Consenso Federal, de Lavagna, no apoyará la reforma judicial

El Frente de Todos avanza con la reforma judicial en la Cámara de Senadores, pero tiene un escenario complejo para tratar el tema y reunir los votos que necesita en la Cámara de Diputados, entre ellos, los de miembros de Consenso Federal.

El Bloque de Consenso Federal, compuesto por Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, anticipó que no votará la propuesta del oficialismo para reformar la Justicia.

“Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará”, adelantó un integrante de la bancada legislativa que se referencia políticamente en Roberto Lavagna.

A través de un comunicado recordaron que esta postura había sido adelantada hace pocos días por la diputada Camaño, al sostener que “la reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna” y que una decisión institucional de semejante envergadura “requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”.

“La prioridad debe estar puesta en asuntos como el impulso a las PyMEs de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva”, consideró la bancada lavagnista. “Se sale creando trabajo; no se sale con ideas como la de superponer una renta básica universal a la iniciativa para invertir, crear trabajo y producir”, apuntó.

“Argentina también necesita un reencuentro entre el campo, la industria y la economía del conocimiento. Impulsar hoy ese complejo científico y agroindustrial, hermanarse con la producción del campo, es acortar el camino para lograr el indispensable ingreso de divisas y fortalecer un federalismo real, que es el federalismo productivo”, finaliza el comunicado del espacio citado.

Este rechazo se suma así al ya anunciado por la bancada de Juntos por el Cambio, que advirtió que ni siquiera habilitará que la reforma judicial se trate mientras las sesiones sigan siendo virtuales, en el marco de la pandemia.

Es importante aclarar que Consenso Federal forma parte de un Interbloque más amplio compuesto por un total de once legisladores, pero de momento la oposición a la reforma judicial surge de los tres que responden a Lavagna. Ahora falta conocer si los ocho restantes tienen la misma postura, aunque todo indica que, como en otras ocasiones, volverán a votar divididos.

En este caso empezarán a tallar una vez más las espadas legislativas del oficialismo, que apuntarán a convencer a los gobernadores para sumar el apoyo parlamentario que precisan para avanzar con la reforma judicial.

El fondo de desempleo de Consenso Federal

Roberto Lavagna, que suele conversar periódicamente con el presidente Alberto Fernández sobre el curso de la economía, planteó para la pospandemia una suerte de reforma laboral para generar más empleo privado y dinamizar las inversiones.

«Pilares de un programa de crecimiento con inclusión», se denomina el plan que impulsa el exministro de Economía de Néstor Kirchner. En uno de sus puntos, Lavagna, que era el candidato presidencial estrella del sindicalismo hasta que Cristina Kirchner eligió a Fernández, propone imitar «el sistema que rige en la industria de la Construcción (Libreta de Trabajo, que supone aportes a un fondo de desempleo)». Se refiere al «Fondo de Cese Laboral de la UOCRA», una iniciativa que la gestión de Mauricio Macri también quiso impulsar.

Como en la industria de la construcción está vigente por convenio un fondo de cese laboral, para este caso no corre la doble indemnización que rige por decreto presidencial. El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: El empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero es depositado en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y es inembargable.

El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.

En el caso de la UOCRA, que es el modelo que mencionó Lavagna, se le retiene a cada trabajador entre el 12% y el 8% del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado.

El fondo de cese laboral podría ser aplicable a trabajos temporales, como el de los peones rurales de la Uatre o el de los taxistas.

Algunos abogados laboralistas, sin embargo, lo rechazan de manera tajante porque consideran que es inconstitucional, al afirmar que un convenio colectivo de trabajo no puede suplantar una ley de orden público, como lo es la que contempla la indemnización.

Giselle Tkaczuk

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