Argentina: pandemia, default y la Indefensión de los Derechos

En los tiempos que corren, la República Argentina se encuentra desbordada por dos temas recurrentes que, por cierto, se muestran de público y notorio conocimiento. Uno, que sin lugar a dudas se encuentra en el podio informativo social, referido a la pandemia generada por el virus denominado COVID-19 y el otro, en lo que atañe a la crónica de una muerte económica anunciada ante la imposibilidad -una vez más- de honrar la deuda internacionalmente asumida frente a los portadores de bonos.

Mucho se ha dicho al respecto y desde esa perspectiva, considero que hay demasiado por expresar todavía: si particularmente la pandemia en nuestro país, produjo o no, efectos devastadores tal cual los ha generado en otras latitudes del planeta; si la misma enfermedad es utilizada como bandera para el ocultamiento de otros temas trascendentales relacionados al bien común o, en dirección al plano internacional, el país podrá arribar a un acuerdo con sus acreedores y por lo tanto, que no sea declarado su default.

Por debajo de la alfombra

Muy lejos de todo ello, existe una cuestión central y de evidente gravedad institucional, que ha sido lisa y llanamente colocada “por debajo de la alfombra”, atrincherándola silentemente para que toda la ciudadanía pueda mansamente ser adoctrinada –bajo la temática pandémica- hacia un objetivo que claramente se dirige a limitar la esencia republicana y de suyo minimizar al máximo a la plena libertad que debe regir en un Estado Democrático.

Desde ésta última perspectiva, bien merece entonces, el intento de interrogarse sobre la Indefensión de los Derechos en que se encuentra la ciudadanía en su conjunto y que, de suyo, intentaré poner en evidencia con claridad elocuente como eje central de tratamiento periodístico.

Los derechos, a la deriva

En ese camino, la óptica en que merece ser vista la problemática mencionada, no es otra que aquella revelada desde una concepción socrática identificada con la verdad y en donde no cabe lugar a la mirada meramente sofística ante el planteo; de lo contrario sería lo mismo que caer en la trampa de los portadores de “falsas verdades” y abanderados del vestido pandémico, en donde el sistema republicano de la división y control de los poderes estatales se convierte en un tópico ilusorio.

Incursionando entonces en aguda observación sobre la deriva actual en que se encuentran los derechos fundamentales de la ciudadanía en la República Argentina, merece consideración afirmar primaria y en tono elemental, aquello que desde lo axiológico establece, que la Ley ha sido consagrada “para imponer un límite al ejercicio del Poder Estatal frente a los ciudadanos gobernados”.

La Constitución Nacional

Y por cierto, si se tiene que el Estado no es otra cosa –al decir de Herman Heller- ni nada más ni nada menos que “una unidad organizada de acción y decisión, con base territorial y soberana, que tiene como objeto el Bien Común”, indefectiblemente por lo tanto, la Constitución Nacional resulta ser “la Ley”, la regla de reconocimiento suprema que otorga validez y plenitud a todo el sistema jurídico argentino. Ello se traduce en el hecho de que la Carta Magna se encuentra por encima de cualquier ley ordinaria o norma inferior y en ese sentido inclusive, toda legislación o norma estatal de cualquier índole y emergente de cualquiera de las jurisdicciones argentina –municipal, provincial o nacional- que en su contenido formal o material vulnere la Ley Suprema, será entonces inconstitucional y sin validez alguna.

Indefectiblemente resulta apropiado a los efectos de comprender en todo su cabal alcance, efecto y extensión, acerca de que tanto el Covid-19 como el endeudamiento interno-externo desde lo económico y financiero, relacionados directa y específicamente a la República Argentina, jamás pueden convertirse en bastiones exclusivos que como instrumentos utilizados de manera deliberadamente maquiavélica por los gobiernos del Estado federal y otros factores de la arquitectura del Poder para evadir el tratamiento y soluciones respectivas, de otros aspectos fundamentales de la República –que parecen haber pasado al olvido-, tal cual es, la vigencia plena y efectiva de la Constitución Nacional.

Garantías para los ciudadanos

Entiéndase bien, resulta claro que cualquier norma dictada por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, en la regulación de las conductas ciudadanas y demás cuestiones originadas en virtud de la Pandemia Covid-19, no pueden resultar ilimitadas en sus contenidos. La cota frente a ello, lo marca –precisamente- la propia Carta Magna.

Así desde su artículo 75 inciso 22º, el texto supremo establece la jerarquía constitucional que ostentan los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos Internacionales, incorporándolos como Garantías expresas a favor de todos los ciudadanos argentinos; consecuentemente las mismas, lucen en el texto magno con el alcance de supremacía constitucional, colocándolos en su fuerza normativa entonces por encima de las leyes ordinarias y cualquier otro tipo de legislación de nivel inferior.

Indefensión de los Derechos

El análisis efectuado se torna fundamental para entender, en toda la debida intensidad que merece la cuestión, sobre lo que viene ocurriendo con el único guardián institucional que tienen los derechos y garantías de la ciudadanía. ¿Cuál es la razón de la sistemática omisión de tratamiento a todos los niveles, sobre lo extremadamente grave que representa la falta de funcionamiento pleno del Poder Judicial en la República Argentina, aun ante la presencia de la pandemia?

La respuesta debidamente fundamentada, no ha sido brindada a la población argentina ni por el propio Presidente Alberto Fernández ni por ninguno de los otros poderes del Estado; asimismo y pese a la gravedad institucional que apareja la situación de indefensión tutelar efectiva que padecen los derechos y garantías de los ciudadanos, ni siquiera los medios periodísticos han incursionado en tan grave problemática.

Cadenas y candados

Con treinta años en el ejercicio profesional del Derecho, como abogado dedicado a la defensa de víctimas de la corrupción y asimismo a la tutela efectiva de las garantías fundamentales ciudadanas, nunca antes he visto –tal cual ocurre ahora- las puertas de los tribunales cerradas con cadenas y candados, impidiendo la presencia esencial de los letrados cuya función vital para la salud democrática y republicana, no es otra que oficiar de medio ineludible de los distintos reclamos que conforme a derecho ejercen los individuos en procura de que los Servidores Públicos Judiciales competentes, brinden el amparo y las soluciones consecuentes. Tan inaceptable situación que viene ocurriendo desde el inicio mismo de la pandemia en la República Argentina, omite gravemente que “frente al virus” el hombre solo tiene dos bastones que pueden sostenerlo: por una parte los profesionales de la medicina y auxiliares de la salud, luchando “cuerpo a cuerpo” contra la enfermedad y, por la otra parte a los abogados, jueces y fiscales, en procura de proteger en su amplia extensión, la vigencia plena de los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía.

Vigencia de los Derechos y obligaciones

Y es entonces, que de manera indubitable la cuestión es contemplada por la propia Constitución Nacional –La Ley Suprema de la Nación-, cuando desde el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (integra el texto magno), se establece como obligación ineludible para el Estado Argentino: “1.- En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por tiempo estrictamente limitados a la exigencia de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional y no extrañen discriminación alguna … 2.- La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (Derecho a la vida); 5 (Derecho a la integridad personal); 6 (Prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 (Principio de legalidad y de representatividad); (Libertad de conciencia y de religión); 17 (Protección a la familia); 18 (Derecho al nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la nacionalidad), y 23 (Derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”.
Y del propio artículo 27 de la mencionada CADH que ostenta Jerarquía y Supremacía Constitucional, surge “la obligación del Estado Argentino en informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y los motivos que hayan suscitado la suspensión”.

Es claro que con los Tribunales cerrados, las Garantías Judiciales fácticamente, se encuentran suspendidas en la República Argentina.

Por demás está agregar, que no habiendo informado a la OEA sobre la suspensión de las garantías judiciales, la República Argentina se encuentra en seria situación de tener que responder internacionalmente, ante tan flagrante violación que como Estado Parte, ha asumido ante la comunidad supranacional.

La verdadera intención de Fernández

Mientras tanto, ilegalmente las puertas cerradas de la Justicia continúan sosteniendo una situación inadmisible, como si nada pasara. Tampoco ha sido ni es explicado por el Presidente de la Nación quien, sin embargo, se encuentra únicamente preocupado por llenarnos mentalmente de pandemia; tal vez la verdad real, sea que su verdadera intención es oficiar de conducto a las unilaterales necesidades justiciables de su vicepresidente (Cristina Fernández de Kirchner), incursionando en una insólita y extemporánea reforma judicial, en el intento de minar “poco a poco” la fuerza jurídica de los distintos procesamientos penales que pesan en su contra.

En definitiva, o la Constitución Nacional es la Ley Suprema y no puede ser modificada y/o violada por ninguna ley ordinaria o “dedo” de funcionario alguno, o caso contrario, la Carta Magna se ha convertido en LETRA MUERTA y gobierna la voluntad del Poder de Turno. De la indefensión de los derechos, nadie habla … el Estado de Derecho en terapia intensiva y con respirador.

Fabián Moscovich
Abogado. Ajedrecista.

Deja un comentario