Diputados aprobó la modificación de la ley de quiebras

El Área de Seguimiento Legislativo de la Fundación Apolo brindó precisiones acerca de la modificación de la Ley de Quiebras.

El proyecto de ley aprobado el pasado viernes establece la emergencia de aquellos sujetos que se encuentren en trámite de concurso de acreedores legal o extraoficial, así como aquellos que declaren la quiebra desde la sanción de la ley.

La iniciativa –Expediente N° 1771-D-2020– impulsado por el diputado Carlos Selva (Frente de Todos; Buenos Aires) había sido tratado de forma exprés por la Comisión de Justicia minutos antes de que iniciara la sesión, donde se buscó el acompañamiento de la oposición para que sea aprobado ese mismo día.

Según el texto, la emergencia estará vigente hasta el 31 de marzo de 2021, e implica la suspensión de los plazos procesales previstos para los concursos y quiebras por la Ley 24.522, que deberán ser fijados nuevamente por el juez teniendo en cuenta la emergencia declarada por este proyecto.

Lo más importante es que se suspenden por el plazo de la emergencia:

Los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; el curso de la prescripción y de caducidad de los créditos, como así también la ejecución de estos créditos; y el trámite de los pedidos de quiebra -de esto último se excluye a las quiebras de personas humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias, y que carecen de actividad económica organizada, cuando sea declarada a pedido del deudor-. Adicionalmente se establece que en los acuerdos concursales de la Ley 24.522 el plazo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor se prorroga un año desde el vencimiento originariamente previsto, y las cuotas impagas solo serán exigibles cuando termine la emergencia.

Asimismo, se prohíben todos los embargos sobre cuentas bancarias excepto los originados de créditos alimentarios y laborales.

«Quiero agradecer el trabajo de todos los bloques políticos para que en muy poco tiempo y dejando de lado vanidades, resolvamos un problema que afecta a miles de empresas y emprendedores», celebró el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa (Frente de Todos; Buenos Aires).

Como miembro informante del texto, el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos; Buenos Aires) destacó el consenso alcanzado entre los bloques para aportar desde la política una herramienta para que las empresas puedan tener continuidad, un elemento que permita un consuelo en esta crisis tan profunda”.

Desde el mismo bloque, Carlos Selva, explicitó que el proyectoes un complemento imprescindible”. “Tenemos que sacar del agobio de las empresas lo que significaría un esfuerzo para atender demandas judiciales y que ese esfuerzo sea volcado en la producción y la generación de empleo”, resumió Selva.

Por su parte, Cristian Ritondo (PRO; Buenos Aires), recordó que miles de empresas están en riesgo y con ello miles de puestos de trabajo”. Elogió igualmente haber encontrado consensos básicos y consideró que es una señal política muy concreta”. “Celebro que se trabaje en cómo salir de esta pandemia y ayudar al aparato productivo, agregó.

La diputada Lorena Matzen (UCR; Río Negro) dijo que el proyecto busca generar alivio a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes”. “Este proyecto otorga seguridad jurídica, agilidad y facilidades para que puedan afrontar esos procesos”, afirmó.

Igualmente, Graciela Camaño (Consenso Federal; Buenos Aires) hizo hincapié en la necesidad de acompañar al sector empresarial: No podemos darnos el lujo de no acompañarlos, con el espíritu emprendedor de los argentinos y el trabajo va a salir adelante este país”.

Finalmente, José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal; Mendoza) se refirió a la problemática de la deuda en las familias y argumentó que este proyecto es una solución para que pueda sanear la economía familiar”. “No es solamente para las empresas, también para las personas humanas”, sintetizó.

El proyecto de ley fue aprobado por 250 votos afirmativos, 0 negativos y 2 abstenciones, y fue girado al Senado para su tratamiento.

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