Daniel Arroyo: Entrevista por el Plan de Argentina contra el Hambre

Durante la tarde del pasado martes el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo se reunió con el abogado Juan Pablo Chiesa en el marco de una conversación sobre los planes sociales que implementó el gobierno al asumir en diciembre de 2019 y que se vieron profundizados y reestructurados a partir de la cuarentena implementada en marzo de este año.

La entrevista, llevada a cabo en el emblemático edificio de Av. 9 de julio y Belgrano, se extendió por casi media hora, donde se trataron temas como el Plan Argentina contra el Hambre, políticas de género impulsadas por el ministerio y el Programa Potenciar Trabajo que lleva adelante la cartera del ministro Arroyo.

Queríamos hablar un poco sobre al Plan Argentina contra el Hambre. ¿Cómo surgió la idea de impulsarlo y cómo se implementa? ¿Cómo surge la Tarjeta Alimentaria?

-El Programa Argentina contra el Hambre parte desde la base de que en un país que produce alimentos para un número significativo de personas, mucho mayor de los que viven en Argentina, no puede tener hambre.

Nosotros analizamos durante cuatro años en la gestión anterior su peor dato: Mes a mes bajaba el consumo de leche.

Yo siempre parto desde la base que si baja el consumo de leche, bajan el resto de los consumos. Si una familia deja de consumir leche estamos en una situación crítica. Y objetivamente ha habido cuatro años de un empeoramiento de la situación económica, aumentó la cantidad de gente en los comedores y hubo realmente la emergencia del hambre en Argentina.

Así surge el Plan Argentina contra el Hambre, el cual fue presentado el 7 de octubre de 2019 por el ahora Presidente Alberto Fernández en medio de la campaña electoral. Además lo presenté yo en la Facultad de Agronomía.

Nosotros debatimos si presentarlo o no en medio de la campaña y finalmente quisimos hacerlo porque decidimos transformarlo en una política de Estado, porque no es admisible que haya hambre en Argentina, sin importar a qué partido pertenezca el gobierno.

La primera política concreta fue la Tarjeta Alimentaria, que buscaba poner un piso a la caída social y establecer el criterio de que no haya hambre. Tomamos la base de datos de la Anses, cruzamos tres datos: Madres con hijos menores de seis años, mujeres a partir del tercer mes de embarazo y las personas con discapacidad que tienen asignación. Un millón y medio de familias y sobre esa base construimos la tarjeta alimentaria.

La tarjeta alimentaria básicamente ha sido de 4.000 pesos para las madres que tienen un hijo menor de seis años, de 6.000 para quienes tienen dos o más hijos. Nuestro objetivo siempre fue mejorar la nutrición, no sólo que no haya hambre en la Argentina, sino también aumentar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras.

Antes de la pandemia, ya habíamos entregado un 1.300.000 plásticos. Faltaba entregar 200.000 y la llegada del COVID-19 a nuestro país impidió realizar actividades para entregar la tarjeta, cargamos el dinero junto con la AUH.

En la práctica, son 7.300 millones de pesos que cada vez que se carga, el tercer viernes de cada mes y que tiene su impacto más grande en términos de calidad nutricional, ya que el 65% de las compras son leches, carnes, frutas y verduras.

En el medio de la puesta en marcha de este plan, nos sorprende la pandemia y giramos la política social sobre lo alimentario. Lo que hicimos en este contexto fue cuadruplicar los fondos alimentarios. Antes de la pandemia, la cantidad de personas que recibían asistencia alimentaria ascendía a 8 millones. Hoy la asistencia alimentaria alcanza a 11 millones de personas.

Giramos con distintos mecanismos: Compra de alimentos de manera directa; transfiriendo de la provincia a los municipios, cosa que antes no existía; con la tarjeta alimentaria, haciendo en algunos meses un refuerzo que consistía en una carga doble; generando mecanismos como la descentralización en los comedores, transfiriéndole a casi 3.000 comedores y duplicando los fondos de los comedores escolares.

Así llegamos a 11 millones de argentinos con asistencia alimentaria.

¿Cuál es la principal política social aplicada durante la pandemia y qué es el Programa Potenciar Trabajo?

-La principal política social en la pandemia ha sido la asistencia alimentaria. La principal política social que viene es el plan Potenciar Trabajo. La foto de hoy del Ministerio es 90% asistencia alimentaria y 10% trabajo. Nosotros a fin de año vamos a tener 50% y 50%, cuando veamos la ejecución de esta nueva política en los últimos meses del año. El eje del año que viene es el trabajo. Potenciar Trabajo parte de la base de que el trabajo, mano de obra intensiva, viene de cinco sectores: De la construcción (veredas, viviendas, infraestructura básica), de la producción de alimentos (huertas, granjas, panaderías), de la actividad textil, de la economía del cuidado (que mayoritariamente incluye a mujeres que cuidan a personas mayores, niños) y del reciclado. En esos cinco sectores, nosotros vemos la dinámica de creación de empleo.

Entonces generamos un plan, Potenciar Trabajo, para vincular planes sociales con trabajo. El que tiene un plan social, contraprestando 4 hs. cubre su cuota, ya que cobra la mitad del salario mínimo. Estamos hablando de aproximadamente 580 mil personas. Si contrapresta más tiempo, quien provea tareas deberá completarle el ingreso. Por ejemplo si la persona trabaja 8 hs. y un municipio hace cloacas u obras o una obra social o prepaga contrata a alguien para cuidado de personas deben completarle el ingreso. Esta es la primera parte del plan.

La segunda parte es la generación de unidades de gestión y la transferencia de fondos a las provincias y municipios para la adquisición de máquinas y herramientas para poner en marcha los proyectos productivos, generando un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas pequeñas. Además creamos el Renatep (Registro de Trabajadores de la Economía Popular) que en esencia le permite tener facturas, ser monotributista social y estar exento de pago durante dos años. Con este programa, pretendemos generar 300 mil puestos de trabajo en los próximos meses.

Hablando del Renatep, ¿Qué sectores de la economía abarca este programa y qué me puede decir en relación a este programa en materia de género?

El Renatep es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, no genera derechos laborales, nosotros no somos el Ministerio de Trabajo, sino que lo que hace es formalizar a los trabajadores, en el sentido de que le permite emitir facturas, sin tener que pagar tributos por 24 meses. Le da la chance a alguien que está en la economía informal de tener factura, de producir, de vender, de formalizarse sin tener una carga tributaria que no puede afrontar. Estamos hablando de un universo aproximado de 6 millones de personas que pueden llegar a anotarse en el Renatep.

¿Cuenta como un registro asalariado, como un sistema registral?

-Exacto, es sistema registral para aquellos que se generan su propio trabajo, que no tienen relación de dependencia, no registran trabajo formal. Sólo registra el trabajo informal o no formal y genera mecanismos para que la persona que se registró sea monotributista social, acceda al sistema de crédito no bancario, acceda a capacitaciones, a obra social, con el objeto de ampliar la economía formal. En realidad no existe la economía formal o informal, hay quienes tienen empleo asalariado y quienes no. Queremos ampliar ese esquema, formalizándolo, dándole la oportunidad a un gran número de personas para que puedan entrar en ese esquema.

En muy poquito tiempo, aproximadamente 15 días, casi sin publicidad, se anotaron 226 mil personas, lo que es muy importante. Creemos que hay un potencial de 6 millones de personas que han generado su propio trabajo en la Argentina y que podrán anotarse en el Renatep. Hasta ahora la proporción de inscriptos es de un 60% de mujeres, y un 40% de hombres, y abarca desde los rubros que nosotros llamamos más sociales, como por ejemplo las personas que están en comedores, merenderos, jardines comunitarios que le ponen el cuerpo día tras día, hasta rubros como carpintería, construcción, refacciones y servicios. En total, las personas pueden anotarse hasta en 60 rubros diferentes.

¿Este registro es de la página del Ministerio?

-Exactamente.

Te pregunto porque hay muchas denuncias de formularios falsos o de gente que pretende el mal uso y dañar la imagen del Ministerio.

-Son formularios falsos, hay gente que está planteando falsamente que quien se anote en el registro va a tener un ingreso igual al salario mínimo. Eso no es así. El Registro es para registrarse, para acceder a tener factura, para formalizarse y para acceder a créditos. No implica ningún tipo de ingreso.

¿Cuáles son las principales políticas que plantea el Ministerio en materia de igualdad y diversidad de género?

-Para nosotros la desigualdad tiene tres caras en la Argentina. Una es la desigualdad etaria, los que están peor son los jóvenes de 18 a 24 años. El nivel de desocupación es más alto en los jóvenes, niveles de pobreza, son más altos en los jóvenes. Por eso una de los próximos temas en agenda es la implementación de una política destinada a ayudar a este sector.

-La segunda desigualdad es territorial en Argentina y eso quedó demostrado con la pandemia. Hay cuatro millones personas que viven en villas, barrios de emergencia o asentamientos.

En esos lugares, la propagación del coronavirus fue mucho más rápida por las condiciones de hacinamiento, por la falta de acceso a agua potable y otros servicios básicos.

Por eso tenemos que urbanizar los 4 mil barrios vulnerables en los que viven 4 millones de argentinos. Ese es el cambio estructural.

Para mí la política social que viene es Potenciar Trabajo, un Ingreso de base para sostener a mucha gente que se queda sin empleo, y la urbanización de los 4 mil barrios, garantizando el acceso a los servicios básicos.

Hay una desigualdad de acceso a los servicios brutal, hay argentinos, aquellos que viven en villas y asentamientos, que prácticamente viven en el siglo XIX.

La tercera desigualdad tiene varios componentes, pero es de oportunidades. Esto también quedó marcado por la pandemia. Un chico que tiene conectividad, ha podido seguir sus deberes y hacer las tareas que le dan en la escuela, ha sostenido su ritmo educativo y en algunos casos hasta lo ha mejorado. Un chico que no tiene acceso, tiene grandes dificultades, y representan básicamente el 40% de los chicos.

En términos de género nosotros encaramos varia políticas. Una es el canal de violencia de género. En el inicio de la pandemia encaramos un programa que se llama “El Barrio Cuida Al Barrio”, que es básicamente ir casa por casa en los barrios más pobres identificando los problemas. Originalmente, el objetivo era identificar el problema alimentario y laboral, pero surgió muy fuertemente el tema de violencia de género. Si bien no tenemos datos específicos en el Ministerio, es evidente que la violencia de género está creciendo mucho en Argentina.

Por eso, armamos un esquema con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para que la persona que sufre violencia de género pueda resolver dos cuestiones fundamentales: El acceso a ingresos y a una vivienda para poder generar ese desenganche de la situación de violencia.

Armamos un esquema de ingresos, que es el de un ingreso base que es la mitad del salario mínimo y hemos trabajado con el tema de los alquileres. También, en realidad, hay mucho que tiene que ver con el tema de paridad. Este es un Ministerio que históricamente tiene más paridad y hay una fuerte presencia de mujeres. Pero acá hay que cumplir con el tema de la paridad, hay que cumplir un esquema de generar igualdad de oportunidades a jóvenes, a niños. Si la pobreza tiene una cara tiene una cara de joven y mujer.

Es muy importante esto que dice, porque el 20% de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia pertenece al grupo etario entre 18 y 24 años.

-El IFE como esquema, nos dio la pauta de que existen 1.300.000 jóvenes de hogares monoparentales. Pero además hay una gran cantidad de jóvenes, que estimamos en 1.500.000 que no estudian ni trabajan.

Edgardo Marano

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