Cuadernos: revocaron 3 procesamientos en el caso Techint

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi revocó los procesamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del directivo de la empresa Techint Luis Betnaza, entre otros, en el tramo del caso cuadernos de las coimas vinculado al presunto pago de sobornos por parte de esa empresa.

El magistrado dictó la falta de mérito para la expresidenta, para Betnaza, para el ex ministro Julio De Vido y para los exfuncionarios Roberto Baratta, José María Olazagasti y Claudio Uberti por estos hechos puntuales, informó la agencia Télam.

Este expediente surgió como un desprendimiento de la causa de los cuadernos de las coimas. Directivos de la firma Techint habían quedado bajo investigación en la causa de los cuadernos a partir de las anotaciones del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Los ejecutivos de la empresa Héctor Zabaleta y Luis María Betnaza, según la investigación judicial, ordenaron y ejecutaron pagos a Baratta durante 2008.

Betnaza, en su declaración indagatoria, admitió esas contribuciones, pero dijo que se hicieron bajo extorsión , en momentos en que la empresa buscaba repatriar desde Venezuela a unos 200 empleados argentinos tras la expropiación de Sidor (que era de Techint) por parte del gobierno chavista.

Martínez De Giorgi sostuvo en su fallo que ahora «corresponde disponer la realización de diversas medidas de prueba que clarifiquen» aspectos de lo ocurrido en relación con Techint, vinculados a «determinar si los pagos efectuados pudieron estar vinculados con razones de emergencia en el contexto de la nacionalización de la empresa Sidor en la República Bolivariana de Venezuela».

Cómo sigue la causa de los Cuadernos

«Se advierte como imprescindible profundizar la pesquisa», afirmó Martínez de Giorgi al revocar los procesamientos y disponer las faltas de mérito.

Entre otras medidas, Martínez De Giorgi evaluó que «resultaría pertinente escuchar en declaración testimonial a los directivos, presidentes y CEOs de las firmas Ternium y Sidor», tal como lo había propuesto el fiscal del caso, Carlos Stornelli.

«También correspondería incorporar -dijo el juez- los viajes realizados por los imputados a la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la nacionalización de la empresa Sidor, como así también, determinar la existencia de comunicaciones que se hayan registrados entre los imputados en ese período.»

El procesamiento por el tramo vinculado a supuestos pagos ilegales de la empresa Techint fue dictado el 17 de septiembre de 2018 por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, a quien reemplaza Martínez De Giorgi.

En la investigación estuvo procesado el CEO de Techint, Paolo Rocca, pero la Cámara Federal porteña revocó esa decisión.

En la causa se investiga la supuesta existencia de una asociación ilícita y el delito de cohecho, en base a los escritos plasmados en cuadernos por parte del remisero Oscar Centeno, un arrepentido en el caso y ex chofer del ex funcionario Baratta. El tramo principal del caso, en el que está procesada la vicepresidenta junto a ex funcionarios como De Vido y empresarios, ya fue elevado a juicio oral y está a cargo del Tribunal Oral Federal 7.

¿Por qué viajaron fiscales españoles a Buenos Aires?

n un viaje secreto de cinco días a Buenos Aires, realizado en enero pasado, dos fiscales españoles investigaron la causa de los cuadernos de la corrupción, recorrieron la ruta de las coimas, se llevaron copias del expediente y acusaron ahora, en Madrid, a los exdirectivos de la constructora Isolux en España de haber enviado a la Argentina el dinero con el que se pagaron sobornos para que la compañía se quedara con la obra de la central térmica de Río Turbio.

Accedieron aquí a todas las pruebas, recorrieron el submundo de las cuevas financieras y se asombraron de las fotos y videos que registraron la corrupción, como el que muestra a José López escondiendo los 9 millones de dólares en un convento con la ayuda de una monja y con lo que parecía ser un fusil de guerra. Lo que aquí ya no genera asombro, a los españoles les pareció un capítulo de Netflix que terminaba con bolsos con dinero depositados en el departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los fiscales anticorrupción Ana Cuenca y Juan Pavía Cardell se comunicaron a fines de 2019 con la oficina de colaboración internacional de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó, que coordinó la ayuda. Se habían enterado por los medios de la investigación por los cuadernos de las coimas, que ya había sido elevada a juicio por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio.

Tras un intercambio de mails y llamados, acordaron con la fiscal Fabiana León, que es la fiscal que prepara el juicio oral por los cuadernos de las coimas, una visita relámpago a Buenos Aires en pleno enero. Los tribunales de Comodoro Py 2002 estaban cerrados, pero la fiscal León los recibió en su despacho del séptimo piso.

Estuvieron los cinco días, de 8 a 20, encerrados en la fiscalía y haciendo el tour de la corrupción por la ciudad. La fiscal León los recibió con un power point en el que armó una línea de tiempo para explicarles la historia argentina reciente, en paralelo con los presuntos pagos de sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas. La presentación empezaba con la foto de Néstor Kirchner el día que asumió la presidencia, con la banda puesta, y con el organigrama de la plana mayor del Ministerio de Planificación, con sus funcionarios procesados o presos: Julio De Vido, José López, Norberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

La presentación avanzaba con la muerte de Kirchner y, tras la asunción de Cristina Kirchner, la reactivación del mecanismo de recaudación ilegal que quedó asentado en la causa. La fiscal analizó que las causas de corrupción se reactivaron desde la condena por la tragedia de Once, la muerte de Alberto Nisman -y la movilización social que generó- y los bolsos de López.

El video del exsecretario en el convento, guardando los bolsos con dinero, junto con una monja y con un arma, les pareció increíble a los fiscales españoles.

Así llegaron hasta los cuadernos. Cuando los fiscales Cuenca y Pavia Cardell vieron la fotografía de Roberto Baratta con el bolso -supuestamente con dinero- en la puerta del edificio de Isolux, dejaron de lado las dudas que pudieron haber tenido hasta el momento.

El problema era la ruta de la coima, la trazabilidad del dinero, clave para que los fiscales españoles pudieran establecer que la plata salió de la central de la compañía, en Madrid. Pero el dinero llegó a Isolux desde la casa matriz mediante «cuevas financieras».

Los españoles no entendían el concepto. Primero, les explicaron cómo funcionaban el cepo y el mercado negro de divisas. Hicieron una recorrida por la calle Florida, vieron a los arbolitos y accedieron a una cueva clandestina donde vendían dólares.

Los españoles también hicieron el recorrido de la ruta que tomó el chofer Oscar Centeno en los diversos cobros que realizó, pasaron por Puerto Madero, conocieron La Rosadita y terminaron en el Hotel NH de la Plaza de Mayo. Allí, donde se alojaron los fiscales españoles, tuvo lugar casualmente uno de los pagos de la cadena de sobornos.

La presentación del power point de la fiscal León terminaba con la declaración de Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública donde les gritó a los jueces que ellos eran los protagonistas del «lawfare» y que no importaba la sentencia que dictaran porque la historia ya la absolvió.

Los españoles se llevaron un dossier con las copias de las piezas procesales y luego, cuando abrieron los tribunales en febrero, les certificaron copias del expediente y se las enviaron por vía oficial, al igual que las copias de las fotografías de los cuadernos.

Con todos estos elementos, en la Argentina están esperando ser juzgados Cristina Kirchner, quienes fueron sus ministros, los funcionarios acusados de haber cobrado el dinero y los empresarios que, de acuerdo con las pruebas de la causa, los pagaron. Entre ellos, Juan Carlos de Goycoechea, el representante legal de Isolux que supuestamente realizó 18 pagos de 300.000 dólares cada uno que, para la Justicia, tenían como destinataria final a Cristina Kirchner.

La declaración de De Goycoechea como «arrepentido» hundió a los ejecutivos españoles. «No había ninguna posibilidad de retirar dinero de la empresa en Argentina para pagar lo requerido por Baratta. Porque, como dije, la utilidad estaba depositada directamente en España. Y ese es, como dije, el motivo por el cual los pagos a Baratta eran definidos en España y el dinero se remitía desde allí», afirmó ante la justicia argentina. Y agregó: «El dinero venía desde España y yo lo retiraba de diferentes ‘cuevas’ financieras en el microcentro. Obviamente no eran transferencias en blanco. Pude reconstruir algunos de los lugares de donde se retiraba el dinero que me enviaban desde España y que yo le entregaba a Baratta». Dio nombres de los españoles que ordenaron los pagos y la dirección de las cuevas financieras.

Con estos elementos que recibieron de la justicia argentina, los fiscales españoles acusaron esta semana a al expresidente de Isolux, Luis Delso; al exvicepresidente, José Gomis, y a los que ocuparon el cargo de consejero delegado y director financiero en aquellos años.

La querella se dirige exclusivamente contra los responsables de Isolux en España entre 2008 y 2015, y no contra los argentinos responsables de la sucursal, ya que estos se encuentran procesados a la espera del juicio en Buenos Aires.

Giselle Tkaczuk

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