Coronavirus: Argentina y su elección por los derechos

Las medidas adoptadas en nuestro país para combatir el coronavirus se encuentran entre las más restrictivas del mundo en términos económicos y sociales. El fuerte apoyo al Presidente Fernández, evidencia el soporte de la población a dichas disposiciones. La rapidez para anticiparse a la mayor propagación ha sido una virtud destacada por todos.

Ahora bien, luego de este amplio consenso, una parte de la sociedad comenzó a señalar los fuertes problemas económicos, de ingresos y de empleo que genera esta rígida cuarentena. El Gobierno lanzó medidas, pero la mezcla de poca capacidad fiscal de respuesta dada la situación de crisis anterior y la tardía reacción para hacer más efectivas las mismas, han dejado un escenario de profundo deterioro del aparato productivo.

La frase del Presidente referida a elegir, por la negativa claro, tener 10 millones más de pobres o 100.000 muertos por el virus refleja una posición histórica de la Argentina. La preferencia y salvaguarda de los derechos. Entendidos estos como la garantía del Estado para resaltar la importancia de los derechos civiles, sociales, de educación y de salud entre otros.

Probablemente ello sea una herencia positiva tras el sufrimiento y experiencia de las Dictaduras, especialmente la última. La valoración en conservar vidas o manifestar profundos pesares por las pérdidas de aquellas es un rasgo distintivo de la sociedad. Hechos puntuales de muchos fallecidos (Cromagnon, Once, inundación de La Plata) han tenido impacto muy negativo en quienes eran considerados responsables políticos de esas tragedias.

Esta es quizás la razón principal que ha determinado el mayor énfasis en la prevención masiva de contagios, con la consiguiente reducción del potencial en pérdidas de vidas, por sobre las cuestiones económicas y cómo encarar la salida de la cuarentena, minimizando los costos en cuanto quiebra de empresas y más desempleo.

Asimismo, el país también pone el foco en los derechos sociales. Por ejemplo, el Estado garantiza gratuidad a extranjeros en la educación superior y en los centros de salud pública, algo que prácticamente no es contemplado en países con amplia cobertura universal en dichos bienes públicos. Y tiene la mayor ratio de gasto social de América Latina, con 60% del presupuesto federal destinado a ello.

La cuestión es que el tardío reflejo para abordar la profundización de la crisis económica derivada del coronavirus olvida un punto no menor: Que cuanto más se tarde en reactivar la producción y el empleo, menores recursos para recuperar tendrán los fiscos nacionales, provinciales y municipales.

En consecuencia, la garantía para asegurar el costo de los derechos se volverá menor. A ello se suma la clásica visión de los gobernantes del país en ver al sector productivo como fuente de ingresos fiscales más que de promoción e incentivo a mayor crecimiento de la riqueza.
Por ende, sabiendo que no será posible endeudarse o cubrir gran parte del déficit con suba de impuestos, este asunto se torna prioritario. El Estado debe entonces buscar formas novedosas para impulsar una rápida reactivación que no lo deje rezagado para cumplir el imperativo cívico de la protección y promoción de los derechos ampliamente aceptados.

Se habla y pondera que los países más avanzados poseen Estados que otorgan más recursos a la educación, la salud o ciertas prestaciones sociales básicas como forma de tener mayores niveles de igualdad. Cabe recordar que ello se logra gracias a recursos obtenidos de un sector privado e individuos que poseen amplio margen para producir y trabajar. En definitiva, para crear riqueza. En ausencia de ella, no hay dicotomía, ya que no habrá sostén necesario para garantizar los derechos.

Agustín Jaureguiberry
Soy Politólogo. He sido funcionario en la Municipalidad de Vicente López, en la Provincia de Buenos Aires y en el PAMI. He escrito diversas notas sobre actualidad política y económica para la revista digital economiaparatodos.com y la Revista Democrática de América Latina.

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