Blas no descansa, nosotros tampoco

A un mes del fallecimiento de Blas, baleado por un policía en un control de tránsito, aún
no se produjeron avances de envergadura en la investigación. Exigimos verdad y
Justicia, que nadie más tenga que lamentar la pérdida de un ser querido por gatillo fácil.

Triste aniversario. A mediados de agosto pasado, en el artículo “Infectadura Homicida”,
nos solidarizábamos con el caso de este joven.

“En Córdoba, Valentino Blas Correas, de apenas 17 años, fue baleado en la madrugada
del pasado jueves 6 de agosto al evadir un control policial. Los policías dispararon
varios tiros, de los cuales cuatro impactaron contra el automóvil y uno de ellos ingresó
por la luneta y se incrustó en el omóplato de Valentino, quien iba en la parte de atrás del
vehículo y murió a causa de la herida. El fiscal José Mana imputó a cinco agentes por el
crimen, entre ellos al jefe de la fuerza de seguridad que estaba a cargo de patrullas de
control. Desde este espacio que combina noticias con reflexiones apelamos a la
responsabilidad institucional para que no se pierdan vidas en manos de quienes deben
cuidarla”, tal fue lo que expresamos y seguimos sosteniendo.

Hoy, ante tanta ausencia y dolor, cómo no reclamar que inmediatamente la Justicia y la
Policía rindan cuentas ante la sociedad toda y expliciten en detalle lo acontecido.
Sabemos que son nueve los policías imputados y cinco de ellos están apresados. Sin
embargo, la familia Correas y los letrados que patrocinan a los otros adolescentes que
fueron atacados a tiros prosiguen reclamando cuestiones sin explicar.

En primer lugar, tal como explica la fuente, “a la familia le llama la atención que aún en
la causa judicial que lidera el fiscal José Mana no se haya identificado quién era aquella
noche el jefe de ese grupo de policías en moto. O sea, a quién o a quiénes respondían
estos agentes, y si actuaron bajo alguna orden superior o si directamente lo hicieron por
su cuenta”.

Luego de los disparos, el vehículo fue interceptado y frenado por la Policía provincial
en la esquina de Chacabuco y Corrientes (tristemente cerca de donde fue atropellada
Mariana Inés Ellena, la joven de 22 años que falleció al ser embestida durante una
picada de autos el 2 de setiembre de 2011).

El joven al volante, desesperadamente quería llegar al Hospital para que Blas reciba
atención, malherido en el asiento trasero. “Los policías no sólo que le impidieron
continuar para que buscara asistencia, sino que obligaron al joven a frenar el vehículo y
allí mismo lo maltrataron, tras bajarlo del rodado”, describió la fuente.

“Un policía, que yo no sabía que era médico, decidió que mi hijo no iba a vivir”, declaró
la madre de Blas, Soledad. Ella necesita que sean identificados “los uniformados que le
negaron a su hijo la posibilidad de llegar a un hospital”.

En tan penosas circunstancias pierde la vida el adolescente, pero la Policía demora más
de 40 minutos en comunicarlo al fiscal, José Mana.

“Durante casi una hora, numerosos agentes de la fuerza de seguridad, de distintas
jerarquías, recorrieron la escena del crimen y también revisaron el auto de los jóvenes,
sin ningún control judicial. El martes pasado, en una entrevista, el jefe de Policía,
Gustavo Vélez, reconoció: “No pueden hacerlo. Tienen que delimitar el perímetro y no
tocar nada hasta que llegue la Policía Judicial. Sin lugar a dudas, en este caso hay
muchas cosas que nos cuestionamos”.

El rol de la Policía tiene que ver con el deceso de Blas, quien agonizó en el asiento
trasero del Fiat Argo. “Hay al menos 50 policías involucrados”, dijo la mamá de Blas, a
quien le consta que durante esa fatal madrugada, más de veinte vehículos policiales se
agolparon en el lugar de los disparos (Av. Vélez Sársfield, a la altura del viejo instituto
Pablo Pizzurno); “que las conversaciones registradas en el 101 fueron simuladas, y que
en la propia Jefatura de Policía durante esas horas se montó todo un operativo para
intentar encubrir lo que acababa de suceder”, según declaró Soledad Laciar.

Párrafo aparte para el presunto motociclista: “Los policías que mataron a Blas aseguran
que ellos dispararon porque por la frecuencia policial les habían avisado que en un
control de Vélez Sársfield y Circunvalación un joven en moto había denunciado a los
ocupantes del Fiat Argo tras un encontronazo que habían tenido minutos antes por una
mala maniobra del conductor del auto. Esa supuesta denuncia del motociclista no figura
en ningún lado, lo que termina por derrumbar la teoría de que los ocupantes del Argo
fueron tomados como “sospechosos” por los policías que les dispararon. De manera
llamativa, hasta hoy el motociclista no fue identificado en la investigación”.

Advertidos de la situación, Soledad y Juan, el hermano de Blas, fueron a la esquina de
Chacabuco y Corrientes, pero los policías presentes no les permitieron acercarse al auto donde yacía el joven. Sin ninguna explicación los derivaron a la Jefatura Central de la
Policía, donde se toparon con un cordón policial en el perímetro (que no es habitual sino
formado bajo la orden específica de un superior) que los frenó, en nombre del
“protocolo por Covid-19”. El papá de Blas se desmayó allí.

Asimismo “Denuncian que no apareció nadie de la Policía para contenerlos y
explicarles lo sucedido, pese a que desde la fuerza se asegura que tienen un equipo
interdisciplinario especial para contener a víctimas de delitos y a sus familiares.
“Durante horas, yo creí que a mi hijo lo habían matado ladrones”, diría después
Soledad. Aún no hay responsables identificados por haber montado ese operativo en la
Central de Policía ubicada en la esquina de Av. Colón y Santa Fe, de la ciudad de
Córdoba”.

Los jóvenes que participaron del hecho, en calidad de víctimas, fueron maltratados:
“Mientras la madre de Blas pugnaba por ingresar en Jefatura, en una de las oficinas de
los pisos superiores el conductor del auto, de 18 años, y su novia de 16, eran
interrogados por policías, pese a que no estaban acusados de ningún delito y sin ningún
abogado. Durante una hora, los adolescentes escucharon todo tipo de señalamientos,
hasta que una allegada a ellos, que trabaja en Tribunales, logró ingresar a los gritos y
pedir que cesaran con esa conducta policial. Los jóvenes indicaron que los policías les
decían que Blas había muerto por culpa de ellos. Estos uniformados tampoco fueron
identificados hasta ahora”.

En consonancia con el intento de incriminar a los pasajeros del vehículo, “Ya no hay
dudas de que los policías arrojaron esa madrugada un viejo revólver para intentar
incriminar a los jóvenes del Fiat Argo, tras los disparos. Oxidado y roto, el arma no
tiene ninguna numeración visible. La Justicia ignora la procedencia y si pudo haber
salido del armamento secuestrado por la propia fuerza”, se aseveró en la nota de La Voz
del Interior.

El matutino cordobés asimismo consigna que “En el expediente judicial, aparece un
informe de una página, firmado por el forense, en el que este indica que Blas murió por
un “traumatismo de tórax” (no se especifica balazo alguno) y no se consigna la hora de
la muerte. Hoy, un mes después, no hay ningún registro oficial que le indique a la madre
de Blas a qué hora murió su hijo”.

Pavorosamente, tal como lo consignamos en nuestro artículo “Infectadura Homicida”, la
Policía continúa matando a balazos impunemente, a gatillo fácil. En manos de quién
estamos, si pasados ya más de treinta días del homicidio, no sabemos con certeza por
qué los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón, que dispararon contra el vehículo,
“estaban esa noche activos y armados en un control, pese a que ambos ya estaban
imputados por otros delitos. Gómez tiene que ir a juicio acusado de encubrir a un
violador serial en 2017, mientras que Alarcón está imputado de lesiones leves en un
control en 2013. Al respecto, el jefe de Policía Gustavo Vélez dijo que fue
responsabilidad del Tribunal de Conducta Policial, que depende del Ministerio de
Seguridad. Desde el ala política, no hubo ninguna contestación sobre este punto, que es
medular en este caso. En la fiscalía, aún no avanzaron en responsabilidades funcionales
por haber levantado la situación pasiva a estos dos policías”.

En Córdoba, hace más de veinte años que gobierna el peronismo, alternando entre José
Manuel de la Sota (fallecido) y Juan Schiaretti (reelecto hasta 2023). Por eso, “la mamá
de Blas volvió a insistir que esperó algún gesto del gobernador Juan Schiaretti, que
durante este tiempo no llegó, ya que hasta ahora el mandatario provincial nunca habló
de manera pública sobre este caso”.

Fuente: La Voz del Interior

Marcela Zadoff
Lic. en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba. Redactora. Editora. Experta en Comunicación Institucional

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