El gobierno dispuso la cuarentena nocturna, pero dio marcha atrás

Los 24 gobernadores avalaron en términos conceptuales la decisión presidencial de restringir las actividades frente al aumento geométrico de contagiados por el COVID-19, pero la resistencia puntual de Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires respecto a la cuarentena nocturna que propuso Alberto Fernández, determinó un cambio de estrategia sanitaria y política para enfrentar a la pandemia que no da tregua desde marzo de 2020.

En este sentido, y para evitar una fractura institucional entre ciertas provincias y Balcarce 50, el Presidente aprobó anoche la redacción de un decreto reglamentario que establece parámetros técnicos destinados a establecer la responsabilidad institucional de los gobernadores ante el incremento de los casos de contagios.

Alberto Fernández junto a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Salud, Ginés González García, firmarán hoy un decreto que reglamenta el artículo cuarto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció la actual etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).

LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos aglomerados, departamentos o partidos de la Jurisdicción a su cargo, las autoridades Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2″, ordena el artículo 4 del DNU 1033/2020 que fijó las condiciones del actual período de DISPO que vence a fin de mes.

La única intención que tengo es evitar que el COVID-19 nos complique aún más la vida. Entonces, como hubo reparos respecto a mi propuesta original, voy a firmar mañana (por hoy) un decreto reglamentario que establece dos requisitos técnicos que cumplidos traslada a los gobernadores la responsabilidad de restringir las actividades y la circulación nocturna”, explicó Alberto Fernández en Olivos.

El decreto establece estos dos requisitos técnicos diseñados por la cartera de Salud, y explica además que los gobernadores tomarán las medidas restrictivas cuando los dos requisitos estén al mismo tiempo.

Esos dos requisitos técnicos consisten en lo siguiente:

  1. Habrá un primer coeficiente de contagiados que se hará comparando los contagios de la última quincena de diciembre de 2020 con la primera quincena de 2021. Ese coeficiente se actualizará por quincena.
  2. Ciudades con más de 150 contagios cada 100.000 habitantes.

Si la suba de afectados por COVID-19 supera el coeficiente elaborado por Ginés González García, y hay más de 150 contagiados en una ciudad o localidad con más de 100.000 habitantes, el gobernador respectivo “deberá dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas”.

El decreto que firmará Alberto Fernández -por lo menos en su último borrador- establece que los gobernadores tienen la facultad de actuar cuando se dan los dos requisitos técnicos al mismo tiempo y solo se restringirían las actividades diurnas.

Pero la lógica jurídica cambia cuando se trata de la circulación nocturna. Desde esta perspectiva, el decreto impondría que los gobernadores deberán prohibir la circulación por las noches si los dos requisitos -coeficiente de contagios y más de 150 contagiados por 100.000 habitantes- se conjugan en el mismo momento.

Ya no le importa al Presidente si la restricción nocturna empieza a la medianoche como exigía el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, frente a su propuesta original de iniciar la veda circulatoria a partir de las 23.00.

Lo único que pretende Alberto Fernández es contener la suba abrupta de los contagiados de COVID-19, frente a un relajamiento social que puede causar estragos en toda la Argentina.

Si no hay cambio de planes, Cafiero y Ginés González anunciarán hoy en conferencia de prensa los alcances del decreto reglamentario que el Presidente terminó de corregir anoche en su despacho de Balcarce 50 antes de regresar a la quinta de Olivos.

El rechazo de Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio criticó la decisión de prohibir la circulación nocturna en todo el país hasta que bajen los contagios de COVID-19: Consideró que es una prueba del fracaso de la estrategia sanitaria de la Casa Rosada y advirtió que se trata de una medida extrema que restringe las libertades individuales y que debe ser analizada por el Congreso.

En un comunicado, la coalición opositora destacó que “el gobierno nacional elige restringir las libertades individuales como una única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus” e hizo hincapié en que “el toque de queda que se pretende no hace más que confirmar la mezcla del fracaso de la política sanitaria y el intento oficial por montarse sobre acontecimientos populares que pretendieron convertir en eventos oficialistas”.

Así se permitieron hechos masivos en un momento en el que, con el esfuerzo de todos, los contagios habían bajado, pudiendo tener un verano ordenado, con la posibilidad para miles de comercios de volver a abrir sus puertas y para que los trabajadores regresaran a sus actividades”, sostuvo.

Para la conducción nacional de JxC, “ahora la carga del fracaso y negligencia en el manejo de la pandemia tiene un nuevo chivo expiatorio: Los jóvenes, generando un nuevo enemigo imaginario en los jóvenes; no puede ser un absurdo tan grande”.

La dirigencia opositora opinó que “la cuarentena eterna no solucionó el tema sanitario sino que, por el contrario, se demostró ineficiente, autoritario y con una inédita violación a los derechos humanos, con episodios oscuros y aún no dilucidados”.

El Presidente prometió que para esta época diez millones de personas iban a estar vacunadas. Esperando la vacuna se postergó eternamente la actividad privada de millones de familias y se terminó el año escolar sin horizonte de volver a la actividad, con los gremios nuevamente amenazando con no retornar el ciclo lectivo. Así, con la realidad de la cuarentena fracasada -que no evitó muertes ni contagios- el Gobierno vuelve a intentar la misma estrategia que, sin dudas, tendrá el mismo resultado”, puntualizó Juntos por el Cambio.

En el comunicado, la principal fuerza opositora hizo una enumeración de sus reclamos:

1. Tratamiento presencial en el Congreso del toque de queda.

2. Cuidar las fuentes de trabajo y permitir -con protocolos- la continuidad de la actividad comercial y laboral, que ya lleva 10 meses de incertidumbre.

3. Levantar todas las medidas restrictivas de la actividad agrícola, para tener divisas que ayuden a la recuperación económica.

4. Habilitar a todas las instituciones a participar de la logística de vacunación, para que no sucedan hechos como el de Olavarría, que deja en evidencia el uso político de la misma al no haber utilizado el Vacunatorio Municipal.

5. Frenar todo intento de avanzar contra la Constitución, como se pretende hacer controlando a la prensa y atacando a las instituciones de la Justicia.

6. Por último, que el Gobierno sepa que Juntos por el Cambio no permitirá un avance sobre las libertades, a partir de un inconcebible momento autoritario y arbitrario. Defenderemos siempre los derechos de los ciudadanos y presentaremos las medidas judiciales adecuadas para que la Constitución no sea ignorada y pisoteada”.

Por su parte, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmóque la resolución gubernamental “es una prueba palpable del fracaso de la estrategia sanitaria de Alberto Fernández y una restricción enorme a la economía para generar nuevamente un relato épico de que estamos muy mal y que es por culpa de los jóvenes cuando, en realidad, nunca se hizo un plan específico para prevenir rebrotes o aumentos de contagios como los que se están dando ahora”.

Las medidas son el tiro de gracia a la economía de los argentinos. Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro”, había dicho el diputado mendocino más temprano en Twitter.

Para la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, “es una barbaridad culpar a los jóvenes y convertirlos en chivos expiatorios luego de 9 meses de fracaso de la política sanitaria que quebró la economía y nos puso al tope de muertes en el mundo”.

En diálogo, la exministra de Seguridad agregó que “habilitaron sus momentos populistas: Maradona, ley del impuesto a los activos y la ley del aborto y ahora lo pagan los comerciantes y los trabajadores y, entre todo esto, los gremios docentes amenazan nuevamente”.

En su cuenta de Twitter, además, dijo que “el toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¡Otro golpe a los trabajadores!”.

Por su parte, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que “ante la impotencia por su propia falta de gestión, al Presidente sólo se le ocurre ponerse la gorra: Prohibir en lugar de testear, Código Penal en lugar de vacunar, Estado de Sitio encubierto en lugar de campañas para fomentar la libertad responsable”.

El titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, dijo que “después de un fracaso que es bastante largo entran las contradicciones, como fue, primero, convocar a eventos masivos como el velatorio de Maradona y las movilizaciones por el impuesto a la riqueza y el aborto, mientras que ahora le quieren echar la culpa a los 200 chicos que se juntan en la playa”.

Advirtió que ”se va hacia otro fracaso más, con lo problemático de que ahora se avanza sobre un montón de derechos individuales y que son medidas que debe tomar el Congreso”.

El diputado nacional por la UCR Luis Petri se preguntó “¿por qué se insiste en el error de tomar medidas en todo el país y no se analiza la situación provincia por provincia?” y señaló que “ya lo padecimos con la cuarentena eterna, con picos primero en AMBA y después en el interior”.

El Gobierno a fin de año fue promotor y organizador de reuniones masivas y multitudinarias, ahora culpa a los jóvenes como ya hizo con los runners. Los que pagan los platos rotos son las economías regionales, el turismo y la gastronomía. La falta de plan se tapa con restricciones”, dijo en Twitter.

Añadió que “toda decisión sobre restricciones a las libertades individuales, llámese cuarentena o toque de queda, debe ser dispuesta por el Congreso, no mediante DNU a sola firma del Presidente y menos si establece consecuencias penales” porque “la pandemia no puede ser la excusa para transformar la división de poderes en concentración y delegación de estos poderes en el Ejecutivo”.

Para la diputada nacional de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin, “nuevamente el Gobierno elige restringir las libertades individuales como una única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus, culpando, una vez más a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes por el aumento de los casos”.

Falta una política sanitaria que sea acompañada de testeos, acceso a diferentes vacunas para la población de riesgo y una administración estratégica de la pandemia”, puntualizó.

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, dijo que “a 10 meses de la primera cuarentena, el Gobierno sigue improvisando con medidas aisladas; ahora, con un toque de queda que no hará otra cosa que decretar el fin de más puestos de trabajo” y destacó que “esto es consecuencia de que el Presidente y su vice (o al revés) han estado más concentrados en su interna política y en jugar a House of Cards con el fin de avasallar instituciones, propiedad privada y Poder Judicial, por lo que han ignorado la gestión de medidas que apunten a mejorar tanto el sistema sanitario como la seguridad, la educación y la propia economía durante este tiempo de pandemia”.

No se puede administrar una pandemia buscando culpables y enemigos, como en su momento fueron lo runners y ahora son los jóvenes para el Gobierno -agregó el diputado mendocino-. El problema que tenemos ahora se da, claramente, por la falta de un plan integral para administrar el escenario de crisis sanitaria. Siguen escaseando los testeos y la trazabilidad, y frente a esta inacción, se opta por castigar a todo el país con más restricciones cuando en realidad debería ponerse el foco en las ciudades más complicadas”.

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, aseguró que “el toque de queda sanitario es una medida extrema y peligrosa para las libertades personales”. En ese sentido, la legisladora nacional expresó que “ya hemos tenido arrestos y desapariciones durante el confinamiento dictado por el Presidente en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Ocaña señaló, además, que “es una medida que busca encubrir el fracaso de la política sanitaria del Gobierno frente a la pandemia del COVID-19”.

Los miembros del Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, por su parte, expresaron su “gran preocupación” por la noticia de que el Poder Ejecutivo Nacional prohibirá la circulación nocturna en todo el territorio nacional y opinó que “nuevamente el Gobierno elige restringir las libertades individuales como una única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus”.

Sin un plan de vacunación ni acuerdos que garanticen el acceso a la vacuna en los próximos meses para la población de riesgo ni una política de testeos masiva y eficiente, se intenta ocultar la negligencia en el manejo de la pandemia culpando a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, por el aumento de los contagios. Ya nadie puede desconocer, además, que la falta de políticas sanitarias agravan los problemas económicos”, dijeron los legisladores opositores.

Consideraron que “lo más grave es el riesgo de que una prohibición de este tipo y la estigmatización de la conducta de los jóvenes pueda derivar en la multiplicación de casos de violencia institucional como los que se produjeron durante la cuarentena y que causó muertes como la de Blas Correa, Luis Espinoza, Facundo Astudillo Castro y muchos otros casos que aún deberán aclararse en la Justicia”.

¿Qué puede ocurrir si no se cumple la cuarentena nocturna?

El presidente Alberto Fernández tomó la decisión esta mañana luego de iniciar una nueva ronda de consultas con gobernadores y funcionarios clave de su gestión. Esta tarde anunciará restricciones nocturnas para frenar el aumento de casos de coronavirus, especialmente entre los más jóvenes, que muestran dificultades para respetar el distanciamiento social y cumplir con los protocolos.

El horario de prohibición de circulación regirá entre las 23 y las 5 y se establecerá sanciones para los incumplidores incluidas en el artículo 205 del Código Penal. Esa misma norma fue utilizada en los decretos que establecieron la cuarentena y sus sucesivas extensiones en 2020.

La figura legal está dentro del Capítulo IV del Título VII del Código Penal que tipifica los delitos contra la salud pública. Y prescribe: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Este tipo penal tiene por objeto sancionar aquellas acciones u omisiones dolosas a través de las cuales se pueda introducir o propagar una epidemia. Para algunos autores de Derecho Penal para que la conducta merezca esta sanción debe ser una violación a una norma del Estado de cumplimiento obligatorio -es decir, no una mera sugerencia o consejo preventivo- que haya tenido como consecuencia la introducción o propagación de una epidemia o, por lo menos, que haya ocasionado un riesgo concreto de que esa circunstancia se produzca.

Tiene que haber existido una lesión o puesta en peligro de la salud pública. Sin embargo, otros juristas sostienen que se trata de una infracción de peligro abstracto, es decir que el que se escapa de una cuarentena comete delito aunque después se compruebe que él no estaba enfermo. Como lo que se sanciona es la violación de las medidas adoptadas por la autoridad competente (nacional, provincial o municipal) con el objetivo de evitar la introducción o propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, el comportamiento que se pena puede ser tanto una acción o una omisión.

Se trata de un delito doloso, es decir, requiere del conocimiento y la voluntad de quien realiza esa conducta tipificada mediante el incumplimiento de la obligación (omisión) o por la violación de la prohibición (acción) dispuesta por la autoridad competente. En otras palabras, para que sea delito el autor tiene que tener conocimiento de la medida dictada por el Estado, de su obligatoriedad y debe tener la voluntad de incumplirla.

Durante el 2020, la administración nacional también apeló al artículo 239 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

Edgardo Marano

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