El gordo, sus excusas y su relación con la política argentina

Yo soy gordo, en recuperación como todos, pero gordo al fin. Algunos me dicen gordito, las abuelas rellenito, y los más cercanos “aflojá con los postres” o al menos eso me decían hace un tiempo. La obesidad es una enfermedad, no siempre fácil de resolver porque hay aspectos psicológicos, físicos y específicos de la misma. Pero lo que más se evidencia en el gordo, son las excusas. Cualquiera que haya pasado por esta enfermedad seguro entiende y comparte conmigo la idea de que las excusas son una parte fundamental de la obesidad. Hasta el Dr. Cormillot debería coincidir conmigo en que las excusas son la razón principal por la cual las personas que sufren esta enfermedad durante toda su vida, les es muy difícil superarse y dejar de ser gordos.

El lector en este punto se preguntará, ¿qué me importa lo que dice este muchacho?DEBERIA IMPORTARLE y le confirmo porqué: Hay políticos que para cubrir su espalda y la de sus colegas o las de sus “compañeros” usan las mismas excusas para poder zafar de una u otra acusación.

El 18 de Marzo de 2021 el “Chino” Navarro, en una conversación derivada de su problema con bolsos, (típico curro kirchnerista) tuvo la amabilidad de confesar que los movimientos sociales le pagan los servicios a muchos de sus proveedores sin respetar las más básicas leyes. Aquí les dejo el link de la conversación con Feinmann para que puedan escucharlos por sus propios medios: Youtube. El primer ejemplo de esto es la ley 25.345 (Prevención de la Evasión Fiscal) que dice en su primer artículo y para no textualizar, que no se pueden realizar pagos mayores a “pesos mil ($1000.-) o su equivalente en moneda extranjera” […] “que no fueran realizados por” transferencias, depósitos, cheques, tarjeta de crédito, débito entre otros. O sea que ya partimos de la base de que está incumpliendo esta ley en primer lugar. Su textual fue el siguiente (Navarro-Feinmann): “Usted y yo sabemos que cerca del 40/45% de los argentinos viven en la informalidad, comercios, personas que trabajan en casas de familias como personal doméstico, plomeros, personal de construcción, jardineros, trabajan en la informalidad”. La excusa en su esplendor. No podemos excusarnos en que otro es ladrón para serlo, no tiene lógica.

Lamentablemente yo soy una persona que de vez en cuando, piensa. Y me surgen muchas preguntas a partir de esta frase. No por la actualidad, pero sí de acá a aproximadamente 11 años hacia atrás. Porque si bien estamos hablando de organizaciones sociales, también deben regirse las mismas con las leyes que cualquier argentino y extranjero que pise el suelo nacional. Esta por supuesto es la ley menos importante de todas las que no deben haber respetado, y por ende deben haber incursionado en variados delitos que por excusas como la anterior se dejan pasar. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí las cumplen y les cuesta cerrar un balance y conseguir que un auditor firme dichos informes? Pensaba ¿qué contador firmó los balances de estas asociaciones civiles? ¿Qué auditores pusieron sus matrículas en riesgo firmando los informes de auditoría derivados de los balances cerrados en donde por el mero hecho de funcionar pagan en negro sumas millonarias? ¿El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, legalizó estos balances? ¿Qué implicancias podrían llegar a tener las personas que hayan realizado estas legalizaciones?

Ahora, más allá de pensar, escucho los hechos y cada vez me sorprendo más. Está bien, $1.400.000 para una organización social como el Movimiento Evita es claramente lo que se considera “un vuelto” en el total de sus operaciones, pero no por ello deberíamos mirar hacia un costado. Es siempre más fácil excusarse que hacerse responsable del delito, claro. Con la premisa de que una gran parte de la población está en negro dejamos pasar un montón de cosas que vienen detrás de estos eventos. De alguna manera aquel que tiene el dinero se dice que es quién pone las condiciones, y en este caso sería muy simple que el Movimiento Evita ayudara a estas personas que son “dueñas” de un micro a que aprendan a facturar. De esta manera también los ayudarían a que puedan ofrecer su servicio de traslado a otras personas y podrían educarlos desde el punto de vista fiscal, cosa que falta en este país.

Navarro igualmente se seguía defendiendo con esta frase “cuando un político opositor viaja en avión a alguna provincia usted no se pregunta quién paga el avión” – Más excusas explicando que como el otro hace “a” yo puedo hacer “b”.

Pero lo que más ruido me hace es el lugar que han ocupado los funcionarios públicos de los entes de control que han dejado pasar la recaudación, de los monotributos que se podrían haber generado o de las posiciones de IVA que se deberían haber declarado. Tampoco sé si se habrán o no computado determinadas deducciones que la misma ley indica en su segundo artículo, que no podrían computarse. También quisiera saber con qué documentos comerciales han contrastado las erogaciones de fondos.

Este es un hecho menor, por supuesto, pero la legalización de un balance, su posterior auditoría favorable son actividades profesionales, quienes asumen esta responsabilidad ponen sus matrículas y su profesión en riesgo y sin embargo lo hacen a sabiendas de lo que están firmando. Lo mismo el funcionario público que no exige la información que sí le exigimos a las PyMEs de nuestro país. Al fin y al cabo, son lo mismo, pero con fines distintos si así se quiere ver.

Me pregunto al mismo tiempo, ¿con qué vara el Gobierno Nacional les entrega fondos y mercadería sin previamente constatar que están cumpliendo con todos los requerimientos legales que corresponden? Porque a pesar de que el hambre, es por supuesto más importante que las formas, las formas deben ser llevadas como corresponde, porque sinó nunca dejaremos de ser el país bananero que hoy somos, donde nada tiene consecuencias. ¿Podría considerarse esto como un delito contra la administración pública? Hice la prueba de constatar el CUIT simplemente desde la página de AFIP, el paso básico y la respuesta de AFIP fue la siguiente:

Tu Constancia se encuentra bloqueada. El 30-nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Constituilo para desbloquearla. Sr. Contribuyente de acuerdo a lo establecido en el Art. Nro. 7 de la R.G. AFIP Nro. 3537/13 para obtener la constancia de inscripción/opción, deberá realizar previamente la actualización de todas sus actividades económicas. A tales efectos ingrese al servicio Sistema Registral, opción Registro Tributario/ F. 420/D Declaración de actividades, y declare las actividades del nomenclador f. 883 que correspondan. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98

Por otro lado, me pregunto qué otras leyes se habrán torcido para poder hacer esto. Y pienso que la UIF también debería haber sido alertada sobre esta situación. O sea, si bien el origen de los fondos que tienen las organizaciones sociales puede ser blanco de acuerdo con lo que indica Navarro, la falta de documentos comerciales que justifiquen las erogaciones pueden hacernos pensar que son para el financiamiento del terrorismo u otros delitos. Además, sumado a esto está la cuestión de que hoy día no se puede ir a la caja de un banco y pedir dos millones de pesos para retirar por ventanilla, lo viví cuando quise retirar $300.000 hace muy poco tiempo y no me lo permitieron. La verdad es que genera muchas preguntas el despliegue de una organización social que representa tantas personas como el Movimiento Evita. Y por supuesto que esta nota no es para denostar a esta organización en particular, sino al sistema en el que se encuentran encuadrados todos los movimientos sociales, porque esto que se le permite a uno, evidentemente se le permite a los demás. Entonces, ¿cuán serio es el control de las erogaciones que hace el Estado para estas organizaciones? ¿Qué controles se realizan, antes, durante y después? ¿Se hace algún control siquiera? Yo no quiero descreer de todos los ministros, pero muchos pasaron por el sillón del Ministerio de Desarrollo Social y ¿nunca nadie se preguntó como justifican semejantes erogaciones de fondos?

Lo que demuestra esto es que existen distintas varas de acuerdo con cada tipo societario. Imagino que ningún movimiento social al día de la fecha podría bancarse una auditoría de sus estados contables seriamente hecha. Pero también entiendo la urgencia del alimento para la sociedad, o sea no podemos poner en primer lugar un balance antes que la comida en la mesa, de eso soy consciente. Pero ¿por qué no hacer las dos cosas correctamente? Si una PyME argentina solicitara un préstamo de cualquier ministerio que tenga algún programa estatal le piden hasta que tenga pagado el último mes de los aportes y contribuciones incluso sin estar vencido. ¿Pero a los movimientos sociales se les permite cualquier cosa? La sensación de injusticia me hace pensar cada vez más que el tema es que existen permisos políticos para unos y no para otros. Así, ¿Cómo convencemos a los emprendedores y empresarios a invertir en Argentina si existen estas diferencias? ¿No deberían predicar con el ejemplo? Siendo ellos quienes pueden exigir las condiciones, ¿no deberían pedir que estas cosas se cumplan? ¿O es que no tienen riesgos porque todo se les permite?

Confieso que me molesta hacerme tantas preguntas, tanto me molesta que como gordo que soy, voy a ahogar mis penas en un plato de algo rico, probablemente con harina, azúcar y manteca para calmar mi ansiedad y el sentido de injusticia que estoy teniendo en este momento.

Gabriel Salvatore

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