CIDH: la Fundación Apolo presentó una denuncia por vulneración de derechos

La Fundación Apolo, a través de su Equipo Legal, que coordina el Dr. José Magioncalda, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración del derecho de la ciudadanía a manifestarse y peticionar en la vía pública.

Actualmente, muchos argentinos están pendientes de recibir sanciones administrativas o penales, debido a que el Presidente de la Nación y el Poder Judicial se han negado a garantizar este derecho, que, vale destacar, garantiza nuestra Constitución Nacional y que ningún Decreto de Necesidad y Urgencia puede vulnerar.

El 2 de junio pasado se presentó un habeas corpus colectivo para garantizar la libertad ambulatoria de la ciudadanía con el fin de peticionar a la autoridad. Luego de que se desestimara la acción, el 16 de junio, se ingresó un recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) contra la decisión de rechazar el trámite. Ante otra negativa a tratar el pedido, se presentó esta denuncia a la CIDH.

Desde instaurado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los ciudadanos se han confinado en sus residencias y sólo se han limitado a aprovisionarse en los negocios de cercanía. Algunos, incluso, tuvieron que tramitar permisos para poder ir a trabajar. Esta situación afecta gravemente a la salud mental y física de las personas, y les provoca un deterioro económico. Por estos perjuicios, es lógico que los ciudadanos deseen salir a manifestarse —adoptando las medidas de protección necesarias— para exigir respuestas y soluciones a los funcionarios de turno. No obstante, con amenazas de represión administrativa, judicial y penal, el Estado ha suspendido expresamente, de manera indefinida, este derecho de los ciudadanos.

Entonces, ante la violación de los artículos 14 y 28 de nuestra Ley Suprema, junto con la vulneración de los derechos que garantizan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citados en la correspondiente denuncia ante la CIDH, esperamos que, de esta forma, se restauren las facultades arrebatadas.

Edgardo Marano

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