Amnistía Internacional y un nuevo informe sobre la Venezuela de Maduro

Cada vez son más los informes de distintos organismos internacionales que denuncian los atropellos ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Este martes Amnistía Internacional (AI) publicó su estudio anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual denunció nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de torturas en el país caribeño.

“En la crisis continuada de derechos humanos que sufría Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad”, señala el informe, que también da cuenta de nuevos reportes de “tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente”.

En esa línea, la organización internacional notó que “la detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia”. De acuerdo a datos de la ONG venezolana Foro Penal, hasta octubre del año pasado se habían reportado 413 detenciones por motivos políticos, mientras que la cifra en abril asciende a 320. AI indicó que este tipo de aprehensiones aumentó tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

“Además de los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones. Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero”, apuntó la ONG que vela por los derechos humanos.

A su vez, responsabilizó de las ejecuciones extrajudiciales a los cuerpos de seguridad del régimen chavista, entre los que se cuentan las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Recordó, además que, según, un informe de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU el año pasado, en el país caribeño se registraron al menos 2.000 muertes en operativos de las fuerzas de seguridad de la dictadura.

Otra práctica represiva que mantuvo el régimen de Maduro durante el último año fue la desaparición forzada. A los detenidos por motivos políticos se los sometió a largos períodos de incomunicación, como los casos de los congresistas Renzo Prieto y Gilber Caro.

“Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. La OACNUDH documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM”, agrega Amnistía Internacional en el reporte.

La organización internacional cuestionó, además, que las autoridades chavistas “no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos”. Por el contrario, estos “quedaron impunes”.

Según AI, la impunidad en los distintos casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional “sigue siendo la norma”: “La OACNUDH publicó en julio un informe sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia en el que se concluía que las víctimas de violaciones de derechos humanos no podían acceder a la justicia debido a obstáculos estructurales, especialmente la ausencia de independencia judicial”.

A este contexto de violencia política se le suma la falta de asistencia médica durante la pandemia, los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, y el profundo desabastecimiento de productos básicos. Esta combinación llevó a que en el último año se registraran más de 9.000 protestas contra la dictadura de Maduro, según datos de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Más de 400 de esas protestas han sido reprimidas por la Policía, el Ejército y grupos paramilitares que operan en nombre del régimen.

En su informe publicado este martes, Amnistía Internacional sostuvo que también se registró un retroceso en materia de libertad de expresión en Venezuela. “Según la organización de la sociedad civil Espacio Público, entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas”.

En agosto pasado, los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres fueron asesinados durante un operativo de las FAES, en el estado Zulia. Otro caso mencionado por AI es el de Darvinson Rojas, reportero que fue detenido de forma arbitraria por las fuerzas del régimen por difundir información sobre la situación del coronavirus en el país.

“La cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado fue un ejemplo de la respuesta represiva a la COVID-19”, advierte el informe. En ese sentido, alerta sobre los centros montados por la dictadura, conocidos como PASI (Punto de Atención Social Integral), donde fueron ubicados más de 90.000 venezolanos que regresaron al país para cumplir la cuarentena obligatoria.

“Estos centros seguían procedimientos arbitrarios y militarizados que daban lugar a medidas punitivas y represivas, y no daban prioridad a la atención médica y la prevención del contagio. Las condiciones de los PASI eran precarias y, en muchos casos, incumplían los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Se tuvo información de que los centros, por ejemplo, carecían de agua potable, alimentación adecuada y acceso a asistencia médica”.

Sobre la gestión de la pandemia, Amnistía Internacional indicó que la respuesta del régimen se vio gravemente afectada por la falta de acceso a servicios de salud adecuados: “El personal médico y de salud no disponía de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra la COVID-19. Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta cuestión fueron detenidas y criminalizadas”.

La ONG reconoció que también hay gran preocupación “por la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas a la COVID-19”.

Esta situación agravó la ya preocupante emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela: “Las condiciones imperantes —como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos— se vieron agravadas por la COVID-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia”.

Amnistía Internacional y Argentina

El movimiento global Amnistía Internacional elaboró su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en diferentes países en el período 2020/2021, con la particularidad, por supuesto, de que en esta ocasión el mundo estuvo atravesado por la pandemia del coronavirus. Respecto a la Argentina, el documento destaca que “hubo numerosos casos de uso excesivo de la fuerza” y desapariciones forzadas en el contexto de la imposición del confinamiento para frenar el avance del virus. Además, advierte sobre un aumento de violencia contra las mujeres y las restricciones de libertades de los pueblos indígenas.

Respecto a las fuerzas de seguridad, el informe hace referencia a tres hechos en particular. En primer lugar, el ocurrido en mayo pasado, cuando agentes de policía mataron en Tucumán a Luis Espinoza, cuyo cadáver no fue hallado hasta una semana después de su muerte.

También refiere a que en ese mismo mes las fuerzas de seguridad “irrumpieron violentamente” en las viviendas del pueblo indígena Qom en Fontana (Chaco), y “se llevaron detenidos a tres hombres y una niña de 16 años”, quienes denunciaron haber sido sometidos a diferentes tipos de tortura.

Por último, se hace mención del caso de Facundo Astudillo, cuyo cadáver fue hallado 107 días después de que se denunciara su desaparición, a fines de abril del 2020. “La autopsia determinó que había muerto por asfixia. La existencia de informes policiales contradictorios y otros indicios señalaban que la policía de Buenos Aires podría ser responsable de su desaparición y muerte”, reza el documento.

Por otro lado, en el informe se señala que los pueblos indígenas “se vieron desproporcionadamente afectados por la pandemia”. Desde el comienzo del confinamiento por el virus se registraron diferentes denuncias sobre la situación de la comunidad wichi en Formosa. El programa Telenoche Investiga, por ejemplo, reveló testimonios de madre que denunciaban que habían sido obligadas a esconderse para evitar que las sometieran a aislamientos obligatorios, les realizaran cesáreas en contra de su voluntad, o las separaran de sus hijos. La investigación despertó preocupación en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce la dirigente rionegrina Magdalena Odarda bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Fuentes oficiales informaron que el organismo canalizó un pedido de informes a la administración de Gildo Insfrán, el gobernador de la provincia, sobre lo ocurrido.

Reza al respecto el informe de Amnistía Internacional: “Continuaba la injerencia en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas por parte de particulares o de fuerzas estatales. Las comunidades sufrían actos de violencia, restricciones de la libertad de circulación y escasez en el suministro de alimentos, y carecían de acceso suficiente a agua potable y de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Preocupaban las repercusiones de la COVID-19 para los pueblos indígenas, que seguían enfrentándose a obstáculos para acceder a las prestaciones sociales”.

Además, Amnistía Internacional sostuvo que “el estricto control de los desplazamientos entre provincias dejó a centenares de personas atrapadas fuera de su jurisdicción, sin acceso a suficiente atención médica, higiene y, en ocasiones, a la reunificación familiar”. Y destacó que en noviembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la provincia de Formosa que, después de ocho meses de aplicación de medidas restrictivas, “permitiera a 8.300 personas regresar a sus hogares.

Asimismo, hizo referencia a la “preocupación por la posible vigilancia masiva online” de la población, a raíz del protocolo policial aprobado por el Ministerio de Salud, que permitía el uso de información personal obtenida a través de diferentes aplicaciones.

Otro de los puntos destacados en el informe es el referente a los derechos de las mujeres. En primer lugar, señaló que la pandemia “agravó y puso de relieve” las desigualdades de género existentes y que aumentó la violencia de género: “Las medidas de confinamiento dieron lugar a un aumento de las interacciones online, y las mujeres sufrieron violencia y abusos en las redes sociales, especialmente al defender sus derechos humanos”.

A la sanción de la ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación en la Argentina se le dedicó un apartado en el documento. “Según datos oficiales, se registraba un parto de una niña menor de 15 años cada cuatro horas. La mayoría de esas niñas se veían forzadas a llevar a término embarazos que eran consecuencia de violencia sexual. Durante la pandemia se incrementaron las barreras para acceder a un aborto legal. Además, a las mujeres y adolescentes se les interrumpió el tratamiento anticonceptivo por el temor a contraer la COVID-19 al acudir a los centros de salud”, advierte Amnistía Internacional.

A modo de resumen sobre la situación del país en el contexto de la pandemia y la cuarentena local, el informe indica: “Argentina seguía inmersa en una profunda crisis económica y social. En junio, según cifras oficiales, el 40,9% de la población vivía en la pobreza y el índice de desempleo era del 13,1%. Persistía la preocupación por los pagos de deuda y la obligación de los Estados de proteger los derechos sociales y económicos durante la pandemia y el período de recuperación”.

Edgardo Marano

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