Coronavirus: aprobaron un protocolo de “ciberpatrullaje” que durará hasta que concluya la emergencia sanitaria

En el Boletín Oficial de este martes se publicó la Resolución 144/2020, la cual lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Allí se anuncia la creación del “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”.

La ministra Sabina Frederic firmó la resolución del nuevo Protocolo de ciberpatrullaje. El “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas“, conocido popularmente como “ciberpatrullaje”, comenzará a implementarse en Argentina e integrará a las cuatro fuerzas federales. Las mismas dispondrán de 20 días para amoldarse a la nueva normativa.

Según se indica en el texto, se entiende como “fuentes digitales abiertas” a “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas reglamentarias”.

Al mismo tiempo, se aclara que “los principios, criterios y directrices generales del Protocolo General serán de aplicación subsidiaria, en lo pertinente, a las tareas de investigación criminal que realizan los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad como órganos auxiliares de la justicia, en tanto impliquen una doctrina compatible con las instrucciones que impartan los magistrados y permitan su mejor ejecución”.

Delitos a los que se abocará el Protocolo de “ciberpatrullaje”

Entre los delitos a los que deberá adaptarse la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval se encuentran, principalmente, aquellos que corresponden a la “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente; y a los ataques informáticos a infraestructura crítica —especialmente a hospitales y a centros de salud”.

El anexo de la resolución sobre ciberpatrullaje, también incluye como objeto de las tareas de prevención policial las “posibles conductas delictivas cuyo medio comisivo principal o accesorio incluya la utilización de sistemas informáticos con el fin de realizar acciones tipificadas penalmente como la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y terrorismo; conductas que puedan comportar situaciones de acoso y/o violencia por motivos de género, amenaza y/o extorsión de dar publicidad a imágenes no destinadas a la publicación; y delitos relacionados con el grooming y la producción, financiación, ofrecimiento, comercio, publicación, facilitación, divulgación o distribución de imágenes de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes“.

Entre los considerando de la resolución también se estipula que la ministra de Seguridad coordinará una Mesa Consultiva que se reunirá cada dos meses (en tanto y en cuanto continúe la emergencia sanitaria), para controlar la aplicación de las reglas del Protocolo General.

¿Qué es el ciberpatrullaje?

Uno de los primeros casos con impacto público que se dieron a conocer en nuestro país fue el de un expediente judicial originado por una amenaza por parte de una mujer al ex presidente Mauricio Macri y a su familia a través de la red social Twitter. En el fallo en el que se procesó a esta mujer, el juez federal Ariel Lijo habló del “ciberpatrullaje de rutina realizado por el personal del Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, en el marco del cual los efectivos se abocan a la prevención de delitos, contravenciones y faltas realizados en la red de internet”.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) publicó en octubre de 2018 un informe en el que detalló las respuestas que le había dado el Ministerio de Seguridad ante un pedido de acceso a la información pública sobre el ciberpatrullaje. Sobre la definición del concepto, el ministerio señaló que aún no tenían formulado un concepto, pero la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal explicó que “ciberpatrullaje” es la “forma coloquial de referirse a la búsqueda de información en fuentes abiertas y públicas relacionadas con el ciberespacio”.

Y, en el informe, ADC advierte: “Las actividades de ‘ciberpatrullaje’ son llevadas a cabo en forma manual, con intervención humana y sin ningún tipo de software para automatizarlas, mediante consultas en motores de búsqueda y utilizando herramientas disponibles en forma gratuita en internet”.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló en un comunicado que “el gobierno debe ser transparente con respecto a las medidas que toma. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada”.

La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) emitió un comunicado con críticas a las declaraciones de la Ministra. Señaló que el “ciberpatrullaje” es una “práctica de inteligencia con base en información de fuente abierta” y aclaró que “las actividades de vigilancia masiva están prohibidas“. Y explicó: “Que estas tareas se realicen sobre contenidos que las y los usuarios colocan en el espacio público, ‘abierto’, no las convierte automáticamente en legales. El hecho de que se trate de un ámbito público no habilita la vigilancia estatal masiva e intrusiva, de la misma forma que estar parado en la vereda no habilita a las fuerzas de seguridad a fotografiar o seguir personas si no hay una hipótesis delictiva previa.

En el comunicado, además, señaló que “solo están permitidas las tareas de inteligencia criminal orientadas a intervenir sobre amenazas criminales concretas. Los programas que se utilizan para recoger palabras o frases no tienen capacidad de identificar el contexto ni la razón por las que las personas las usan. Esto vuelve muy peligroso la vigilancia al azar”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comunicó que hizo un pedido de acceso a la información para conocer cuál es el marco legal en el que se realizan las tareas de vigilancia y cuál es el contenido, quiénes las están desarrollando, con qué parámetros y con qué mecanismos de control. Además, solicitaron que se aclare a qué llama la normativa “fuentes abiertas” y “redes sociales”, con qué palabras se realizan las búsquedas y qué acciones se realizan a partir de los resultados.

Giselle Tkaczuk

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