Despidos masivos en época de pandemia, demuestran una gran irresponsabilidad empresarial

En la República Argentina, nadie desconoce los grandes inconvenientes que tienen los sectores empleadores para poder desarrollar y dar valor a sus bienes y servicios a fin de obtener resultados de rentabilidad para mantener sus estructuras.

En época de vigencia del Dto. 297/20 que obliga a la gran mayoría de empleadores a someterse el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, muchos se encuentran haciendo un esfuerzo titánico por cubrir los salarios de sus dependientes.

Ni hablar del esfuerzo que se encuentran haciendo los trabajadores informales que ni siquiera tienen acceso a protección alguna de la Seguridad Social.

El Estado Nacional, se encuentra haciendo cuanto esfuerzo puede para implementar políticas que generen créditos a tasas accesibles y suspensión de pago de cargas contributivas patronales.

Nadie está exento del esfuerzo y de la solidaridad con que la gran mayoría de los argentinos se encuentran atravesando esta pandemia.

Sin embargo, parecería ser que algunos sectores empresariales, de gran espalada financiera, no pudieron pasar 10 días de cuarentena sin incurrir en despidos masivos.

Lamentable gesto, que genera una temeridad y correlato que se expande a toda la sociedad, que además del fantasma de un virus que los atormenta, se le suma la posibilidad latente de ser despedido.

En notas anteriores, advertí que una medida tomada en diciembre por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Dto. 34/2019 “Duplicación de la indemnización por despido incausado”, había empezado a surtir efectos inhibitorios en este tipo de prácticas por su penalidad de agravante pecuniario.

No obstante, ello, los despidos se están concretando.

Al hecho poco afortunado de ser despedido, el trabajador además es sometido a una ponderación de su distracto basada en artículos de la LCT atenuantes del pago indemnizatorio.

En el pero escenarios, la sanción del decreto 34/2019, viene a salvar al menos la integralidad de la indemnización natural. Esto es en razón de que si el empleador debe abonar con el Art 247 LCT la mitad de la indemnización por antigüedad, dicha disminución se ve compensada con la multiplicación por dos del Dto. 34/2019.

En suma, en el peor de los casos se emparda la coyuntura.

Sin embargo, y en lo que respecta mi criterio de análisis, el despido fundado en fuerza mayor no es aplicable para el caso de una empresa que no ha llevado adelante los procedimientos invocados en la normativa laboral (Procedimiento preventivo de crisis) a fin de hacer valer su insuficiencia ante la autoridad.

Esto significa, que de repente una empresa que hace un mes abonaba sin problemas la totalidad de los salarios, no puede de modo intempestivo despedir automáticamente basándose en estos argumentos.

Puede hacerlo, abonando lo que corresponde, y lo que corresponde es una doble indemnización, no una indemnización disminuida.

Es muy importante, empezar a trabajar dos cosas en la República Argentina.

Por un lado, un sistema de protección para los buenos empleadores, en especial los de las pequeñas y medianas empresas.

Pero en contraposición, se debe empezar a tratar y reglamentar que alcances debe tener en la práctica las acciones de los empleadores, a fin de fortalecer un criterio homogéneo de Responsabilidad Social Empresaria.

A tal efecto, es necesario que el Estado, comience a sancionar este tipo de maniobras desequilibrantes de la sociedad, y mucho más en los tiempos que se corren.

Los empleadores deben ser ponderados como benefactores sociales, con la misma agudeza con que deben ser obligados a cumplir con parámetros mínimos de Responsabilidad Social Empresaria.

Estamos en pañales, respecto a la difusión de esta temática. Así como en el siglo XX, se creía que la contaminación de cada uno o de unos pocos grandes contaminantes, no afectaba a la sociedad toda.

Esto es lo mismo. La irresponsabilidad de unos pocos, ofende los esfuerzos de la gran mayoría de los empleadores que se están desangrando por cumplir con sus obligaciones como empleadores, o que al menos al despedir no objetan el régimen indemnizatorio legal.

En la República Argentina no existe hasta el momento la prohibición de despedir, y a mi criterio no es saludable coartar esta facultad del empleador porque de alguna manera se estaría limitando su propiedad privada al obligarlo a sostener trabajadores a perdida.

No estoy manifestando que no se deba despedir cuando sea necesario.

No estoy planteando la República Argentina de la panacea.

Pero si estoy planteando la imperiosa necesidad de una República Argentina con reglas claras de que entendemos por Responsabilidad Social Empresaria.

Sergio Rodríguez
Abogado, especialista en Relaciones Individuales del Trabajo, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Docente universitario y escritor doctrinal de varias editoriales jurídicas del país. Se desempeña como abogado en el Estudio Jurídico Leguizamon-Rodríguez.

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