo de siempre: las Iglesias que condenan a las mujeres o nos quieren decir qué hacer y cómo, son sostenedoras del más profundo patriarcado y pecan de hipocresía, esa que tan duramente Jesús reprimió”.

  • El aborto busca eliminar a los niños con Síndrome de Down”.

Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización. Pero quienes apoyan los proyectos de IVE reconocen el derecho a decidir de las personas gestantes dentro de una edad gestacional en la que no existen impedimentos morales para terminar con la vida intrauterina. No hay alusiones a enfermedades fetales preexistentes, malformaciones intrauterinas o a Síndrome de Down.

  • Si se legaliza el aborto, todas saldrán a abortar”.

También es un argumento “celeste”. Misma estrategia se utilizó para rechazar la ley de divorcio, de identidad de género y de matrimonio igualitario. Lo que plantean desde la reivindicación del derecho a decidir de la mujer es que seguramente si se legaliza la IVE se incrementarán las estadísticas oficiales de aborto, actualmente sub-registradas por la ilegalidad. Por otro lado, la experiencia de países donde la práctica se legalizó, como Uruguay, muestra que lo que disminuye a cero son los abortos inseguros y la muerte materna.

  • El aborto libre para las menores disminuye las garantías de las niñas”.

Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización, en pos de hacer valer el ejercicio de la patria potestad y el derecho de padres y madres a formar y aconsejar a sus hijas.

Sobre este punto en el proyecto de ley del Ejecutivo, que sostiene el dictamen de las comisiones, la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo debe ser efectuada: En personas menores de trece años de edad mediante consentimiento informado y con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. En los casos de adolescente de entre 13 y 16 años alcanza con el consentimiento autónomo cuando la práctica no implique riesgo grave para la salud o la vida. Y con 16 años o más se aduce plena capacidad por sí para prestar consentimiento en lo referente al cuidado de sus propios cuerpos.

Mariana Romero, directora ejecutiva e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), comparte su opinión sobre esta puja: “Que una niña o adolescente esté acompañada por un adulto de su elección, que sea significativo para ella, sin duda puede ser un beneficio en términos de la contención del proceso. Pero en ningún caso debería volverse un obstáculo”.

Edgardo Marano

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