Congreso: ¿por qué tarda en sesionar?

Han transcurrido cuarenta días desde que se declaró el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el país y a pesar de encontrarnos en esta situación de emergencia, recién ahora el Congreso Nacional estaría dispuesto a sesionar.

Vivimos en una república, esto significa que hay división de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si uno de estos tres poderes deja de funcionar, puede generar un desequilibrio institución poniendo en peligro el orden democrático.

Cuando se anunció la cuarentena, el funcionamiento del Poder Judicial y del Congreso se vio reducido casi por completo, principalmente el de este ultimo que al ser un órgano político debe tomar decisiones de carácter público, tan necesarias en épocas de crisis que ayuden a ordenar positivamente a la ciudadanía, generando certezas y soluciones.

Sin embargo, al no cumplir con su tarea, el Poder Ejecutivo se vio “facultado” a tomar decisiones mediante decretos de necesidad y urgencia saltándose el Congreso, los cuales tampoco fueron validados o rechazados por este órgano legislativo, como indica la Constitución Nacional. Por consiguiente, el Gobierno viene actuando y tomando decisiones unilateralmente que luego no son revisadas por nadie más, convirtiendo al Estado en un Leviatán moderno, que pone en peligro la libertad, la salud y la economía de los ciudadanos.

Durante este tiempo se ha puesto en duda la legalidad de realizar sesiones virtuales, ya que nunca se había adoptado esta modalidad y los reglamentos de las cámaras mencionan nada al respecto. Por el contrario, si se contemplaban reuniones de comisiones mediante videoconferencia, aunque en ningún lado se habla de la posibilidad de dictaminar proyectos, algo que se nota al observar que todas las reuniones de comisiones tienen carácter informativo, en la que se invitan a distintos funcionarios del Gobierno Nacional para hablar de la situación que se vive con la cuarentena, pero en ningún momento se avanza en la aprobación de leyes.

Entendiendo que la Constitución Nacional establece que las cámaras se autorregulan y que en ningún lado prohíbe adoptar medios digitales para sesionar, es que desde Fundación Apolo y el partido Mejorar se presentó un amparo ante la justicia para que el parlamento comiencen a funcionar, en relación con la revisión de los decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, recientemente se conoció el dictamen del Fiscal Miguel Ángel Gilligan que sugirió al Juez no habilitar la feria judicial para el tratamiento del amparo, con fundamento en que el reclamo no trataba sobre cuestiones de violencia de género, salud o familia, razón por la cual dicho proceso “no se encontraría entre los asuntos exceptuados.”

Mas allá de la desconsideración del fiscal ante un tema de relevancia institucional, el Congreso estaría tomando cartas en el asunto y se espera que en los próximos días empiece a funcionar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de controlar los DNUs emitidos por el Poder Ejecutivo.

En paralelo, la Presidenta del Senado y Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernandez, le había realizado a la Corte un pedido de certeza constitucional sobre la implementación de las sesiones virtuales, el cual fue rechazo por el máximo tribunal aunque afirmo que el Congreso «tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Esto dejaría zanjada la discusión iniciada hace mas de un mes, por lo que es pertinente que el parlamento inicie de inmediato tanto el control sobre los documentos emitidos por el PEN, como así también la sanción de leyes que permitan a la ciudadanía sobrellevar mejor la cuarentena. Eso sí, sin perjudicar el trabajo y la economía de cada uno, creando trabas e impuestos que buscan financiar a un Estado bobo, que se encuentra con áreas desfinanciadas como la salud, al preferir destinar lo recaudado por los impuestos que pagan los ciudadanos a otras áreas de menor importancia.

Se espera que esta semana la Cámara de Diputados sesione por primera vez desde que inicio el periodo de sesiones ordinarias el 1 de marzo, aunque no sería la primera sesión del 2020 ya que, hasta el momento se realizaron 7 sesiones en el Congreso Nacional, de las cuales 6 corresponden a sesiones extraordinarias y una ordinaria especial en marzo realizada por el Senado. Sin embargo, toda esta actividad parlamentaria se ha visto fuertemente condicionada a las necesidades del Gobierno Nacional, ya sea en la aprobación de leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, o la falta de una agenda propia impulsada por el Congreso.

Además, hay que mencionar que durante esas reuniones se sancionaron 5 leyes, de las cuales 4 fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo: El Consenso Fiscal 2019, la entrada y salida de tropas del país, la restauración de la deuda publica en moneda extranjera y las jubilaciones del Poder Judicial. Por otra parte, el oficialismo logró la aprobación de Ley de Góndolas, presentado por la entonces diputada Elisa Carrió.

Aquí podemos ver otro indicador de que es el Gobierno Nacional el que define la agenda legislativa, ya que prácticamente solo se han aprobado normas impulsadas por éste, además de una ley originada en la oposición que cuenta con el apoyo oficial y que permite destrabar la relación con la oposición a la hora de realizar acuerdos.

Pareciera que con todo esto cobra sentido esa idea del Leviatán moderno, donde los demás órganos del Estado no funcionan o responden a una autoridad central. Sin embargo, aun no esta todo perdido, mientras haya personas y organizaciones que sigan defendiendo la libertad y las instituciones se podrá frenar el avance de autoritarismos que buscan legitimarse al prometer una salvación frente a un enemigo invisible.

Javier Romano
consultor legislativo, Vicepresidente 2º del Partido Mejorar, coordinador del área de Seguimiento Legislativo y Tesorero de la Fundación Apolo.

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