Cristina podría recuperar los bienes embargados

Una maniobra legal podría beneficiar a la vicepresidenta Cristina Kirchner y su familia, quienes podrían recuperar el control del hotel Los Sauces y de otras propiedades confiscadas por la Justicia.

La abogada Silvina Martínez pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que revea la decisión de otorgarle a Cristina Kirchner la posibilidad de volver a explotar el hotel y cobrar el alquiler de varias propiedades. Según la letrada, el juez Daniel Obligado mantiene un «tratamiento preferencial» a los pedidos que hace el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi. El magistrado dispuso devolver a la familia el control de Los Sauces y de la casa de Máximo Kirchner en Río Gallegos.

Martínez por el contrario, solicitó que los interventores sigan administrando los bienes y que se mantengan las medidas cautelares.

Hasta ahora, la causa contiene medidas cautelares que le impiden a los socios de la empresa Hotesur, Cristina Kirchner y Máximo y Florencia Kirchner, recuperar los que consideran sus bienes y además hacer usufructo de ellos.

«Esta medida (contraria a la oportunamente dictada por el juez de instrucción y ratificada por las instancias superiores) no solo beneficia a la familia Kirchner permitiéndoles recuperar la administración y usufructo de todas sus propiedades, inclusive sus hoteles, sino que perjudica a los procesos judiciales en marcha donde se investiga no solo el enriquecimiento de la familia Kirchner sino también maniobras de lavado de dinero que involucran a dicho establecimiento», denunció Martínez en una carta dirigida al tribunal. Y agregó: «Esta medida se toma luego de que la familia Kirchner reclamara ante la Justicia diferentes acciones en torno a la administración y usufructo de las propiedades y nuevamente el Tribunal parecería querer congraciarse con los procesados».

Martínez es «amicus curiae» -amiga del tribunal- de la Causa Hotesur que salpica a Cristina Kirchner. Los amigos del tribunal pueden consular el expediente y sugerirles medidas a los fiscales y jueces.

La abogada advirtió sobre la «gravedad institucional» de la decisión, que «perjudicarán el proceso» judicial en curso. Además, subrayó que la maniobra que beneficiaría a Cristina Kirchner, «contaría con la inacción de la UIF, quienes están a cargo de funcionarios del Poder Ejecutivo».

Las medidas de intervención administrativa fueron impuestas, en su momento por los jueces federales de instrucción Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Además, fueron confirmadas por todas las instancias posteriores. Es decir: Cámara Criminal Correccional Federal y la Cámara de Casación.

Obligado es el mismo juez que autorizó la prisión domiciliaria del ex Vicepresidente Amado Boudou, condenado por haber querido apropiarse de Ciccone. También benefició a uno de los parteros del centro clandestino de detención de la ex ESMA, al médico Carlos Capdevila, con el argumento de que podría ser contagiado de coronavirus .

¿Quién es Daniel Obligado, el Juez que podría beneficiar a Cristina Kirchner?

Algunos de sus colegas coinciden en que el Juez que beneficiaría a Cristina Kirchner mantiene un perfil político y técnico a la vez. Él se define, cuentan en su entorno, como un «nyc» [nacido y criado] del Poder Judicial. El juez Daniel Obligado integra el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 desde 2007 y, como juez de ejecución penal, le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou.

El Juez beneficiario de Cristina Kirchner es egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerció como docente. Empezó la carrera judicial como auxiliar en un juzgado de instrucción, con la jueza María Servini. En el año 2000 fue nombrado juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de Lomas de Zamora, territorio en el que forjó vínculos con Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y actual miembro del Consejo de la Magistratura por el claustro académico.

Obligado conforma el cuerpo docente de la universidad lomense. Es socio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y simpatizante de la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más ligadas al kirchnerismo. En su entorno afirman que niega tener vínculos políticos con el kirchnerismo y que mantiene relaciones institucionales con algunos funcionarios.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 a cinco años y diez meses de prisión, por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Obligado interviene como juez de ejecución penal y firmó una resolución que efectuó el cómputo de la pena de Boudou. En el fallo firmado este lunes, sin embargo, señala que Boudou no tiene sentencia firme.

Obligado había rechazado el pedido de excarcelación de Boudou el 25 de marzo, conforme un dictamen del fiscal Marcelo Colombo, pero ahora morigeró la pena. Otros presos por corrupción, como José María Núñez Carmona -socio y amigo de Boudou-, Lázaro Báez y Ricardo Jaime, también pidieron la prisión domiciliaria, basados en el riesgo de contraer coronavirus, pero Obligado rechazó.

En el nuevo y polémico fallo sostuvo que Boudou no tiene sentencia firme por la Corte Suprema y señaló que el contexto de pandemia y su situación familiar ameritan que continúe con el arresto en su departamento de Barracas.

Varios de sus colegas consultados indican que el criterio de Obligado sobre la sentencia firme suele considerar que aun con confirmación de Casación no es tal que la Corte no se pronuncie, y lo describen como uno de los únicos jueces de Comodoro Py en aplicar ese criterio. Sin embargo, rechazó arrestos domiciliarios y excarcelaciones en causas de lesa humanidad que no tienen sentencias firmes.

En la última semana se negó a otorgar el arresto domiciliario a los implicados del caso conocido como «narcoarroz», cuyo proceso oral se vio interrumpido por la pandemia. El contexto de emergencia sanitaria causada por la pandemia fue una circunstancia rectora de la decisión de conceder el beneficio a Boudou. Ante una consulta, el juez optó por no hacer declaraciones. En su entorno señalan que en el fallo sobre Boudou ligó el Covid-19 con una situación familiar -no su condición de salud- y resaltan la provisionalidad de la resolución, en el contexto de la pandemia.

En abril de 2018, viajó a un congreso en Irak por dos semanas sin tener una autorización de licencia y el abogado de un acusado en el juicio por la causa ESMA, cuyo tribunal integraba Obligado, lo denunció en el Consejo de la Magistratura. Cuando regresó, la licencia le fue denegada por la Cámara de Casación y por la Corte. Finalmente, la denuncia fue rechazada por mayoría.

Edgardo Marano

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