Castelli: La CSJN postergó su decisión

Germán Castelli, uno de los jueces desplazados por el gobierno nacional que reclamó ante la Corte Suprema y esperaba una definición sobre su situación este jueves, tendrá que esperar. Si bien el máximo tribunal discutió su caso este mediodía y decidió suspender la resolución del Consejo de la Magistratura que había impugnado su traslado al Tribunal Oral Federal 7, todavía no dictará una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

El voto de la mayoría, conformado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco -en forma concurrente-, dispuso habilitar el tratamiento del recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) que había presentado Castelli, revocar una sentencia que había avalado su desplazamiento y suspender los efectos de la resolución 183/2020 del Consejo de la Magistratura hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Si bien las deliberaciones continuarán abiertas, los magistrados resaltaron que el caso tiene aspectos análogos a lo resuelto el martes pasado para los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, camaristas federales que también habían sido desplazados por el gobierno nacional y la Corte ordenó su restitución hasta tanto se realicen nuevos concursos.

El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, consideró en minoría que el expediente debería regresar a la Cámara para que dicte un nuevo pronunciamiento que restituya a Castelli en virtud de la inamovilidad de la que gozan los jueces.

En términos prácticos, Castelli podrá regresar al TOF 7, que entenderá en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios por los cuadernos de la corrupción, hasta que haya una resolución definitiva para su caso. Y si esa decisión es similar a la dictada para Bruglia y Bertuzzi, podrá permanecer en el tribunal hasta que haya un nuevo concurso, procedimiento que suele demorar años en la Argentina.

Para entender el alcance de la decisión, hay que retrotraerse a la gestión de Cambiemos, cuando el entonces presidente Macri dispuso el traslado de varios magistrados para cubrir vacantes en la Justicia federal. Tras la asunción de Alberto Fernández en el poder, la metodología fue impugnada por el Consejo de la Magistratura, que ordenó revisar las designaciones de 10 jueces por esta vía. El trámite pasó al Senado. Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se presentaron a defender sus nombramientos y el jefe de Estado ordenó por decreto dejar sin efecto los traslados.

Los jueces afectados por la decisión presidencial iniciaron una estrategia legal que incluyó un pedido para que la Corte Suprema tomara el tema y dirimiera la cuestión. El martes se conoció la sentencia que dirime la cuestión de fondo para Bruglia y Bertuzzi. Hoy hubo una primera decisión sobre Castelli, pero su caso continuará abierto.

El fallo dictado el martes estableció que debe iniciar el procedimiento constitucional para ocupar las vacantes que se habían generado en la Sala I de la Cámara Federal. Mientras tanto, esos cargos serán ocupados por Bruglia y Bertuzzi, cuyas decisiones son válidas. Además, ambos podrán presentarse a concursar. Ayer, Bruglia y Bertuzzi solicitaron licencia para analizar qué harán.

El único camino para Castelli, Bruglia y Bertuzzi es la Constitución

El fallo de la Corte Suprema de Justicia constituye un precedente fundamental para el orden institucional de nuestro país. En reiteradas oportunidades he señalado que en los debates del ámbito académico suele mencionarse que existen “dos lados de la biblioteca”, pero cuando se analizan los traslados de magistrados se observa que de un lado está la Constitución Nacional y del otro no hay nada.

El máximo tribunal consideró que “nunca hubo un fundamento jurídico válido para considerar los traslados como definitivos” ya que “las prácticas inconstitucionales no generan derecho”. Al respecto, marca una diferencia central, al indicar que “el traslado es transitorio y el nombramiento es definitivo”.

La sentencia marca el camino del que nunca se debería apartado nuestro sistema judicial y ratifica que la designación de jueces prevé un único sistema: “El que viene precedido de un concurso realizado en el Consejo de la Magistratura y cuenta con la participación del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Honorable Senado de la Nación”.

Sin embargo, durante el gobierno anterior se configuró un escenario judicial atravesado por la especulación y la arbitrariedad, donde la excepción se convirtió en la regla y donde determinados magistrados sortearon el mecanismo constitucional y pasaron a ocupar cargos estratégicos.

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para garantizar la independencia judicial en un Estado de Derecho es indispensable contar con un adecuado proceso de selección de magistrados. Así, con una profunda vocación democrática y en la construcción de una administración de justicia más eficiente, el Consejo de la Magistratura de la Nación puso luz sobre los traslados de magistrados, mecanismo que, mediante su abuso, pervirtió el uso de la figura.

El debate sobre lo sucedido estuvo atravesado por distintas posiciones, algunas de ellas tergiversaron aspectos técnicos para crear confusión en la opinión pública y ocultar en discursos republicanos intereses individuales. El fallo aclara que “no es inconstitucional el traslado como tal sino su pretensión de convertirse en una designación definitiva vulnerando el mecanismo constitucional previsto para los nombramientos”.

La interpretación ajena a la Constitución, incluye las acciones judiciales intentadas por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli con la pretensión de que sus traslados se convalidaran como definitivos. Esa concepción sería de extrema gravedad para nuestro sistema republicano, ya que de esa manera las aspiraciones profesionales de quienes quieren desempeñarse como magistrados estarían condicionadas a la voluntad política del gobierno de turno.

Es misión del Consejo de la Magistratura generar los mecanismos necesarios para cubrir los cargos en plazos razonables; el máximo tribunal realiza, sobre este particular, la observación de que “la primera condición para lograr celeridad en la justicia es lograr celeridad en la cobertura de sus vacantes, pues de lo contrario se recarga el trabajo del resto de los jueces”.

La Corte tomó una decisión fundamental para la institucionalidad remarcando que “los traslados no deben entenderse como un atajo para el nombramiento de jueces con carácter permanente”. Esto deja claro que solo hay un camino para seguir: El de la Constitución Nacional.

Edgardo Marano

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