El Ministerio de Seguridad también compró con sobreprecios

Es por compra directa de 2.400 kit de insumos de protección contra el coronavirus a una monotributista de 20 años sin antecedentes. Luego de recibir las ofertas, aumentaron un 20% el monto a pagar de parte del Estado.

Una nueva denuncia por compras efectuadas con irregularidades fue presentada por la abogada experta en temas de corrupción Silvina Martínez que trabajó en la IJG y junto a Margarita Stolbizer. Es por adquisiciones realizadas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Sabina Frederic y otros funcionarios que “podrían ser acusados por por malversación de fondos públicos, incumplimiento de sus deberes y fraude a la administración”.

La compra directa que figura en la página oficial comprar.gob.ar detalla que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se adquirió 2400 kit de seguridad a una monotributista sin capacidad tributaria para tal operación.

La operación fue realizada el 13 de marzo mediante “compra directa por compulsa abreviada de emergencia”. Así se dispuso la adquisición de insumos de protección sanitaria en plena pandemia de coronavirus. El documento oficial señala que cada kit de seguridad está compuesto por: un camisolín descartable; un par de botas cubre calzado descartable; una cofia descartable; dos pares de guantes de examinación descartables tamaño mediano y un barbijo de tela descartable.

Según Martínez “el Ministerio resolvió aumentar el valor del monto de la contratación un 20% luego de recibidas las ofertas para poder contratar a un proveedor de tan solo 20 años de edad”.

La abogada destacó así mismo que “en esta compulsa se cursaron invitaciones a 3 oferentes: María Sol Revah, monotributista de tan solo 20 años, inscripta en la categoría B cuyo monto máximo de ingresos por facturación no supera los 300.000 pesos al año. Ella resultó ser la adjudicada en la compra directa por un monto de $ 1.016.640 y que excede la capacidad tributaria de la categoría en la cual estaba inscripta”.

Las otras dos empresas también presentan particularidades. Por una lado la empresa MILLOTE SA, empresa creada días antes de la contratación y con alta en AFIP en el mismo mes de marzo. La otra oferente es una empresa que se dedica a la venta de automóviles de acuerdo a su constancia de inscripción en AFIP.

El tema de los sobreprecios en adquisiciones de productos para el coronavirus le trajo dolores de cabeza al Gobierno. Primero aparecieron los sobreprecios en compras de comida como fideos, aceites y harinas del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo. Por el escándalo desplazaron a 15 funcionarios del área de compras, frenaron pagos y ahora el Gobierno negocia directo con los productores de comida sin intermediarios.

También aparecieron sobreprecios en la compra de alcohol en gel en el PAMI. En ambos casos, tanto Arroyo como Luana Volnovich, titular del PAMI, dijeron era un problema de los proveedores que fijaban los precios y se cartelizaban.

Daniel Arroyo pidió esclarecer los sobreprecios en Seguridad

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, bregó hoy por un “rápido” esclarecimiento judicial del caso de compras de alimentos con sobreprecios y además consideró que es “positivo” que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) haya presentado una denuncia penal porque eso “va a permitir que quede aclarado todo lo que pasó».

Tras conocerse que la Procuraduría realizó la denuncia penal por la compra de alimentos para abastecer a comedores en el marco de la pandemia con sobreprecios en algunos ítems, que no llegó a concretarse luego de que la información trascendiera en los medios, Arroyo manifestó que “es positivo que la fiscalía haya hecho la denuncia penal porque así va a quedar claro todo”.

“La fiscalía actuó muy rápido, muy bien y toda la información que requirió, se la facilitamos”, dijo Arroyo en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red.

Ayer, el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el fiscal Sergio Rodríguez, oficializó la denuncia a través de un escrito de más de 100 páginas, en el que solicita que se investigue el proceso de compra de alimentos por parte de la cartera que encabeza Arroyo, que derivó en el desplazamiento de Gonzalo Calvo, en ese momento a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica, y de su equipo.

«Se entiende que nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores», dice la presentación, que concluye que hubo una compra dirigida a un grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de oferentes”.

En ese marco, Arroyo remarcó: “Quiero transparencia y que se resuelva el caso. Por eso, estoy esperando que avance la investigación judicial rápidamente para tener el resultado y así lograr mayor claridad”.

Con respecto al sistema de compras de alimentos y otros productos por parte del Estado, el ministro afirmó que “efectivamente va a haber un cambio” porque, “teniendo claridad en el precio máximo y estando todos los productores con la posibilidad de venderle al Estado, se garantiza la transparencia para evitar esto que ha pasado”.

En este sentido, Arroyo precisó que, “ahora, hay un cambio fundamental que es que el Estado fija precios máximos mayoristas y así se resolvió el problema del precio porque ahora el Estado para comprar alimentos solo puedo comprar al valor de precios máximos mayoristas o menos que ese tope”.

“La discusión del precio ahora quedó saldada”, sentenció el funcionario, quien, además, convocó a participar de la licitación a todos los productores directos de alimentos porque “el Estado quiere que participen todos, desde los más grandes hasta los pequeños, la economía popular y las fábricas recuperadas”, que se deberán anotar en la plataforma Comprar.

Al respecto, Arroyo dijo que se va “a iniciar una nueva compra de alimentos con la base de precios máximos mayoristas y donde participen todos los productores directos de alimentos”.

En esa línea, remarcó: “Estoy convencido de que hay que cambiar un sistema -de compras- que es histórico, ya que estamos hablando de proveedores que les venden al Estado desde hace muchísimos años”.

Sobre el caso de la cuestiona compra con sobreprecios que no llegó a concretarse, el titular de la cartera de Desarrollo Social detalló que en ese ministerio también “se inició una investigación interna que va a definir cómo se han dado los procedimientos” .

Además, recalcó que esas compras “se suspendieron y nunca se pagaron”, y que, debido a lo ocurrido, hubo un cambio de funcionarios.

Edgardo Marano

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