Buenos Aires: intendentes quieren los datos de presos domiciliarios

Los intendentes de la zona oeste del Gran Buenos Aires quieren saber la dirección de los presos beneficiados con prisión domiciliaria con la excusa del avance del coronavirus para ejercer un control municipal.

A esa resolución llegaron este viernes feriado los intendentes de la provincia de Buenos Aires Juan Zabaleta, Lucas Ghi, Gustavo Menéndez y Alberto Descalzó -de Hurlingham, Morón, Merlo e Ituzaingó, respectivamente- tras una reunión que mantuvieron con la asociación de magistrados del departamento judicial de Morón, que agrupa a esos cuatro distritos.

“Los intendentes acordaron con las autoridades judiciales ser informados de cada una de las medidas que se tomen respecto de las prisiones domiciliarias y la ubicación de las personas que potencialmente podrían obtener su liberación transitoria, en el marco de la crisis sanitaria», informaron los jefes comunales a través de un comunicado tras el cónclave mantenido a última hora de la tarde con los representantes de los jueces, fiscales y defensores oficiales de dicho departamento judicial por la polémica en torno a la liberación de presos por el COVID-19

Es decir: los jerarcas de la provincia de Buenos Aires van a controlar a través de sus fuerzas de seguridad locales a los presos de esos municipios que sean liberados por la Justicia, una medida que despertó un fuerte rechazo social y que derivó en un masivo cacerolazo, ayer por la noche.

Fue la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la encargada de dar la visión de la Casa Rosada sobre la protesta: dijo que había que “entender y atender” el reclamo, pero que se decían “cosas que no son”. El día anterior el propio Alberto Fernández había escrito en sus redes sociales que no es facultad del Gobierno el impulso a la libertad de los condenados, y se manifestó en contra “a ejercer la facultad del indulto”.

“Queremos saber dónde viven los liberados para hacer un control con la comisaría”, explicó a este medio, en tanto, uno de los cuatro intendentes que participó del encuentro en la sede de la asociación de magistrados de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

No hubo aviso, según resaltaron, a las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires ni a la Casa Rosada. “Acá no hay que esperar, hay que trabajar, no hay tiempo para avisar”, subrayó uno de los participantes del cónclave.

Tampoco está claro si la resolución a la que llegaron los cuatro distritos con los representantes del Poder Judicial será tendrá eco en el resto de los municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires.

“El objetivo del encuentro fue interiorizarse acerca de los pasos que seguirán las y los funcionarios judiciales respecto a la eventual disposición de prisiones domiciliarias para personas que hayan incurrido en delitos menores. Los jefes comunales expresaron su preocupación acerca de que esas medidas no afecten la seguridad en cada uno de los municipios que integran el Departamento Judicial”, subrayó el comunicado divulgado tras la reunión.

“Los magistrados, por su parte, informaron sobre la situación carcelaria y dieron cuenta de la inquietud por la propagación los contagios de Covid 19 dentro de los establecimientos de detención, a raíz de las condiciones de hacinamiento. Los funcionarios judiciales manifestaron que esas condiciones de contagio exponencial podrían impactar en la saturación de los sistemas de salud pública en las distintas comunas”, abundó.

Esta mañana, la jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento judicial de Quilmes, Julia Márquez, reveló en declaraciones radiales que desde el comienzo de la cuarentena ordenada por el Gobierno, el pasado 19 de marzo, fueron liberados 176 violadores. Cuando en realidad, los beneficios domiciliarios deberían aplicarse para reclusos por delitos menores.

La magistrada se mostró preocupada por el fenomenal crecimiento de pedidos de hábeas corpus presentados para liberar presos bajo la excusa del avance del COVID-19.

La polémica empezó a instalarse la semana pasada con la rebelión interna de un grupo de presos del penal de Devoto, que exigió tras un violento motín garantías para los reclusos por el peligro de contagio del coronavirus.

Un rato después del encuentro de este viernes, en tanto, un grupo de intendentes de Juntos por el Cambio -Jorge Macri y Julio Garro, entre otros- mantenían, pasadas las 20, una comunicación virtual con Carolina Píparo, legisladora provincial de Cambiemos y víctima de una brutal salidera bancaria en julio del 2010, bajo el lema “no a la liberación de presos”.

Edgardo Marano

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