Detenidos: continúa el repudio y convocan a una protesta para el jueves

El pedido liberación de grupos de detenidos considerados “población de riesgo”, tanto en cárceles como en comisarías por el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales, generó un enorme revuelo y motivó un amplio rechazo del arco político opositor, e incluso motivó un llamado para realizar una protesta nacional.

Desde el PRO advirtieron que esta decisión avalada por el gobierno nacional pone en riesgo la seguridad de la sociedad y no respeta el derecho de las víctimas. “En 4 años recuperamos asesinos de la calle para que no sean un peligro para la sociedad y ahora los quieren liberar a todos…”, lamentó Patricia Bullrich en Radio con Vos.

En un comunicado firmado por la ex ministra de Seguridad, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri, se recuerda la Ley de Víctimas sancionada en 2017 y se advierte que «los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso”.

En la misma línea se expresó la UCR, que directamente se dirigió al presidente de la Nación: “Esperamos que Alberto Fernández no permita una epidemia de delitos”.

“Se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados cometieron”, denunciaron en un texto rubricado por Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, por Mario Negri, presidente del bloque radical en Diputados, y por Luis Naidenoff, titular de la bancada en el Senado.

No solo la oposición se mostró en contra de los permisos de salidas para detenidos otorgados en el marco de la pandemia del coronavirus: el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, pidió proteger a las víctimas y advirtió que “los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político”.

De un modo similar se expresó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien pronunció una frase contundente: «Si dependiera de mí, no sale ningún preso”.

“El verso de que con la pulsera electrónica los pueden controlar es sarasa. Han salido algunos (encarcelados) por delitos menores y otros con delitos graves y, por ejemplo en Pergamino, quisieron robar un supermercado entre seis o siete personas. Uno de ellos tenía una pulsera electrónica…», argumentó el funcionario bonaerense para sostener su postura.

El ejemplo más claro lo dio el intendente de San Miguel, Jaime Méndez: aseguró que en su municipio liberaron a 20 presos que estaban en la cárcel por abuso sexual, secuestros y narcotráfico, quienes ahora volvieron “a los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención” y en algunos casos viven a metros de sus víctimas.

Por supuesto, a todos estos reclamos se suma el rechazo de asociaciones de familiares de víctimas de delito del interior del país –Santa Fe, Rosario, Tucumán– así como Madres del Dolor, Usina de Justicia, Familiares de la Tragedia de Once, junto a Matías Bagnato, Alberto Lebbos y Victoria Bargna, entre otros, repudiaron el uso de la pandemia de COVID-19 como “pretexto” para una “búsqueda de impunidad” para detenidos impulsada por algunos jueces.

Protesta popular

En ese contexto de descontento social, desde las redes sociales empezó a gestarse un cacerolazo nacional a modo de repudio: “Estamos hartos de la falta de seguridad y de la complicidad de funcionarios y jueces con el delito, y queremos que se proteja y se privilegie a las víctimas y no a los asesinos, violadores, narcotraficantes y corruptos de toda laya”, señala la convocatoria que llama a manifestarse este jueves (mañana) a las 20.

En una breve texto que comenzó a viralizarse en las últimas horas, principalmente a través de whatsapp, los impulsores de la protesta se preguntan: “¿Qué será de los policías y gendarmes, de los fiscales y jueces que los encerraron y condenaron y de las familias de todos ellos, que serán amenazadas ahora por los delincuentes nuevamente en libertad?”.

“Tarde o temprano, quienes hayan emprendido esta campaña para permitir el armado de un nuevo “Vatayón Militante”, formado por sicarios al mejor estilo de las milicias paramilitares chavistas, deberán responder por ello”, acusan.

“No olvidemos preguntar a #NiUnaMás por qué guarda silencio ante la liberación de un abusador de menores autorizado a vivir al lado de la niña”, se señala a modo de interpelación en otro párrafo de la convocatoria en la que advierte sobre lo que puede suceder: “Ya hay más de 2.800 excarcelados y el Estado no puede controlarlos porque carece de tobilleras electrónicas y de personal para afectar a su vigilancia”.

Enterate quién es el juez que está a favor de la liberación de los detenidos con la excusa del coronavirus

El juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Horacio Violini, aceptó durante los últimos días el pedido de más de 2.300 reclusos y firmó su liberación. Entre ellos hay una serie de casos de abuso sexual infantil, en donde los acusados regresaron a sus barrios y volvieron a estar cerca de sus víctimas.

Durante los primeros días de abril, Violini consideró aceptables los argumentos de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires, quienes exigieron mediante un habeas corpus la liberación de un grupo de reclusos considerados “población de riesgo”, tanto en cárceles como en comisarías, en donde la principal razón esgrimida fue el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales.

El 23 de abril, el magistrado oriundo de La Plata firmó el pedido colectivo y todos fueron liberados. Sin embargo, la indignación fue mayor cuando trascendió que Pedro Olmos, de 68 años, quien fue detenido en septiembre pasado después de estar prófugo durante 5 meses, acusado de abusar sexualmente de una chica de 13 años, regresó a su domicilio en Burzaco, a menos de cinco kilómetros de la casa de la menor.

El protagonismo del juez Violini, único miembro de la Sala de Casación que integra (es decir, único voto de la misma), comenzó a surgir el 30 de marzo pasado, cuando permitió que los reclusos del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) tuvieran celulares en los penales provinciales. También les otorgó ese beneficio a quienes están alojados en las comisarías.

Cinco días después de aquella decisión, la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo denunció que fue amenazada por las redes sociales por Carlos Moreno, uno de los condenados por haberla baleado en el 2010 durante una salidera bancaria en La Plata. Moreno, al igual que los miles de reclusos que integran el SPB, había conseguido tener acceso a un celular tras el fallo de Violini.

El repudio más notorio ocurrió en las redes sociales, en donde parte de la sociedad expuso su indignación ante la decisión del magistrado. Precisamente en Twitter, plataforma en la que Violini utiliza con periodicidad, cuenta en que la reza la siguiente biografía: “Vivo en La Plata desde que nací. Padre de 4 hijos. Juez de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Hincha de Racing”.

“Es tan fanático de Racing que tiene un escudo pintado en el fondo de la pileta de su casa”, contó, como un detalle menor, a este medio una fuente judicial platense, quien conoce de cerca a Violini y mucho más a las causas que el magistrado llevó a lo largo de su carrera. “En 2003 investigó a la cúpula de la Policía bonaerense y aquel episodio catapultó su carrera en la Justicia de la Provincia”, agregó.

El 7 de noviembre de aquel año, Violini, quien se desempeñaba como fiscal de La Plata, pidió las detenciones de los comisarios Basilio Alberto Barchuk y del comisario Antonio Miguel Mercado. A ambos los acusó formalmente de no haber podido justificar su patrimonio, al igual que decenas de comisarios bonaerenses, en una causa en la que se investigaron millones de dólares.

También en su cuenta de Twitter, la cual dejó de utilizar en noviembre de 2019 y retomó en febrero de este año, exhibe su ideología política. Allí criticó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal y enalteció la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán. Todo en un mismo tuit. Hace menos de un año, Violini retuiteó una publicación de Cristina Kirchner, en la cual la ex presidente compartió una entrevista que justamente tenía como protagonista a Violini.

“’No queremos que la justicia bonaerense se convierta en Comodoro Py. Nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la Justicia’. ¿Quién dijo esto? Víctor Violini, juez de Casación y titular de la Asociación de Magistrados de La Plata», redactó la actual vicepresidente de la Nación.

Cuatro días más tarde, también en su cuenta de Twitter, Violini escribió: “Quien alza la voz, es kirchnerista. Quien muestra discordancia con el gobierno provincial, es kirchnerista. ¡Pues perdón por ser tan kirchnerista!”.

“El Partido Justicialista lo ayudó a llegar a ser juez cuando no le daba la puntuación. Intuyo que si se mantiene en el cargo es porque tiene información pesada de algún pez gordo. Está muy ideologizado, quiso ser intendente de La Plata… Pero repito: no tener la puntuación y que te lo aprueben igual dice mucho”, manifestó una abogada penalista, ligada firmemente a la seguridad nacional.

Su pre-candidatura a la intendencia de La Plata fue confirmada por él mismo en una entrevista de febrero de 2019: “Me encantaría ser candidato y estamos cerrando y viendo la posibilidad de que esto se concrete lo antes posible. Todos me dicen que le meta para adelante con esto porque necesitan gente honesta».

En la misma entrevista, consultado por su ideología política, sostuvo: “Yo soy justicialista, lo he sido toda mi vida. Siempre he bregado y luchado por que tengamos un país justo, con justicia social, que es la base de nuestra lucha. Hoy por hoy lo que no tenemos en el país es eso, ni en la ciudad ni en el país hay justicia social”.

“Se aferró a su relación con varios dirigentes kirchneristas y utilizó la Asociacion de Magistrados de La Plata para hacer política. Hizo algunos sondeos, pero no llegó a inscribir ni siquiera una lista”, aseguraron desde la Justicia platense.

Varios años antes, precisamente en 2016, Violini entregó uno de los votos que absolvió a Carlos Carrascosa, quien previamente había sido acusado de asesinar a su esposa, María Marta García Belsunce, en un caso que tomó notoriedad y trascendencia pública y mediática durante más de una década.

“La verdad es que me siento conmocionado. Como miembro del Poder Judicial, le pediría yo disculpas a Carrascosa por lo que le tocó vivir, cuando no había elementos para condenarlo como se lo condenó. Es lamentable. No hay una sola prueba que indique que Carrascosa haya participado en el hecho, ni como encubridor ni como autor”, declaró Violini por aquel entonces.

Dos años antes también se vio envuelto en una polémica en medio del viaje de egresados de uno de sus hijos. En 2014, lo acompañó a Bariloche junto a otros padres para cuidar a toda la delegación del Colegio Centenario de La Plata. Al regresar de una excursión, una requisa municipal encontró 98 botellas de bebidas alcohólicas en una de las habitaciones. Violini consideró que aquel procedimiento fue ilegal y decidió denunciar a cuatro personas por aquel episodio.

Por estas horas, con su fallo en medio de una pandemia que azota a todo el mundo, Violini resolvió, mientras dure el aislamiento social en Argentina, el arresto domiciliario de los presos por delitos leves y que son grupo de riesgo. Sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves, dispuso que cada juez analice si es viable el arresto en su casa.

Sin embargo, dos de los que consiguieron prisión domiciliaria son violadores de un chico de 8 años y de una nena de 6 años. Los dos violadores viven cerca de los abusados. Uno es vecino y el otro está radicado a cincuenta cuadras del domicilio de su víctima. A ambos los liberó Violini.

Violini, quien fuera oficial de policía antes de graduarse como abogado, se encuentra inmerso en una crítica que lo señala como uno de los responsables que permitió la comunicación de los presos en todo el país. Mediante los teléfonos lograron trascender las nuevas medidas, entre ellas tomar los techos de los penales para exigir el máximo beneficio: la libertad.

Edgardo Marano

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